Escrito por Arantza Díaz
.-Ciudad
de México.- Tras 10 años de permanecer en condiciones de reclusión por
un delito que no cometió, Sanjuana logró revertir el destino que le
impuso el sistema judicial de México por un indulto que consideró la
perspectiva de género, es por eso, que su caso, hoy se se ha convertido
en un emblema que podría derivar en la Ley Sanjuana la cual podría
beneficiar a más mujeres quienes enfrentan situaciones semejantes.En junio Sanjuana Maldonado fue puesta en libertad luego de ser sentenciada a 30 años de prisión en 2009, a causa de la llamada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón quien apostaba por la criminalización y el punitivismo. Ese proceso sociopolítico concluyó y en medio, mujeres como Sanjuana resistieron los estragos.
Hablar del caso Sanjuana no es solo externar la injusticia, sino la violencia estructural que violenta y se recrudece sobre las mujeres. Se trata de poner este caso una y otra vez en el foco hasta que la perspectiva de género deje de ser concebida como una herramienta de añadidura y se entienda como lo que es: Un derecho humano a favor de todas y todos.
Es por eso que hoy, la colectiva Perteneces impulsa la Ley Sanjuana que tiene por objetivo regular el indulto en San Luis Potosí implementando la perspectiva de género.
De manera concreta, hay que entender que el indulto es la figura jurídica que consiste en otorgarle a una persona el perdón, aún con una sentencia que ya fue dictada por una o un juez. Estos pueden ser de gracia, explica Celia García, es decir, aquellos que se conceden por «humanidad» y otros indultos que se conceden por errores judiciales sin perspectiva de género, como el caso Sanjuana.
En San Luis Potosí, existe un vacío legal, donde, aunque se habla del indulto en la constitución, no hay una ley reglamentaria que muestre cómo se puede promover este recurso, cuáles son los requisitos y cómo lograrlo. Esto fomenta que en esta entidad, las y los diputados debían ponerse de acuerdo para saber cómo proceder en los casos de indulto; 21 personas con posturas políticas y legislativas completamente diferentes, decidiendo qué hacer.
La ley Sanjuana intenta erradicar esto, constituyendo una ley que permita que más personas -no sólo mujeres- exijan la perspectiva de género en sus casos y paralelamente se simplifique el proceso del indulto.
Si bien existen temas prioritarios en la agenda, este también lo es, recuerda la abogada.
Las mujeres y hombres jornaleros, migrantes, indígenas y racializados continúan siendo víctimas de la injusticia; no nos olvidemos de Sanjuana Maldonado, de sus experiencias de vida, de nombrarla y de escabullirnos del patriarcado –como dice Rita Segato– cada vez que se evidencia el profundo rezago del Estado por atender a las mujeres que hoy habitan en los centros de reclusión en México.
«No hay interés en las personas privadas de su libertad, mientras no las escuchemos, no sabremos dónde les duele y el Estado no sabrá dónde actuar». De esta manera, se abre el diálogo con Celia García Valdivieso, abogada y defensora de Sanjuana Maldonado para entender qué panorama se vislumbra con el futuro gobierno y lo vitalicio de hablar de perspectiva de género en los procesos legislativos, una conversación que no puede aplazarse más; la injusticia también es patriarcal.
Por ello, a pesar de lograr su libertad, el precedente que asienta el caso Sanjuana pasa a la posteridad y con suerte, dice Celia García, se llega a los oídos de la virtual electa presidenta Claudia Sheinbaum, para que se sepa que las mujeres en situación de reclusión enfrentan una violencia estructural que parte desde la desigualdad, el abuso y la falta de oportunidades.
Si no se pone el esfuerzo estatal en combatirlo, entonces, las mujeres más precarizadas continuarán pagando el precio de la inacción estatal.
Y es que, desde la perspectiva de la abogada, los centros de reclusión están llenos de mujeres que, sin saberlo, trabajaban preparando la comida a alguien con nexos con el crimen, de mujeres que confiaron en sus parejas y que fueron engañadas, de mujeres que transportaban paquetes dados por sus hermanos – papás y que contenían narcóticos, y por supuesto, de mujeres que se defendieron de la violencia y el abuso de años: “Ellas sí son castigadas”.
Al preguntarle sobre cómo vislumbra el futuro con el gobierno de Claudia Sheinbaum, Celia García ataja que no ve un horizonte esperanzador, pues las personas de libertad son un gran negocio para muchas personas; lucran con ellas abogadas y abogados, autoridades, directoras y directores de los centros, proveedores y una gran lista más de personas que obtienen beneficio de la injusticia:
«Ni siquiera veo incentivos económicos (por parte del Estado) para que esto cambie, el sistema ya está demasiado acomodado a cómo ha funcionado, es desolador y triste».
Caso Sanjuana: Evidenciando falta de protocolos y la articulación patriarcal
A Sanjuana nadie le dijo qué sucedía, cuál era su situación y por qué una mujer policía se la detenía; tenía 21 años y en el porvenir, se enfrentaría a un poder judicial violento que la criminalizará por más de 10 años. Sanjuana no fue una mujer escuchada por el Estado, pero sí castigada por un crimen que no cometió.
¿Por qué tenemos qué nombrar y reconocer la vida de Sanjuana como un parteaguas en los procesos legislativos? Celia García comparte en entrevista que sus vivencias nos dan un panorama de cómo se gesta el fenómeno de la violencia estructural para así, comenzar a combatirla. Mientras no se convierta en un acto público y político todo lo que atravesó a Sanjuana, la justicia sigue siendo tardía.
En su primera infancia, Sanjuana salió a pedir dinero a la carretera más cercana a su comunidad, Charco Cercado, San Luis Potosí. Esta actividad es la más común en el poblado donde las personas se detienen junto a la carretera para pedir o bien, cazan animales para después ofrecerlos a los autos y personas que atraviesan la vialidad.
Sanjuana fue abusada sexualmente por parte de su tío en una de sus salidas a la carretera. De esto devino que ella deseara salir del pueblo, estudiar y no ejercer el trabajo de mendicidad nunca más.
La primera violencia estructural que atraviesa a Sanjuana es la extrema pobreza, dice Celia García, la segunda, es su condicionante como mujer que no le permitía acceder a mejores oportunidades laborales y educativas.
«No es cierto que tengamos las mismas oportunidades las mujeres y los hombres en todos los espacios. Ella al cumplir 18 ya no tenía derecho a estudiar, es muy fuerte el arraigo de obediencia, su papá no la quería dejar ir, es bien interesante cómo las costumbres y la figura del hombre es tan importante para las decisiones de vida de las mujeres«, explica la abogada.
Sanjuana logró salir de Charco Cercado después de varios obstáculos y la promesa de estar cerca de un primo de la familia. La joven presentó su examen a la Universidad Autónoma de SLP; no fue seleccionada.
Este acceso precarizado a la educación también fue una barrera importante en la vida de Sanjuana; el acceso a la formación, al internet y a la academia, se mantiene bajo el privilegio de la centralización.
Es así, que inicia su carrera en otra universidad, el Tecnológico de Matehuala y en su tiempo libre, se desempeña como cajera en una tienda de autoservicio donde conoce a un hombre de 36 años identificado como José Cruz y a través de un proceso de paternalismo, donde él la apoyaba con sus útiles y prometía cuidarla, se gesta una relación basada en la manipulación y el abuso.
La violencia patriarcal se articula en la vida de Sanjuana, desde su hogar, hasta el funcionamiento de sus relaciones afectivas. Una violencia que apareció para cambiar su vida para siempre y que se disfrazó de una herramienta muy poderosa: El amor romántico.
«El único aprendizaje que había tenido Sanjuana del amor era el romántico, que el hombre era compañero, que la apoyaría y que tras relacionarse sexualmente con él, su lugar era a su lado. Ella debía apoyarlo y darle todo, lo natural era que después del sexo debía casarse (…) es un tabú tan fuerte que a ella la incitaba a que debía atender y aceptar todo lo que él pidiera, estas creencias enajenan y violentan el pensamiento de las mujeres».
Celia García
José Cruz y su sobrino Jonathan llevaron a Sanjuana a una plaza, donde posteriormente, fue amagada por un hombre identificado como El Negro, quien le preguntó si llevaba una identificación y le exigió, realizar unos pagos en Elektra.
Sanjuana le preguntó a su novio qué sucedía, pero él solo le dijo que le hiciera el favor para evitar «meterse en problemas». Meses después, se supo que El Negro y la pareja de Sanjuana se conocían, pues éste último, surtía cocaína al implicado.
A pesar de las intimidaciones, Sanjuana no quiso cobrar el dinero por miedo y se quedó afuera de la tienda, Jonathan y José Cruz entraron y minutos después, salieron con el sobre de dinero en las manos; El Negro les había prometido una recompensa a cada uno.
Instantes después, fueron detenidos, incluida Sanjuana quien solo se encontraba parada en la plaza; se le imputó el delito de secuestro.
No hubo abogados para ella, derecho a hablar de lo sucedido, nadie escuchó lo que había vivido, a nadie le interesó saber qué era Charco Cercado, lo que había vivido, las necesidades de su familia y mucho menos, importó que Sanjuana no supiera qué había pasado. Sólo se sabía que el Estado había aparecido para criminalizar y sentenciarla a 30 años de prisión.
«Si no se observa, ni se entiende todo lo que vivió Sanjuana a sus 21 años, entonces no se entiende el fenómeno en su totalidad. La perspectiva de género es eso, no es un favor para las mujeres, es poner al descubierto la desigualdad que opera sobre las mujeres pobres, las personas jornaleras, con discapacidad, migrantes… Si no se toma en cuenta lo que hemos vivido, nuestro origen y enseñanzas, no se hace justicia, una verdadera justicia».
abogada de Sanjuana Maldonado.
Tras un indulto impulsado por la Colectiva Perteneces, Sanjuana Maldonado fue puesta en libertad tras permanecer 15 años privada de su libertad y actualmente se enfrenta a otra barrera estructural: La lucha por su reconocimiento electoral y social.
Acompañada de sus abogadas, Sanjuana busca agilizar el proceso para que el Instituto Nacional Electoral le otorgue su identificación, un documento fundamental para acceder a las cosas más elementales de su nueva vida en libertad; rentar una casa, inscribir a sus hijos a la escuela, conseguir empleo e incluso, algo tan sencillo como comprar un boleto de autobús.
Sanjuana no puede iniciar esta etapa de goce acompañada de su familia, sin antes, ser reconocida como ciudadana por el Estado.
Conoce toda la historia de la detención y el proceso revictimizante de Sanjuana en «Sanjuana, a un paso de recuperar su libertad, tras 15 años de prisión»
Entre barreras de acceso a la educación, precarización, abuso, mito del amor romántico, la familia como institución patriarcal, millones de mujeres resisten las violencias interseccionales del Estado.
Sanjuana no es un caso aislado que expone cómo se articula la opresión, es la muestra de que las estructuras son desfavorables; no es una «minoría» que fue atravesada por circunstancias desfavorables, es la demostración de la fuerza patriarcal.
Esto último, lo condensa Rita Segato en Patriarcado del borde al centro, disciplinamiento, territorialidad y crueldad en la fase apocalíptica del capital, al señalar que las feministas no abordan temas de nicho, ni de minorías, pues de hecho, el proceso reduccionista de minorización (como el feminicidio, los crímenes de odio o la injusticia que viven mujeres inocentes). el patriarcado se encarga de convertirlo en un espectáculo mediático y jurídico.
«Todas las violencias a las minorías, no es otra cosa que el disciplinamiento que las fuerzas patriarcales nos imponen a todas las que habitamos ese margen».
En nuestro país, reconocer la violencia estructural, patriarcal y nombrar la urgencia de la perspectiva de género se convierte en una conversación incómoda para el Estado que, a regañadientes, adapta algunas escuetas medidas para juzgar con perspectiva de género.
Prueba de esto, es que según la Asociación Mexicana de Juzgadoras en México, en 2022, solo 1 de cada 4 juezas reconocieron que ellas y sus colegas (hombres y mujeres) hacen uso de la perspectiva de género.
Es decir, que el 75% de las juezas, jueces, magistradas y magistrados no hace uso del protocolo para juzgar con perspectiva de género.
¿Por qué cuesta tanto trabajo implementar este protocolo en los procesos de enjuiciamiento? Desde la perspectiva de Rita Segato, el patriarcado siempre se antepondrá a todo lo que lo desestabiliza, todo lo que lo cuestiona se considera que conspira en su contra y ejerce un rechazo a aquello que intente transformar lo que el sistema considera como «normal» y que evidencie las asimetrías del poder.
«Muchas veces me imagino esa estructura, porque me parece ser lo único capaz de explicar por qué permanece imposible algo que a simple vista se presenta tan sencillo de realizar como retirar a la mujer de la subordinación, del castigo. No sería una tarea difícil, bastarían unas pocas acciones, unas pocas medidas, intervenciones puntuales ni muy complicadas. Pero por alguna razón, no se puede, se presenta imposible» (Rita Segato).
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