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1/18/2020

Ofrece AMLO fondos extras a estados si avalan Insabi

Quince días para reflexionar

Tenemos $20 mil millones de pesos para distribuir entre los servicios de salud locales

Los servicios estatales de salud tienen el presupuesto que les corresponde por ley y dispondrán de recursos adicionales, de los 40 mil millones de pesos que se tomaron del extinto Fondo de Gastos Catastróficos, si se adhieren a los acuerdos de coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ante las resistencias de algunos gobernadores panistas que han rechazado el esquema del Insabi, que sustituyó al Seguro Popular (SP), confirmó que a más tardar el primero de diciembre será una realidad la atención médica y los fármacos gratuitos en el país.
Hasta ayer, 13 entidades aceptaron suscribir el convenio y ya se iniciaron los trabajos con el fin de poner en marcha el nuevo esquema. Los otros 19 mandatarios tienen 15 días para reflexionar, conocer más sobre el plan y decidir, señaló el jefe del Ejecutivo federal.
En la presentación del informe sobre el Plan Nacional de Salud, en Palacio Nacional, mientras un grupo de ex trabajadores del SP exigían mantener sus empleos, López Obrador recordó que los 40 mil millones de pesos adicionales se tomaron del fideicomiso de lo que era el Fondo de Gastos Catastróficos. Nos van a quedar 20 mil millones de pesos y vamos a ver cómo conseguimos más.
Juan Antonio Ferrer, director del Insabi, aseguró que los 32 secretarios de Salud están interesados en el modelo que propone el gobierno federal con el propósito de lograr la cobertura universal y gratuita.
A finales de enero se definirá cuántos estados formarán parte del nuevo modelo, que tiene recursos suficientes para asegurar el abasto de medicinas, instalaciones, equipos y personal médico y de enfermería que se requiera con la finalidad de brindar servicios de calidad en el país.
Si no se adhieren, no hay ningún problema, se les van a transferir sus fondos y ellos se hacen cargo de la atención médica en sus entidades. Nosotros, donde aplique el programa, garantizamos que los servicios y las medicinas serán gratuitas y mejorará la calidad de la atención, sostuvo López Obrador.
–¿Los gobiernos que no firmen también recibirán recursos de los 40 mil millones de pesos adicionales? –se preguntó al Presidente.
–Lo tendríamos que ver, porque si hay un recurso adicional que tiene un propósito, tendríamos que constatar que se va a aplicar para que haya atención y medicamentos para todos y de manera especial para la gente pobre.
–Si los estados no se adhieren, ¿cómo garantizarán los servicios?
–Pues eso es lo que tienen que pensar. Los gobernadores son personas responsables, mayores de edad y van decidir libremente.
Acerca de las críticas al Insabi, López Obrador señaló que puede ser una utopía, pero se hará realidad y funcionará con el apoyo de los trabajadores; convocó a la población a presentar denuncias para corregir las fallas.
Las entidades adheridas al Insabi son: Tabasco, Ciudad de México, Baja California, Puebla, Chiapas y Veracruz, gobernadas por Morena; Yucatán, Oaxaca, Sonora, Colima, Hidalgo y San Luis Potosí, con gobiernos del PRI; y Quintana Roo, cuyo mandatario fue postulado por la coalición entre PAN y PRD.
Están pendientes Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas y Aguascalientes.
Con la finalidad de conocer avances y recibir quejas del nuevo modelo de salud, cada martes se presentará un reporte en la conferencia matutina en Palacio Nacional, en un esquema de quién es quién en salud.
En el nuevo modelo participan, además de los servicios estatales, las clínicas y hospitales rurales del programa IMSS Bienestar, para atender a 69 millones de personas que carecen de seguridad social.

 Periódico La Jornada

1/15/2020

Opacidad y desvío de recursos, lastres del Seguro Popular

En 16 años la SSA presentó 70 denuncias ante la PGR
Uso discrecional y desvío de recursos dieron al traste con el Seguro Popular
Al concluir el sexenio de Peña Nieto se ignoraba el destino de $7 mil millones
 La deuda de los estados supera 54 mil mdp

El uso discrecional y el desvío de recursos en el Seguro Popular prevaleció durante la mayor parte de los 16 años que estuvo vigente. No había mecanismos de control, por lo que en estados como Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chihuahua se denunciaron irregularidades que, de acuerdo con información oficial, llevaron a la Secretaría de Salud (Ssa) a presentar 70 denuncias ante la antigua Procuraduría General de la República (PGR).
Al cierre de la pasada administración se informó de más de 7 mil millones de pesos cuyo destino se desconocía. El monto correspondía a recursos sin comprobar hasta el 15 de octubre de 2018; aunque hace unos días, Juan Antonio Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que remplazó al Seguro Popular, sostuvo que los estados tienen deudas que superan 54 mil millones de pesos.
Señaló que se trata de dinero que deben a proveedores de medicamentos, prestadores de servicios diversos e impuestos, entre otros. El funcionario no abundó, pero aclaró que corresponde a la Secretaría de la Función Pública la investigación y determinar las acciones a seguir. En todos los casos, puntualizó, los estados responderán por dichas deudas.
Respecto de los 7 mil millones de pesos no aclarados que señalaron las autoridades anteriores, destacaban los recursos sin comprobar de Michoacán, 3 mil 474 millones 527 mil pesos; Veracruz, 2 mil 222 millones 832 mil 332; Guerrero, mil 238 millones 228 mil 266; Tabasco, 190 millones 428 mil 332; Morelos, 81 millones 94 mil 740, y Nayarit, 59 millones 995 mil pesos.
De los desvíos registrados durante la vigencia del Seguro Popular, el efecto era evidente en la deficiente calidad de los servicios de salud que recibían los afiliados, así como en el desabasto de medicinas, que llegó a ser de 70 por ciento en Veracruz.
El estudio de satisfacción de usuarios del Sistema de Protección Social en Salud de 2013 reportó estos datos, según los cuales en Quintana Roo 48 por ciento de los usuarios había logrado surtir sus recetas. El promedio nacional ese año fue de 64 por ciento, a pesar de que sólo se consideraron los medicamentos incluidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes), de los cuales se suponía estaba garantizado el abasto.
No había justificación para que existieran estos problemas, porque la ley garantizaba la entrega de recursos económicos para la prestación de los servicios y la entrega de fármacos. Lo que no había, hasta 2014, eran mecanismos que aseguraran el uso eficiente del dinero.
Por eso se dieron casos como el de Veracruz, donde además del desabasto se encontraron almacenes con medicinas caducas y adquisiciones de productos irregulares o de procedencia sospechosa.
En 2015 entró en vigor la reforma legal que estableció mecanismos para asegurar que 30 por ciento del dinero –como ordenaba la ley– se usara en la compra de medicinas. El dinero se depositaba en cuentas de la Tesorería de la Federación, de donde salía para el pago a proveedores, previa presentación de las facturas de compra.
Periódico La Jornada
Miércoles 15 de enero de 2020, p. 3


1/13/2020

Por ley, los servicios del Insabi serán gratuitos, pero de forma progresiva

Había una tendencia a privatizar el sector, pero se acabó
Zonas marginadas, prioridad de la atención: Ferrer


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▲ Juan Antonio Ferrer, titular del Insabi, asegura que habrá recursos suficientes para rehabilitar los centros de salud.

Los servicios médicos públicos en México serán gratuitos de manera progresiva. Así dice la reforma a la Ley General de Salud, por lo que no hay engaño.
Conforme las entidades federativas suscriban los acuerdos de coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), contarán con los recursos económicos y materiales necesarios para garantizar la atención a las personas en el primer y segundo niveles de atención, afirmó Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del nuevo organismo.
Hasta hoy, 22 secretarios de Salud, incluidos algunos de gobiernos panistas, están de acuerdo con el cambio, que es en beneficio de las personas, sobre todo las que se encuentran en las zonas más marginadas y alejadas del país.
En entrevista en su oficina, que ahora comparte con otras nueve personas porque era demasiado el espacio para una sola, el funcionario dijo que el caos de los primeros días de operación del Insabi es por las resistencias de quienes piensan que está bien la deuda de más de 54 mil millones de pesos que tienen las secretarías de Salud estatales.
“No dicen que el Seguro Popular operaba con déficit de recursos –cada año le faltaban más de 3 mil millones de pesos– ni que la mayor parte del dinero se destina al pago de servicios subrogados, mientras los centros de salud carecen de capacidad resolutiva.”
Respecto de los costos que los pacientes seguirán pagando en los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad por la atención de padecimientos complejos, puntualizó que hay 66 intervenciones quirúrgiucas gratuitas –antes cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos– que se mantienen, y una lista de 30 padecimientos adicionales que se sumarán a la gratuidad una vez que se actualicen los protocolos de atención clínica y el Consejo de Salubridad General los autorice.
–¿Qué falló? ¿Qué faltó explicar y por qué hay quejas por cobros de servicios?
–Un cambio siempre enfrenta resistencias. La reforma legal va dirigida a la gente y no a la cuestión financiera, como era el enfoque del Seguro Popular. Había una tendencia a la privatización.
Ahora, es diferente: se refuerza la participación de las secretarías estatales de salud; van a tener los recursos para ser resolutivos. Que nos pidan lo que necesitan para funcionar: equipos, personal médico y de enfermería. Sólo hay una línea: que todo sea en favor de la gente.
–¿Qué pasa con la iniciativa privada en esta área?
–No puede seguir esto de que el dinero sea para su beneficio. Seguirá la subrogación, pero con precios justos y calidad en los servicios. El problema es que son muchas áreas que se subrogan, desde la lavandería, la seguridad, jardinería, alimentación, centros de mezclas, laboratorios de análisis clínicos y estudios de imagen, entre otros. Las entidades destinan a esto más de la mitad de sus presupuestos.
Se van a realizar contrataciones de servicios de forma consolidada, a través de la Secretaría de Hacienda.
–El Seguro Popular también tenía convenios con hospitales privados para la atención de algunas enfermedades –se le recordó.
–Van a seguir, pero con un esquema distinto, donde se les pague en especie. Recibirán los medicamentos e insumos que se requieran para la atención de pacientes.
–¿Cuándo estarán firmados los acuerdos de coordinación con las entidades?
–He tenido encuentros con 22 secretarios de Salud. Esta semana me reúno con los que faltan. Los 22 están de acuerdo con el cambio del Insabi, porque es para mejorar. Tendrán el dinero suficiente para la rehabilitación de todos los centros de salud, que funcionarán de lunes a domingo. Les enviaremos las medicinas y el personal del programa Médicos del Bienestar, al que se han inscrito 32 mil 132 doctores y enfermeras. Esto nunca se había logrado, aunque digan que el Seguro Popular funcionaba muy bien.
Este año quedará consolidado el sistema. A mediados de febrero tendremos la definición de las entidades sobre los acuerdos.
–Las quejas son porque el año pasado se dijo que los servicios serían gratis para todos y en todo el país. Nadie habló de la progresividad.
–Así lo dice la ley, además de que los 23 institutos nacionales de salud y los hospitales de alta especialidad no dependen del Insabi. Ahí es donde hay cobro de cuotas. No son los 4 mil establecimientos de salud del país.
Las 66 intervenciones que cubría el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (ahora Fidecomiso de Salud para el Bienestar) se mantienen y hay 30 padecimientos que también se atenderán de manera gratuita. Falta que los grupos de expertos actualicen los protocolos de atención, que lo apruebe el Consejo de Salubridad General e incluya los tratamientos en el Compendio de Insumos para la Salud.
–¿En ese momento se firmarán los contratos de prestación de servicios entre el Insabi y los institutos y hospitales de alta especialidad?
–Así es. Conforme se vayan aprobando, el Insabi tendrá la obligación de garantizar la atención médica. Se necesita el soporte porque el dinero es finito. El Insabi tiene este año 112 mil millones de pesos: 72 mil millones del presupuesto ordinario y 40 mil millones de pesos adicionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención, los que se usarán con base en la ley y la planeación. No es una ocurrencia.
–El retraso en la firma de contratos para la compra de medicinas afectará los servicios médicos...
–No hay retraso. Hay disponibilidad hasta el 30 de marzo. Los contratos 2020 son del primero de abril al 30 de enero de 2021. En mayo de 2020 se harán las compras para cubrir dos años: del primero de febrero de 2021 al 31 de diciembre de 2022. Y en abril de 2021 se hará la licitación de 2023 y 2024. Así nos va a salir más barato.
–¿Qué pasó con el personal de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud?
–Como ya no hay afiliación, se les ofreció la reubicación. Médicos y enfermeras a centros de salud y hospitales; los administrativos serán promotores de salud. Este es otro tema: más de 30 por ciento de los trabajadores son administrativos, cuando máximo debería ser 6 por ciento. O como aquí en las oficinas. Cuando era Comisión Nacional de Protección Social en Salud había 500 empleados, y ahora somos alrededor de 87.
–El edificio les quedará grande.
–Ya lo estamos alquilando. Lo compartimos con el Laboratorio Biológicos y Reactivos de México (Birmex) y está pagando la parte que le toca de la renta.

Foto María Luisa Severiano
Periódico La Jornada