Sin aclarar, uso de $10 mil 534 millones del Seguro Popular

Veracruz, con la mayor cantidad de observaciones; le sigue Michoacán

Desde la entrada en vigor del Seguro Popular en 2004 y hasta su desaparición el primero de enero de este año, diversos estados de la República utilizaron de forma presuntamente irregular un total de 10 mil 534.7 millones de pesos que el gobierno federal les envió para ser empleados en dicho programa de salud, pero cuyo destino todavía sigue sin aclararse, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En un total de 90 estudios realizados por la entidad revisora del gasto público –tanto de desempeño como financieros y de cumplimiento--, se analizó la forma en que las autoridades estatales utilizaron las aportaciones federales del Ramo 33 y los fondos especiales del Ramo 23, manejados por la Secretaría de Hacienda.

El gobierno de Duarte

De acuerdo con las mencionadas auditorías, el estado que acumuló mayor cantidad de observaciones fue Veracruz, con un total de 2 mil 783.1 millones de pesos que hasta la fecha no se han aclarado ni recuperado en las Cuentas Públicas de 2014 y 2016, ambas correspondientes al gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

La administración del ex priísta en Veracruz incurrió en omisiones y fallas, como no abrir una cuenta bancaria específica para la recepción y administración de los recursos federales, no dar evidencias de los registros contables de ese dinero y no llevar un registro preciso de los fondos utilizados para el pago del personal del Seguro Popular.

En segundo lugar se encuentra Michoacán, cuyas autoridades no han logrado aclarar el uso de 2 mil 555.3 millones de pesos, producto de fallas de administración ocurridas en las Cuentas Públicas de 2011 y 2014, años en los que gobernaron el perredista Leonel Godoy Rangel y el priísta Fausto Vallejo Figueroa.

El estado de Chiapas ocupa el tercer sitio entre las entidades federativas que acumularon mayores observaciones al operar recursos destinados al Seguro Popular.

En 2014 y 2017, ambos años dentro del gobierno del pevemista Manuel Velasco Coello, se registraron un total de mil 480 millones de pesos cuya utilización no se ha aclarado.

Jalisco, entre 2014 y 2017

En la lista también figura Jalisco, entidad que hasta la fecha no ha logrado comprobar el uso de mil 180.6 millones de pesos recibidos del gobierno federal para destinarlos al mencionado programa de salud. Las supuestas irregularidades del gobierno de ese estado fueron documentadas en 2014 y 2017, durante la administración del priísta Aristóteles Sandoval.

Otras entidades que también utilizaron de forma irregular los fondos federales para el Seguro Popular son la Ciudad de México (499.1 millones de pesos), San Luis Potosí (388.5), Hidalgo (335.2), Tabasco (284.4), Oaxaca (275), Sinaloa (198.4) y Morelos (185.4).

Con cifras menos altas figuran los estados de Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, México, Guerrero, Puebla, Nayarit, Quintana Roo, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Fernando Camacho Servín 

Periódico La Jornada

Opacidad y desvío de recursos, lastres del Seguro Popular

En 16 años la SSA presentó 70 denuncias ante la PGR

Uso discrecional y desvío de recursos dieron al traste con el Seguro Popular

Al concluir el sexenio de Peña Nieto se ignoraba el destino de $7 mil millones

 La deuda de los estados supera 54 mil mdp

El uso discrecional y el desvío de recursos en el Seguro Popular prevaleció durante la mayor parte de los 16 años que estuvo vigente. No había mecanismos de control, por lo que en estados como Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chihuahua se denunciaron irregularidades que, de acuerdo con información oficial, llevaron a la Secretaría de Salud (Ssa) a presentar 70 denuncias ante la antigua Procuraduría General de la República (PGR).

Al cierre de la pasada administración se informó de más de 7 mil millones de pesos cuyo destino se desconocía. El monto correspondía a recursos sin comprobar hasta el 15 de octubre de 2018; aunque hace unos días, Juan Antonio Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que remplazó al Seguro Popular, sostuvo que los estados tienen deudas que superan 54 mil millones de pesos.

Señaló que se trata de dinero que deben a proveedores de medicamentos, prestadores de servicios diversos e impuestos, entre otros. El funcionario no abundó, pero aclaró que corresponde a la Secretaría de la Función Pública la investigación y determinar las acciones a seguir. En todos los casos, puntualizó, los estados responderán por dichas deudas.

Respecto de los 7 mil millones de pesos no aclarados que señalaron las autoridades anteriores, destacaban los recursos sin comprobar de Michoacán, 3 mil 474 millones 527 mil pesos; Veracruz, 2 mil 222 millones 832 mil 332; Guerrero, mil 238 millones 228 mil 266; Tabasco, 190 millones 428 mil 332; Morelos, 81 millones 94 mil 740, y Nayarit, 59 millones 995 mil pesos.

De los desvíos registrados durante la vigencia del Seguro Popular, el efecto era evidente en la deficiente calidad de los servicios de salud que recibían los afiliados, así como en el desabasto de medicinas, que llegó a ser de 70 por ciento en Veracruz.

El estudio de satisfacción de usuarios del Sistema de Protección Social en Salud de 2013 reportó estos datos, según los cuales en Quintana Roo 48 por ciento de los usuarios había logrado surtir sus recetas. El promedio nacional ese año fue de 64 por ciento, a pesar de que sólo se consideraron los medicamentos incluidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes), de los cuales se suponía estaba garantizado el abasto.

No había justificación para que existieran estos problemas, porque la ley garantizaba la entrega de recursos económicos para la prestación de los servicios y la entrega de fármacos. Lo que no había, hasta 2014, eran mecanismos que aseguraran el uso eficiente del dinero.

Por eso se dieron casos como el de Veracruz, donde además del desabasto se encontraron almacenes con medicinas caducas y adquisiciones de productos irregulares o de procedencia sospechosa.

En 2015 entró en vigor la reforma legal que estableció mecanismos para asegurar que 30 por ciento del dinero –como ordenaba la ley– se usara en la compra de medicinas. El dinero se depositaba en cuentas de la Tesorería de la Federación, de donde salía para el pago a proveedores, previa presentación de las facturas de compra.

Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de enero de 2020, p. 3

De Florida al rescate del Seguro Popular

Asa Cristina Laurell*

El ex secretario de Salud Julio Frenk está lanzando un ataque, apoyado por algunos políticos del PAN, contra el viraje en la política de salud que el nuevo gobierno está iniciando. En esta ofensiva, nacional e internacional, destacan dos artículos, uno en Nexos y otro en la revista médica Lancet, con la cual Frenk mantiene una relación poco transparente desde hace años. En ambos textos se sugiere que los gobiernos extremistas de derecha (Donald Trump) e izquierda (Andrés Manuel López Obrador) son iguales y se caracterizan por ignorar los hechos y la evidencia científica; que les mueve la ideología, no la razón. Es interesante constatar que el método discursivo de ambos artículos de Frenk es ignorar aquellos hechos que contradicen su argumento e incluir otros como pruebas aunque no tienen que ver con el hecho a discusión o son marginales a él, o sea, un método ideológico.

Los dos temas de fondo que el nuevo gobierno está analizando y tratando de resolver son, por un lado, los efectos de la descentralización sobre los sistemas estatales de salud y, por el otro, las consecuencias de los modelos de financiamiento sobre la integración del sistema público de salud y respecto a la inequidad en el acceso entre los mexicanos. Estos temas surgieron a partir de la constatación empírica, en su inicio no rigurosamente sistematizada si se quiere, a lo largo del territorio nacional de: obras abandonadas o inconclusas; ciudadanos/usuarios insatisfechos con los servicios de salud de todas las instituciones; múltiples y comprobados fraudes y tráfico de influencias en la compra de medicamentos, equipo y contratos de obra; profesionales de salud descontentos con sus contratos y condiciones de trabajo irregulares. Dos elementos estructurales del sistema de salud que condicionan esta problemática son la descentralización y el modelo de financiamiento del Seguro Popular (SP) ligado a la restricción de servicios de la población sin seguridad social laboral.

La descentralización, un mantra neoliberal, se inició en 1985, pero se interrumpió varios años por los graves problemas causados en los servicios y se concluyó hasta 1997. La justificación de la descentralización fue que incrementaría el poder de los ciudadanos sobre los servicios vía la presión a sus representantes electos para que los mejoraran. La descentralización ha sido un proceso con resultados muy diversos en diferentes estados, pero dos hechos repetidos están ligados a ella: la falta de una planeación estatal y nacional integradora de los servicios públicos de salud y el establecimiento de un espacio propicio para la corrupción en la contratación de obra, compra de medicamentos, insumos y equipo. Las más de 250 obras abandonadas, detenidas o en proceso son el resultado de la falta de una planeación competente o, alternativamente, de ventanas de oportunidad de funcionarios y legisladores para gestionar financiamientos que en parte va al caño de la corrupción. A quien lo dude le invito a consultar los informes de la Auditoría Superior de la Federación. Hay miles de millones de pesos perdidos en obras paralizadas, equipos embalados con garantías vencidas y en medicamentos caducados a lo largo del país.

El impacto sobre la equidad en el acceso a los servicios requeridos de los distintos modelos de financiamiento está documentado en una serie de artículos académicos y evaluaciones institucionales. Aunque se alegue que el financiamiento tanto del SP como de los seguros médicos de la seguridad social son tripartitas, es un hecho que el acceso a los servicios requeridos es muy diferente debido a las restricciones del paquete de servicios garantizados por el SP y por las malas condiciones de los establecimientos que los prestan. El informe 2018 del propio SP reconoce que sólo 37 por ciento de los servicios susceptibles a prestarlos cumplen los criterios de acreditación. En este ámbito también se reflejan la mala planeación y dificultades de la infraestructura de los sistema estatales, ya que más de 50 por ciento de los recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud está inmovilizado en obras en proceso, la mayoría desde hace años.

El drama del sistema de salud visto desde el territorio nacional y no desde Florida obliga a actuar y transformar esta realidad. El actual gobierno no cuestiona el derecho a la protección de la salud, como llega a sostener Frenk. Al contrario, está buscando cancelar su violación sistemática y lograr que deje de ser una mera pieza discursiva y se convierta en una realidad salvadora de la dignidad y la vida de los mexicanos.

* Subsecretaria de Integración y Desarrollo de Sistema de Salud

asa@asacristinalaurell.com.mx

Descentralización y fin del Seguro Popular: AMLO

AMLO firma acuerdo con gobernadores

Estamos en emergencia nacional sanitaria, alerta Alcocer Varela

Se elimina el Seguro Popular e inicia descentralización

Unos $22 mil millones adicionales de gasto

▲ En la imagen de arriba, en conferencia de prensa, López Obrador dio detalles sobre su proyecto de salud; abajo, ya en Mérida, firmó el acuerdo con gobernadores; a la izquierda, Alejandro Moreno (Campeche) y Mauricio Vila (Yucatán), y a la derecha, Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud.

Mérida, Yuc.. El gobierno federal presentará en febrero una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para eliminar el Seguro Popular y su mecanismo de financiamiento. Se terminará la descentralización de los servicios que estuvo vigente en los 20 años recientes y se formalizará, en la ley, el acuerdo general que este viernes suscribió el presidente Andrés Manuel López Obrador con los gobernadores de ocho estados.

En ese acto, el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, advirtió que el abandono y deterioro de los servicios sanitarios en los pasados 36 años ha provocado una emergencia nacional que cuesta la vida a muchos mexicanos y provoca un sufrimiento innecesario, sobre todo a la población que vive en zonas marginadas.

Se dejó de invertir en infraestructura hospitalaria, hay 250 unidades médicas destinadas a la población sin seguridad social que están abandonadas, sin terminar las obras o sin equipo. Se trata, dijo, de escandalosos monumentos a la incompetencia, la corrupción y el tráfico de influencias.

El convenio firmado por López Obrador permite a la Federación disponer de 22 mil 500 a 25 mil millones de pesos adicionales al presupuesto –que provendrán de los 90 mil millones que hay en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC)– a fin de garantizar la atención médica y medicamentos gratuitos para las personas que carecen de acceso a la seguridad social.

En la primera etapa de la estrategia participan las entidades donde viven las personas con mayores niveles de pobreza, en particular 5 millones de indígenas de Guerrero, Oaxaca, Campeche, Chiapas, Veracruz, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

Lo que queremos es un sistema de salud de calidad, atención médica y medicamentos gratuitos, que se garantice el derecho a la salud establecido en el artículo cuarto de la Constitución, pero es letra muerta, porque más de la mitad de los mexicanos no tienen seguridad social. Un sistema al estilo de los países nórdicos y Canadá, dijo.

Desde temprano, en conferencia, el mandatario dio detalles del acuerdo y nuevo plan de salud. Indicó que cada seis meses se integrarán ocho nuevos estados a la federalización y se asignarán en total 50 mil millones de pesos adicionales. Expuso: El convenio significa que los estados trasladan sus servicios de salud a la Federación, la cual se hará cargo de los mismos.

Agregó: “Sobre el llamado Seguro Popular es evidente que no ha funcionado. Ni es seguro, ni es popular. Y será sustituido de forma paulatina. En tanto, los servicios se seguirán prestando como siempre.

Para López Obrador, uno de los problemas actuales es la fragmentación, la desintegración del sistema de salud. Hoy tienen responsabilidad sobre éstos los estados y, por el gobierno federal, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

Todos tendrán más presupuesto; lo que queremos es integrarlos y comenzar dando atención especial a la población que no tiene seguridad social, a los que no son derechohabientes, esto es, a más de la mitad de los mexicanos.

Con medicinas, su agosto

Respecto de las medicinas, el Presidente dijo que es uno de los mayores problemas de corrupción. Hay dinero suficiente, pero no hay medicamentos en clínicas y hospitales. Y es que “hacían su agosto los que venden medicamentos. Hasta políticos se dedicaban a venderlos por influyentismo. Y se compraban muy caros, por eso no alcanzaba… todo eso se va a eliminar’’.

Para este fin, trabajarán las secretarías de Salud y de la Función Pública, y él mismo estará pendiente de que no se desvíen recursos. Además, se pedirá la intervención de la Oficina de Transparencia de la Organización de las Naciones Unidas para las compras y si no hay condiciones en el país para el abasto, se abrirán licitaciones internacionales, explicó.

Ceremonia en Yucatán

Más tarde, en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán, los gobernadores de los estados donde se inicia la federalización de servicios ofrecieron su respaldo al nuevo proyecto. Además de Alcocer Varela, asistieron los directores del IMSS, Germán Martínez; del Issste, Luis Antonio Ramírez; legisladores federales y otros funcionarios del sector.

Ahí, el Presidente planteó rescatar los servicios sanitarios en todos sus niveles, integrar los centros de salud con las unidades del Seguro Social (IMSS Bienestar), los hospitales para la atención de emergencias y los institutos nacionales de salud para la alta especialidad.

Dijo que se eliminará el llamado cuadro básico de medicamentos porque el derecho a la salud comprende todos los medicamentos, incluso los de alto costo. Es un asunto que tenemos que resolver entre todos, ¿o porque cuesta, no los vamos a atender?

También se refirió a los enfermos terminales para los que propuso diseñar un mecanismo de asistencia para bien morir, lo que actualmente no está considerado en el sistema de salud.

López Obrador reconoció que la reforma en el área es un asunto complejo y se requiere el apoyo de los trabajadores. Enseguida ofreció la regularización de contratos de alrededor de 80 mil de ellos que durante 20 años han laborado como eventuales o por honorarios.

En entrevista por separado, Ivonne Cisneros, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), administradora de los recursos del Seguro Popular, explicó que la iniciativa de reforma a la ley planteará que todo el dinero sea administrado por la Federación, desaparecer la estructura de la CNPSS, donde trabajan 415 personas en el nivel central y 6 mil plazas que se crearon sólo para la afiliación a este esquema de aseguramiento.

Ese dinero se destinará a los servicios médicos, dijo, al tiempo que sostuvo que la atención médica para personas con VIH/sida y el resto de enfermedades de alto costo que se pagan con el FPGC está garantizada. En 2019 se dispondrá de 12 mil millones de pesos para ese fin.

En la tercera gira de López Obrador por el país, en el Aeropuero Internacional de Ciudad de México, para el vuelo 2520 de Interjet se hizo una revisión especial a los pasajeros, que incluyó detección de explosivos.

Foto Guillermo Sologuren y José Carlo González

Alma Muñoz y Ángeles Cruz, Rosa Elvira Vargas y Fabiola Martínez

Enviadas y Reporteras

Periódico La Jornada

Seguro Popular: simulación y opacidad

La Jornada 

El titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud/Seguro Popular, Antonio Chemor Ruiz, reconoció que no se ha podido establecer el destino de 7 mil 267 millones de pesos. El faltante, por un monto superior a 8 mil millones, se originó entre los años 2007 y 2015, y hasta la fecha sólo se ha podido recuperar una pequeña parte. Casi la mitad de esos recursos perdidos corresponde a Michoacán (más de 4 mil 126 millones), seguido por Veracruz (casi 2 mil 223 millones), Guerrero (arriba de mil 238 millones), Tabasco (más de 181 millones), Morelos (más de 98 millones) y Nayarit (un monto superior a 66 millones). En conclusión, desde su fundación el Seguro Popular ha venido operando en forma manifiestamente opaca y previsiblemente corrupta.

Si la opacidad es inadmisible en cualquier ámbito de las oficinas públicas, en el de la salud resulta doblemente condenable, porque se traduce en la negación de servicios que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Por añadidura, la desaparición de los montos referidos tiene lugar en la rama de la salud pública dedicada a atender a los sectores más desprotegidos, es decir, quienes por su situación de informalidad carecen de afiliación en el Instituto Mexicano del Seguro Social o en el de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Sin embargo, la desaparición de esas partes sustanciales del presupuesto, una constante en la mayor parte de la administración, como lo indican los reportes de la Auditoría Superior de la Federación, no es el único problema del Seguro Popular. Los otros, más preocupantes, si cabe, son defectos de concepción y de origen: en rigor, ese programa no fue concebido para resolver las carencias del sistema nacional de salud pública, sino únicamente para solucionar en términos financieros el acceso de millones de personas a una infraestructura hospitalaria ya existente y previamente saturada, en la que las instalaciones, el personal, los equipos y los insumos son claramente insuficientes para brindar una atención digna y adecuada a sus derechohabientes tradicionales.

Para colmo, la agregación de los incorporados vía el Seguro Popular creó, desde un inicio, un universo de pacientes de segunda que sólo tienen cubierta una pequeña parte de los padecimientos y que, en el resto, siguen tan desamparados, en lo financiero y en lo médico, como siempre; porque, cabe recordarlo, este servicio sólo cubre una fracción de los padecimientos posibles e impone a sus afiliados antigüedades y tiempos de espera para poder acceder a la atención en enfermedades como el infarto en pacientes de más de 60 años, esclerosis múltiple, cáncer de pulmón o insuficiencia renal.

Así pues, a tres lustros de su fundación, se confirman las críticas iniciales al Seguro Popular en el sentido de que tiene mucho de simulación y poco de seguro, y a ello ha de agregarse la opacidad en la administración de los recursos por parte de los gobiernos locales. En suma, el deber del Estado de garantizar el derecho constitucional de todas las personas a la salud sigue siendo, en millones de casos, una obligación no cumplida.

En tres estados, $6 mil millones faltantes del Seguro Popular

Los recursos desaparecieron en Michoacán, Guerrero y Veracruz

De 7 mil 267 millones de pesos del Seguro Popular, cuyo destino se desconoce, Michoacán adeuda casi la mitad. Le siguen Veracruz, con un tercio de ese monto, 2 mil 222 millones, y Guerrero, con mil 238 millones. Otras entidades con adeudos son Morelos, Nayarit y Tabasco. Esto es lo que se queda pendiente de este gobierno, reconoció Antonio Chemor Ruiz, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS).

En entrevista, el funcionario explicó que el faltante se acumuló entre 2007 y 2015. El monto inicial era superior a 8 mil millones de pesos, pero en los pasados tres años se logró recuperar una parte.

Chemor Ruiz comentó sobre los posibles cambios que se harán al Seguro Popular en la siguiente administración. Hay áreas de oportunidad como mejorar la calidad de los servicios y garantizar el abasto de medicinas, dijo.

Aunque el dinero está disponible en las entidades y existe la certeza de que 30 por ciento se debe invertir en la compra de medicamentos, la satisfacción de los afiliados en este rubro es de 72 por ciento.

Respecto del proyecto del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de cubrir la totalidad de las enfermedades de alto costo, Chemor señaló que la Ley General de Salud ya prevé la gradualidad en este tema. No se ha podido lograr porque se requiere más dinero. Sólo para atender a las personas con insuficiencia renal, uno de los grandes pendientes en salud, se necesitan 13 mil millones de pesos cada año, indicó.

Coincidió con Ivonne Cisneros, integrante del equipo de transición, en que la CNPSS y su brazo operativo, el Seguro Popular, es una instancia financiera. Así nació, para terminar con las barreras económicas que impedían a las personas el acceso a los servicios médicos, así como para incorporar de manera gradual los males que pueden ocasionar el empobrecimiento de las familias y disminuir el gasto de bolsillo que antes de 2003 representaba más de la mitad de la inversión nacional en salud.

Ese gasto se ha ido reduciendo. Actualmente se ubica por debajo de 40 por ciento de la inversión total.

Insistió en que en el sexenio por terminar, las prioridades se ubicaron en asegurar el control del dinero. De ahí las reformas legales que entraron en vigor en 2015 y permitieron, de acuerdo con un reporte de la Auditoría Superior de la Federación, que las observaciones sobre el ejercicio de los recursos del Seguro Popular pasaran de 35.9 por ciento en 2013 a 3.6 por ciento en 2017, es decir, un descenso de 90 por ciento.

De todas maneras, son 7 mil 267 millones 65 mil 858.73 pesos que siguen sin ser comprobados, y por los cuales las entidades interpusieron demandas penales y administrativas que están en curso. La CNPSS también dio vista a la Auditoría Superior de la Federación y a los Órganos Internos de Control de la comisión y la Secretaría de Salud.

El comisionado destacó que sin contar con recursos adicionales, salvo lo que prevé la ley, la CNPSS incorporó en este año seis padecimientos de alto costo para llegar a un total de 330, con 66 intervenciones clínicas. Todavía faltan otros males, pero se requiere dinero, todo es dinero.

Resaltó que el Catálogo Universal de Servicios de Salud incluye la totalidad de padecimientos que se pueden resolver en centros de salud y hospitales generales.

Lo anterior, en referencia al proyecto del equipo de transición en el área de salud de terminar con las restricciones en el acceso a los servicios de salud para las personas que carecen de seguridad social.

Chemor Ruiz comentó el caso de trasplantes de pulmón, que a partir de este año están cubiertos por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Cada procedimiento cuesta 4 millones de pesos, mientras los tratamientos para personas con Síndrome de Morquio (poco frecuente e incluido recientemente) valen entre 6 y 12 millones de pesos al año por paciente.

Ángeles Cruz Martínez 

Periódico La Jornada

¿Seguro Popular, aun con cambio de gobierno?

Gustavo Leal F.*

No obstante la evidencia sobre los malos manejos con los recursos del Seguro Popular y esperando preservar las –erradas– reformas peñistas (2014), en marzo de 2018, el comisionado Antonio Chemor, se atrevió a declarar que seguirá existiendo a pesar de que haya un cambio de gobierno. Y agregó: los afiliados suman 54 millones; atiende mil 807 enfermedades, 65 son de carácter catastrófico.

Pero ¿qué fue lo que tan mal reformó Peña? En un sector pésimamente descentralizado –por Soberón (De la Madrid, década de los años 80); De la Fuente/Narro (Zedillo, en la década de los años 90) y, finalmente, montando sobre este ruinoso edificio federalizado el fraudulento Seguro Popular panista (Fox/Calderón)–, siguiendo sumisamente a la OCDE, Peña reformó la Ley General de Salud para conformar un Sistema de Protección Social en Salud –con pretensiones de universalidad rebajada– que terminó siendo una mala copia del controversial experimento colombiano.

Los peñistas iniciaron el sexenio asumiendo que, con ese seguro, sus antecesores panistas afiliaron mucho más que la infraestructura edificada, al tiempo que eliminaban el programa Consulta Segura para la reafiliación (impuesto por Chertorivski, con Calderón) porque obligaba una evaluación médica que desalentó el interés por renovar pólizas. Pero los peñistas jamás revisaron el inadecuado diseño del Seguro Popular que ejecuta un federalismo centralizador; implanta paquetes básicos esenciales no ajustados a la morbi/mortalidad de los asegurados y elude los diferentes perfiles patológicos estatales, mientras inhibe la libertad diagnóstica/médico/clínica, acotándola a intervenciones del paquete esencial.

En septiembre de 2013, Peña remitió la Iniciativa para reformar la Ley General de Salud, decretada en junio 2014 ( DOF, 4.6.14) y completada con su Reglamento de diciembre de 2014 ( DOF, 17.12.14). Y, como con la educación, centralizó los recursos del Seguro Popular, sin extraer nunca el aprendizaje de las fallidas descentralizaciones previas. Como observara su entonces responsable, Gabriel O’Shea: el federalismo y la autonomía de los estados favorecieron que el dinero asignado para su operación se usara para otros fines.

Agréguense los impactos de la nueva Ley Federal de Contabilidad Gubernamental (2012) que, violentando la división de poderes y desplazando a la Auditoría Superior de la Federación –con el pretexto de imponer nuevas obligaciones en materia de transparencia a estados y municipios– refuerza el federalismo centralizador, solidificando la tiranía hacendaria al centralizar el ejercicio del gasto público en la Secretaría de Hacienda, siendo que, en rigor, se trata de funciones establecidas para el Congreso de la Unión y las legislaturas locales (artículos 79/134 constitucionales).

Gracias a la reforma de ese reglamento, ahora el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (que es un organismo público descentralizado) ya no presta servicios. Sólo es una entidad financiera que –vía convenios– compra, paga y facilita la acción de quienes, como prestadores los brindan directamente: servicios estatales de salud e instituciones públicas, privadas y sociales que conforman el Sistema Nacional de Salud.

El Reglamento establece con claridad (artículo 20) el procedimiento de libertad de elección para todo el sistema, así como la competencia entre prestadores: los regímenes estatales asignarán a cada núcleo familiar, un centro de salud para su atención primaria, y en caso de existir más de una opción, se les brindará la facilidad de elegir su unidad de adscripción.

De esta manera, se consolida la anhelada separación de la función financiera de la función prestadora de servicios. Para decirlo en el lenguaje de Miguel Ángel González Block, vocero de la reforma mexicana (Fundación Mexicana para la Salud-Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros) de inspiración colombiana: para alinear a compradores, prestadores y pacientes, México necesita una reforma de salud que separe a los compradores de los prestadores, introduzca la elección y permita la compra estratégica en favor de las necesidades del paciente. Por compra estratégica se entiende la capacidad de adquirir intervenciones de acuerdo con las necesidades de salud y las políticas nacionales, así como priorización con base en la relación de costo-efectividad (2015, Retos y oportunidades en la alineación de los compradores y prestadores en México, Academia Nacional de Medicina).

Así, la gran reforma que Mercedes Juan fue incapaz de imponer a todo el sector, se concentró con las reformas de Peña, exclusivamente en el Seguro Popular. Lo que se aplica –como cambio legal– para IMSS e Issste, es el intercambio de servicios operado por la Ssa-Narro durante 2016-2018. Ese intercambio está reglado en el acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos para la compensación económica del Sistema de Protección Social en Salud ( DOF, 24.4.15).

Tal como recomendara la OCDE ( Reviews of Health Systems. México, 2016) –en la nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas– esta reforma no puede hacer mucho para mejorar efectivamente la salud de los mexicanos. Trabaja para y por el jugoso mercado de la atención médica curativa (Funsalud, 2015, Diagnóstico de los retos del Sistema Nacional de Salud Universal).

¿Qué coaliciones partidarias arropan en 2018 semejante reforma que, con el lenguaje de Noah Harari, pretende dejar de sanar de forma igualitaria a los enfermos para sólo mejorar elitistamente a los sanos?

Es claro que en la expectativa de Chemor priva sólo un supuesto: preservar las –erradas– reformas de Peña al Seguro Popular, para así continuar mecánicamente con una reforma a la salud como la que hoy defienden las coaliciones PRI (Meade)-PAN (Anaya). Esperemos que el desenlace de la jornada electoral 2018 ponga sobre la mesa otras alternativas.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

¿Logros del Seguro Popular?

Gustavo Leal F.*

En enero 2018, de gira por Acapulco y mientras inauguraba el Hospital General, el presidente Peña Nieto anunció que éste Seguro atenderá cuatro nuevos padecimientos: cáncer de esófago, trasplantes de hígado, corazón y pulmón. Ellos cuestan, aseguró, hasta 4 millones de pesos en una institución privada. Y remató enfatizando: debemos sentirnos realmente orgullosos de los avances que como nación hemos tenido en distintos ámbitos.

En el I nforme 2015 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), correspondiente al análisis de la Cuenta Pública 2013, consta que cuatro millones de personas mayores de cinco años carecen de acceso a servicios de salud; no tienen Issste, IMSS o Seguro Popular. Por ello, exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (administradora del Seguro Popular), a que investigue las causas por las cuales no se ha logrado la cobertura universal, un objetivo de ese seguro.

El informe aprecia también que para el año 2013 el Seguro Popular tenía 50.2 millones personas mayores de cinco años afiliadas, equivalentes a 49.3 por ciento de la población, en tanto que otros 47.8 millones (46.9 por ciento) era derechohabiente de alguna institución de seguridad social.

También observa que los afiliados tienen una menor cobertura de padecimientos que los derechohabientes del IMSS-Issste: mientras que éstos tienen garantizada la atención de cualquier enfermedad que presenten, en el Seguro Popular se cubren sólo 344 padecimientos, 285 esenciales y 59 de alta complejidad. Y las 344 enfermedades cubiertas por el Seguro Popular representaron 2.4 por ciento de los 14 mil 176 padecimientos registrados en el catálogo de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud (CIE), elaborado por la OMS”.

La ASF destaca que el objetivo de reducir los gastos en salud de la población más pobre del país no se ha cumplido, ya que todavía 46 por ciento de los hogares afiliados al Seguro Popular paga de su bolsillo la atención médica, hospitalaria o medicamentos”. Esto contrasta con 19.5 por ciento que se promedia en los países de la OCDE a la que México pertenece.

Pero increíblemente, por irreal, en La brecha de la salud ( Nexos, 2/2018), Julio Frenk y colaboradores sostienen que la ampliación del gasto público –junto con la puesta en marcha del Seguro Popular– permitió extender la cobertura de la protección social en salud. El número de mexicanos con seguro público, afirman, pasó de alrededor de 40 millones en 2002 (41 por ciento de la población total) a 98 millones en 2015 (82 por ciento).

Y que con la ampliación de la protección y la disminución de la pobreza, el porcentaje de hogares con gastos catastróficos por motivos de salud se redujo de 2.7 por ciento en 2004 a 1.7 en 2014, mientras que el porcentaje de hogares con gasto empobrecedor por los mismos motivos disminuyó de 1.3 a 0.6 por ciento en el mismo periodo.

El fantástico recuento prosigue ostentando que, a pesar de que el total de hogares creció durante el periodo, el número absoluto de familias que sufrió un quebranto económico por motivos de salud se redujo de un máximo de 3.7 millones al año a 2.7 millones. Y es que el mayor avance se dio en los hogares que estaban excluidos de la seguridad social convencional.

También presumen que todos estos cambios influyeron de manera positiva en las condiciones de salud de la población: México pudo alcanzar en 2015, ostentan, casi todas las metas en salud de los Objetivos del Fin de desarrollo del Milenio. ¿Deveras?

Claro que, a pesar de este quimérico escrutinio macro y su mercadotécnico lenguaje inaugurado durante el foxismo, las prioridades sanitarias nacionales siguen estando mucho peor, justamente con y por ese multicuestionado Seguro Popular.

Según el Informe General Ejecutivo. Cuenta Pública 2016 de la ASF, en cuanto a infraestructura, equipamiento y disposición de recursos humanos, de 2004 a 2016, justo todo el periodo de vida del malhadado Seguro Popular, aumentó 37.9 por ciento la cantidad de unidades médicas de consulta externa y de hospitalización, y 59.8 la de médicos y enfermeras enfocados a atender a los derechohabientes de las instituciones de seguridad social y a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular). Sin embargo su crecimiento no fue proporcional al incremento de 97.8 por ciento de la población con acceso a servicios públicos.

Además de que –en el mismo periodo– la ASF detectó que la mortalidad hospitalaria se disparó ¡2 mil 400 por ciento! Esos resultados sugieren, comunica, que probablemente la eficiencia de la atención médica en las instituciones públicas estaría presentando importantes deficiencias.

En tanto, la Cofepris reconoce la existencia de 16 mil consultorios adyacentes a farmacias con consultas que cuestan entre 20 y 50 pesos. Y hay quien estima que hasta 65 por ciento de quienes recurren a ellos son derechohabientes de alguna institución pública.

Sin embargo, el Inegi-Santaella aprende, y pronto, del Coneval-González Licona. Como los fantásticos logros del Seguro Popular de Frenk, ahora resulta, según el Inegi-Santaella, que los mexicanos se consideran satisfechos con los indicadores del bienestar autoreportado de la población urbana. Y por lo que toca a su estado de salud, faltaba más, el Inegi-Santaella garantiza que su valoración entre enero 2017 y enero 2018 es exactamente la misma: ¡8.3! ¿En qué Mexico viven? ¿Logros del Seguro Popular para Mead y Anaya?

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

Incorporar mexiquenses a Seguro Popular, propuesta electoral

Hay más acceso, poca calidad


 En cinco años en el Estado de México, entidad donde el próximo 4 de junio se elegirá gubernatura, se redujo el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud al pasar de 39.28 en 2010 a 20.19 en 2015, pero no mejoró la calidad de estos servicios.

Así lo indica información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), que muestran que más mexiquenses cuentan con un acceso a algún tipo de servicio médico.

Sin embargo, una gran parte de las y los mexiquenses que cuentan con atención en salud (37.8 por ciento) están inscritos en el Seguro Popular –un sistema que afilia a personas sin seguridad social como derecho laboral– mientras que 48.1 por ciento cuentan con servicios en instituciones privadas.

Además los servicios de salud públicos presentan retos en calidad personal y en tiempo de espera, toda vez que una persona debería ser atendida en 30 minutos o menos pero esto sólo ocurre en los servicios privados, indica la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (Ensanut), que realiza en Instituto Nacional de Salud Pública.

PROMESAS DE ASPIRANTES

Los resultados de la Ensanut para la entidad también indican que en el Estado de México los servicios de salud con mayor percepción de mejoría son los privados, que incluyen médicos privados y consultorios dependientes de farmacias. En este contexto, los seis candidatos y candidatas al gobierno estatal proponen acciones en materia de salud para enviar a la gente al Seguro Popular.

Entre los temas a atender en la entidad está la salud sexual y reproductiva de las y los jóvenes, el embarazo adolescente, las enfermedades crónicas como obesidad, diabetes mellitus e hipertensión, que van en aumento, y por tanto también existe la necesidad de mejorar la calidad de servicios preventivos y curativos.

Ante esto, las propuestas de las y los candidatos destacan por fomentar la afiliación al Seguro Popular. Por ejemplo, el candidato de la colación de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), Alfredo del Mazo, se comprometió a aumentar la incorporación de mexiquenses en situación vulnerable a este servicio y monitorear la calidad de la atención pública.

POCO EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

En temas como embarazo adolescente no hay vastas propuestas a pesar de que la Ensanut indica que en el Estado de México 57.8 por ciento de las mujeres de 12 a 19 años alguna vez ha estado embarazada; tampoco en materia de prevención aun cuando 57.3 por ciento de los adultos reportó no haber utilizado ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual.

En este contexto, en su campaña, la candidata del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, denunció el desabasto de medicinas por lo que una de sus propuestas es otorgar Bonos de Atención Médica para que en emergencias la población sin servicios de salud sea atendida en cualquier institución que elijan.

En una entidad donde existen 1.2 médicos por cada mil habitantes, la panista también propuso la universalización de un sistema gratuito de detección del cáncer de mama y cervico uterino, la atención gratuita y la reconstrucción de mamas, también gratuita.

La Ensanut también indica que en la entidad, de forma similar al país, los padecimientos crónicos constituyen el principal problema y el gasto de bolsillo, es decir, lo que la gente tiene que pagar por atención, es muy alto.

Como muestra, la mayoría de los usuarios del IMSS (84.6 por ciento) recibieron todos sus medicamentos. En cambio, 71.5 por ciento de los pacientes que se atendieron en las unidades de la Secretaría de Salud local recibió todos los medicamentos recetados.

En relación con el pago de bolsillo, casi 40 por ciento de los usuarios de los centros de salud y hospitales de la Secretaría de Salud federal tuvo que pagar por los medicamentos que requería.

En el caso del candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Zepeda, también propuso la gratuidad como alternativa al ofrecer que la atención médica sea gratuita y con trato digno en todos los servicios de salud pública del Estado.

Asimismo propone incrementar el gasto en salud para garantizar la infraestructura hospitalaria y de atención, sin que, dice, sea objeto de planes de ajuste presupuestal. También crear el Hospital de la Mujer y llevar atención médica a domicilio, un programa similar a Médico en tu Casa que opera en la Ciudad de México.

Por su parte la candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Delfina Gómez, propone una reforma al sistema sanitario a través del Sistema de Salud de Atención Primaria, Novedoso y Ordenado (SSANO), esto porque ha declarado que es usuaria de los servicios públicos y conoce las carencias.

Esta estrategia incluye revisar los contratos prestación de servicios hospitalarios otorgados en la administración de Eruviel Ávila; y que los recursos se usen de manera transparente, porque afirma que hoy en día hay falta de equipamiento y medicamentos, entre otras.
 

CIMACFoto: Gabriela Mendoza Vázquez

Por: Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Seguro Popular atenderá a todas las mujeres con cáncer de ovario

   Casi 2,500 muertes en 2015; falta protocolo de tratamiento

 El cáncer de ovario, el tercer tipo de cáncer ginecológico más mortal y el tercero más común entre las mujeres, ya está incluido para su tratamiento total en el Seguro Popular (SP), lo que podría beneficiar a las tres mil o cuatro mil mexicanas que cada año son diagnosticadas con este padecimiento.

 

Tras cinco años de trabajo, la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer (AMLC) y el Grupo de Investigación en Cáncer Ginecológico de México (GICOM) anunciaron hoy en compañía de funcionarios de la Secretaría de Salud (Ss) que, apenas concluyan algunos trámites administrativos, el cáncer de ovario estará cubierto por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del SP.

 

De cara a la conmemoración el próximo 8 de mayo por el Día Mundial contra el Cáncer de Ovario –instaurado en 2013 por organizaciones civiles–, Mayra Galindo Leal, presidenta de la AMLC, expresó que éste es un avance importante porque garantiza a los 29.1 millones de mujeres afiliadas al SP su derecho a la protección de su salud reproductiva, pero directamente es un beneficio para entre tres mil y cuatro mil mujeres que cada año son diagnosticadas con esta enfermedad.

 

En México, el de ovario es el tercer tipo de cáncer ginecológico más mortal y el tercero más común entre las mujeres, después del cáncer de mama y el cérvico uterino. En 2015, este padecimiento cobró la vida de 2 mil 441 mexicanas y se presentaron 3 mil 764 nuevos casos.

 

No obstante, hasta el año pasado el SP sólo cubría 10 por ciento de quienes padecen este tipo de cáncer, específicamente a las que presentaban el tipo de cáncer de ovario germinal (que afecta principalmente a niñas y adolescentes y que requiere un tratamiento menos complejo), según datos de los organismos civiles.

 

Por su parte, Dolores Gallardo Rincón, presidenta del GICOM, dijo en breve entrevista que la incorporación al SP es el resultado de más de cinco años de insistencia constante de las asociaciones que investigan el cáncer en México, que se percataron de que en el país no había antecedentes para tratar este mal. 

 

No obstante –acotó– los retos aún son muchos, ya que el Consejo Nacional de Salud, de la Ss, no ha actualizado el Protocolo Técnico sobre los procedimientos de atención a pacientes con cáncer de ovario, que se elaboró desde 2011, y el cual sólo considera la atención para cáncer germinal (que afecta a 5 o 10 por ciento de las mujeres con cáncer de ovario), y no prevé el uso de terapias innovadoras que son complementarias.

 

Sin la actualización de ese protocolo, el tratamiento para las pacientes “queda corto”, por lo que Gallardo Rincón urgió a la Consejo Nacional de Salud a actualizar el documento.

 

Y entre otros retos, precisó, falta la acreditación de hospitales en todo el país en la atención de cáncer de ovario de tipo germinal y  epitelial (este último con incidencia de 90 por ciento y con un tratamiento más especializado), y que la Ss desarrolle programas de educación y reconocimiento de la enfermedad entre el personal de salud, para evitar el “viacrucis” que atraviesan las pacientes antes de recibir una atención adecuada.

 

Las expertas adelantaron que impulsarán una Norma Oficial Mexicana (NOM) para la atención del cáncer de ovario, que integre guías para la prevención y detección oportuna, así como otras medidas para difundir los síntomas, y los métodos para diagnosticar la enfermedad.

  

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | Ciudad de México.-