Rebautizado como Niño Briago mediante un juego disponible en Internet (http://bit.ly/VLIBMP ), el senador Jorge Emilio González Martínez regresó ventajosamente al centro de reclusión denominado El Torito
para reponer las horas de encierro que había pretendido evadir mediante
un recurso de amparo al que ayer declinó en una operación forzada de
lavado de cara, luego de las intensas críticas a su comportamiento
personal y al negocio denominado Partido Verde Ecologista de México.
Con esa maniobra efectista, el mencionado legislador pretende abrir
paso a una cierta exculpación pública, alegando que cumplió a plenitud
el periodo de castigo derivado de sus faltas viales. Pero no quedan sus
infracciones al orden jurídico sólo en el plano relacionado con el
alcoholímetro. Según reiteradas declaraciones ante medios de
comunicación, en determinado tramo de ese episodio González Martínez
decidió ocultar su nombre verdadero y usar otro. Tal suplantación fue
argüida como demostración de que no lo animaba el propósito de hacer
valer su posición e influencias como senador; por el contrario, buscaba
ser tratado como otro, como un ciudadano que no fuera él.
Los códigos penales vigentes incluyen en sus tipificaciones
delictivas la conducta que ha confesado el senador verde. En el
correspondiente al Distrito Federal se establece el delito de
variación de nombre o domicilioen el artículo 317:
Se impondrá de seis meses a dos años de prisión o de 90 a 150 días de trabajo en favor de la comunidad, al que ante una autoridad judicial o administrativa en ejercicio de sus funciones, oculte o niegue su nombre o apellido o se atribuya uno distinto del verdadero, u oculte o niegue su domicilio o designe como tal uno distinto del verdadero(http://bit.ly/W4bsvz ). El artículo 247 del Código Penal Federal establece a su vez el delito de
falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad(http://bit.ly/XpFhlr ).
Conforme a las reformas constitucionales aprobadas en diciembre de 2011 por unanimidad de los senadores participantes (http://bit.ly/12OIm5D
), las autoridades capitalinas podrían buscar que se castigara a
González Martínez más allá de su fuero como legislador, aunque eso
implicaría que el volátil Miguel Ángel Mancera actuara con una voluntad
política justiciera que hasta ahora no se le ha visto, sino todo lo
contrario (también se podría someter al imperio de la ley a los
guardaespaldas que forcejearon con policías capitalinos e incluso les
arrebataron al júnior verde por unos segundos, aunque castigar a
guaruras expiatorios sin hacerlo con el jefe sería una simulación más).
Según la nota redactada por Andrea Becerril y Víctor Ballinas,
legisladores, funcionarios, jueces, ministros de la Suprema Corte e integrantes de organismos autónomos, como el IFE, podrán ser sujetos a proceso penal sin perder la libertad y el cargo. Sólo cuando termine el juicio y exista sentencia condenatoria, el juez podrá solicitar a la Cámara de Diputados el retiro de la inmunidad.
Sería digno y decoroso para las autoridades capitalinas hacer que
valga la ley por encima de cargos, partidismos y componendas de cúpula,
actuando desde ya, si jurídicamente hubiera sustento pleno, procesando
al personaje en mención por el delito o delitos que hubiera cometido en
su famosa noche de copas. De otra manera, permitiendo burlas y trampas,
un programa noble y defendible como es el que utiliza alcoholímetros
los fines de semana habrá quedado estigmatizado, sujeto a librarse de
él mediante amparos expedidos como maquila a las afueras del centro de
detención, con la enseñanza verde de que cualquiera puede falsear
datos, tal vez haciéndose llamar Jorge Emilio González Martínez para
mentir, forcejear, trampear y luego hacer como que cumple las
reglamentaciones administrativas a contentillo. ¿Tendrá Mancera el
valor, o le vale?
Astillas
El pleito entre Manlio Fabio Beltrones (acusado de
represor) y Ángel Aguirre Rivero (acusado de ingobernabilidad, bajo
insinuaciones de hacer declaraciones sin estar sobrio) no es solamente
por las policías comunitarias. El sonorense tiene en su equipo al ex
presidente municipal de Acapulco Manuel Añorve Baños (ahora diputado
federal), quien compitió en nombre del PRI por la gubernatura de
Guerrero contra su primo, el (para entonces) ex priísta Aguirre, ahora
apasionado perredista. Añorve Baños ha sido acusado por el actual
presidente del puerto, Luis Walton (del Movimiento Ciudadano, antes
Convergencia) de haber dejado en quiebra las finanzas municipales. Así
que el fondo del asunto radica en el combate entre Beltrones-Añorve y
Aguirre-Walton. Con el agregado de que, desde Costa Rica, el licenciado
Enrique Peña Nieto tuvo a bien llamar a la prudencia y al diálogo a un
gobernador y a un diputado federal que además coordina su cámara. Como
si estuvieran bajo su tutela, preocupado tal vez por el impacto que
esas riñas políticas tengan en el Pacto por México, el mencionado lic.
desaprovechó la oportunidad de demostrar que sabe que un gobernador y
un diputado tienen vida política propia a la que, en las circunstancias
ya detalladas, un ocupante de Los Pinos no debería tratar de regular...
Por cierto, los senadores panistas (bancada en la que el calderonismo
aún tiene el control) lograron impedir que Peña Nieto hablara en la
tribuna de esa cámara durante la ceremonia de conmemoración del
centenario del Ejército Mexicano que se realizará hoy... Significativo
que maestros de la sección 22 del SNTE, no elbista, hayan encarado a
Claudio X. González Guajardo y hayan impedido que presentara índices de
desempeño educativo que van en consonancia con las pretensiones
privatizadoras alentadas desde Televisa (De panzazo) y otros
ámbitos empresariales.. Y, mientras es desmontado el factor Orozco que
durante largo tiempo ha mantenido en crisis el funcionamiento de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ¡hasta mañana, con el
Grupo Modelo buscando arreglos en Estados Unidos, donde consideran
lesiva a la competencia cervecera la venta de la empresa mexicana a
Anheuser-Busch InBev!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
La
Auditoría Superior de la Federación (ASF) promovió 134 denuncias
penales por presuntas irregularidades en el manejo de recursos,
detectadas durante el último año del gobierno de Felipe Calderón, de
acuerdo con el reporte que presentó el auditor Manuel Portal a la
Cámara de Diputados. La gente llama el Año de Hidalgo al último de cada
administración. ¿Cuántos funcionarios irán a prisión? Lo más probable
es que ninguno. El ‘‘marco legal’’ es muy estrecho, o muy amplio, como
quiera vérsele, y permite que libren el castigo los responsables. Hay
que ajustarlo, dice el presidente de la Comisión de Vigilancia de la
Auditoría, el diputado José Luis Muñoz. Lo mismo dijeron otros
legisladores cuando revisaron las cuentas anuales de Vicente Fox y los
resultados siguen pendientes. Uno de los puntos oscuros del informe del
auditor se refiere a la Estela de Luz. La construcción estuvo
cuestionada desde un principio por la opinión pública. Ameritaría un
cambio de nombre: la Torre de la Corrupción.
Negociando en lo oscurito
¿Antes o después de Semana Mayor? Si nos atenemos a lo
que dijo el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, a la
revista británica The Economist, será en un par de meses cuando llegue al Congreso el proyecto de ley de telecomunicaciones. El reformón
laboral se aprobó sin consulta pública, todo se tramitó en comisiones
del Senado y la Cámara de Diputados. ¿Es esa también la ruta de la ley
que regirá al conflictivo negocio de las telecomunicaciones, incluyendo
la televisión y la radio? Si funcionarios del gobierno de Peña Nieto
están negociando algo, lo están haciendo en lo oscurito y la
pregunta que se impone es: ¿quiénes son los invitados a la mesa? La
idea de esta reforma estructural es que se regule el mercado de la
telefonía, el Internet y la televisión. O puede quedar en el intento, o
peor, crear más problemas de los que pretende resolver
Otra vez el pollo y el huevo
Su antecesor en la Secretaría de Economía, Bruno
Ferrari, no pudo con el problema del huevo y el pollo; lamentablemente
enfermó y no terminó el sexenio. Ahora, Ildefonso Guajardo enfrenta el
mismo problema, a menos de 100 dias de que arrancó el nuevo sexenio: un
brote de fiebre aviar en instalaciones de Bachoco. Los avicultores
dicen que no subirán los precios, los consumidores aseguran lo
contrario: ¡ya los subieron! Economía expresa que ‘‘no justifica el
desabasto de carne de pollo y huevo, ni aumento en los precios al
consumidor’’. ¿Desde cuándo se ha necesitado una justificación? Asegura
que la Profeco ha intensificado los operativos de vigilancia
en todo el país, especialmente en el estado de Guanajuato, y sancionará
con todo rigor a aquellos que incurran en abusos contra los
consumidores. ¡Qué mello! Bachoco registró utilidades históricas el año
pasado.
Volvió a El Torito
El Niño Verde volvió ayer a El Torito.
¿Cómo? ¿Agarró la jarra otra vez? No. Había dicho que el sábado próximo
completaría el arresto de 20 horas que le aplicó el juez por manejar
con cuatro tequilas (admitidos), pero tal vez se le había olvidado que
tiene fiesta finsemanera y decidió presentarse ayer mismo. Llegó muy
sonriente, de chamarra azul y jeans, manejando una Suburban.
Le hizo el feo a la comida del lugar; llevó su propio sándwich (¿de
bacalao noruego?) y su bebida (¿Perrier?) La otra falta grave que
cometió fue engañar a los oficiales del alcoholímetro con un nombre
falso. Esa se la perdonaron.
Cantaleta cotidiana de los tres niveles de gobierno es que
no hay dineropara atender las urgencias nacionales, pero año tras año se documenta que se recauda muy mal y se gasta peor, al grado que el manejo de los recursos públicos se ha convertido en una verdadera oda al despilfarro, la desorganización y la corrupción. Por ejemplo, de cada peso fiscal recaudado en 2011, la autoridad
devolvió21 centavos a los grandes grupos de poder económico y político, mientras por cada peso presupuestado para obras de infraestructura el gobierno federal (el calderonista, en este caso) terminó pagando tres y aceptó de la empresa privada concesionada hasta casi cinco años de retraso en el calendario de entrega.
Que
no hay dinero, gritan a coro, pero, por una parte, de lo poco o mucho que hay una gruesa rebanada se la
regresana quienes tradicionalmente no pagan impuestos o lo hacen mínimamente, mientras que, por la otra, el despilfarro, la desorganización, la improvisación y el compadrazgo entre entidades públicas y privadas hacen del gasto público un verdadero festín que incrementa sustancialmente el presupuesto (hasta 300 por ciento) y los tiempos de entrega (hasta cinco años) originalmente autorizados. A ese ritmo, no hay recaudación ni presupuesto que alcance, ni sociedad que lo soporte.
Por ser el más notorio y en el que se concentraron los medios de
comunicación, el cochinero de la Estela de Luz se convirtió en insignia
de la corrupción público-privada, en muestra fehaciente del desaseo, la
desorganización y el compadrazgo prevaleciente, pero lamentablemente no
fue el único ni el de mayor costo para los mexicanos, quienes son los
que pagan no sólo por el atraco permanente, sino por la falta o la
pésima construcción de infraestructura.
Por lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación no sólo documentó que en 2011 el calderonato
devolvióhasta 21 por ciento de los impuestos a grandes contribuyentes, sino cómo el gobierno gasta muchísimo más de lo autorizado por la Cámara de Diputados y cuánto se retrasa la entrega de la obra concesionada a una entidad privada, la que finalmente le vale un cacahuate, pues cobra como si hubiera sido puntual. Va, pues, por cortesía de la ASF:
A fin de emitir un diagnóstico sobre las causas que originaron los
incrementos en costo y los retrasos en la entrega de las obras
públicas, se seleccionaron 80 contratos de inversiones físicas
relativos a proyectos de infraestructura con un monto individual
superior a 100 millones de pesos y que fueron suscritos entre 1999 y
2010 por diversos entes. En promedio, por deficiencias del proyecto en
los 80 contratos revisados se presentaron los siguientes indicadores:
73.8 por ciento correspondió a estudios previos que no contemplaron las
condiciones reales del proyecto; 5 por ciento por deficiente proyecto
de cimentación; 2.5 por ciento por un deficiente proyecto estructural;
2.5 por ciento a la entrega extemporánea del proyecto ejecutivo y 16.2
por ciento a causas diversas.
Así, por ejemplo, de los contratos de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes se concluyó que las causas de diferimiento
recurrentes fueron: proyectos ejecutivos incompletos, con una
frecuencia de 63.2 por ciento; entrega extemporánea del anticipo en 2
por ciento de los casos y problemáticas ambientales en 15.8 por ciento
de los contratos. Estas situaciones ocasionaron incrementos que
alcanzaron el 131 por ciento respecto al importe originalmente
contratado y desfasamientos desde 120 hasta mil 492 días (poco más de
cuatro años) en la conclusión de las obras equivalente a un promedio de
132.8 por ciento en relación al plazo original.
En
lo referente a los contratos de Pemex y sus subsidiarias, se determinó
que las causas frecuentes de diferimiento fueron: proyectos ejecutivos
incompletos, con una recurrencia de 72 por ciento; planeación
insuficiente y bases de licitación inadecuadas en 24 por ciento de los
casos, y problemas ambientales en 4 por ciento de los contratos. Ello
ocasionó incrementos que alcanzaron 284.3 por ciento respecto al
importe contratado y desfasamientos desde 167 hasta 1663 días (casi
cinco años) en la conclusión de obras, equivalente a 125.9 por ciento
con relación al plazo original.
Del análisis de los contratos de la Comisión Federal de Electricidad (la empresa de
clase mundialy tarifas desorbitadas) se concluyó que entre las causas recurrentes de diferimiento destacan: proyectos ejecutivos incompletos de 75 por ciento y falta de liberación del derecho de vía, así como problemas ambientales con 25 por ciento, en conjunto. Estas situaciones ocasionaron incrementos que alcanzaron 51.3 por ciento respecto al monto contratado originalmente y desfasamientos desde 377 hasta 754 días (dos años) que representan un promedio de 74.8 por ciento.
Respecto a los contratos de Capufe y Conagua, los proyectos
ejecutivos incompletos fueron la causa más recurrente de diferimientos,
que alcanzaron 35 por ciento respecto al monto contratado y
desfasamientos desde 114 hasta 1095 días (tres años) que representan un
promedio de 257 por ciento.
El análisis consideró cinco contratos en cuatro entidades públicas:
dos en la Comisión Nacional del Deporte y uno en cada una de las
siguientes entidades: IMSS, ISSSTE e Instituto Nacional de Medicina
Genómica. Las causas principales de diferimientos fueron proyectos
ejecutivos incompletos, planeación insuficiente y bases de licitación
inadecuadas, las cuales generaron incrementos que alcanzaron 69.5 por
ciento respecto al monto contratado y desfasamientos desde 90 hasta
1760 días (casi cinco años).
Seis contratos más (cuatro en la Secretaría de Seguridad Pública,
uno en el Senado de la República, y uno en el Instituto Nacional de
Estudios Históricos de las Revoluciones de México) revelan proyectos
ejecutivos incompletos, cuyo diferimiento ocasionó incrementos de 50.9
a 161 por ciento y desfasamientos de 53 a 545 días (año y medio),
respectivamente.
Y en materia de gasto federalizado cinco contratos (cuatro del
Gobierno del Distrito Federal y uno del gobierno de Veracruz), donde el
proyecto ejecutivo incompleto y la falta de radicación oportuna de los
recursos fueron las causas principales de diferimientos, lo cual
ocasionó incrementos hasta de 92.2 por ciento y desfasamientos de 92 a
1168 días (más de tres años).
Las rebanadas del pastel
Entonces, dinero sí hay. El problema es cómo lo gastan y cómo y a quién lo
devuelven.
La amenazan por adeudo inexistente con Iusacell
Hoy me explico cómo despojan
a quienes no tienen con qué defenderse de los empresas como Iusacell.
Lo que me está ocurriendo es un intento de despojo de quienes se dicen
empresarios honestos.
¿Cuál
es el margen de maniobra en materia de política exterior para un país
como México? En el anterior artículo describimos cómo se ha venido
uniformando la actuación internacional de muchas naciones y cuán
difícil resulta una acción independiente e innovadora. Exploremos ahora
aquellas cuestiones que quizás sean susceptibles de acciones alentadas
por países como el nuestro.
Las
recientes reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución no son una
reforma educativa, esto lo reconocen todos los conocedores de la
materia. Sólo la propaganda gubernamental insiste en que se ha hecho
una reforma educativa generadora de múltiples beneficios, y bombardea a
la población con mensajes de todo tipo y por todos los medios, con
múltiples promesas de una pronta vida mejor. Así busca legitimidad el
nuevo PRIque nos ofreció lo mismo con las
reformas educativasde Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Salinas y Zedillo (ni hablar de las del PAN).
Hace
siete años ocurrió la explosión en Pasta de Conchos, la mina en la que
murieron 65 trabajadores, muchos de los cuales nunca fueron rescatados
para consuelo de sus familiares. Según un artículo publicado en estas
páginas por el dirigente del sindicato minero, aún quedan 62 cuerpos
enterrados en el lugar donde los sorprendió el desastre, sin esperanzas
de ser recuperados. ¿Qué ocurrió? Que la empresa, apoyada por las
autoridades competentes, decidió en su momento suspender la búsqueda de
los trabajadores –aun sin saber si quedaba alguno vivo–, argumentando
razones técnicas o de seguridad. Y cerró el caso. Tiempo después,
cuando ya se creía olvidada la historia de Pasta de Conchos, fuimos
testigos asombrados del alucinante rescate de los mineros chilenos
gracias a la combinación de la tecnología, la voluntad de vida de las
propias víctimas y el esfuerzo sin excusas de las autoridades. A
diferencia de lo ocurrido aquí, allí el país entero se sumó a la hazaña
y la solidaridad les llegó del mundo entero. El recuerdo de Pasta de
Conchos hizo inevitable la comparación entre los dos accidentes y sus
respectivos desenlaces. Obviamente, se puso en evidencia la actitud de
las autoridades. La diferencia entre unas y otras –chilenas y
mexicanas– no estaba, por cierto, en la orientación clasista de los
gobiernos, digamos, ya que ambos provenían de la derecha histórica,
sino en algo que de tan elemental se olvida y que al final hizo la
diferencia: el respeto a la propia legalidad (Piñera-Chile) y la
primacía de la vida humana; la resignación de la ley ante los intereses
manifiestos de un grupo de poder económico, en este caso la Minera
México y el desprecio por los trabajadores (Fox-Calderón). Sin embargo,
a pesar del tiempo transcurrido, según Napoleón Gómez Urrutia
el homicidio industrial que se cometió allí sigue sin investigación y sin castigo para los responsables. Una vergüenza histórica que el sindicato denunció en muchas ocasiones y que no debe continuar más, porque daña la imagen de México y revela un sistema de protección ilegal y absurdo que denigra al sistema de justicia mexicano. Y tiene razón. Lamentablemente, la empresa actúa con toda impunidad, sabedora de que ocupa un lugar privilegiado en la visión que domina la política económica desde hace décadas. La subestimación del trabajo como fuerza productiva calificada es un rasgo de ese falso desarrollismo sustentado en la expoliación de los recursos naturales y la sobrexplotación laboral. El problema de fondo es que si no se produce un cambio de rumbo en los medios y fines alentados para fomentar la economía nacional, en el mejoramiento de la situación laboral, en la capacitacion y en los acuerdos para la productividad, México seguirá expuesto a reditar estas tragedias, puesto que las relaciones sociales seguirán gobernadas por la ley del más fuerte, es decir, por aquellos favorecidos que a cambio de inversiones frescas pueden pasar por el ojo de la aguja gracias a su poder material, así como por las influencias que de ello se derivan que los convierten en privilegiados con derechos a salvo. Y superar eso ya se ve más difícil si, en contrapartida, no se organiza la fuerza colectiva de los trabajadores con el respaldo de la sociedad civil y las fuerzas democráticas y, por consiguiente, sin la adopción hegemónica de una política democrática orquestada en y por el Estado. Sin embargo, ya hemos visto cómo en las circunstancias concretas se desestiman los planteamientos del mejor sindicalismo para hacerle concesiones a un empresariado que poco tiene de emprendedor y sí bastante de fruta crecida en el invernadero oficial, tantas veces dispuesto a salvar de su intolerable ineficacia a los grandes nombres y familias que capitanean fortunas inmensas y abusan a cambio de la mediocridad general de la economía y en nombre de la competencia, el mercado y la libertad individual.
Este
año, la transgénesis cumple 40. Son pocos años, si se considera que la
manipulación transgénica (la introducción forzada de material genético
de varios organismos diversos en otro que los recibe y los reproduce)
es una intervención en la biología del planeta sin precedente en los
miles de millones de años que ha existido la vida en esta, nuestra
esquinita del cosmos.
La
resplandeciente victoria del presidente Rafael Correa en las elecciones
del 17 de febrero revela una extraordinaria extensión en el electorado
ecuatoriano del apoyo a su propuesta y a su gestión. Más notable por
haberse alcanzado no sólo frente a la oligarquía y la derecha locales,
sino ante una alianza de fuerzas del capital internacional, que con el
activo concurso de la CIA y otros servicios especiales imperialistas se
oponen a la Revolución Ciudadana liderada por Correa, de considerable
incidencia en el proyecto a favor la segunda independencia de América
Latina y el Caribe. Es notoria la sistemática saña contra el gobierno
de Ecuador de la mafia mediática ecuatoriana e internacional.
Destacadamente todas las grandes televisoras de habla hispana, con CNN
en español a la cabeza, así como la totalidad de diarios de la Sociedad
Interamericana de Prensa y los madrileños El País, ABC y El Mundo, enemigos jurados del giro hacia la independencia y la justicia social en nuestra América.
La
reforma estructuraldel poderoso sector financiero (SF) que en sentido estricto del término realizó el gobierno de Rafael Correa desde el inicio de su gestión en enero de 2007, amerita especial atención tanto por el papel que ha jugado ese enfoque en el afianzamiento de las bases sociales del régimen, en medio de la mayor crisis económico-financiera registrada desde los 1930, como porque la restructuración del SF mostró a la región y al mundo que hay alternativa –y enroque– ante el recetario macroeconómico, procíclico, desregulador y vulnerabilizante articulado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde sus entes subrogados: FMI-Banco Mundial-BID.
Una
joven estudiante de periodismo me hizo un par de preguntas que me
llevaron a reflexionar de nuevo acerca de mi oficio de crítica de
teatro, lo que da pie a este artículo aunque ignoro si mi voz habla por
mis colegas. El primer cuestionamiento de la estudiante se refiere a la
diferencia entre críticos y reporteros, abriendo de nuevo el viejo
debate de si el reportero debe emitir opiniones acerca de la
escenificación vista, en el caso del teatro. A pesar de los muy
conocidos casos de reporteros que se van especializando y acaban por
ser críticos ejemplares, yo pienso que no, porque su materia de trabajo
es muy otra, aunque el enfoque que dé a su nota es en sí mismo una
especie de opinión; mientras el crítico ha de analizar cada uno de los
elementos del montaje y fundamentar en lo posible sus juicios, el
reportero describe lo que ocurre, hace entrevistas a los participantes
o se hace eco de lo que se dice en las conferencias de prensa. Pero
tiene grandes compensaciones, y lo digo con cierta envidia, en cuanto a
las políticas culturales. A sus reportajes se les concede mayor espacio
en los diarios, lo que incluye fotografías y por ende su peso ante la
opinión pública es mucho mayor y no es extraño que un buen reportaje
influya en otros, como una cadena y se llegue a alguna modificación de
un hecho lesivo. En cambio, cuando el crítico desliza en su nota algún
comentario de política cultural, ni quien haga caso. Por otra parte,
está la estabilidad laboral. Los reporteros pertenecen a sindicatos que
los defiendan en casos de injusticia, mientras los críticos, como
colaboradores, no tenemos contratos (aclaro que no es mi caso, porque La Jornada es mi generoso lugar de trabajo, pero muchos padecen de ir del tingo al tango)
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