La población en el
Estado de Morelos está viviendo en medio de una grave crisis de
inseguridad y violencia que sobresale de entre situaciones similares que
se viven en todo México. La situación en Morelos pone al desnudo la
vinculación entre las instituciones del Estado y la industria criminal
que lleva a su extremo la descomposición capitalista en el aspecto
fenoménico de la barbarie. La barbarie capitalista de la violencia
ligada a los negocios de la droga, ocurre simultáneamente con la
agudización de la desigualdad social y la privación de derechos humanos
de la mayoría, mientras crece el fortalecimiento del aparato represivo
del Estado para impedir que las protestas sociales se transformen en
luchas antineoliberales, por derechos humanos plenos para todas y todos y
en última instancia anticapitalistas..
El asesinato de Gisela Mota,
presidenta municipal de Temixco, es el caso reciente que ha impactado
social y políticamente, en un estado donde existen precedentes
importantes, impunes y sin solución como la desaparición de nuestro
camarada José Ramón García Gómez en 1988, la masacre de indígenas en
Xoxocotla en 1989, los crímenes que detonaron el Movimiento por la Paz
con Justicia y Dignidad en 2010, la desaparición de Jehtro Ramsés
Sánchez Santana o el feminicidio de Doña Petra Benítez Barrios junto a
su hijo y su nieto, que forma parte de los 633 feminicidios documentados
por la CIDHM del año 2000 al 2015 para fundamentar la solicitud de
Alerta de Violencia de Género, así como la desaparición y asesinato del
activista Gustavo Delgado Salgado.
Los niveles de violencia
criminal e institucional se han mantenido en una espiral creciente. Las
causas son estructurales y propias del sistema capitalista en crisis
que, sin embargo, tratan de ocultar para utilizar políticamente pero no
para resolver realmente. La violencia institucional diseñada para
impedir que la protesta social crezca, se extiende como un cáncer que va
infestando todo el cuerpo social y termina afectando gravemente la vida
y la libertad de la mayoría de la sociedad.
Si la desaparición
forzada de nuestro camarada José Ramón nos permitió identificar con
claridad a sus autores materiales y lograr que fueran llevados a la
cárcel, demostrando que fue el propio Estado a través de un grupo de
policías creado para perseguir militantes revolucionarios y luchadores
sociales, no se logró esclarecer definitivamente su paradero y
establecer la verdad histórica que el gobierno se empeña en ocultar. Un
dato no menor es que José Ramón fue candidato a la Presidencia Municipal
de Cuautla en 1988, por lo que los atentados de índole política tienen
antecedentes que no hay que olvidar para analizar la situación actual.
El caso de Jehtro Ramsés a su vez mostró que la biopolitica de la
desaparición forzada se había extendido a cualquier persona sin que
necesariamente llevara a cabo acciones de lucha o de protesta social.
Hoy existen 93 casos de desaparición en dos años en Morelos y sobre todo
mujeres jóvenes.
El feminicidio de Doña Petra ocurrió
igualmente contra una abuela que se transformó en activista en la
defensa de los derechos del pueblo luego de la masacre de Aguas Blancas y
de la persecución que sufrió su familia campesina a manos del Estado y
policías privados hasta arrancarle la vida. Este ejemplo paradigmático
forma parte de la larga lista de impunidad en que permanecen la mayoría
de los feminicidios en Morelos durante más de 15 años. En menos de un
mes se han presentado ya 5 feminicidios en enero de 2016.
La
desaparición y asesinato de Gustavo Salgado Delgado, militante del FPR,
ha sido la muestra de la violencia contra un activista social que se
extiende cada vez más bajo un gobierno perredista que no se distingue de
sus antecesores de otros partidos, sin que se esclarezca la verdad ni
se logre la justicia que son elementos fundamentales para que esta clase
de hechos no se repitan.
Pésimos antecedentes de una justicia
al mejor postor que tienen un sesgado carácter de clase, donde
únicamente se detiene a quienes atentan contra la vida de los poderosos
económica y políticamente, sin que se haga justicia a la mayoría de
víctimas pobres, desamparados, desconocidos, sin nombre y sin rostro,
que se llegan a excluir inclusive de las estadísticas oficiales.
No es mera coincidencia que los niveles de criminalidad hayan crecido a
la par de las políticas neoliberales. El Estado se transforma acorde
con las necesidades económicas y políticas de los grupos de poder
capitalistas hegemónicos o dominantes a escala planetaria. Abandona las
políticas de bienestar social , al juzgar como empresas privadas
servicios sociales y fortalece el aparato represivo policiaco y militar.
En Morelos en su momento el gobierno panista de Marco Adame y ahora el
perredista de Graco Ramírez, aplicaron la política de guerra contra las
drogas diseñada por Calderón, encubriendo el objetivo real de la lucha
entre diversos grupos por el control monopólico de las ganancias del
negocio del narcotráfico. La militarización de la seguridad pública es
consecuencia de los afanes de elevar los niveles de ganancia de las
industrias criminales. Los circuitos financieros donde se lava el dinero
proveniente de toda clase de negocios ilícitos, se aceitan con la
sangre del pueblo que padece los estragos de una guerra, oculta primero,
y luego abierta. La producción, trasiego y consumo de drogas y toda
clase de estupefacientes, crece al amparo de ésta supuesta guerra, donde
en lugar de disminuir el narcotráfico se instala en prácticamente todo
el cuerpo social. El involucramiento de policías y militares con la
delincuencia no es meramente circunstancial. Es producto de los altos
intereses económicos en juego. No hay delincuencia organizada sin
complicidad y anuencia del Estado. La impunidad es generalizada porque
las estructuras de poder están imbricadas con la corrupción y sus
efectos corrosivos.
El gobierno priista fue el que estableció
acuerdos políticos estratégicos con el gobierno norteamericano para ser
una plataforma de producción de drogas desde los años de la guerra de
Corea, y lo sigue siendo para abastecer el mercado más grande del mundo
que se ubica precisamente entre la población norteamericana. El mercado
mundial del narcotráfico genera ganancias de más de 500 mil millones de
dólares anualmente y de ellos se quedan en las entrañas del imperialismo
más del 80% dejando el resto para los países productores. El número de
víctimas mortales es inversamente proporcional al destino de las
ganancias. En esta historia son los pueblos pobres los que siguen siendo
explotados por el poder del capital. Las cárceles en los propios
Estados Unidos están llenas de afodescendientes, migrantes latinos,
pobres y desempleados. Del mismo modo, las cárceles en México crece la
población juvenil y de acusados de estar ligados a delitos por trasiego
de estupefacientes. El negocio de las drogas no se detiene en remendar
las heridas humanas.
Actualmente el gobierno perredista de
Morelos está embarcado en justificar su estrategia policiaca y
militarista de fortalecimiento del Mando Único, sin modificar un ápice
las políticas dominantes que criminalizan a los jóvenes y a los
consumidores de estupefacientes, lanzando todo el poder de fuego contra
supuestos o reales integrantes de bandas de crimen organizado que hoy
son identificados de una manera y mañana crecen y se multiplican porque
se mantiene la impunidad y el motivo principal de su surgimiento, que es
la obtención de la mayor ganancia en el menor tiempo posible, divisa
del capital neoliberal y mafioso. Estado criminal. Estado mafioso.
Narcoestado. Estado policíaco. Todas estas denominaciones no alcanzan a
identificar plenamente la enorme descomposición institucional en aras de
mantener el poder en unas cuantas manos. El asesinato de la Presidenta
Municipal de Temixco se utiliza para imponer el Mando Único en todo
Morelos pero también el gobierno de Peña Nieto lo utiliza, así como la
colaboración de Graco Ramírez para justificar e imponer el mando único
en todos los estados de la República.
La alternativa a la
violencia criminal e institucional no es el Mando Único que se ubica en
la misma lógica de militarización de la sociedad y que incrementa
violencia contra la sociedad.
Vivimos en un estado de guerra
donde el pueblo sufre las consecuencias. Es una expresión de la
barbarie. Descomposición del tejido social que implica romper las
relaciones de solidaridad por el sálvese quien pueda del individualismo
egoísta.
La lucha por los derechos humanos forma parte
sustancial de la lucha por una sociedad socialista, con justicia social,
sin clases que opriman y exploten unas a otras y sin discriminación ni
violencia. Derechos y libertades democráticas que han sido producto de
las luchas históricas de los pueblos y no concesión gratuita de las
clases dominantes. Derechos que son violados sistemáticamente bajo el
capitalismo. Derechos que son irrenunciables desde ahora y que son
imprescindibles para la vida, la libertad, la dignidad. La lucha por
hacer vigentes los derechos humanos forma parte de la lucha de la
izquierda socialista en nuestro país. Desde los años 70s la formación de
los comités contra la represión, por la libertad de las y los presos
políticos, por la presentación de los desaparecidos, ha sido impulsada
por familiares como las doñas del Comité Eureka y apoyadas por el PRT y
múltiples organizaciones políticas de izquierda, sociales y sindicales.
Un amplio movimiento independiente, no gubernamental, de organizaciones
de derechos humanos, se fortaleció sobre todo durante los años 80s a la
fecha. Una cultura de respeto a los derechos humanos ha permeado en
amplias capas sociales que resienten y resisten ante las consecuencias
de la ofensiva privatizadora, represiva y neoliberal del capitalismo
dominante.
La crisis del sistema de dominación, expresada con
mayor claridad desde las multitudinarias protestas contra el gobierno de
Peña Nieto, a raíz sobre todo, de la tragedia de Iguala con los 43
desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, ha crecido con ondas
expansivas en todo el país. Morelos no es la excepción. A la estrategia
militarista de la seguridad pública se han sumado todos los partidos con
representación institucional. El gobierno de Graco Ramírez en Morelos
se asume como el promotor principal de la estrategia de centralización
de la policía con un Mando Único, bajo una perspectiva militarista y
autoritaria, represiva, que no garantiza seguridad humana y ciudadana.
La impunidad generalizada no puede ser eliminada mediante el uso de la
fuerza letal, sino con la aplicación de la justicia que éstos gobiernos
son incapaces de garantizar por la corrupción generalizada en las
instituciones encargadas de procurar y administrar justicia.
Desnudar las violencias y los beneficiarios del sistema es luchar por el
respeto pleno a los derechos humanos de todas y todos. Recuperar la
capacidad humana de indignarse frente a cualquier dolor que sufren las
víctimas a manos de criminales y perpetradores. Exigir justicia y verdad
frente al Estado no significa confiar en las instituciones, sino en la
capacidad de organización autónoma para conseguirlo.
Por eso es
necesario sacar las lecciones de enormes movimientos que han impactado
socialmente en nuestro país, para no olvidar que si es el Estado el
responsable, por acción u omisión, de éstos crímenes, se requiere una
estrategia de lucha unitaria que coloque en el centro una perspectiva de
derechos humanos sin concesión alguna a quienes usan y abusan del
poder. Y si el Estado es responsable de estos crímenes y la violencia
institucional es una política de Estado, la lucha por el respeto a los
derechos humanos es también una lucha política. Una lucha contra el
poder oligárquico neoliberal y sus partidos. Ninguna confianza en que
los gobiernos emanados del PRD puedan encabezar una lucha contra sus
aliados de otros partidos como el PRI o el PAN, incluyendo a los otros
que comparten la responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. No
olvidamos que en Iguala y en el Gobierno de Guerrero fue el PRD el
partido que tenía el poder al momento de la desaparición de los 43 de
Ayotzinapa. No es casual que en medio de la crisis en Temixco, las
distintas facciones del PRD se acusen mutuamente de estar tras el
feminicidio de Gisela Mota y aprovechen para instalar el Mando Único por
decreto en 15 municipios, incluyendo Temixco y Cuernavaca, en medio de
ataques y descalificaciones con el gobierno de Cuauhtemoc Blanco, para
que se acepte esta estrategia severamente cuestionada desde la defensa
de los derechos humanos.
Por eso se requiere fortalecer la
denuncia nacional e internacional de éstos crímenes, y exigir justicia
en los casos como el de Gisela Mota y el de Doña Petra Benitez Barrios y
los cientos de feminicidios, exigir que todas las medidas de la Alerta
de Violencia de Género sean aplicadas sin simulaciones para detener y
erradicar el feminicidio, por conseguir que se desmilitarice la
seguridad pública y los militares regresen a sus cuarteles, que haya
esclarecimiento de todos los casos de miles de desaparecidos, desde José
Ramón hasta la fecha y que los 43 regresen a casa. Justicia y verdad
para Gustavo Salgado Delgado y los decenas de jóvenes que han sido
asesinados, como los 29 casos que se han acumulado en menos de un mes en
enero de 2016, en medio del mayor operativo policiaco y militar sin que
se detenga esta ola de violencia en Morelos.
Con nuestro
respaldo a la lucha de organizaciones como la Comisión Independiente de
Derechos Humanos, a defensoras y defensores, a periodistas y a pueblos
que luchan de manera autónoma en Morelos, exigimos respeto a su labor y
actividades que llevan a cabo.
Nuestro compromiso militante en
esta lucha lo debemos asumir cotidianamente en donde quiera que nos
encontremos. Fortalezcamos las movilizaciones nacionales e
internacionales por los 43 de Ayotzinapa y por la Alerta de Violencia de
Género en todo el país. Esta será una forma de respaldo a la lucha en
Morelos por lograr que haya seguridad humana y ciudadana sin
militarización ni mando único, con pleno respeto a los derechos humanos.
Por un Gobierno Obrero y Campesino.
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) - Comité Político, Ciudad de México, enero de 2016
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