Octavio Rodríguez Araujo
Es buena la idea de modificar el artículo 3° constitucional para que las universidades públicas sean gratuitas, tanto en nivel medio superior como superior. En mi opinión así lo señala el artículo citado, pero es evidente que su redacción ha dado pie a confusiones.
El mencionado artículo sentencia que “toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”. Sus fracciones IV y V establecen, respectivamente, que “toda la educación que el Estado imparta será gratuita; [y que,] además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”.
El desconcierto viene de que se habla de obligatoriedad y de gratuidad, confundiéndose los términos como si uno fuera consecuencia del otro. Así ocurrió en el debate que abrió el rector de la UNAM en 1999, Francisco Barnés, y que condujo a la paralización de las actividades universitarias por alrededor de 10 meses. Él y no pocos de sus asesores y juristas afines cayeron en dicha confusión, pasando por alto que si la educación superior era impartida por el Estado, aunque no fuera su obligación ofrecerla, tendría que ser gratuita, pues toda la educación que el Estado imparta será gratuita, como decía y sigue diciendo el artículo constitucional citado. Así lo alegué en aquellos años y vuelvo a hacerlo ahora, con la diferencia de que mis argumentos de entonces tienen ahora más defensores que antes.
La confusión entre obligatoriedad y gratuidad sigue siendo esgrimida en el presente. En entrevista con Reforma (15/8/18), Jennifer O'Donoghue, especialista de la organización Mexicanos Primero, señaló que “tenemos muchísimos problemas todavía en el sistema de educación básica y de educación media superior y hacer también obligatoria o pensar que vamos a poder asegurar que todos lleguen a la educación superior, es un reto que no estamos ni cerca de poder hacerlo” (las cursivas son mías). Para ella, la propuesta de Olga Sánchez Cordero de promover una reforma constitucional para ampliar la gratuidad a la educación superior impartida por las universidades públicas, sería cuestionable porque no existen condiciones para hacerla obligatoria como ocurre en los niveles inferiores. Pero es el caso de que nadie ha propuesto que sea obligatoria. Sólo se está proponiendo que explícitamente se diga que será gratuita y que así quede en el texto constitucional.
José Narro Robles, cuando fue designado rector de la UNAM, enfatizó en entrevista para El Universal (20/11/07) que la reforma que había promovido el ex rector Barnés en 1999 sobre las cuotas significaba en esos momentos 1.5 por ciento del presupuesto total de la institución y que, obviamente, esa no era la solución para el financiamiento de la Universidad Nacional. De la Fuente, quien lo precediera, no tocó el tema durante los ocho años que fue rector y las cuotas tampoco se modificaron. En el pasado proceso de sucesión que llevó a Enrique Graue a la Rectoría, todos los aspirantes al cargo se declararon defensores de la autonomía y algunos expresamente de la gratuidad de la UNAM cuyo financiamiento debe ser obligación del Estado.
Menciono lo anterior porque en días pasados la Coparmex propuso pago de cuotas parciales en la UNAM, IPN y otras universidades públicas a fin de fortalecer su financiamiento (Nota en El Financiero, 20/8/18). Para garantizar la viabilidad económica de las universidades públicas es necesario analizar con seriedad, y sin tabúes, la posibilidad de establecer cuotas parciales de recuperación en las universidades públicas, aplicables a las personas que sí pueden contribuir a solventar los costos del servicio educativo, señaló Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la confederación. Es decir, una propuesta semejante a la que hicieran no sólo Barnés hace 18 años sino también Carpizo en los años 80 del siglo pasado. La vieja idea es que los estudiantes con familias ricas paguen por los que son pobres y a éstos se les dé becas (normalmente a cambio de trabajo en los campus donde estudien). La realidad mexicana sugiere otra cosa, dados los niveles de pobreza existentes.
Quiero pensar que la idea de Sánchez Cordero es que todos los mexicanos que hayan cursado su nivel de bachillerato puedan estudiar una licenciatura sin pagar inscripción ni colegiatura en las universidades públicas. No más ni menos que esto, y me parece correcto.
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