"La repetida historia de nuestro país ha sido de funcionarios ilegalmente enriquecidos en el cargo".
Con los dedos de las manos podríamos contar los casos en que a un delincuente de cuello blanco se le incautan y decomisan los activos y propiedades malhabidas, para restituirse a la hacienda pública. La repetida historia de nuestro país ha sido de funcionarios ilegalmente enriquecidos en el cargo, que además de quedar en la impunidad, incluso aún y cuando se abran investigaciones judiciales en su contra, casi siempre se les deja intocada esa riqueza que fue producto de los recursos públicos que saquearon o de las triquiñuelas que hicieron al amparo del poder.
Por eso resulta de interés el que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo un segundo fallo judicial favorable para aplicarle la extinción de dominio y decomisarle a Emilio Lozoya otra de las mansiones que compró con recursos de procedencia ilícita: con dinero proveniente de los sobornos que le daban por los desastrosos negocios que hizo como director de Pemex, que a la petrolera le generaron quebrantos, para favorecer a los empresarios que le daban esos sobornos.
Esta segunda mansión que se ubica en la colonia Lomas de Bezares –una zona que se promueve como de “ultralujo” en la Alcaldía Miguel Hidalgo– es una construcción de 1165 metros y está valuada en más de 51 millones de pesos; la compró Lozoya con los sobornos que le dio el dueño de Agronitrogenados, Alonso Ancira, por hacer que Pemex le comprara con sobrecostos su planta chatarra, y con los sobornos de Odebrecht.
En marzo, como detallé en este espacio, la FGR obtuvo el fallo favorable para incautarle a Lozoya y su esposa la mansión que tenían en la zona más exclusiva de Ixtapa, que también pagaron con dinero de sobornos, y ahora la Fiscalía obtuvo el fallo judicial para decomisarle la mansión ubicada en Lomas de Bezares. La FGR probó jurídicamente que adquirieron ambas mansiones con recursos de procedencia ilícita.
Como muchos de esa camada de priistas que se hacían llamar “Nuevo PRI”, Lozoya resultó el clásico nepobaby traficante de influencias, hijo de exsecretario de Estado del salinato, y nieto de un político que fue Gobernador interino de Chihuahua. Nacido en pañales de seda, a Emilio Lozoya le gusta coleccionar joyas, relojes de lujo y obras de arte, su colección incluye cuadros de Picasso, Salvador Dalí, y Luis Zárate.
Pero por mucha maestría que hizo en Harvard, o el cargo que tuvo en el Foro Económico Mundial en Davos, eso no le inhibió de llegar al cargo público ya con visos de corrupción, dado que en sus tiempos como promotor de campaña de Enrique Peña Nieto ya recibía sobornos de grupos empresariales que serían beneficiados en ese Gobierno, y como director de Pemex usó su cargo para seguirse enriqueciendo.
Algunos de los negocios que para favorecer Odebrecht y a Ancira hizo Lozoya, los pactó precisamente en esa mansión de Lomas de Bezares. Dicha residencia, al igual que la de Ixtapa, las adquirió utilizando una enredada trama financiera mediante la cual buscaba maquillar el origen del dinero a través de empresas fachada en paraísos fiscales.
Desde el año 2019 las mansiones quedaron bajo aseguramiento como medida cautelar, y a partir de entonces la FGR litigaría aplicar a ambas propiedades la Ley de extinción de dominio. Lo que sigue es que se incorporen al patrimonio del Estado.
Hasta ahora son contados los casos en que se aplica la extinción de dominio sobre activos ilegalmente adquiridos por delincuentes de cuello blanco, porque históricamente hemos visto transitar por las instancias judiciales caso tras caso de delincuentes de la élite política o empresarial que, por negligencia, artimañas legaloides, o hasta por la colusión de las autoridades, esas propiedades que acumularon de manera ilícita les quedaron intocadas.
Por citar sólo algunos casos: el de Juan Collado, el abogado de políticos priistas, y todo el dinero que se llevó a paraísos fiscales como la Banca Privada D’Andorra; Collado quedó impune y ahora vive en Madrid, como su amigo y cliente Peña Nieto.
O también está el caso de Karime Macías, esposa y cómplice de Javier Duarte, aquella que en libretas escribía una tras otra la frase “Sí merezco abundancia” mientras saqueaba con su marido los presupuestos de salud y programas sociales de Veracruz usando empresas fantasma y factureras. Ella vive en Londres adinerada e impune en una exclusiva y costosas zona residencial.
En esos casos de las ilegales fortunas está la que el corrupto Carlos Romero Deschamps le heredó a su familia. Vivió Romero Deschamps saqueando los recursos del sindicato petrolero, y los millones que se le transferían desde Pemex, disfrazándose como supuestos préstamos, al estilo Pemexgate, y permaneció impune y usando el fuero de legislador para blindarse hasta el día de su muerte.
Pero hay también casos en los que la FGR tiene aún posibilidad de buscar la extinción de dominio sobre activos adquiridos con recursos de procedencia ilícita, como los que acumuló César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, otro del grupo que se hacía llamar “Nuevo PRI”, y quien con el dinero que saqueó de Chihuahua, compró propiedades en México y Estados Unidos.
Como parte de la Operación Justicia para Chihuahua, en el Gobierno de Javier Corral, la Consejería Jurídica y la Fiscalía de esa entidad llevaban en Texas juicios para reclamar la devolución de 49 propiedades que Duarte adquirió en Estados Unidos con dinero saqueado de Chihuahua.
Pero luego, cuando María Eugenia Campos llegó al Gobierno, abandonó esos juicios. Su oficina y la de su Fiscal dejaron de responder a los correos y comunicaciones en las cuales los abogados les solicitaban documentación para avanzar en los juicios en que se buscaba que se restituyera a la hacienda pública esos inmuebles.
Todavía en abril de 2025 el despacho que llevaba las demandas en Texas, le solicitó al Gobierno de Campos la información para avanzar en el juicio contra Duarte, unos días antes de que el Juez cerrara el caso, pero la Gobernadora de manera negligente y encubridora de Duarte ignoró esas peticiones.
Predecible la complicidad de Campos con Duarte, si consideramos que ella era una de las beneficiadas de la nómina secreta que el exgobernador tenía para los sobornos que entregaba.
Apenas en diciembre la FGR hizo efectiva la orden de aprehensión que contra César Duarte emitió un Juez penal federal, remitiéndolo al penal de El Altiplano, en Almoloya de Juárez. Se le imputa el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En su acusación la FGR señala que Duarte operó un esquema de lavado de dinero para ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales.
Así que ahora la FGR tiene la posibilidad de retomar también los litigios para buscar decomisarle a Duarte esas propiedades, que, según las estimaciones hechas por el despacho de Texas que llevaba los juicios, están valuadas en más de 30 millones de dólares.
Así como procedió la extinción de dominio para las dos mansiones que Lozoya compró con los sobornos que recibía, así también la FGR podría decomisarle a Duarte y a cada delincuente de cuello blanco la riqueza ilícitamente acumulada, para hacer valer la Ley y que no queden impunes los saqueadores que tanto han dañado al país.
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