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7/28/2019

Anuncia AMLO plan para fortalecer CFE

No aumentarán tarifas de energía
La IP mantendrá su participación de 46% en el sector, precisó


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▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador ayer, en Palacio Nacional.

La participación de particulares en el sector eléctrico continuará en el rango de 46 por ciento de la generación de energía, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, al presentar el plan de rehabilitación y mantenimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “No es un misterio: ya se trabaja en una planeación conjunta con el sector privado… No hay pleito ni confrontación”, sostuvo.
En conferencia de prensa, el mandatario se refirió a algunos proyectos de desarrollo económico: por un lado aseguró que no habrá aumento de tarifas de energía eléctrica y persistirá, hasta el final del sexenio, la participación estatal mayoritaria de 54 por ciento. También aseguró que el suministro está garantizado. Asimismo, refrendó el plan de construcción en el tiempo programado (dos años y medio) del aeropuerto de Santa Lucía, por lo que pidió a los jueces no aplicar tácticas dilatorias en la resolución de amparos interpuestos por opositores a la obra.
En la víspera, la Secretaría del Medio Ambiente emitió la manifestación de impacto ambiental, con base en la cual se podría avanzar en los trabajos, pero falta la conclusión de los procedimientos judiciales.
A nuestro juicio, aseveró, los amparos son improcedentes. Esperamos que la justicia sea pronta y expedita porque nos demora el tiempo de construcción. Seremos respetuosos. Ya tenemos todo. Lo único que estamos esperando es que se terminen de desahogar los amparos... Fue un avance tener ya el estudio de impacto ambiental.
A lo mejor, añadió, “lo que quieren nuestros adversarios es que no cumplamos en tiempo y forma, pero vamos a cumplir y lo estamos haciendo respetando todo el procedimiento legal.
“En otros tiempos, imagínense cómo dieron la autorización de impacto ambiental para construir (el aeropuerto de) Texcoco. ¿Lo supieron ustedes?, ¿se supo?... Nada, era un telefonazo: ‘Nos urge, hagan el estudio para llenar el expediente’. Pura formalidad”.
El Presidente destacó además que a ocho meses de iniciado su gobierno ha mejorado la producción de petróleo, al pasar de 507 mil barriles diarios en enero pasado a 706 mil, precisamente por mejoras en el mantenimiento a seis refinerías que estaban abandonadas.

Abandono de plantas
Sostuvo que en administraciones anteriores se abandonaron deliberadamente las plantas para restar capacidad productiva a la CFE y dejar en manos de particulares este mercado. De continuar esa tendencia, advirtió el mandatario, el sexenio actual concluiría con una participación de 75 por ciento del sector privado y sólo una cuarta parte del público, por lo que ahora la vía es la modernización y fortalecimiento de los recursos públicos.
Recordó que el esquema productivo actual de la industria eléctrica se inició en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando se modificó la ley secundaria para abrir el sector a la iniciativa privada, que llevó a un desplazamiento de la CFE y al aumento de las tarifas.
Por ello, subrayó, ahora se necesita fortalecer esta empresa, hacer más eficiente su operación, darle mantenimiento, generar ahorros y modernizar el sistema, el cual incluye –por ejemplo– 60 hidroeléctricas.
Prometió emitir en breve un informe acerca del robo y deudores en esta empresa, así como analizar esquemas de subsidios para incentivar el desarrollo productivo.
El Presidente estuvo acompañado en la conferencia por Carlos Andrés Morales Mar, director de Operaciones de la CFE, quien presentó un informe relativo a las 157 plantas y 469 unidades de generación de energía, con capacidad efectiva de 42 mil 71 megavatios, así como de los primeros resultados del mantenimiento que ha hecho posible la recuperación del equivalente a 10.84 por ciento en la generación de electricidad en todo el país, para quedar muy por encima del nivel mínimo operativo requerido.
Mencionó, a pregunta expresa, que las pérdidas no técnicas (robo de energía) se ubican en 11 por ciento, en particular en el centro del país. Igualmente se revisa el saqueo de cables y estructuras de transmisión, por lo que ponen en marcha estrategias para la detección automatizada de los hurtos.
Al mismo tiempo se avanza en un programa de recuperación de cartera vencida. Hay casos, como el de Tabasco, que tenían hasta 25 años sin pagar su luz, indicó el ingeniero Morales.
El Presidente propuso emitir en una semana un informe pormenorizado acerca de los deudores de la CFE, cuidando las restricciones que prevé la ley –en cuanto a datos personales–, como se dio con la condonación de impuestos.

Foto María Luisa Severiano
Periódico La Jornada

6/24/2019

Promete López Obrador una planta eléctrica en Quintana Roo

Considera que el sargazo no es un gran problema

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer en Quintana Roo que se invertirán 40 mil millones de pesos en la construcción del Tren Maya.
Tulum, QR., A pesar de las preocupaciones del gobernador Carlos Joaquín por las pérdidas económicas que genera la fuerte presencia de sargazo en las playas de esta entidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador matizó los alcances del fenómeno: No he hablado mucho de eso porque no considero que sea, como algunos dicen, gravísimo. No. Lo vamos a resolver.
Ante los quintanarroenses congregados, el mandatario detalló las razones por las que estima que el impacto del sargazo podrá superarse y no es tan grave: Ya di instrucciones al secretario de Marina y se van a construir hasta embarcaciones especiales para recogerlo y terminar el problema.
La visión del gobernador era muy diferente en cuanto a los alcances del daño: le quita belleza a nuestras playas, provoca pérdidas económicas, desempleo, falta de desarrollo y eso causa violencia. Un dato: estamos recogiendo casi mil toneladas de sargazo todos los días.
Acaso fue el único diferendo público en los dos actos que encabezaron durante los cuales a las peticiones del gobernador por subsanar el problema de energía eléctrica en la entidad, López Obrador respondió con la promesa de subsanar de fondo la problemática energética como un día antes lo hiciera en Yucatán.
Abandonaron todo el sistema eléctrico del sureste. Hace años que no hay instalaciones para el gas natural, para la electricidad y por eso los apagones. Creció mucho la población de Quintana Roo. Con las mismas instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad vamos a meter gas natural hasta Quintana Roo, desde Tuxpan, y se va a crear una planta de energía eléctrica en la península.
López Obrador hizo una larga exposición, tanto en Tulum como en Solidaridad (Playa del Carmen) de su política de austeridad y combate a la corrupción como ruta para que alcance el presupuesto. Su anuncio de la creación del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado generó respaldo popular en el encuentro. Precisó que su función será la realización de subasta de bienes decomisados para recolectar recursos que se canalizarán a los municipios pobres del país.
Hoy se vendieron bienes, residencias, terrenos durante una subasta en la Ciudad de México. Recordó que en una primera subasta de autos de lujo se captaron recursos para destinarlos a dos municipios muy pobres de Oaxaca.
López Obrador ratificó su decisión de transformar a Chetumal en una zona libre con prerrogativas fiscales similares a las que ya tiene la franja fronteriza del norte del país.
El mandatario ya había descrito las asimetrías históricas en el trato regional en detrimento del sureste: Fíjense en las paradojas. Los estados que más han aportado al desarrollo de México son los más abandonados. Imagínense, ¿cuánto petróleo han sacado de Tabasco, Veracruz, Chiapas, Campeche? Muchísimo. ¿Cuánto ha sacado la Federación del turismo de Quintana Roo? Y resulta que son los estados con mayor pobreza.
Destacó la solidaridad de los pueblos originarios de Quintana Roo para absorber a miles de ciudadanos que han llegado para ganarse la vida. Aunque haya celos en otras regiones vamos a darle a Quintana Roo lo que le corresponde.
Informó que la construcción del Tren Maya implicará para esta entidad una inversión de 40 mil millones de pesos. Sólo que antes tenemos que ordenar el territorio, ordenar el desarrollo porque ha habido mucho desorden, mucha anarquía, también abusos, despojos de tierra. Hay que poner orden en eso.
Foto Presidencia
Alonso Urrutia
Enviado
Periódico La Jornada

4/02/2019

La iniciativa que busca recobrar el sentido social a la electricidad


El problema de los altos cobros de la electricidad que viene afectando a millones de mexicanos desde hace más de 2 sexenios, agudizado en el centro del país tras el aberrante decreto de extinción de Luz y Fuerza en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, es uno de los agravios sociales que no admite dilación alguna por parte de los miembros del partido mayoritario en el Congreso, para analizar la iniciativa ciudadana que propone la aplicación del borrón y cuenta nueva,  el establecer una tarifa social y elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad como un derecho humano.
A principios de marzo pasado este lastre heredado al nuevo gobierno hizo crisis en entidades como Tabasco, donde el gobernador Adán Augusto López se vio precisado a girar la instrucción para detener a los trabajadores y vehículos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que en la entidad cortaran el servicio a usuarios domésticos, sobre quienes pesan acumulados adeudos por la imposición de  tarifas como la 1C y 1D –de las más caras del país–, aplicadas de manera arbitraria por décadas en 14 de sus municipios.
Vivir en regiones con climas en extremo cálidos hace de la electricidad un medio indispensable para la subsistencia. Desde hace años, medio millón de tabasqueños se mantienen en resistencia por los exagerados cobros de la CFE,  que en los gobiernos neoliberales extravió el sentido social de la prestación del servicio.
En el centro del país el asunto apareció luego de que Calderón Hinojosa cerrara de la noche a la mañana a Luz y Fuerza, dejando sin empleo a 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Como parte de la estrategia impuesta por los organismos internacionales para desmantelar y privatizar al sector eléctrico nacional, el expresidente panista echó mano de la más rancia demagogia para prometer a los 6 millones de usuarios que eran atendidos por la exparaestatal, una baja en las tarifas y un mejor servicio.
Como lo constató la sociedad en su conjunto, el golpe al SME y la cancelación de la entidad pública resultaron contraproducentes para el bienestar de la población porque en la mayor de las irresponsabilidades públicas, la CFE inició de manera “estimada” el cobro de los consumos sin tomar siquiera en consideración el nivel socioeconómico de los usuarios.
De la noche a la mañana miles y miles de atropellos empezaron a reproducirse por doquier al llegar  recibos con cantidades impagables a innumerables hogares humildes y de clase media. Los funcionarios de Calderón y el extraviado mandatario prefirieron dar la espalda a quienes prometieron algo totalmente distinto.  Así como los electricistas del SME se encontraron de un día a otro sin empleo, los usuarios se enfrentaron ante la disyuntiva de comer o pagar la luz.
Durante su campaña, el expresidente Enrique Peña Nieto prometió atender las anomalías y bajar la electricidad, pero  su compromiso no pasó de ser uno más en el repertorio de la gastada retórica neoliberal. Terminó su gobierno y las tarifas no bajaron, como tampoco se dio una solución al borrón y cuenta nueva, planteado por el SME junto con la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE). Esta última, una organización surgida de la sociedad civil y que a la fecha suma miles de adherentes en varios estados de la República.
El pasado 11 de octubre, aún con la administración pasada, la ANUEE, el SME y otras organizaciones, realizaron una multitudinaria marcha a la Cámara de Diputados para entregar al coordinador de Morena, Mario Delgado,  la iniciativa ciudadana acompañada de más de 200 mil firmas, para que el derecho a la electricidad adquiera rango constitucional como un derecho humano en beneficio de millones de mexicano, a través del establecimiento de una tarifa social, amén de solicitar la aplicación del borrón y cuenta nueva que ponga fin a la persecución judicial y administrativa de la CFE en contra de usuarios cuyo único delito es ser pobres y no poder pagar los “recibos locos” de la ahora empresa productiva del Estado.
Los legisladores no pueden seguir prorrogando un tema que ha terminado por extender sus costos a las propias instancias de gobierno, acorraladas por la insolvencia de pagos a la Comisión Federal y que está afectando de manera directa a la prestación de servicios básicos como el abasto de agua potable. Alcaldes de ciudades tan distantes y disímbolas como Acapulco y Ecatepec han lanzado un SOS al nuevo director de la CFE para que también a ellos se les haga extensivo el borrón y cuenta nueva.
El edil Fernando Vilchis Contreras ha solicitado la condonación de 447 millones de pesos, pues de lo contrario miles de habitantes corren el riesgo de quedarse sin agua en uno de los municipios más poblados y marginados de México.
Las consecuencias de haber extraviado todo sentido social en la prestación del servicio eléctrico en los gobiernos neoliberales, están a la vista y la solución en manos de los nuevos funcionarios y los legisladores de un partido que deben sentarse a escuchar y a analizar junto con millones de afectados la mejor solución.
Es evidente que la nueva política energética busca recobrar el sentido nacionalista que inspiró la Expropiación Petrolera de 1938 y la Nacionalización de la Industria Eléctrica en 1960, en los gobiernos de Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos.
Nadie puede vivir sin electricidad y buena del desarrollo integral del país depende de las pequeñas y medianas empresas así como del comercio y la prestación de servicios. Una tarifa social ayudará a que los que menos tienen no vean afectada su frágil economía por excesivos cobros, y una política integral de tarifas justas ayudará a salir adelante a muchos negocios que han debido cerrar a consecuencia de los recibos locos que han causado infinidad de estragos en la antes zona de influencia de Luz y Fuerza del Centro.
En dos ocasiones la iniciativa de la ANUEE, con el acompañamiento del SME, fue ignorada por los Congresos de corte neoliberal. Es momento de que los legisladores de Morena vuelvan los ojos a la tercera presentación de la misma, donde miles de mexicanos les piden ejercer de manera nacionalista y responsable su papel como representantes de un pueblo cansado de sacrificar su vestido, alimentación y hasta salud por tener que pagar su electricidad.
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

5/27/2018

Derecho a la electricidad

Los de Abajo
Gloria Muñoz Ramírez

Hace 25 años nació en la costa de Chiapas el Frente Cívico Tonalteco. Las altas tarifas de energía eléctrica lograron que la gente se organizara en una lucha que un cuarto de siglo después se amplió a la defensa de la tierra y el territorio y de los derechos humanos, dando pie a la conformación del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa y al Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa.
Guadalupe Nuñez Salazar, del Frente Cívico, refiere que en los años recientes la gente ha aprendido mucho sobre sus derechos. No se dejan y, en el caso de los altos costos de la luz, tienen claro que el problema no se resolverá hasta que la energía eléctrica sea reconocida como un derecho humano. En 1993, cuando iniciaron, sólo exigían una tarifa justa, hoy saben que tienen derecho a exigirla, sobre todo porque no pueden seguir permitiendo los abusos y que una familia pobre tenga que pagar hasta mil pesos por el consumo de energía de una pequeña vivienda que cuenta dos focos y una televisión.
En Tonalá, sede del Frente y del Consejo, actualmente hay más de 280 familias organizadas contra las altas tarifas de luz y la imposición de medidores digitales, aunque la respuesta del gobierno viene de la mano de las amenazas, el hostigamiento, las demandas y el encarcelamiento. La gente, sin embargo, no permite la colocación de los nuevos medidores y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le suma ceros a lo que considera deudas por cobrar. Entre 60 y 200 mil pesos se empeña en cobrar a las familias que siguen en la resistencia.
Que la luz sea considerada en la Constitución como un derecho humano, que la tarifa esté en función de las posibilidades de las familias, que se respete la organización y que se termine la persecución contra los integrantes del frente, son algunas de las demandas que refiere Guadalupe, quien también es integrante del Concejo Indígena de Gobierno (CIG).
El frente, por lo pronto, ofrece talleres de capacitación para que la misma gente componga las redes de energía y realice la reinstalación cuando le corten el servicio, tarea que, les dicen, representan un delito y por eso también son perseguidos.
Un cuarto de siglo no pasa en vano. Nacieron un año antes de que el movimiento zapatista conmocionara al mundo, y fue precisamente el alzamiento indígena el que hizo crecer la organización y entender que la lucha era más grande. El temblor de septiembre pasado los tomó por sorpresa, pero no solos, al menos no los que están organizados.