TIEMPO DE MUJERES

En 10 años, 600 fueron asesinadas en Oaxaca

El Estado, cómplice de la violencia contra mujeres

Por Soledad Jarquín Edgar

Oaxaca, 14 oct 09 (CIMAC).- En Oaxaca la violencia contra las mujeres sigue impune, sostiene Eduardo Liendro Zingoni, coordinador de Diversidades, A.C., quien apunta que un Estado que no previene ni atiende la violencia contra las mujeres es un Estado cómplice de los agresores.

Al participar en el Foro Ciudadano por la Transición a la Democracia en Oaxaca: Equidad de género y derechos de las mujeres, Liendro Zingoni destacó que la violencia contra ellas no es un problema aislado; tampoco es un castigo ni un asunto de mala suerte. Se trata de un problema cotidiano que se da de manera transversal.

El coordinador de Diversidades, A.C. destacó que Oaxaca ocupa el segundo lugar en homicidios contra mujeres y reveló que, entre enero de 1999 y mayo de 2007, los diarios locales documentaron 487 crímenes y 55 más fueron reportados en 2008.

Por otra parte, en lo que va de 2009, más de 50 mujeres han sido asesinadas; así, entre 1999 y 2009 podrían haber sido cometidos cerca de 600 homicidios contra mujeres en Oaxaca. Así, Oaxaca ocupa el primer lugar nacional en violencia sexual contra mujeres de todas las edades.

Zingoni aseveró que no existe una real aplicación de la justicia para las mujeres y recordó que, aunque existen “algunos avances”, como la aprobación de la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, ésta tiene “debilidades e imprecisiones”.

Además, criticó el hecho de que, aun cuando se han vencido todos los plazos, dicha Ley carece de reglamento; además, no fue derogada la Ley de Atención y Prevención a la Violencia Intrafamiliar, así que en Oaxaca están vigentes dos leyes que en ocasiones se contraponen.

ASESINATO, CUARTA CAUSA DE MUERTE ENTRE ADOLESCENTES

Por otra parte, al presentar un panorama de las enfermedades que atacan a mujeres y hombres, la investigadora Martha Castañeda Pérez sostuvo que en México los asesinatos son la cuarta causa de muerte entre mujeres jóvenes de 15 y 19 años de edad. En esa etapa, el primer lugar lo ocupan los accidentes, seguidos de los suicidios y, en tercer lugar, la leucemia.

Destacó que sólo durante los primeros cinco años de vida no existe diferencia alguna entre las muertes de niñas y niños; sin embargo, al pasar esta etapa existe una diferencia derivada de la condición social de las mujeres.

La investigadora e integrante del Centro de Derechos de la Mujer Naxwiin reconoció que, según datos estadísticos oficiales en México disminuyó la frecuencia de cáncer cérvico-uterino, pero aumentó el cáncer de mama. Lamentó que en este país y en Oaxaca aún se contabilice la muerte materna, lo que significa que el sistema de salud no está funcionando y muestra el lugar que las mujeres ocupan dentro de una sociedad.

La criminalización de las mujeres

En el foro, la coordinadora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Ana María Hernández Cárdenas, se refirió al tema del aborto y aseguró que las y los legisladores de Oaxaca se equivocaron en la reforma al artículo 12 de la Constitución local, conocida como ley antiaborto. Lo que han hecho, aseguró, es criminalizar a las mujeres, pues de un plumazo eliminaron las cuatro causales contempladas en el Artículo 316 del Código Penal.

“Convierten en delincuentes a las mujeres que utilizan el dispositivo intrauterino y negarán el servicio a las mujeres que llegan a los hospitales con embarazos ectópicos”, afirmó, y añadió que sistema de salud debe poner atención y vigilar la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046, que reglamenta la atención de la violencia contra las mujeres, incluyendo la violación.

Desde su perspectiva, la propuesta de no enviar a la cárcel a las mujeres que aborten, sino penalizarlas con 100 o 300 días de trabajo comunitario, es lo mismo que lapidar a las mujeres, como lo hacen al otro lado del mundo.

Lo que tienen que hacer, añadió, es sacar el tema del aborto del Código Penal y plantearlo como un problema de salud pública que cobra la vida de miles de mujeres cada año; “la cifra no la conocemos porque el aborto es clandestino; por el otro lado, debemos analizarlo como un problema de justicia social. O, incluso, cambiar la definición de aborto que contempla el Artículo 312 del Código Penal”.

Hernández Cárdenas planteó que se tienen que separar las decisiones del Estado de la influencia de las iglesias, y que es necesario verificar la responsabilidad de los hombres en un embarazo, pues el aborto es el único “delito” en que se castiga sólo a las mujeres. Para ello se requiere garantizar la educación sexual.

La consejera ciudadana de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca (CDDHO), Susana Chía, planteó, que debe imponerse la legalidad en la defensa de los derechos de las personas; la activista, quien se definió como una socialista, pidió retomar la soberanía como un principio de legalidad. “No podemos decir que tenemos la mejor Constitución del mundo o una de las más avanzadas, porque, ¿cómo llegamos hasta donde estamos ahora?”

La consejera ciudadana expuso que es necesario que la ciudadanía exija a la CDDHO que se mantenga el Estado laico, y que esta instancia pase de la ética de principios a la ética de la responsabilidad.

Podría sentar precedente ante violencia de género perpetrada por el Estado

Exhorta ALDF a CIDH a atraer caso de mujeres violentadas en Atenco

Por Gladis Torres Ruiz

México DF, 14 oct 09 (CIMAC).- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó un exhorto dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que atraiga la petición de acceso a la justicia presentada por 11 de las 26 mujeres víctimas de la represión durante los operativos policíacos en San Salvador Atenco, Estado de México, el 3 y el 4 de mayo de 2006.

El caso de estas mujeres violadas por policías durante dichos operativos fue presentado ante el organismo internacional el 29 de abril de 2008 por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Bárbara Italia, una de las víctimas.

La denuncia responsabiliza al Estado mexicano de haber violado los derechos a la integridad física, a la libertad y seguridad, a la dignidad y privacidad, al acceso a la justicia, a la igualdad y a la no discriminación e incluye los testimonios de las 11 mujeres violentadas, así como los peritajes realizados por el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Procuraduría General de la República (PGR).

El punto de acuerdo, promovido desde finales de septiembre de este año en la ALDF por la diputada del Partido del Trabajo (PT) Ana Estela Aguirre y Juárez, condena, además, que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata (Fevimtra) de Personas de la Procuraduría General de la República (PGR) haya “dado carpetazo” al conflicto.

De acuerdo con la legisladora, luego de tres años de tener “congelada” la investigación por tortura sexual contra las once mujeres cometida por policías de los tres niveles de gobierno en San Salvador Atenco y Texcoco, la Fevimtra cerró el caso y declinó su competencia en favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), lo que abre la posibilidad de que los crímenes queden impunes

Además, en el exhorto Aguirre denuncia la detención arbitraria de 145 personas en sus domicilios, allanamiento de morada perpetrado por los cuerpos policíacos, así como el trato cruel, inhumano y degradante hacia las y los detenidos por parte de la PGJEM y las autoridades del Centro Preventivo y de Readaptación Social Estatal de Santiaguito.

De igual manera, la propuesta aprobada también denuncia la incomunicación de que fueron objeto las personas retenidas en el Penal de Santiaguito, además de la tortura sufrida por los menos por 207 personas, a quienes funcionarios mexiquenses les violaron su dignidad humana y su integridad física, además de sus derechos a la legalidad y la seguridad jurídica, entre otras acciones.

LA HISTORIA

Los hechos en San Salvador Atenco ocurrieron el 3 y el 4 de mayo de 2006, cuando un grupo de floricultores fue desalojado violentamente en Texcoco; hubo 211 detenidos, entre ellos 47 mujeres y varios heridos, y se registró la muerte de un niño a causa de un petardo.

Durante el operativo, ordenado por las autoridades del estado que gobierna el priísta Enrique Peña Nieto con el respaldo del Partido Acción Nacional y la sumisión del gobierno municipal perredista, 26 mujeres fueron torturadas sexualmente y una de ellas fue detenida porque “se le quedó viendo al camión de la policía”; posteriormente, fue violada tumultuariamente.

La policía sitió San Salvador Atenco mientras que organizaciones civiles, como La Otra Campaña, llamaron a realizar acciones de protesta civiles y pacíficas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) declaró la alerta roja. Las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el lugar en contra de las mujeres fueron denunciadas casi inmediatamente y dieron la vuelta al mundo.

A tres años de los hechos, varios organismos internacionales se han pronunciado para que reciban castigo quienes ejercieron tortura sexual contra 26 mujeres detenidas en el operativo –de las cuales 11 decidieron emprender la acción legal– para que se repare el daño a las víctimas; sin embargo, hasta hoy, ninguno de los policías ha sido castigado con prisión y sólo a uno de ellos se le multó por “actos libidinosos”.

En contraste, 12 personas de Atenco permanecen en prisión, condenadas a decenas de años. Numerosos organismos internacionales defensores de los derechos humanos las consideran presos políticos.

Hasta el momento, la petición de acceso a la justicia presentada por las mujeres víctimas de los operativos policíacos se encuentra en trámite ante la CIDH. De resolverse favorablemente sentaría un precedente importante para incorporar la perspectiva de género en las investigaciones relacionadas con la violencia sexual contra mujeres perpetrada por el Estado.