6/26/2017

Las noticias de CIMAC



 Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.-  “Si quieren saber algo, búsquenlo en Internet”, nos repite constantemente el personal del Centro de Terapia y Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA) al preguntar sobre los servicios que da la institución y el protocolo de atención que brinda a las víctimas de violencia sexual en la Ciudad de México.
 
Nadie sabe nada y, entre un ir y venir de psicólogas y personal administrativo, esperan en la sala principal del CTA niñas y adolescentes,   acompañadas de sus madres para entrar a consulta, sólo hay una mujer adulta. El personal nos dice que no puede dar información, “porque es una situación muy delicada” y, en todo caso, “no tienen un modelo a seguir”.
 
La recepcionista, la primera que contacta a la víctima que llega al lugar, nos dice que no sabe cuándo se creó la institución o si tienen algún protocolo de atención. Nos manda al Centro de Investigación Victimológica y de Apoyo Operativo (Civa): “quizá ahí o en la página web de la Procuraduría General de Justicia local (PGJDF)”, dice, “pueden resolver sus dudas”.

Argentina Casanova* Cimacnoticias | Campeche, Cam .- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó un estudio que habla más de lo que se cree de la realidad de un país en el que, al igual que en otras regiones, puede encontrarse información de que son las poblaciones más vulneradas y diezmadas por la violencia las personas que pertenecen a grupos étnicos o estratos sociales menos favorecidos, en una intangible pero evidente política de exterminio contra los pobres.
 
Desde el autoclasificarse como “moreno-claro” en un auténtico oxímoron, hasta la afirmación de “no tiene la culpa el indio sino el que le hace compadre”, hay un problema social grave que se pone de manifiesto en el estudio del Inegi  en el que habla de una “paleta de colores” (tal y como en el estado nazi alemán se utilizó para clasificar a las poblaciones por su tono de piel, el color de los ojos y forma del cabello) y el auto reconocimiento de características “inherentes” –condición natural- de la pobreza y el analfabetismo en relación con un color de piel.
 
Es  una aceptación tácita de las personas que respondieron la encuesta de una realidad en la que la nota presenta un contexto social que pareciera ligado como condición natural a las características físicas de una persona, y no por una condición resultado del estigma y la criminalización.
 
Montserrat Antúnez Estrada Cimacnoticias | Ciudad de México.- Lucía Hernández Canul y Elizabeth Arias Nicolás, defensoras indígenas de los Derechos Humanos en Macuspana, Tabasco, advierten que lucharán hasta el último día y seguirán enfrentando la obstinación de las autoridades, como lo han hecho por siete años, hasta que consigan construir una maquila que beneficie a su comunidad con una vida y trabajo dignos.  
 
Lucía Hernández, quien vive en la Ranchería el Triunfo, a casi una hora de la cabecera municipal de Macuspana, afirma en entrevista con Cimacnoticias que el compromiso por luchar lo heredó, pues viene “de una familia de guerreras y guerreros” y que su madre fue una de las mujeres que, organizadas desde  2010, lograron que el gobierno municipal cumpliera con la entrega de pisos firmes para sus viviendas. Luego buscaron la construcción de una planta textil donde ellas fueran dueñas, para que se convirtiera en una fuente de trabajo para la comunidad indígena de choles y chontales a la que pertenecen.
 
El padre de Lucía participó en 1994 en las protestas de obreros y campesinos de la entidad, quienes denunciaron la afectación de sus tierras por la sobreexplotación de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos (Pemex). “Él sabe que solo cuando te manifiestas el gobierno te hace caso”, afirma,  “y me dice que siga adelante, que es mi vida y tengo que ver cómo voy a sostenerme”.
 
Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.-Las organizaciones, Articulo 19 Oficina para México y Centroamérica, Comunicación e Información de la Mujer, A. C. (CIMAC), el Comité para la Protección de los Periodistas, el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica y Reporteros sin Fronteras, exigieron justicia al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, y a la Fiscalía General del estado, a 3 meses del feminicidio de la periodista Miroslava Breach.
 
Las organizaciones defensoras de la libertad de expresión se pronunciaron porque se rinda un informe detallado sobre el progreso de las indagatorias, ya que pese a los discursos de las autoridades locales que aseguran tener identificados a los responsables no se ha emitido ninguna orden de aprehensión contra los autores materiales ni intelectuales del asesinato.
     
Exigieron también que se evite la impunidad en el feminicidio de Miroslava Breach y que se realice una investigación adecuada con perspectiva de género, que se castigue a los culpables y se garantice la reparación del daño para la familia.

Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.- El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, reprobó categóricamente las declaraciones del titular del Ejecutivo Federal, “que criminalizan a las personas, medios y organizaciones que denunciaron públicamente” intentos de hackeo en sus teléfonos móviles por el programa de espionaje Pegasus, adquirido y de uso exclusivo del Gobierno mexicano.
 
La exigencia se basa en las declaraciones que hizo ayer Enrique Peña Nieto en un evento público en Jalisco, donde dijo que “aplicará la ley a quienes han acusado a su administración”, como respuesta al reportaje publicado el 19 de junio por The New York Times, que describe la intervención a equipos de comunicación de periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos (DH) a través del software de la empresa NSO Group.
 
Los ataques, indica la investigación, fueron dirigidos al director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas, y a su esposa; a la periodista Carmen Aristegui y su hijo entonces menor de edad; al director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, y los abogados de esta organización, Santiago Aguirre y Stephanie Brewer.
 
Mónica Bernabé Cimacnoticias | Bilbao, Esp .- El estadio de deportes de Kabul era el lugar donde los talibanes cortaban las manos o ejecutaban a quienes no cumplían sus preceptos. Allí, por ejemplo, mataron a Zarmina, una madre afgana con siete hijos que se convirtió en la primera mujer ajusticiada en público por el régimen de los talibanes en noviembre de 1999. ¿Su delito? En teoría, haber asesinado a su marido. Los talibanes descerrajaron a Zarmina un tiro en la cabeza en medio del recinto deportivo.
 
En la actualidad el estadio de Kabul se vuelve a utilizar para lo que fue construido: para hacer deporte. Y no sólo es un lugar para hombres. Chicas afganas juegan al fútbol en su césped, y otras practican boxeo en el sótano, habilitado como gimnasio. La mayoría son universitarias o alumnas de instituto que pertenecen a familias de clase social media o alta. Es la imagen más significativa de que Afganistán ha cambiado: existe una nueva generación de mujeres afganas.
 
“Mi primo practicaba boxeo y me empezó a picar la curiosidad”, justifica así Sadaf, de 18 años, su interés por pegar puñetazos. La joven nació en Afganistán pero pasó su infancia en Irán hasta los nueve años. Allí empezó a jugar al fútbol. Cuando regresó a Kabul, sustituyó las botas por los guantes y en 2012 se convirtió en la promesa de la sección femenina de la Federación de Boxeo de Afganistán, que por primera vez se constituyó en el país tras la caída del régimen fundamentalista en 2001. Nunca antes en Afganistán las mujeres se habían puesto los guantes.
  

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