6/20/2017

Los columnistas pal café. . .



En el conjunto de prácticas irregulares y delictivas de los gobiernos mexicanos han tenido un lugar permanente, y destacado, el espionaje y la infiltración, conforme a las circunstancias y modalidades técnicas de cada momento. Institucional, aunque nunca oficialmente aceptado, ha sido el espiar a los adversarios políticos y electorales y a una amplia cartera de opositores y críticos, que va desde líderes sociales, activistas destacados, intelectuales de izquierda, defensores de la legalidad y los derechos humanos y periodistas constante o circunstancialmente molestos. Institucional, aunque nunca oficialmente aceptado, ha sido el insertar en movimientos sociales, dirigencias políticas y partidistas, y movilizaciones masivas, a individuos que provocan y descarrilan, a la par que informan y denuncian.
The New York Times (NYT)potenció ayer en sus planas lo que se ha estado denunciando en instancias mexicanas, como R3D, @r3dmx , Red en Defensa de los Derechos Digitales: el uso en México de tecnología de punta para intervenir de manera integral los aparatos de comunicación por Internet que utilizan determinados periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. En coyunturas críticas para el gobierno peñista (que han sobrado), se buscó insertar el software nocivo denominado Pegasus, que solamente puede ser adquirido por gobiernos, en este caso, por el mexicano.
Un ejemplo deplorable de los niveles de perversidad de esos espías gubernamentales puede encontrarse en el hecho de que uno de los vigilados sea el hijo, adolescente, de Carmen Aristegui, la periodista que ayer, junto con otros compañeros de oficio y activistas, denunció ante la Procuraduría General de la República los casos de espionaje hasta ahora conocidos (otros periodistas también recibieron los mensajes señuelo a los que debería darse clic para activar involuntariamente los programas de espionaje; un tecleador astillado, entre ellos).
La utilización del sistema Pegasus contra ciudadanos en público ejercicio de su profesión u oficio, que informan, analizan, critican y hacen propuestas, es un torvo reconocimiento de la incapacidad política del régimen y de su proclividad a los mecanismos sucios. El abanico de las preocupaciones gubernamentales invasoras va de la mencionada Aristegui y los defensores jurídicos de los 43, a Carlos Loret de Mola, conductor de noticiarios de Televisa que ha proporcionado información delicada sobre masacres cometidas por fuerzas gubernamentales, como sucedió en Tanhuato, Michoacán, y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, al Instituto Mexicano para la Competitividad, impulsor del formato anticorrupción conocido como 3 de 3, y a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que preside Claudio X. González.
El mensaje que envían Peña Nieto y sus operadores políticos y cibernéticos (entre los cuales, de manera natural, ha de registrarse al secretario de Gobernación, Osorio Chong, al director del Cisen, Imaz, a los secretarios de fuerzas armadas con áreas de inteligencia y a la estratega de redes digitales, Lagunes) es complementario del que en las calles ha dejado en años recientes una escandalosa lista de secuestrados, exiliados y asesinados (en el sexenio calderonista ha de recordarse el embate de espionaje permanente organizado por el vicepresidente policiaco de aquella etapa, Genaro García Luna).
No sólo se agrede físicamente a los periodistas abiertamente adversos al poder o a aquellos que publiquen datos e información molesta para ese poder: también se invaden sus espacios privados y se controlan sus movimientos personales, en una grosera acumulación informativa que en determinados momentos puede devenir en difamaciones y en el uso escabroso de episodios íntimos (en la serie Black Mirror, de Netflix, está el capítulo Shut up and dance, que puede traducirse como Calla y baila, o Calla y haz lo que te ordeno, referido a un joven extorsionado, para que realizara determinados actos, luego que mediante un malware había sido captado al masturbarse frente a su propia computadora).
La administración peñista, conforme a sus rutinas, apenas hizo como que se enteraba del asunto. En un comunicado con aire ligero, pretendió aprovechar el señalamiento en la nota del NYT de que no hay pruebas específicas de que Los Pinos haya usado el Pegasus (contra ciudadanos que no son criminales ni terroristas; las dos categorías contra las cuales los autores del programa autorizan su uso), aseguró que defiende el derecho de los mexicanos a la privacidad e invitó a los presuntos afectados a presentar sus denuncias ante las instancias adecuadas del gobierno (el mismo gobierno acusado de espiar a los denunciantes).
La difusión de los métodos gubernamentales de espionaje a periodistas, activistas e incluso cuando menos un familiar de aquellos, tiene como antecedentes, mundialmente conocidos, el de las continuas e impunes agresiones al gremio de los informadores (Javier Valdez y Miroslava Breach, como dos botones de muestra) y, por otra parte, el de actos desarrollados con la evidente pretensión de dejar avisos de amedrentamiento al equipo de la periodista Carmen Aristegui, cuyas oficinas fueron allanadas en noviembre de 2016 por personas que actuaron con la cara descubierta, en un caso al que las autoridades no han dado esclarecimiento y, en circunstancias parecidas, en mayo del presente año, el allanamiento a las oficinas de Proceso, el semanario dirigido por Rafael Rodríguez Castañeda.
El episodio detonado por The New York Times, referido a la administración federal mexicana, tiene réplicas, aún insuficientemente denunciadas, en varios gobiernos estatales que, al igual que Los Pinos, han usado grandes cantidades de dinero público para espiar mediante Pegasus, tratando de amedrentar y controlar.
Y, mientras Griselda Triana, al recibir en Madrid un premio póstumo a quien fue su esposo, Javier Valdez, ha dicho que en México los gobiernos son cómplices de las organizaciones criminales, lejos de combatirlas, ¡hasta mañana!, Twitter: @julioastillero, Facebook: Julio Astillero




Foto
Nadie podría afirmar que Carlos Loret de Mola es un crítico del gobierno; si así fuera, no sería conductor de un programa de noticias de Televisa. Lo dijo hace muchos años El Tigre Azcárraga: son soldados del presidente (en turno). Causa extrañeza que figure en la lista de los auténticamente críticos que han sido espiados por el gobierno, al lado de Carmen Aristegui. Una explicación podría ser que la paranoia de Los Pinos ha escalado a un nivel tan intenso que también interfieren las comunicaciones de los amigos. ¿A qué le teme el gobierno de Peña Nieto? Seguramente tiene sobrada información de que la sociedad mexicana está agobiada y harta. No de ahora, sino de mucho tiempo atrás, sólo que el agobio y el hartazgo han alcanzado un nivel nunca visto y asusta al régimen actual un desbordamiento social. Pero no lo va a contener espiando a un grupo de periodistas y líderes sociales. Necesitaba hacer un cambio de rumbo, pero dejó pasar el momento, ya es tarde, se avizora el fin del sexenio. Debería controlar un tantito su paranoia. Al final de cuentas tiene como aliada la infinita abnegación del pueblo mexicano. Su respuesta al New York Times puede inscribirse en la sección de humor negro: ‘‘Se hace un llamado a quienes pudieran haber sido víctimas de las acciones descritas en su artículo, a que presenten su denuncia ante la Procuraduría General de la República, a fin de que se puedan realizar las investigaciones correspondientes’’. Si los recientes asesinatos de dos compañeros corresponsales de La Jornada –Miroslava Breach Velducea y Javier Valdez Cárdenas– no han sido esclarecidos, ¿qué esperanzas hay de que una denuncia sobre espionaje corra mejor suerte?
Gas sube más
El porcentaje de los hogares mexicanos que usan gas LP para cocinar alcanza la cifra de 75.7; le sigue el gas natural, con 7.3, y la leña se utiliza en 15.6 por ciento. Se suponía que con la liberación de los precios, resultado de la reforma energética, veríamos bajar el costo del gas LP. Sin embargo, hay regiones de la República donde se ha incrementado hasta en 30 por ciento a partir de enero de este año. El principal proveedor continúa siendo Pemex. Para que los precios bajaran haría falta una liberación real, pero no es posible por falta de infraestructura para su distribución.
Además, no hay interesados en invertir en gasoductos por el problema de los huachicoleros; van a seguir utilizando los de Petróleos Mexicanos. De acuerdo con cifras de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en mayo el precio promedio del gas LP se ubicó en 15.99 pesos el kilo. De enero a abril, las ciudades que más han sufrido el alza son: Tijuana y Mexicali, Baja California; Monclova y Torreón, Coahuila; Ciudad Juárez, Chihuahua; Huatabampo y Hermosillo, Sonora, y Matamoros, con un incremento promedio de 30 por ciento.
Ya es legal producir mariguana
A partir de este mes de junio quedó legalizada la producción de mariguana en México. Recientemente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una adición al artículo 198 del Código Penal Federal para quedar como sigue: ‘‘La siembra, cultivo o cosecha de plantas de mariguana no será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos en los términos y condiciones de la autorización que para el efecto emita el Ejecutivo Federal’’. ¿Cuánto van a costar las citadas autorizaciones? Parece que hallaron una vía corta para legalizar el negocio y tal vez en el futuro los narcos serán vistos como médicos o científicos.



Justo cuando The New York Times informa y denuncia en su portada que el gobierno de Enrique Peña Nieto espía a comunicadores y activistas –por medio de Pegasus, tecnología supuestamente destinada al combate del crimen organizado–, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, sale a decir a los medios que el actual no es el peor momento para los periodistas en México, porque, afirma, desde la administración de Vicente Fox subió la violencia contra el gremio.
Algunos supondrán que es una lamentable coincidencia (la denuncia del rotativo estadunidense y la declaración del funcionario), pero en los hechos la afirmación del citado personaje sólo confirma –por si alguien tuviera dudas– que como parte del abultadísimo inventario de asuntos que al gobierno peñanietista ni de lejos le interesan se cuenta la seguridad de periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas anticorrupción, y, desde luego, el respeto a sus garantías constitucionales.
Dice Campa que el actual no es el peor momento en México (El Universal) para periodistas y activistas, con todo y que el gobierno federal abiertamente incumple con el mecanismo de protección –que lo mantiene sin recursos presupuestales, o con el mínimo necesario para pagar la nómina– para ambos destinatarios y nada hace para procurar justicia, pero, eso sí, se esmera y está más que entretenido espiando a unos y otros –incluyendo a los hijos de comunicadores, menores de edad, por cierto–, gastando elevadísimas cantidades –todas provenientes de los impuestos pagados, entre otros, por periodistas y activistas– y fingiendo demencia a la hora de investigar el creciente número de asesinatos y encarcelar a los responsables materiales e intelectuales. Y en esa misma tesitura se mueven los gobiernos estatales.
El mensaje de Campa es claro: si el actual –con cerca de 40 colegas asesinados (más un sinfín de agresiones) sólo en el transcurso del gobierno peñanietista– no es el peor momento en México para periodistas y activistas de los derechos humanos, entonces ¿vienen peores? No cabe duda de que la levedad e irresponsabilidad con las que EPN y sus muchachos abordan este tipo de situaciones es verdaderamente escalofriante. La negación sistemática y el cinismo como políticas públicas, y en todos los ámbitos los resultados están a la vista.
No puede dejarse a un lado el reciente discurso del inquilino de Los Pinos, en el sentido de que –con el espionaje a toda velocidad– “mi gobierno es, y seguirá siendo, respetuoso de la libertad de expresión y de la pluralidad de voces que se expresan en los medios de comunicación… El ejercicio libre del periodismo es una condición indispensable en toda sociedad democrática… La libertad de expresión es lo importante”. ¿En serio?
Y lo dijo en una ceremonia del Consejo de la Comunicación, es decir, del organismo patronal que utilizó todo su poder económico y político –que no es poco, con el siempre pío Lorenzo Servitje a la cabeza, benefactor de los Legionarios de Cristo– para, por ejemplo, silenciar las denuncias en contra de los curas pederastas, con Marcial Maciel a la cabeza (otra historia es si los entonces comunicadores censurados y boicoteados decidieron posteriormente trabajar para los mismos que los censuraron).
Entonces, resulta que el gobierno peñanietista, oficial y legalmente responsable de garantizar los derechos individuales de los mexicanos, actúa como delincuencia organizada al violarlos y negarlos. Peña Nieto está obligado a explicar de qué se trata todo esto, pero hasta el cierre de esta entrega de Los Pinos no había salido una sola palabra, un murmullo, para intentar dar una versión medianamente atendible –algo por demás infructuoso de cualquier suerte- sobre el espionaje a comunicadores y activistas. ¿Lo dejará pasar? Lo más probable, como todo lo demás.
En vía de mientras, La Jornada reseñó así la información del citado rotativo estadunidense: “Periodistas y activistas mexicanos han sido espiados por medio de un programa israelí adquirido por el gobierno que se infiltra en los teléfonos inteligentes, según una investigación que publica hoy el diario The New York Times. Entre los blancos del programa se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y una estadunidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía.
“El programa en cuestión es Pegasus, software fabricado por el grupo israelí NSA Group, que lo vende a los gobiernos para investigar al crimen organizado y terroristas. De acuerdo con el diario, que examinó decenas de mensajes con apoyo de especialistas, ha sido usado para vigilar, entre otros, a la periodista Carmen Aristegui y a Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, impulsor de una ley anticorrupción.
“El diario indicó que no hay pruebas definitivas de que el gobierno esté detrás del espionaje, pero indicó, de acuerdo con ciberexpertos, que hay pocas dudas de que el gobierno mexicano o algún grupo corrupto interno están involucrados. El software se apropia de información de los teléfonos inteligentes y permite incluso grabar conversaciones y filmar a través del propio dispositivo, una vez que logra que la persona afectada dé click a un enlace engañoso. Los intentos para realizar hackeos fueron muy personalizados: llegaron a los objetivos por medio de mensajes diseñados para inspirar pánico y conseguir un acceso rápido a los teléfonos celulares, dice la investigación.



La Comisión Federal de Competencia Económica, bajo el mando de Alejandra Palacios Prieto, debe estudiar en detalle la relación que se presenta entre las cementeras que operan en México, debido a que el precio de ese producto se ha incrementado mucho más que la inflación en años recientes.
El incremento lo anuncia alguna de las seis cementeras que operan en nuestro país y paulatinamente se suman a la medida el resto de las empresas, con lo que afectan el avance de la construcción, la generación de empleos, la adquisición de vivienda (sobre todo de los sectores más pobres del país) y el aumento de la inflación.
Este sector cuenta con una empresa dominante, que es Cemex, presidida por Rogelio Zambrano y dirigida por Fernando González, la cual controla más de 50 por ciento del mercado nacional y durante décadas tuvo el control de Cementos Chihuahua, de Federico Terrazas, con lo que llegó a dominar más de 70 por ciento del mercado nacional.
El incremento abusivo de los precios en México a lo largo de las dos décadas anteriores permitió a Cemex (en aquel entonces bajo el mando de Lorenzo Zambrano) convertirse en una empresa global y en la tercera cementera en el mundo. Sin embargo, el consumidor local ha pagado durante décadas un precio mayor que en Estados Unidos y otras regiones.



El fin de semana, la ex candidata priísta a la gubernatura, Lorena Martínez, anunció su regreso al estado para contender por una senaduría en 2018. Viene de Veracruz, donde su partido la nombró delegada. Interrogada sobre los resultados en las elecciones en esa entidad, la ex alcaldesa de la capital aguascalentense se ufanó del triunfo que fue quedar en segundo lugar.
Es posible que su compañero de fórmula sea Otto Granados Roldán, subsecretario de la Secretaría de Educación Pública y ex gobernador. A diferencia de otras entidades, en Aguascalientes la gubernatura no es el último escalón, sino la casa de reposo de quienes ya llegaron a la cúspide de su carrera política. El panista Felipe González ingresó al Senado después de haber gobernado Aguascalientes, por ejemplo.
El Senado es, debiera ser, el sitio donde se discuten los temas que nos conforman como nación, adonde las entidades federativas mandan a sus mejores mujeres y hombres para defender y fortalecer el pacto federal. Se supone que a los miembros de esa cámara los deberían distinguir la experiencia y la inteligencia en materia política. En Aguascalientes funciona distinto: es el premio de consolación por no haber logrado un triunfo o la casa de reposo de quien no aspira a más.




El atentado perpetrado en las primeras horas de ayer en Londres, al parecer inspirado por la islamofobia, en el que una persona murió y 10 resultaron heridas por el conductor de un vehículo que atropelló en forma intencional a un grupo de peatones en las inmediaciones de una mezquita, así como el intento de ataque por la tarde en la ciudad de París, en plenos Campos Elíseos, obligan a recordar que los promotores de una guerra pueden saber en qué momento iniciarla, pero no cuándo ni cómo va a terminar.

Peña Nieto ignora consejos en defensa de su nombre
Señor presidente Enrique Peña Nieto. Presente:

“Una nueva sociedad civil planetaria, vinculada por una misteriosa fraternidad nocturna, surge de los escombros del Estado-Nación. Se opone de forma radical al imperio de los depredadores. Organiza la resistencia. La componen una multiplicidad de frentes de rechazo. Sus luchas alumbran una esperanza inmensa” (Jean Ziegler, Los nuevos amos del mundo, 2013). Son los civilizionarios. Los nuevos actores de la transformación civilizatoria, los que luchan por la emancipación de la humanidad, los que defienden al planeta. Son sujetos sociales novedosos para la historia. Poco a poco, brotan, crecen, se multiplican. Son hijos de la crisis de la modernidad, pero también de las innovaciones tecnológicas, que hoy facilitan la información, la comunicación y el transporte. Aunque poseen una conciencia planetaria, un sentido de especie, porque saben que, a pesar de su inmensidad, la Tierra como sistema es sumamente frágil y delicada, ellos actúan a muy pequeña escala. Son como diminutas hormigas con las antenas levantadas para registrar lo que sucede en el resto del mundo y actuar. De su conciencia doble, que es social y ecológica, brota una ética. Los civilizionarios trabajan permanente y arduamente a la escala doméstica para lograr un hogar autosuficiente. Captan agua de lluvia, transforman la energía solar en eléctrica o en calor, aprovechan el viento, buscan producir buena parte de sus alimentos, utilizan materiales adecuados, reciclan, cierran circuitos. Cuando consumen lo hacen de manera responsable. Pero también participan y muchas veces encabezan iniciativas de organización barrial o comunitaria, cooperativas y asociaciones.

Cuando se está llevando a cabo la cosecha número 20 de soya transgénica en el Cono Sur, la organización Grain aporta 20 razones para exigir su prohibición:

Precisa e insuperablemente breve fue la descripción de lo que constituyó la justa electoral del pasado 4 de junio en el estado de México; la dijo Héctor Aguilar Camín: estercolero. Me parece que nunca en el pasado había oído y leído un acuerdo de tal magnitud sobre la definición de esa justa: una elección de Estado. Tampoco nunca en el pasado recuerdo haber visto el uso de tal cantidad de tipos de recursos, y la magnitud de cada uno, que fueron operados con recursos robados a todos los mexicanos, para ganar electoralmente y perder políticamente, una elección. Los políticos no pobres, atlacomulquenses, y del PRI en su conjunto, han dado un paso más (o varios), hacia su desbarrancadero. La ilegitimidad del PRI corroe sus cimientos con velocidad creciente.

Hace un año, Aurelio Nuño se volvió mudo e invisible durante 50 horas. En la más dramática crisis de su gestión al frente del sector educativo, desapareció y calló. El funcionario adicto a las pantallas televisivas, los micrófonos y las líneas ágatas, se esfumó.

The New York Times (NYT) reveló en su edición de ayer que a lo largo de esta década se ha espiado desde el gobierno mexicano, en forma dudosamente legal, o llanamente ilegal, a diversas organizaciones no gubernamentales, activistas e informadores, e incluso a alguno de sus familiares cercanos. En la información se menciona al Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO), Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la Alianza por la Salud Alimentaria y el Centro Prodh. Las dos primeras representan a un sector empresarial y corporativo de orientación claramente neoliberal y oligárquica que se desencantó del peñato por la incapacidad del régimen de llevar las reformas estructurales hasta sus últimas consecuencias y que desde entonces ha venido realizando un ruidoso activismo dirigido en contra de la totalidad de la llamada clase política; las últimas son, respectivamente, una organización plural y un reconocido organismo independiente de defensa de los derechos humanos. Igualmente figuran como víctimas del espionaje los periodistas Carlos Loret de Mola y Carmen Aristegui, ésta última con el agravante de que se intentó interferir el teléfono de su hijo, Emilio.

Un gol de Pepe, el aguerrido defensa de la selección de Portugal, fue anulado durante el partido que ese conjunto disputó el domingo, en Kazán, Rusia, contra el equipo de México. Que una anotación sea invalidada en este deporte, es hasta cierto punto algo normal y relativamente frecuente, sólo que en este caso la decisión fue producto de un experimento en el que se emplea una tecnología conocida como VAR (siglas de Video Assistant Referee), o videoarbitraje, en español.

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