La noche del primero de julio ya está
en entredicho. Conforme a lo que ha decidido el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, los primeros resultados más o menos
confiables del proceso electoral no estarán disponibles, en forma de
conteo rápido, esa misma noche sino, según las preocupadas estimaciones
del presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova,
hasta en la madrugada del lunes siguiente, por ahí de las dos o las
cinco de la mañana.
Córdova ha adelantado que esa tardanza puede generar diversas turbulencias y propiciar
autoproclamacionesde victoria. Dichos anuncios triunfales sin base cierta, aunados
al vacío de informaciónoficial, abonarían
a la especulación y la incertidumbre. En esta columna se agrega, a lo dicho por Córdova, que ese lapso tan largo de imprecisión institucional puede ser fácilmente aprovechado por alguno de los contendientes presidenciales para darse por ganador y ser secundado de manera aplastante por medios de comunicación que estuvieran alineados en una maniobra de imposición de percepciones.
El INE, según lo dicho por su consejero presidente, tratará de encontrar
mecanismos para agilizarla recepción y procesamiento de datos, para tratar de evitar ese posible vacío informativo. En esa prisa alternativa, desde luego, podrían cometerse errores o ser generadas más dudas. No empiecen.
Promisorio en su inicio, el recurso de las candidaturas
independientes ha sido viciado y desgastado por las autoridades
electorales y por varios de los aspirantes. Al cierre del proceso
correspondiente a las postulaciones presidenciales, el saldo es
negativo: sólo pudieron avanzar hasta una etapa de revisión, entre
fundadas sospechas de maniobras fraudulentas para hacerse de firmas de
apoyo, tres personajes recién despegados de intensas vidas partidistas o
de aparatos de poder, como son el gobernador con licencia, pero en
pleno uso de la estructura del gobierno neoleonés, Jaime Rodríguez
Calderón, autodenominado El Bronco; el ex perredista Armando
Ríos Piter, beneficiado en las semanas recientes por una avalancha de
presunta popularidad que potenció sus cifras de recolecta de una manera
increíble, y Margarita Zavala Gómez del Campo, panista hasta que no la
hicieron candidata presidencial de partido, apoyada de manera explícita
por el entramado de intereses de su esposo, Felipe Calderón Hinojosa.
Aun cuando sus nombres fueran incluidos en la boleta presidencial (aunque las acusaciones contra El Bronco podrían
tumbarlo del cuaco de simulación en que se ha montado y la captación
épica de firmas para Ríos Piter también merece una inspección a fondo)
estos tres finalistas tienen pocas probabilidades de ganar la elección.
Rodríguez Calderón usó el mecanismo de los
independientespara hacer ruido que le permita negociar ganancias a cuenta de una declinación posterior, Ríos Piter está en los más bajos niveles de popularidad en eso que llaman encuestas de opinión, y Zavala Gómez del Campo y el calderonismo en general fueron barridos por Ricardo Anaya, de tal manera que el único éxito alcanzable por Margarita sería el de arrebatar algunos puntos, que serían clave, a su verdugo queretano.
La única propuesta distinta, incluso alejada del esquema
tradicional electoral, fue la de María de Jesús Patricio Martínez,
llamada Marichuy, a nombre del Congreso Nacional Indígena. Nunca le
animó a la aspirante, ni a los grupos que le han apoyado la expectativa
de llegar a ganar la Presidencia de la República, pero sí el estar en la
boleta electoral y aprovechar los foros públicos y la resonancia
mediática para difundir los graves problemas que se han ido acumulando
en comunidades indígenas y entre grupos populares. Sin embargo, la
respuesta nacional fue menor a lo esperado, y la gira nacional de
Marichuy llega a su fin, incluso en condiciones trágicas, luego de la
volcadura de un vehículo en Baja California Sur.
Otro aspirante que no consiguió el número básico de firmas de apoyo
fue Pedro Ferriz de Con, conductor de noticieros de radio y televisión
durante muchos años, quien ayer denunció la existencia de un
mercado negrode credenciales de elector, al cual habrían recurrido algunos de los
finalistas. Aseguró que
capos del narcotráfico, con grupos de la delincuencia organizada, así como falsifican tarjetas de crédito lo hacen con este negocio. Por ello, demandó investigar la forma en que Zavala, Ríos Piter y Rodríguez Calderón juntaron sus firmas de apoyo. Afirmó que ese tráfico de datos es mayor en Veracruz, Tamaulipas y Coahuila.
Los sismos han ido complicando los planes de Miguel Ángel Mancera
para dejar el mando de Ciudad de México. Cada estremecimiento telúrico
en la geografía chilanga subraya la improcedencia de dejar el timón de
una nave en desgracia. Sobre todo si no se han resuelto ni siquiera los
problemas básicos derivados de la primera tragedia. Aún así, Mancera ha
dividido su tiempo para atender los requerimientos de las contiendas
electorales, urgido de encontrar el momento para decir adiós a una
ciudad que no le tendrá mayor agradecimiento.
Convertido en injerto de oportunidad en las listas del Partido Acción
Nacional para ser senador (va en segundo lugar: arribo garantizado a un
escaño) busca dejar un sucesor manejable, sobre todo en el ramo de los
dineros disponibles para la reconstrucción, que desde ahora son vistos
en las alturas partidistas como gran botín para campañas electorales. Su
segunda de a bordo, Patricia Mercado, todavía secretaria general de
gobierno, también se va, pues el partido Movimiento Ciudadano la postula
para el Senado.
Y, mientras los gobiernos federal y de Oaxaca informan sobre las
investigaciones judiciales que deben realizar para deslindar
responsabilidades y fijar sanciones en el caso del homicidio
imprudencial de 14 personas en una comunidad oaxaqueña durante el
accidentado aterrizaje de un helicóptero oficial, ¡hasta mañana!
Uno de los pendientes que deja
Miguel Ángel Mancera al renunciar a la jefatura de Gobierno de la
capital y acogerse al fuero que le brindará la credencial de Senador
(¡por Chiapas!), tiene que ver con el atentado contra el patrimonio
cultural de la UNAM. Su gobierno autorizó el proyecto inmobiliario Be
Grand que contempla la construcción de dos torres, de 23 y 27 pisos, y
un total de 626 departamentos, en avenida Copilco número 75, a escasos
900 metros del edificio de rectoría y la biblioteca central de la UNAM.
Varios funcionarios están presuntamente involucrados, entre ellos, el
titular de Seduvi, Felipe de Jesús Gutiérrez, y Mauricio Toledo y
Valentín Maldonado, ex delegado y delegado del PRD en Coyoacán. (Toledo
también busca fuero como diputado federal del frente). Asimismo, están
relacionados funcionarios que otorgaron las autorizaciones de impacto
ambiental. La constructora fue notificada como tercero interesado en la
demanda de amparo promovida por la UNAM en contra de los permisos
otorgados por las autoridades. Se basa en las supuestas violaciones a
tratados y normas internacionales que comete el inmueble por la cercanía
con la zona principal de la universidad, declarada patrimonio de la
humanidad por la Unesco en 2017, de acuerdo con Enrique Graue, rector de
la institución educativa. ¿Y qué dice Mancera? “La ciudad no va a
avalar nada que sea ilegal (…) no se va a avalar nada (de construcciones
ilegales). No se puede. No se podría. Claro que, si hay un amparo y si
hay una protección federal que nos obligue a hacer o dejar de hacer,
sería incumplimiento de sentencia”. Sin embargo, hay un amparo
relacionado con las obras del Metrobús R7 que modificarán el histórico
Paseo de la Reforma y de acuerdo con la Academia Mexicana de Derecho
Ambiental, no se está respetando. Le urge el fuero.
Los bienes son para remediar los males
Grupo Televisa anunció una nueva estrategia para mejorar
sus finanzas, la venta de bienes que no son estrictamente indispensables
para operar o que representan una carga financiera. Acordó vender en
354 millones de dólares su participación de 19 por ciento en la compañía
de medios española Imagina. Es una de las productoras de contenido
audiovisual más grandes de Europa. Entre otros negocios opera el canal
del club de futbol Real Madrid.
Cuatro millones de viajes entre 7 y 8 am
Un estudio realizado sobre el movimiento de automóviles y
personas en la Zona Metropolitana del Valle de México por la UNAM, el
Inegi y los gobiernos del estado de México y la capital del país, dan la
clave de por qué se acercan al colapso. Tomen nota de estos datos. 1-
De los más de 5.9 millones de hogares en la zona metropolitana, 53 por
ciento dispone de al menos un vehículo para transportarse. 2- Se estima
que hay 3.05 millones de automóviles disponibles en hogares. De ellos un
alto porcentaje puede circular diariamente (hologramas 00 y 0). En
conurbados, la proporción es de poco más de la mitad. 3- Más de 4
millones de viajes se realizan entre las 7 y las 7:59 de la mañana. Por
la tarde, entre las 18 y 18:59 horas se da el mayor número de retornos
al hogar. 4- Se realizan 34.56 millones de viajes en un día entre
semana. De ellos, 11.15 millones son caminando. 5- De los 15.57 millones
de viajes en transporte público en tres de cada cuatro se usa el
servicio colectivo (microbús o combi). En la CDMX, el Metro ocupa el
segundo lugar en frecuencia de uso, mientras que en los municipios
conurbados se utiliza un colectivo en cuatro de cada cinco viajes.
Todo indica que una de las joyas
presumidas por el gobierno peñanietista resultó ser… de fantasía. La
propaganda oficial celebra que a lo largo del sexenio se han generado
más de 3 millones de nuevos empleos formales, pero el sector privado –aliado natural del régimen– ha documentado que sólo 40 por ciento (4 de cada 10) de ese monto tiene cupo en dicha categoría.
La Secretaría del Trabajo, basada en la estadística del IMSS, contabiliza la generación de 3 millones 237 mil 241 nuevos
empleos formales entre el primero de diciembre de 2012 y el 31 de enero
de 2018 (62 meses de gobierno peñanietista), lo que a simple vista es
un récord.
El problema comienza cuando el Centro de Estudios Económicos del
Sector Privado (Ceesp, dependiente del Consejo Coordinador Empresarial)
ha documentado que a ese número hay que descontar alrededor de 2
millones de plazas existentes que el gobierno peñanietista y los
empresarios sólo formalizaron a lo largo de la presente administración,
de tal suerte que, en realidad, los nuevos trabajos formales generados
en el periodo citado suman poco menos de 1.3 millones.
Por lo anterior, en opinión del Ceesp, el mercado laboral mexicano, lejos de celebrar la joya presumida por el gobierno de EPN, en realidad vive
una situación no tan favorable, tanto por el nivel salarial como por el número oficial de generación de plazas, pues la mayoría (60 por ciento del total) ya existía(El Universal).
Por el lado de la precarización laboral, el organismo empresarial
advierte que se acentuó al cierre de 2017 y el repunte en inflación se
tradujo en
mayores niveles de pobreza y desigualdad. Los salarios ofrecidos se mantuvieron en niveles bajos, pues si bien aumentó la población ocupada, ésta consiguió empleos con hasta dos salarios mínimos, reduciéndose drásticamente la oferta en los rangos superiores a dicha cota.
Al Ceesp le
preocupa que la precarización del mercado laboral se acentúa, propiciando una disminución en el bienestar de los hogares; otro problema preocupante es el repunte de la inflación, propiciando pérdida del poder adquisitivo que, a su vez, se tradujo en mayores niveles de pobreza y desigualdad. Además, de acuerdo con el Coneval, el porcentaje de la población con ingreso laboral insuficiente para adquirir la canasta alimentaria aumentó de 40 por ciento en el cuarto trimestre de 2016 a 41 por ciento en el mismo lapso de 2017 (La Jornada, Julio Reyna Quiroz).
En castellano simple, apenas cuatro de cada 10 plazas laborales formales contabilizadas como de nueva creación en el
sexenio del empleo(Peña Nieto dixit) en realidad pueden considerarse así. El resto (seis de cada 10) sólo forman parte de la propaganda.
En ese mismo tenor, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el
Crecimiento Económico (IDIC) advierte que la realidad laboral del país
obliga a no sólo preocuparse por la creación de empleo, sino por la
calidad del mismo, pues de ello depende el nivel de ingreso, la
seguridad social e incluso la estabilidad familiar. La creación de
empleos no es suficiente cuando se tiene que de los 52 millones de
trabajadores sólo 5 por ciento pude acceder a ingresos superiores a
cinco salarios mínimos, por lo que el otro 95 por ciento tiene ingresos
muy inferiores.
De esta manera,
la generación de oportunidades laborales se ha concentrado en los estratos de ingresos más bajos y con menores prestaciones. El análisis del bienestar está estrechamente relacionado con la capacidad que la gente tiene para aumentar sus niveles de consumo, lo cual, a su vez, depende del empleo y los ingresos derivados del mismo. La relevancia de ello es la incidencia que tienen los menores salarios en la pobreza. El análisis de las entidades federativas muestra que justamente donde existe una mayor proporción de personas ocupadas con un ingreso de hasta un salario mínimo o incluso que no reciben ingresos, el porcentaje de población total en una situación de pobreza también es mayor. Lo anterior, además, se encuentra relacionado con una mayor incidencia en la informalidad y la inseguridad.
Tal escenario, detalla el IDIC, tiene además una incidencia sobre la
violencia en el país: existe una correspondencia real entre
informalidad, pobreza y bajos salarios con el registro de delitos; a
medida que estas variables son mayores, los delitos también presentan
una mayor proporción en el total nacional, por lo que el cambio
estructural que requiere el entorno social está también relacionado con
las condiciones de seguridad nacional.
Uno de los graves problemas
de nuestro país es el manejo político del pago de impuestos. A los
amigos del Presidente de la República no se les da seguimiento formal
sobre las contribuciones que cubren. En tanto, al resto de la población
se vigila con rigor que cumpla con éstas.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), bajo el mando de
Osvaldo Antonio Santín Quiroz, cuenta con la información suficiente para
dar seguimiento a los recursos bien y mal habidos de personas y
empresas, como Emilio Lozoya, ex director de Pemex; la empresa brasileña
Odebrecht, de Marcelo Odebrecht, o Grupo Higa, de Juan Armando
Hinojosa.
Sin embargo, cuando se trata de personas o firmas relacionadas con el
actual gobierno, el SAT se mantiene al margen de cualquier
investigación o simplemente ajusta la información a los intereses del
Presidente de la República y su grupo cercano.
Si se destapa un escándalo a escala internacional, como el de los Papeles de Panamá
y se menciona a empresarios y políticos mexicanos, el SAT dice que
investigará en detalle si los involucrados cumplen con sus
responsabilidades fiscales. Sin embargo, a los amigos del gobierno en
turno no se les toca ni con el pétalo de una rosa, aun cuando en el
resto del mundo los responsables de la corrupción estén en la cárcel.
El presidente del Instituto Nacional Electoral
(INE), Lorenzo Córdova, lamentó ayer el fallo del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le prohíbe extraer las
boletas de las urnas a fin de efectuar un conteo para el Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP), y con el cual el árbitro
electoral esperaba dar resultados a una hora temprana tras el cierre de
las casillas en la elección del próximo primero de julio. A decir del
funcionario –quien en este punto contó con el respaldo unánime de los
otros consejeros electorales–, el retraso de varias horas en la difusión
del PREP pondría en riesgo la información oportuna y podría desatar
suspicacias sobre el resultado de los comicios. Córdova agregó que el
vacío de informaciónen las horas posteriores al cierre de la votación
abona a la especulación y la incertidumbrey no
a la estabilidad política y financieray podría generar afectaciones a la paz pública. De su lado, la consejera Pamela San Martín censuró también la decisión del TEPJF porque sin cifras oportunas no será posible desarticular especulaciones, en tanto que su colega Dania Ravel dijo que el retraso podría
poner en entredicho los resultados. El consejero Jaime Rivera, por su parte, señaló la posibilidad de que una difusión tardía de resultados preliminares abra la puerta a proclamaciones de victoria anticipada por parte de los candidatos.
Instan al gobierno capitalino a hacerse responsable
Una cuadrilla del Gobierno de
Ciudad de México que se encontraba podando los árboles, a las 10 de la
mañana, en la esquina de Mercaderes y Saturnino Herrán, dejó caer una
rama de un hule enorme sobre un poste de teléfonos, que se partió. Dicha
cuadrilla desapareció y fue sustituida por otra que siguió podando el
mismo árbol. Ninguna cuadrilla se hace responsable, el 911 no se hace
responsable, el servicio de atención ciudadana de la delegación Benito
Juárez tampoco se hace responsable. Telmex manda a una grabadora.
Bomberos acostaron los alambres de los teléfonos sobre los de
electricidad a cinco metros del transformador en espera de que vengan
operarios de Telmex a cambiar el poste desgajado. ¿Es que no hay a dónde
acudir para resolver con eficiencia el error de los podadores del
Gobierno de Ciudad de México?
Se atribuye a Mark Twain la frase
la historia no se repite, pero rima. El 5 de febrero pasado el mercado de valores de Estados Unidos experimentó su mayor caída desde mediados de 2007 y no acaba por recuperarse: ¿esta caída será similar a la de 1987, será seguida por una recuperación rápida, y será vista como un bache en la recuperación de la larga depresión de los 10 años pasados? ¿O será como en 2007, cuando la caída de la bolsa anunció el comienzo del mayor colapso de la producción capitalista mundial desde la década de 1930? O, se pregunta Paul Walder,
¿pudo la economía mundial salir efectivamente de la crisis explosionada en 2008?Walder escribía en marzo de 2016 que podríamos estar
ante el fin de un ciclo estructural provocado por las propias contradicciones internas del capitalismo.
El profesor Francisco
Sinuhé Ramírez Oviedo es un tipo con suerte. Tenía apenas 33 años
cuando fue designado dirigente de los maestros de Hidalgo. Aunque fue
nombrado para un periodo máximo de cuatro años, estuvo al frente más de
cinco años y medio. Ahora Nueva Alianza lo acaba de designar candidato a
diputado federal por el distrito 7.
Al cruzar el umbral del 19 de
febrero el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y su vocera Marichuy,
realizarán un balance sobre la búsqueda de que ésta apareciera en la
boleta electoral como candidata independiente a la Presidencia de la
República, pero sobre todo, acerca del avance logrado en el proceso de
organización frente a la embestida neoliberal en curso contra los
territorios y los pueblos mismos. A partir de todo ello definirán los
rasgos de la siguiente etapa de su lucha, que no se mide con el
calendario electoral en curso.
“En Monterrey somos trabajadores
y no gente huevona que sólo espera que el gobierno le regale todo. En
el norte crecimos en un desierto, no como en el sur, que basta con
estirar la mano. Acá nos enseñan a chingarle, a jalar para ser alguien”.
Como estudioso de la historia, geografía, economía y sociedad del norte
del país, frecuentemente me topo con este tipo de expresiones (hoy cito
tres tuits de un debate reciente). Son muestra de que la historia que
nos enseñan siempre pasa por alto la realidad económica y geográfica
sobre la que se construyen las sociedades humanas. Así que probemos a
aclararnos.
En las postrimerías del sexenio
foxista, y en el contexto de la ofensiva neoliberal para el saqueo de
los territorios y en contra de toda forma de organización social
autónoma, el entonces secretario general del Sindicato de Mineros y
Metalúrgicos (el nombre completo está contenido en la abreviatura
SNTMMSSRM) fue sometido a una intensa campaña de acoso judicial y de
difamación mediática que se recrudeció a raíz de la tragedia de Pasta de
Conchos, de la que ayer se cumplieron 12 años, y de la actitud
beligerante que adoptó la organización sindical en defensa de los
derechos de sus agremiados. Con la complicidad del entonces secretario
del Trabajo, Francisco Javier Salazar, el Grupo México (GM), propiedad
de Germán Larrea y concesionario de Pasta de Conchos, negó la toma de
nota al secretario general del sindicato, Napoleón Gómez Urrutia, el
cual ya había sido acusado el año anterior de malversar 55 millones de
dólares que correspondían al acuerdo de privatización de las empresas
Cananea y Nacozari en 1990 y que habrían debido ser entregados a la
organización gremial por GM. Pero la compañía de Larrea evadió el pago
por medio de demandas civiles y a la postre endosó la responsabilidad al
líder sindical. Fue una torcedura de la justicia característica de los
gobiernos panistas, similar al juicio de desafuero fabricado por el
foxismo para impedir que Andrés Manuel López Obrador apareciera en las
boletas electorales de 2006. Al mismo tiempo, el corporativo, que cada
año obtiene miles de millones de dólares del saqueo de los yacimientos
del país, organizó un sindicato blanco para desvirtuar y dispersar las
luchas de los mineros en defensa de sus derechos.
No cabe duda que algunos
de los avances más importantes de la investigación biomédica en la
segunda década de este siglo se están produciendo en el área de la
fisiología reproductiva. Hace apenas unas semanas dábamos cuenta en este
mismo espacio de los avances en la maduración de espermatozoides
humanos en el laboratorio (La Jornada 9/01/18), unos días
después, el 30 de enero, apareció un nuevo trabajo que ahora muestra el
desarrollo de las células sexuales que garanticen la continuidad de
nuestra especie.
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