Ciudad de México. El sistema para medir la violencia
contra las mujeres en México es limitado e insuficiente para reflejar
la problemática real, está rezagado y no cumple los ordenamientos que
establecen los instrumentos internacionales sobre derechos de las
mujeres, de acuerdo con la organización México Evalúa.
Consultado al respecto de la metodología del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para reportar la
violencia contra las mujeres, el coordinador del programa de seguridad
de México Evalúa, David Ramírez De Garay, dijo a Cimacnoticias que el
gobierno mexicano, no sólo esta administración, tiene un rezago
importante en los compromisos que tiene con los organismos
internacionales que buscan erradicar la violencia contra las mujeres, en
específico la Convención sobre la Eliminación de toda forma de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
Como se establece en la Recomendación general num. 35 sobre
la violencia por razón de género contra la mujer que emitió la CEDAW en
2017, México tiene la obligación de contar con un sistema para recabar,
analizar y publicar periódicamente datos estadísticos sobre el número
de denuncias de todas las formas de violencia por razón de género contra
la mujer, incluida la violencia ejercida mediante las tecnologías, el
número y tipo de órdenes de protección dictadas, las tasas de
desestimación y retirada de denuncias, el enjuiciamiento y la condena y
la cantidad de tiempo necesario para la resolución de las causas.
El sistema debería incluir, de acuerdo con la CEDAW, información
sobre las condenas impuestas a los autores y las reparaciones, en
particular las indemnizaciones, concedidas a las víctimas y
supervivientes y todos los datos deberían desglosarse según el tipo de
violencia, la relación entre la víctima o superviviente y el autor y en
relación con las formas interrelacionadas de discriminación contra la
mujer y otras características sociodemográficas pertinentes, como por
ejemplo la edad de la víctima o superviviente.
De Garay precisó que, contrario a este mandato, la nueva metodología
que presentó el Secretariado en 2018, que entre lo novedoso incluía un
reporte de violencia contra las mujeres, hace una clasificación limitada
de la violencia contra éstas ya que no incluye todas las modalidades ni
todos los ámbitos en los que ocurre la violencia, todos descritos en la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En ese entonces el gobierno federal justificó estas limitantes al
decir que la idea es poder perfeccionar con el tiempo ese sistema y
llevarlo hacia a lo que está obligado el gobierno mexicano. Este mismo
argumento dio a Cimacnoticias el Centro Nacional de Prevención del
Delito y Participación Ciudadana en una entrevista pasada.
No obstante, de acuerdo con De Garay, el gobierno federal aún no
tiene un plan concreto para avanzar al respecto y el rezago no se está
atendiendo. “Cuando se le pregunta a los funcionarios sobre la hoja de
ruta para mejorar esta metodología no se obtienen respuestas”, advirtió.
México Evalúa criticó que el gobierno federal llame incidencia
delictiva a su registro, ya que no reporta delitos sino sólo carpetas de
investigación que no se sabe si derivará en un proceso penal. Además,
la forma en la que se desagregan los datos es muy limitada, por ejemplo,
para el rango de edad sólo hay dos variables: mayor o menor de edad, lo
que impide hace un análisis más amplio de los datos.
Lo mismo pasa con el caso de la categoría sexo, ya que la nueva metodología sólo reporta sexo a partir de 2015.
“Si quisiéramos ver cómo ha sido el problema de la violencia de género o al diferencia de hombres y mujeres por denuncias más allá de 2015 no podemos saberlo y el Secretariado no tiene un plan público al menos con el que se pueda ver que están trabajando para solucionarlo”David Ramírez de Garay
De acuerdo con la organización México Evalúa, tampoco se puede saber
dónde ocurren los delitos, ya que los datos que ofrece el Secretariado
están desagregados hasta nivel municipal, pero para diseñar políticas
públicas de calidad se requiere tener una diferenciación a nivel de
calle porque dentro de los mismos municipios hay zonas donde la
violencia es más focalizada que en otras.
A esto se suma que el criterio que utilizó el Secretariado Ejecutivo
para las definiciones de las violencias contras las mujeres, explicó el
experto en seguridad, es el “objeto jurídico” (el bien o el derecho
protegido por la ley), no así los ámbitos y modalidades establecidos en
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
lo que limita el análisis de esta problemática.
Con respecto a si 90 por ciento de llamadas al 911 son falsas, como
advirtió el Presidente de México en una conferencia del 15 de mayo, De
Garay señaló que la declaración de López Obrador es errónea porque
extrapoló el porcentaje del total de llamadas que se reciben a las
llamadas que corresponden a violencia contra las mujeres. Es decir, lo
que el Presidente debió hacer para dar una cifra real es tomar el total
de llamadas por violencia de género y de ahí sacar el porcentaje, pero
no lo hizo así sino que generalizó.
Con base en información que ha obtenido México Evalúa de las y los
operadores del 911, ha podido documentar que, por ser una herramienta
reciente, aún tiene muchos problemas en cuanto a la profesionalización
de los operadores, además de que están en condiciones de trabajo
desfavorables con turnos muy largos, no tienen los mejores salarios y no
tienen la suficiente capacitación como para poder categorizar las
llamadas como se debe.
El experto detalló que no es cierto que el sistema de información ya
esté funcionando al cien y no haya espacio para errores de diversa
índole, ya que aún enfrenta retos en materia desde financiera, hasta
capacitación y laborales. Además, no existe los suficientes protocolos
de control para verificar la calidad de la información que se están
recibiendo en las llamadas, pero no se ha visto que esta administración
haya presentado un plan ejecutivo para mejorar el 911 en estos cinco
años.
“La metodología que actualmente se utiliza para medir la mal llamada incidencia es insuficiente para prácticamente todos los delitos, porque es sólo las denuncias y hay que tomar tanto cifra negra y todos los obstáculos que se enfrentan para presentar la denuncia. Estos datos no están reflejando lo que realmente está pasando en el fenómeno criminal o delictivo”David Ramírez de Garay.
La cifra negra es importante. De acuerdo con una investigación
reciente de México Evalúa, sólo entre julio y diciembre de 2019, 99.7
por ciento de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres
mayores de 18 años no fueron denunciados, con base en datos de la
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), que en su edición
de diciembre de 2019 por primera vez estima el número de mujeres que
fueron víctimas de violencia sexual.
Frente a ello, “esperar que este mecanismo muy limitado ofrezca el
pulso real de la problemática de violencia de género es una ilusión, hay
que buscar otros caminos. Si el gobierno tuviera la intención de captar
la violencia estaría trabajar el sistema limitado que tiene y empezar a
meterle expertos técnicos para tener otras fuentes de medición”, dijo
De Garay.
20/AJSE/LGL
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