RÍO DE JANEIRO – Brasil empieza a probar la efectividad de su ley de igualdad salarial entre géneros, aprobada en julio de 2023, un nuevo intento de reducir la inferioridad femenina en el mundo del trabajo.
Este viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es el plazo para que empresas de más de 100 empleados publiquen sus primeros informes semestrales de transparencia salarial, con datos comparativos de las remuneraciones y de la distribución de funciones jerárquicas entre hombres y mujeres, y entre distintas etnias, nacionalidades y edades.
Justamente, para romper la inercia de la desigualdad de género, la agencia de las Naciones Unidas que impulsa los derechos de las mujeres, ONU Mujeres, decidió que la celebración este año del Día Internacional de la Mujer tenga como lema: «Financiar los derechos de las mujeres: acelerar la igualdad», que la comunidad mundial se comprometió a lograr para 2030.
“Si una es mujer negra aumentan sus posibilidades de sufrir más desigualdad. Las restricciones se acumulan para quien es negra y pobre de la periferia urbana, tiene más de 40 años y no estudió o tuvo una educación precaria”: Marilane Teixeira
“Es una medida de papel, no de la vida práctica” esa disposición salarial, sentenció Hildete Pereira de Melo, economista que hace más de 40 años estudia la desigualdad de género en Brasil y duda de la eficacia de la nueva legislación.
La igualdad salarial está establecida legalmente en Brasil desde 1943, cuando se aprobó la Consolidación de las Leyes del Trabajo, pero no se cumple, arguyó. Es un “llueve pero no moja”, incluso porque en la Justicia la trabajadora acepta cualquier acuerdo como “la parte débil”, acotó en entrevista a IPS en Rio de Janeiro.
Ahora se castiga la desigualdad salarial
Pero ahora es distinto, se impone una punición a las empresas que no publiquen su informe semestral, una multa de hasta 100 salarios mínimos, 141 200 reales este año (28 500 dólares), arguyó Marilane Teixeira, investigadora del Centro de Estudios Sindicales y de Economía del Trabajo (Cesit) de la Universidad de Campinas.
Con el informe de las empresas y los datos que obtiene por otros medios, el Ministerio del Trabajo y Empleo podrá publicar los primeros resultados, con un resultado de como las grandes empresas, que suman más de 50 000, tratan la cuestión salarial con distinción de género y raza.
Antes una empresa estaba sujeta a puniciones en caso de “desigualdades motivadas por segregación”, identificadas por la inspección de autoridades, ahora hay la nueva exigencia del informe público, subrayó Teixeira a IPS desde Brasilia.
Esa exposición de las empresas provocó molestias generalizadas y argumentos de que se revelarán datos indebidos, pero el informe no comprende “ningún dato sigiloso, solo promedios y porcentajes de mujeres empleadas y sus cargos” en la jerarquía empresarial, explicó.
Reacciones de empresarios y repercusiones en los medios de comunicación reflejan “el impacto de la medida” y los cambios que tiende a promover, sostuvo la economista que contribuyó con el gobierno para la elaboración de la nueva legislación.
“Es un avance y esperamos que pegue”, es decir tenga vigencia efectiva al contrario de muchas leyes que quedan solo en el papel, corroboró Isabel Freitas, asistente social y asesora técnica del Centro Feminista de Estudios y Asesoría (Cfemea).
Avances legislativos
Su evaluación positiva se basa en las “dos novedades”, la exigencia del informe semestral que constituye una “herramienta de transparencia pública” e induce la equidad, y la multa impuesta a las empresas que no cumplan, de 3 % sobre el total de los sueldos pagados por la empresa.
Todo eso es limitado. Se restringe a empresas de más de cien empleados, es decir no alcanza las pequeñas y micro empresas que ofrecen 70 % de los empleos formales ni los informales que alcanzan cerca de 40 % del total de trabajadores. Y la multa no puede exceder los 100 salarios mínimos.
No beneficia, por ejemplo, a las empleadas domésticas que en Brasil suman seis millones de trabajadoras, con gran mayoría de mujeres negras, las más discriminadas, lamentó Freitas.
Pero esa ley es “un paso más” que puede impulsar la lucha contra “el cesto de desigualdades” que afecta la sociedad brasileña, especialmente las mujeres, matizó a IPS, por teléfono desde Brasilia.
“Si una es mujer negra aumentan sus posibilidades de sufrir más desigualdad. Las restricciones se acumulan para quien es negra y pobre de la periferia urbana, tiene más de 40 años y no estudió o tuvo una educación precaria”, destacó.
La desigualdad en desmedro de las mujeres no es solo salarial. Ellas se concentran en actividades de menor remuneración, como el trabajo doméstico, en la educación básica y en funciones menos valorizadas de la salud.
La escasa representación femenina en todas las instancias de poder es un fuerte obstáculo. Las mujeres son solo 91 en una Cámara de 513 diputados y 15 senadoras en un total de 81. Es decir ellas corresponden a solo 17,8 % del Congreso Nacional, en esa legislatura (2023-2026) dominada por legisladores conservadores.
En el origen, como una de las principales causas de todas esas desigualdades, está la división sexual del trabajo, que asigna a las mujeres prácticamente todo el trabajo de reproducción social, las actividades del cuidado, coinciden las tres entrevistadas.
Escollos culturales
A eso se suma toda una herencia cultural que determina criterios de evaluación que favorecen el trabajador masculino, señaló Teixeira.
Las empresas en general cuentan para el ascenso profesional actividades “que excluyen las mujeres, como cursos en los fines de semana, viajes y cenas con clientes”, inviables para quienes tienen que cuidar la casa, los hijos y los enfermos de la familia, ejemplificó.
“En Brasil el 42 % de las mujeres son dueñas de casa y la otra mitad que está en el mercado de trabajo es también dueña de casa”, resumió Pereira de Melo.
La solución básica para la maraña de factores de desigualdad en desmedro de las mujeres son escuelas de enseñanza básica y guarderías en tiempo integral, es decir 10 horas diarias, y universal, es decir para todos los niños para neutralizar las desventajas femeninas en el ámbito laboral, propone.
Lo ideal sería escuela integral también para los adolescentes de la secundaria, pero debe estar disponible por lo menos en la primera etapa, hasta que el alumno tenga 14 o 15 años y se reduzca la necesidad absoluta de cuidados maternos, matizó.
Además sería necesaria una transformación cultural amplia de la sociedad, especialmente en relación al papel femenino, pero cultura es algo que cambia muy lentamente, reconoció.
Iniciativas en varios frentes están en marcha en Brasil para impulsar esos cambios.
El Consejo Nacional de Justicia, por ejemplo, inició el 5 de marzo la campaña “La Justicia por todas ellas”, para destacar los derechos femeninos en general, comprendiendo niñas, adolescentes, embarazadas y discapacitadas, y promover la mirada de género en todos los tribunales del país.
La violencia contra las mujeres, reflejada en el aumento de las violaciones, agresiones domésticas y feminicidios, es una prioridad de la campaña y del sistema judicial, actualmente.
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Para noviembre de 2025 prepara su Marcha contra el racismo, la violencia y por el bien vivir, de una movilización nacional que culminará en Brasilia, en repetición de la primera marcha ocurrida en 2015, con cerca de 100 000 participantes, para reclamar derechos de 49 millones de mujeres, es decir un cuarto de la población brasileña de 203 millones.
Se trata de una lucha mundial. “La economía global se basa en la explotación sistemática de las mujeres”, concluye un estudio de la Oxfam, una confederación de 21 organizaciones sociales del mundo.
Según sus datos, las mujeres ganan solo 51 % de la remuneración masculina, al concentrarse en trabajos precarios y mal remunerados.
ED: EG
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