Se tiene registro de 4 defensores de bosques originarios de Mayangna que han sido condenados a cadena perpetua; así como la lideresa indígena Nancy Henriquez y su par, Brooklyn Rivera quienes han sido víctimas de desaparición forzada y hasta la fecha, se desconoce su paradero.
Personas no indígenas han llegado al territorio para desplazar a la población originaria de Nicaragua; a través del cual se está ejerciendo saqueo de recursos naturales, violación a los derechos humanos, despojo forzado y también, masacre en contra de la población que se rehúsa a abandonar su territorio.
De este proceso colonizador, las mujeres y las niñas están siendo víctima de abuso sexual y secuestro. Son utilizadas por parte de los colonos extranjeros para amenazar y forzar a las familias a abandonar sus territorios.
Según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), de 2018 a 2023 se documentaron 35 casos de abuso sexual y sólo este 2024, se registraron 58 casos de violencia sexual contra niñas y mujeres indígenas en 15 comunidades nicaragüenses.
En Nicaragua los pueblos indígenas de Mayangna y Miskitu de la Costa del Pacífico atraviesan una recrudecida violencia interétnica, política y ambiental de sus territorios originarios; la amenaza de un etnogenocidio se mantiene latente y está siendo avalada por el mismo Estado que se articula con la industria ganadera extranjera que masacra, despoja y abusa de mujeres indígenas.
En esa última sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) organizaciones nicaragüenses denunciaron que, desde 2018, los territorios de Mayangna y Miskitu están siendo colonizados y en los últimos años, la violencia ha escalado tanto que las dos comunidades están al borde de un etnocidio.
De acuerdo con datos de La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Nicaragua es la mayor de las repúblicas centroamericanas, situada entre el Mar Caribe al este y el Océano Pacífico al oeste. Comparte frontera al norte con Honduras y al sur con Costa Rica. Tiene una población de 6 millones 733 mil 763 habitantes (2022).
¿Qué está pasando en Nicaragua y quiénes son responsables?
El Estado se encuentra promoviendo la venta y arriendo ilegal de territorios indígenas, esto produce el extractivismo de las tierras y la ganadería extensiva. Como resultado, personas extranjeras, mayoritariamente de origen chino, canadiense y colombiano han comenzado a poblar las comunidades de forma violenta.
Según denuncia CEJIL, los colonos están armados; amenazan, agreden y asesinan a las personas oriundas de la comunidad. Este 2024, la violencia aumentó, alcanzando los 643 ataques contra poblaciones indígenas sólo en los primeros seis meses de lo que va del año.
«Se instalan en los territorios Miskitu y Mayagna sin realizar consultas. Las concesiones son otorgadas por el Estado con el apoyo de gobiernos regionales, municipales y autoridades impuestas en los Gobiernos Territoriales Indígenas, quienes coaccionan a la población indígena para simular consentimientos”, denunció Rendel Hebertt López, indígena mayagna Ulwa.
Ante la CIDH, se denunció el actuar «desvergonzado» de países en la región que se consideran «campeones en los derechos humanos«, pero continúan colaborando con Estados para violentar, extraer y explotar recursos para sus industrias, como por ejemplo, Canadá que tiene conocimiento del abuso y las masacres que se están cometiendo en Nicaragua, denunció el nicaragüense Arif Bulkan, relator de la CIDH.
La contracara de esta violencia sistémica recae en la responsabilidad del Gobierno, que ha referido en sus informes nacionales e internacionales que existe un «buen clima de inversiones» para asegurarse ante las industrias mineras y ganaderas extranjeras a costillas de los derechos humanos de las comunidades campesinas, agricultoras e indígenas.
Una herramienta que se está utilizando para consolidar el desplazamiento y extinción de estas personas defensoras de sus territorios es el amedrentamiento por parte de las fuerzas armadas, pues según denunció la abogada del CEJI, Camila Ormar, las personas que luchan contra la usurpación de sus tierras son criminalizadas y perseguidas por el Estado.
Este caso de violenta colonización también está siendo solapado por las autoridades judiciales, pues existe una altísima corrupción y discriminación en contra de la población indígena, a quienes no se les da prioridad cuando anteponen denuncias. Por el contrario, las autoridades se encuentran a disposición de aquellas personas con carnet extranjero, denunció la abogada de Raza e Igualdad, Tsáitami Ordóñez.
Como resultado, las personas indígenas son criminalizadas o reciben represalias luego de acercarse a las autoridades para denunciar, lo que les impide acceder a la justicia y obtener protección.
La demanda que se puso ante la CIDH, pide que los mecanismos de cooperación internacional intercedan por Nicaragua reforzando sus políticas de condicionamiento y el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, forzando a países colonos a pedir el consentimiento previo y libre a las comunidades indígenas, antes de ingresar a los territorios.
La producción, por encima de los derechos culturales
Este sector extranjero proveniente del territorio del Pacífico arribó a las costas del Caribe, alegando que en las otras comunidades de donde han salido huyendo, la tierra es demasiado árida a diferencia de las costas, donde se tienen ricas boscosas y tierra fértil que permite a la industria de la carne prosperar.
Es importante señalar que esta industria es la tercera más importante de la exportación nicaragüense, sólo detrás de la ropa y el oro. Esto ha originado un conflicto por las tierras, que va más allá de la explotación del recurso, sino que también, posee tintes raciales, culturales, económicos y de misoginia.
Los colonos apuestan por el monocultivo y la producción por la derrama económica, valores que resultan incompatibles con la visión indígena de Mayangna y Miskitus, donde la sustentabilidad compartida es la clave para la prosperidad.
En estos territorios se maneja la tenencia colectiva y la relación armónica con la Madre Tierra, mientras que los colonos buscan hacer uso de toda violencia para usufructuar y explotar las tierras bajo la permisión del Estado de Nicaragua que intenta acrecentar su Producto Interno Bruto, quedando así, un panorama donde los saberes indígenas y la cosmogonía están siendo pisoteadas por la insaciable producción capitalista.
«La paz es la convivencia armoniosa entre las familias, entre las comunidades y con la naturaleza. Hoy en día no vivimos en armonía por la misma intranquilidad que hay por la presencia de muchas personas de otras culturas en nuestra comunidad. En la Costa Caribe no hay paz, no hay armonía, no hay satisfacción ni hay felicidad en el entorno comunitario. El desafío es la reconstrucción de esa paz que hemos perdido.» (Larry Salomón, indígena Mayangna y editor de Debates Indígenas)
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