LA JORNADA
Una década de la noche de Iguala y aún faltan los 43
Hace 10 años la vida de 43 familias quedó destrozada tras la desaparición de igual número de estudiantes. Apenas meses antes los habían enviado a la Normal Rural de Ayotzinapa para alcanzar un futuro mejor que el suyo. Desde entonces, lejos de cumplir ese anhelo, su existencia se convirtió en un peregrinaje que incluye una pregunta: "¿dónde están?"
En estos años de búsqueda y de lucha, los impactos son innegables: varios padres están muy enfermos, cinco han muerto; su unión familiar ya no existe, y la tristeza se ha tatuado en sus rostros. Como si todo hubiera ocurrido ayer.
En medio de su tragedia, dicen, los gobiernos les han tratado de imponer "supuestas verdades" sobre lo sucedido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando sus hijos fueron atacados por policías municipales, estatales y federales e integrantes del cártel Guerreros Unidos. Todo ello, mientras trataban de tomar algunos autobuses para trasladarse a la Ciudad de México, donde participarían en la marcha del 2 de octubre.
Aseveran que las autoridades han intentado dividir a las familias para desarticular su movimiento, logrando que apenas unos cuantos se separen. Su vocero es Felipe de la Cruz, padre de un estudiante sobreviviente y quien hace tres años compitió por una diputación con Morena.
Por eso, como lo hicieron frente a los presidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, las familias porfían ahora ante Claudia Sheinbaum: que se comprometa "a decirnos la verdad. Como padres ya no queremos seguir recibiendo tanta mentira. Lo que pedimos es saber el paradero de nuestros hijos".
Familiares de algunos de esos muchachos expresan, en entrevistas con La Jornada, su frustración y dolor porque las investigaciones no han conducido a los resultados que ellos reclaman y su lucha se ha complicado por las secuelas de estar 10 años en búsqueda.
CONTRAPORTADA
Con AMLO, México se convirtió en principal socio comercial de EU
Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por primera vez en la historia, México se convirtió y se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos, la mayor potencia económica del mundo. Sin embargo, dicen especialistas, en el futuro cercano aún quedan retos importantes, por ejemplo, definir la relación con otro gigante mundial, China, y la revisión del T-MEC, instrumento que potenció la relación.
En el primer trimestre de 2019, luego de más de 25 años de relación bilateral (Primero con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y luego con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá) México ocupó por primera vez el puesto de principal socio comercial de EU –medido por la suma del valor de exportaciones e importaciones–, lugar que durante todo ese tiempo se disputaron China y Canadá.
En el acumulado de ese año, luego de tres de dominio chino, revelan datos de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de Estados Unidos, México cerró como el mayor socio comercial; sin embargo, la disputa con Canadá fue hasta el final, pues durante seis meses de 2019 el país de la hoja de maple ocupó el puesto.
La escalada de México, más que de un nuevo modelo comercial, fue producto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, desencadenada por el entonces presidente estadunidense Donald Trump, quien mediante fuertes aranceles provocó una importante contracción en el tráfico de mercancías entre ambas economías, dando como resultado que en 2019 el gigante asiático retrocediera hasta la tercera posición.
Sin embargo, el efecto fue momentáneo y para 2020, en medio de la pandemia de covid-19, China recuperó el puesto número uno. Conforme la guerra comercial entre ambos países fue escalando, el gran beneficiado fue Canadá, que durante 2021 y 2022 fue el país con el que mayor relación comercial tuvo Estados Unidos.
EL UNIVERSAL
Encinas denuncia espionaje, acoso y amenazas al indagar caso de los 43
Hoy se cumplen diez años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Desde el primer momento he mantenido una estrecha relación con el caso.
En el Senado de la República me correspondió hacer la denuncia de los hechos en la primera sesión tras los acontecimientos, establecer desde entonces la relación con las madres y padres de los estudiantes desaparecidos y hacer el seguimiento del caso como Presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y como integrante del Grupo de Trabajo del Senado en octubre de 2014, con el mandato de reunirnos de inmediato con los titulares de Sedena, Gobernación, el Cisen y la PGR. Desde entonces conocí la narrativa oficial que conduciría a la “verdad histórica”.
En esos espacios señalé que los deleznables acontecimientos suscitados en Iguala evidenciaron el naufragio gubernamental, la profunda crisis de derechos humanos por la que atravesaba el país y la descomposición de un Estado, incapaz de dar cuenta de cuál fue el móvil para desaparecer a los 43 jóvenes, toda vez que era falso que se habían movilizado a Iguala con el propósito de reventar el informe de la presidenta del DIF, ni de determinar quiénes integraron la red de complicidades que permitió el desarrollo y la operación de estos grupos delictivos en la región, y qué autoridades federales o locales incurrieron en acciones u omisiones que permitieron estos hechos.
El 22 de enero de 2015, renuncié al PRD. Lo hice por convicción y en congruencia con mis ideas. No podía mantenerme en las filas de un partido que a cuatro meses de la tragedia, sus dirigentes guardaron silencio y apostaron al desgaste y al olvido; que no exigieron la renuncia y el deslinde de responsabilidades de los ediles emanados de sus filas a quienes la PGR acusó de estar involucrados con el crimen organizado en Guerrero; que no informaron de las relaciones y mecanismos a partir de los cuales estos ediles accedieron a sus candidaturas y por qué no actuaron con firmeza ante las denuncias sobre el presunto asesinato de al menos, cuatro militantes perredistas atribuidos al expresidente municipal de Iguala.
MILENIO
Ayotzinapa: montajes, verdades fallidas, mes culpa y cero justicia
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj) difundió ayer su tercer informe sobre la investigación en la desaparición de los 43 normalistas, en el que acusó que la liberación de 65 presuntos responsables entorpeció el avance en el esclarecimiento del crimen.
El paradero de los jóvenes es un misterio desde 2014, cuando Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, decretó la primera línea de investigación basada en entrevistas con criminales que apuntaban al basurero de Cocula. La verdad histórica que luego el Equipo Argentino de Antropología Forense descartó.
El informe, difundido por la Secretaría de Gobernación, señala que la sentencia emitida por un Tribunal Colegiado en Tamaulipas a favor de los 65 sujetos es inconvencional, pues derivó en que las declaraciones y testimonios de personas clave quedaran sin efectos al argumentar que fueron obtenidos bajo tortura.
“La sentencia liberó a los implicados y obstaculizó las posibilidades de obtener justicia y verdad garantizando impunidad en uno de los crímenes más graves en la historia reciente de México”, se lee en el documento.
Menciona que el tribunal anuló las declaraciones de los acusados al considerarlas obtenidas bajo tortura, “pese a que solo algunos fueron confirmados como víctimas de ese delito; esto eliminó pruebas fundamentales”.
Dicha interrupción en la investigación fue vista como una extralimitación del tribunal, pues se incluyeron aspectos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial que no formaban parte del proceso, lo que permitió al juez liberar a los 65 procesados sin responsabilidad penal.
La Segob sostuvo que al ser una sentencia “definitiva e inatacable”, las personas liberadas “no podrán ser juzgadas nuevamente con las mismas pruebas, aun cuando existan indicios claros de su participación” en el caso.
EXCÉLSIOR
Reforzarán inteligencia anticrimen
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) contará con una subsecretaría de Inteligencia e Investigación que se encargará de combatir los delitos federales y también del fuero común, adelantó Omar García Harfuch.
Esta nueva instancia, detalló el futuro mando federal, trabajará en “un nivel de coordinación máxima” con la Guardia Nacional y las secretarías de la Defensa, de Marina y los gobiernos estatales.
Al participar, la madrugada de ayer, en el debate legislativo que dio origen al traslado de la Guardia a las Fuerzas Armadas, el senador de Morena también anunció el fortalecimiento del Centro Nacional de Inteligencia.
A la gente no le importa si es un delito del fuero federal o del fuero común; lo que exigen es que se resuelvan los delitos y, para que eso suceda, también partimos de una premisa muy sencilla: no se pueden acabar los delitos si no se detiene a quienes los cometen”, señaló el legislador, quien a partir del martes encabezará la SSPC.
El objetivo, agregó, es reunir la información de inteligencia naval, militar y financiera para convertirlas en un producto operable, unificar la investigación para disminuir la incidencia y prevenir.
EL HERALDO
AMLO exculpa al Ejército de caso Ayotzinapa
Al leer la carta que le mandó a familiares de lo 43 normalistas , el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que aunque no se tienen pruebas directas de la participación del Ejército en la desaparición se busca debilitar a las Fuerzas Armadas y a la “institución presidencial”.
Recalcó que los actos ilegales cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas no pueden manchar el prestigio de una institución creada para la defensa nacional.
Fuerzas Armadas debilitadas no pueden defender a la nación, asegura AMLO
“Eso es muy importante. ¿A quiénes les conviene que tengamos un ejército debilitado, sin autoridad? No sólo Fuerzas Armadas debilitadas, instituciones nacionales debilitadas, la institución presidencial, pues a los poderes extranjeros, a las hegemonías, porque una autoridad nacional sin fortaleza es como una hoja seca, no puede defender los intereses de la nación”. Enfatizó.
REPORTE ÍNDIGO
A 10 años, nos siguen faltando 43!
Pasaron ya 10 años, dos sexenios y una alternancia y el crimen de Estado que marcó a una generación, la desaparición de los 43 normalistas de Ayontzinapa, continúa en la impunidad.
A los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, se suman funcionarios que tergiversaron los hechos, manipularon pruebas y fueron omisos a sus obligaciones.
El crimen fue de Estado y también la responsabilidad de no esclarecer los hechos y el paradero de los normalistas. Debido a esta situación y a 10 años de distancia, hay más dudas que respuestas.
Con el cambio de Gobierno en puerta, se pasará la estafeta de las investigaciones a Claudia Sheibaum y también la responsabilidad de un caso que hoy en día continúa siendo una herida abierta.
Mientras la administración actual abrió la puerta del diálogo y comenzó a limpiar todas las fallas de las investigaciones previas, el grito de justicia y la búsqueda de la verdad de los familiares de los estudiantes desaparecidos se hizo más fuerte.
Hoy, a 10 años de distancia, la exigencia es por la verdad, la justicia y el no olvido.
LA RAZÓN
AMLO sobre caso Iguala: se avanzó aunque " no como quisiéramos"
Envía carta a padres; nunca dejaron de buscar a los 43, dice; El Gil aceptó ayudar a cambio de amnistía y frenar extradición de un miembro del CJNG, afirma; procesan a 151 personas y se indagó en 858 sitios; Ejecutivo señala que no hay pruebas de participación del Ejército; critica intromisión del GIEI
Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo Federal denunció que hubo varios obstáculos para lograr esclarecer los hechos ocurridos en Iguala donde desaparecieron los 43 normalistas, presuntamente a manos del grupo criminal Guerreros Unidos.
"Desde el principio de estos lamentables hechos se cometieron, consciente o inconscientemente, una serie de errores y omisiones que han complicado el esclarecimiento de lo sucedido en Iguala y conocer el paradero de los jóvenes", de lo que responsabilizó al gobierno de Enrique Peña Nieto.
Garantizó que Claudia Sheinbaum dará continuidad a la investigación de la desaparición de los estudiantes.
"Estoy muy contento, acabamos de tratar el tema de Ayotzinapa. Si no nos da tiempo a nosotros de avanzar, me voy con la tranquilidad de que la próxima Presidenta, el próximo gobierno va a darle continuidad y va a seguir actuando con rectitud y haciendo justicia, pero así en todo", aseguró.
REFORMA
Avizora Moody's nubarrones
Si bien México conservará por ahora su grado de inversión, la perspectiva de su calificación pende de diversos factores, entre ellos los riesgos por la reforma judicial, la inestabilidad regulatoria, una posible erosión en el rol de los organismos de contrapeso y el elevado déficit fiscal, indicó Moody's.
Además, la calificadora advirtió que las reformas constitucionales implican, de entrada, un golpe a la expectativa de expansión económica del País, ya que ahora se prevé que México crezca en torno a 1.5 por ciento en 2024, por debajo del 2 por ciento anual histórico.
"Todavía vemos a México en grado de inversión, con sus fortalezas y debilidades; sin embargo, la reforma judicial puede afectar diferentes partes de su perfil crediticio", expresó Renzo Merino, vicepresidente analista senior de Moody's.
EL ECONOMISTA
Producción de combustibles se queda lejos de las metas de Pemex
A horas de que termine el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se diluye la posibilidad de que el primer mandatario vea cumplida en tiempo la última meta que se trazó su gobierno en materia de producción de combustibles.
Este miércoles Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó que la refinería Olmeca de Paraíso, Tabasco, procesó en agosto 84,127 barriles diarios de crudo, lo que equivale apenas a 24.7% de su capacidad de proceso.
Esta cifra está lejana todavía de los 340,000 barriles diarios de transformación que, tanto el primer mandatario como Octavio Romero, director de Pemex, prometieron que se alcanzarían este mes.
Las cifras presentadas por Pemex este miércoles hacen suponer, de hecho, que la refinería continúa en pruebas, ya que, de los 84,127 barriles de aceite procesados, la refinería apenas obtuvo 39,014 barriles de productos refinados, que es apenas 15% de lo que se supone produciría ya este mes de septiembre. Se trató de 28,369 barriles de diésel y apenas 1,144 barriles de gasolina, además de 9,506 barriles de coque, que es el último residual.
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