Céspedes Peregrina tiene una demostrada valoración positiva de Ardelio Vargas Fosado, quien fungió
como jefe del estado Mayor de la entonces Policía Federal Preventiva en
2006, cuando se perpetró la represión en los operativos de desalojo en
contra de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y en San
Salvador Atenco, en el Estado de México (contra el Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra: agregado de Astillero). También fue secretario de
Seguridad Pública en los primeros meses de la gestión de Rafael Moreno
Valle Rosas como gobernador de Puebla y luego titular del Instituto
Nacional de Migración (INM) en el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto
(nota de Yadira Llaven en La Jornada de Oriente: https://goo.su/cboZ2).
Ello no obstó para que el 21 de junio de 2023 el gobernador Céspedes
lo nombrara subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de
Gobernación (lo que en otras entidades se denomina secretaría de
gobierno) del estado de Puebla. Quince días atrás, indígenas del
municipio de Pantepec intentaron hablar con Céspedes en la ciudad de
Puebla, durante un Martes Ciudadano
, para solicitar apoyo de
las autoridades estatales debido a que denuncian desplazamiento forzado,
despojo de sus tierras (100 hectáreas), represión y hostigamiento (que
dejen sus tierras y hasta en algunos casos han quemado casas, unas 140
viviendas dañadas) por parte de gente cercana a Ardelio Vargas Fosado,
el ex secretario de seguridad estatal. Incluso, temen por su vida
.
Pero el gobernador no los escuchó: vallas, patrullas y policías
impidieron a los denunciantes acercarse (nota de Alba Espejel: https://goo.su/QtgFDz).
No duró Ardelio Vargas ni un mes en el puesto. El 3 de julio
del año pasado renunció, luego de que el entonces presidente Andrés
Manuel López Obrador señaló en la mañanera que su gobierno había
informado a Céspedes de los antecedentes
del subsecretario
poblano de gobierno. Dijo el Presidente que “en los gobiernos de la 4T
no se desea ninguna relación con personas que hayan tenido vínculos con
Genaro García Luna, ‘porque en ese entonces, para decirlo claro y
rápido, breve, padecimos de un narcoestado que hizo mucho daño al país’” ( https://goo.su/0KLQJ).
Pero Céspedes elogió al dimitente: un poblano comprometido con su
entorno y con su tiempo, un hombre institucional que, si bien nunca ha
sido sentenciado por infracción o delito alguno, hoy, ante la
información vertida en distintos medios y que es de dominio público,
hace patente su convicción de abonar en la vida pública de Puebla
separándose del cargo
.
En realidad, el compromiso de Vargas con su entorno
es en
términos de un férreo cacicazgo. Incluso su hija, Guadalupe Vargas
Vargas, fue presidenta municipal del terruño, Xicotepec. Y, este año,
renunció al PRI y se incorporó a la 4T por la vía del Verde Ecologista,
en alianza con Morena y el PT como candidata (luego triunfante) a
diputada local (https://goo.su/I4MFI).
Tales son los puntos de referencia para el próximo titular de Migración federal, que no tiene ninguna experiencia en el ramo. Céspedes fue diputado local por el PRI, presidente municipal por MC, PAN, PRD y un partido local. En 2021 brincó a la 4T para ser diputado local y, a la muerte de Miguel Barbosa, fue vertiginosamente designado como sustituto (tema que ayer denunció con despecho político la viuda de Barbosa, ahora diputada federal por Morena). Hoy, Céspedes rinde su último Informe de gobierno. El 14 de diciembre tomará posesión del INM. ¡Hasta el próximo lunes!
X: @julioastillero, Facebook: Julio Astillero, juliohdz@jornada.com.mx
asesoríamilitar– al payasito de la televisión ucraniana, Volodimir Zelensky? De nada, por lo visto, toda vez que hasta el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, reconoce que
hemos proporcionado tanques, F-16, lanza cohetes Himars, misiles Patriots, Atacms (y mucho más), pero han tenido poco impacto y no hay un solo sistema de armas que marque la diferencia en el campo de batalla( La Jornada). A confesión de parte, relevo de pruebas.
Los contribuyentes estadunidenses deben estar felices al saber que una parte de sus impuestos terminan en el Palacio Mariyinski, donde supuestamente despacha Zelensky y mafia que lo acompaña, y no se utilizan en su país para sacar de la pobreza a uno de cada cinco niños, a una de cada 10 personas de la tercera edad ni a 12 de cada 100 que carecen de seguridad alimentaria, por citar sólo algunos indicadores. Qué decir de las necesidades internas en materia de salud, vivienda, educación, empleo y tantas más.
No, para eso no hay
dinero, porque una gruesa rebanada de esos
impuestos sirve para financiar la onerosa industria bélica
estadunidense, la guerra (no sólo en Ucrania) y los intereses
geopolíticos de la Casa Blanca, aunque en los hechos, como reconoce
Sullivan, no ha servido de nada, salvo para empujar a la humanidad a la
tercera guerra mundial.
Ucrania ya utilizó los misiles estadunidenses de largo alcance Atacms
(y los autorizados por Francia y Gran Bretaña) en contra de territorio
ruso, y ayer el Kremlin hizo lo propio contra instalaciones del
complejo industrial de defensa en territorio ucranio con un nuevo misil
hipersónico no nuclear de medio alcance
( Rusia Today).
El mandatario ruso subrayó que fueron exitosas
las pruebas con dicho misil (Oréshnik). En
el territorio de Ucrania, en la ciudad de Dnepropetrovsk, fue atacado
uno de los mayores complejos industriales (militares) conocidos desde la
época de la Unión Soviética. Actualmente no existen medios para
contrarrestar este tipo de armas. Atacan objetivos a una velocidad de
Mach 10. Los modernos sistemas de defensa aérea disponibles en el mundo y
el sistema de defensa antimisiles creado por los estadunidenses en
Europa no los interceptan. Esto es imposible
(ídem).
Moscú muestra músculo, y el poco impacto
de las armas
estadunidenses utilizadas en Ucrania se enfrentan a un poderío militar
muy superior que no se detendrá hasta que alguien con sentido común
inicie las negociaciones de paz. El propio Putin lo advierte: el
conflicto regional (previamente provocado por Occidente) ha adquirido
elementos de carácter global; (por lo mismo) Rusia se considera con el
derecho de atacar instalaciones militares de aquellos países que
utilicen sus armas contra ella
.
Algo más dijo Putin: creemos que Estados Unidos cometió un error
al destruir unilateralmente el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de
Alcance Intermedio en 2019 con un pretexto descabellado. Hoy, no sólo
fabrica este tipo de equipo, sino que ha resuelto la cuestión de
transferir sus sistemas de misiles a diferentes regiones del mundo,
Europa incluida. Rusia asumió voluntaria y unilateralmente la obligación
de no desplegar misiles de alcance intermedio y corto hasta que no
aparezcan armas estadunidenses de este tipo en cualquier región del
mundo. No fue Rusia, sino Estados Unidos, quien destruyó el sistema de
seguridad internacional, y al aferrase a su hegemonía empuja al mundo
entero a un conflicto global. La cuestión del mayor despliegue de
misiles de medio y corto alcance la decidiremos dependiendo de las
acciones estadunidenses y sus satélites
. En el filo de la navaja, pues.
Y en la escalada bélica que promueve Estados Unidos, los gobiernos europeos que a pie juntillas siguen las instrucciones de la Casa Blanca parecen dejar de lado que sus países serían los primeros y mayormente afectados en una confrontación bélica abierta, mientras el territorio estadunidense –al menos de entrada– se mantendría intocado.
Las rebanadas del pastel
Como llamado a misa, cada país asumirá según convenga a sus intereses, comenzando por Estados Unidos que de inmediato rechazó categóricamente
la decisión: por crímenes de guerra y contra la humanidad, la Corte
Penal Internacional emitió órdenes de captura de los genocidas Benjamin
Netanyahu y su ex ministro de Defensa Yoav Gallan (además de ser penalmente responsables de la hambruna en Gaza y la persecución de los palestinos
) y del líder de Hamas, Ibrahim Al-Masri. Peor, la masacre continúa.
Twitter: @cafevega, cfvmexico_sa@hotmail.com
relaciones de propiedad. Aunque repetidamente enfatizó, al aludir a economías precapitalistas (preCPL) la necesidad de hacer una distinción escrupulosa entre título legal de propiedad y las relaciones económicas reales, que las legales pueden expresar distorsionadamente, en su análisis del capitalismo (CPL) supuso (razonablemente para el CPL clásico) una coincidencia completa entre ellas. La dificultad real está en otra parte. El título legal en la sociedad burguesa unifica un conjunto de derechos de disposición sobre objetos monopolizados que en otras sociedades se diferencian agudamente y que pueden pertenecer a agentes sociales del todo diferentes. Marx se refería a lo que ocurre en el CPL, empezando por la facultad de mando social. La propiedad es siempre un tipo de poder. No es claro, sin embargo, cómo deban conceptualizarse cuando, en conexión con la diferenciación entre varios tipos de derechos de disposición, este poder social de mando está también (de manera articulada), dispersa entre diferentes sujetos sociales. Teorías del CPL contemporáneo ya enfrentan dificultades en este punto, dado que la separación de las funciones de administración y propiedad va acompañada de una tendencia a la disociación del derecho de uso y del de disfrute y en correspondencia una creciente distinción entre el poder efectivo de disposición sobre las condiciones del proceso de producción (PrPr) y el de apropiación del excedente. Hay muchas disputas al respecto. Esta situación es más compleja en los PSEO, donde es dudoso que la distinción pueda establecerse. Los autores se proponen llenar los vacíos que dejó Marx en esta materia al no haber formulado una conceptualización universal de las relaciones de propiedad y no lo ha hecho otro autor. Indican que comenzarán a buscar su materia en el concepto de burocracia (en los PSEO) que se ha caracterizado como el propietario, poseedor o usurpador de la propiedad nacionalizada. El director de una empresa nacionalizada, dadas las leyes, reglamentos y lo especificado en los indicadores del plan, tiene el poder de determinar la organización del PrPr al interior de la fábrica. Sus responsabilidades sólo son hacia los estratos superiores que deciden sobre su recompensa, promoción o remoción, y no hacia abajo, al personal de la fábrica que está organizado jerárquicamente como en occidente y sin organización sindical que no es tolerada. Las restricciones que enfrenta al respecto son más difusas: no debe provocar brotes de resistencia obrera, puesto que, de ocurrir una huelga, no sólo los participantes sino el administrador, pueden ser castigados. Sobre todo, debe mantener a los trabajadores en la fábrica, aunque su poder de retención es débil pues los trabajadores manuales pueden encontrar ocupaciones similares en otras fábricas.
Todo el poder del director depende de su posición en la jerarquía del aparato económico-administrativo. Puede haber algunos prerrequisitos para el puesto (membresía en el partido o estatus educacional), pero no hay ninguna base social que lo respalde fuera del aparato. Su poder no le da derecho a apropiarse parte del excedente. Recibe un salario y aunque recibe privilegios ocultos por su posición, la homogenización de la forma de ingreso con los trabajadores es engañosa. Su ingreso total es independiente de la ganancia de la empresa (como quiera que se calcule) y depende, sobre todo, de su posición jerárquica en el aparato burocrático. El director de una empresa grande con fuertes pérdidas tendrá un ingreso menor que el director de una pequeña con ganancias. El poder efectivo y la posición social de un burócrata de los PSEO se parece mucho más a la de un administrador en occidente que al de propietario capitalista. Su no titularidad al excedente producido y su inhabilidad para apropiarse una parte definida de éste, hacen imposible caracterizar al burócrata de los PSEO como propietario de los factores de producción que administra. Sus poderes reales que emanan de su función económica son derivativos, actúa como fideicomisario de alguien más ¿de quién? El burócrata de un PSEO también tiene una muy limitada opinión en la distribución del excedente, la mayor parte del cual será retirada por el Estado y su uso decidido por los altos mandos. Esto no quiere decir que el administrador socialista no tenga influencia en las decisiones centrales sobre su empresa, en particular sobre la porción del excedente a ella asignada. El Pr de planeación es en muchos aspectos un Pr de negociación multinivel en el cual el papel del aparato de la empresa es el de un socio júnior. Pero la habilidad del administrador socialista para influir en la distribución del excedente no guarda proporción con su desempeño económico, porque las relaciones de parentesco, por ejemplo, pueden pesar también. Mientras un CEO en occidente ve limitado sus poderes por la asamblea de accionistas que busca apropiarse del excedente, en los PSEO, los poderes del CEO son limitados por burócratas de más alto nivel motivados no por la ganancia, sino por factores más amplios. Estos burócratas son responsables de tareas que en el CPL se resuelven vía la interacción de mecanismos de mercado. Algunos ejemplos de estas tareas son asegurar la producción de cantidades específicas de artículos importantes; la obtención de divisas; mantener las importaciones productivas dentro de ciertos límites; hacer crecer la producción de acuerdo con las metas. Es el liderazgo del partido el que toma las decisiones sobre la distribución social del excedente. Mientras más alto se asciende en la jerarquía burocrática, mayor será la influencia de factores no económicos: militares, políticos, sociales y culturales. En lo económico es el árbitro final de las demandas conflictivas de asignación de recursos. Reintegra la economía en la totalidad social, remplaza la economía política con una política económica. Internaliza todas las externalidades; forja todos los factores económicos y extraeconómicos que influyen en el ingreso nacional en un todo autosustentado y dinámico. Esto lo hace sólo en teoría, porque no tienen el control sobre el ambiente económico externo del que dependen, y porque no pueden prever o determinar ciertos parámetros del ambiente interno: el consumo individual (CI) y la oferta de FT. Su poder sobre el CI es indirecto: mediante la fijación administrativa de precios, o creando escasez; su poder sobre la oferta de FT es indirecta (vía la determinación de salarios) e incompleta (restringiendo la movilidad de una parte de la reserva de FT). Las perturbaciones en el equilibrio económico respecto a las metas del plan hacen que las economías a nivel de empresa no lo sean necesariamente a nivel nacional.
autónomos(INAI, IFT, Cofece, CRE, CNH, Mejoredu y Coneval) y turnó la enmienda al Senado para su ratificación. La reforma también contempla crear una agencia antimonopolios adscrita a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la cual asumirá las labores hasta ahora encomendadas al Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica.
La extinción de estas figuras generará significativos ahorros al erario, pero el significado trascendental de la reforma no se encuentra en lo presupuestal, sino en la reorganización del Estado a fin de que éste se consolide como garante de la voluntad ciudadana, una perspectiva contrapuesta al espíritu tecnocrático y antipopular de quienes diseñaron y condujeron dichos organismos. Debe recordarse que todos ellos fueron creados a partir de directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) con el abierto propósito de arrebatar al país su rectoría sobre sectores estratégicos: las telecomunicaciones, los hidrocarburos, la energía eléctrica, la educación pública y la regulación de las megacorporaciones, entre otros.
Tales objetivos, que forman parte medular de la gobernanza neoliberal, se inscriben en una ideología extremista que ve al Estado, a la propiedad colectiva y al fenómeno comunitario como fuentes de todo mal y obstáculos al crecimiento económico. El mismo término gobernanza fue acuñado porque gobierno es una palabra maldita para el neoliberalismo, que reduce a las autoridades elegidas democráticamente a gestoras de los intereses privados.
Los gobernantes y funcionarios mexicanos imbuidos de esa ideología representaban la contradicción de ser políticos que ven la política –es decir, la discusión y resolución colectiva de los asuntos de interés común– como una actividad intrínsecamente ilegítima. Al desconfiar del Estado y ver en el individualismo empresarial un modelo de virtud, esos personajes delegaron funciones elementales de gobierno en organismos con dirigencias transexenales, cuyas cúpulas mostraron un desprecio lleno de clasismo hacia las mayorías y se dedicaron a trabajar en favor de los poderes fácticos a los que debían regular.
El trajín de los altos funcionarios entre organismos autónomos
,
iniciativa privada y partidos políticos –la práctica corrupta conocida
como puerta giratoria, legalizada por la Suprema Corte– reforzó la
lealtad dentro de una camarilla neoliberal que abjura del Estado, pero
no se abstiene de explotarlo para el enriquecimiento personal mediante
puestos pagados con una magnificencia ofensiva.
Ante el carácter indefendible de esos organismos, la derecha política, empresarial y mediática intenta engañar a la opinión pública con la versión de que desaparecerlos llevaría a un conflicto con Washington y Ottawa en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Esta falacia ya fue desmontada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien informó que dicho mecanismo de libre comercio no establece obligación alguna de establecer órganos autónomos, por la sencilla razón de que esas figuras no existen en el derecho ni en la tradición política anglosajona.
Por este mismo motivo, es absurdo decir que el fin del INAI, el IFT, la Cofece, la CRE, la CNH, el Coneval y Mejoredu supone la demolición de los pesos y contrapesos de un sistema democrático: Estados Unidos ni siquiera cuenta con una institución independiente del gobierno para organizar y calificar sus elecciones y nadie utiliza esa carencia para cuestionar su democracia.
Los contrapesos de un régimen democrático clásico son la división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial y, ante todo, la inalienable soberanía del pueblo para elegir a sus autoridades y representantes y para darse por medio de ellos las modalidades institucionales que prefiera.
María Rojo
Al siguiente día la Sedena difundió un comunicado para deslindarse del imputado; sin embargo, avaló su nombramiento de fiscal cuando la teniente Sandra Luz Valdovinos fue designada fiscal general. En lo que va de la administración de Evelyn Salgado Pineda la investigación de los delitos está en manos del Ejército. Los resultados han sido desastrosos, porque la mayoría de las carpetas de investigación no se judicializan y los delitos de alto impacto han aumentado en las ocho regiones del estado.
En la cabecera municipal de Tlapa, el colectivo Luciérnaga cuenta con un registro de 60 desaparecidos, tiene abiertas 40 carpetas de investigación y desde 2016 a la fecha no hay una orden de aprehensión, tampoco existe un acto de vinculación y mucho menos una condena. Son las madres, hermanas e hijas las que impulsan las jornadas de búsqueda, que, en medio de tantos peligros, han logrado la identificación de seis personas. La inacción oficial es el mayor obstáculo que enfrentan por los nulos avances en las investigaciones y la inoperancia de las comisiones de búsqueda.
¿Qué podría esperar la sociedad guerrerense de un fiscal encargado de investigar los delitos graves cuando lo acusan de ser parte de un grupo delictivo y lo procesan por el execrable homicidio del presidente municipal? ¿Qué ha pasado con las mesas de coordinación para la construcción de paz en Guerrero que no han frenado la violencia ni garantizado la seguridad de los ciudadanos?
Las fuerzas federales no han podido remontar el poder destructor de los grupos delincuenciales. En lugar de replegarlos y someterlos, se fortalecen y expanden. Sus incursiones armadas son recurrentes y desafiantes. La más reciente sucedió el 24 de octubre en Tecpan de Galeana, cuando irrumpió un comando denominado GNG. En un video, declararon la guerra al grupo rival de Los Granados y denunciaron los nexos que tienen con el comandante del 109 Batallón de Infantería del Ticuí y elementos de la Guardia Nacional. En la confrontación murieron 38 elementos del nuevo grupo y 21 personas fueron detenidas; 19 de nacionalidad guatemalteca y un salvadoreño. La persecución y las detenciones de los integrantes del GNG continúan; sin embargo, las redes de macrocriminalidad en las que se encuentran coludidos policías y militares no son de relevancia para la Fiscalía General de la República.
En el caso de los 43 normalitas desaparecidos de Ayotzinapa en 2014, existe un expediente que envió el departamento de justicia de Estados Unidos en el que da seguimiento a un proceso penal a miembros de Guerreros Unidos, por su involucramiento en el trasiego de drogas. Las autoridades estadunidenses intervinieron llamadas, principalmente de Pablo Vega, operador del grupo delictivo en el país vecino. El contenido de esas intervenciones da cuenta del modus operandi de Guerreros Unidos en Iguala. Se detallan sus ligas con autoridades municipales, estatales y destacados mandos militares del 27 y 41 Batallón de Infantería. El trueque de dinero fue a cambio de asegurar la ruta a EU para el trasiego de drogas. Esta línea de investigación, impulsada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, tampoco la atiende la fiscalía especial para el caso Ayotzinapa.
En Guerrero los pactos con el crimen organizado siguen intocados. Los grupos criminales se han enquistado en las ocho regiones y en los 85 municipios del estado. Las plazas más disputadas se libran en los centros turísticos y en las ciudades que se ubican en el corredor minero. La capital del estado es estratégica por su ubicación geográfica y por la concentración de los poderes públicos. El mapa delictivo es una hoja de ruta que nos dibuja las alianzas que los jefes de los grupos delincuenciales han establecido con líderes políticos a nivel estatal, regional y municipal. En este escenario copado por las organizaciones criminales, la estrategia de seguridad operada por el Ejército es fallida y poco confiable, porque las fuerzas federales y las corporaciones policiacas están en el bando contrario de las víctimas.
El sepelio de 11 campesinos asesinados de Chautipan, municipio de Chilpancingo, el 9 de noviembre, nos devela las tragedias que se han normalizado para las autoridades del estado. Fue desgarrador lo que sucedió con ellos. A todos los desmembraron y los dejaron en una camioneta. Dos de las víctimas fueron mujeres, y a los cuatro niños les sacaron los ojos. Fue la respuesta del grupo delincuencial al señalamiento que hizo el comandante de la 35 zona militar, Jorge Pedro Nieto. En conferencia de prensa había anunciado que participarían fuerzas especiales, tropas con helicópteros y efectivos de la Guardia Nacional para localizar a las 17 personas desaparecidas. Por la noche fueron abandonados los 11 cadáveres. Las autoridades no han dado con el paradero de los seis comerciantes que faltan.
Las 11 personas que salieron de su comunidad a vender trastos se toparon con los asesinos. Su ilusión de llevar algunos pesos a su familia se transformó en tragedia. Nunca imaginaron que el camino, por el que han transitado 17 años, estuviera vigilado y restringido por halcones y sicarios. De manera sorpresiva los interceptaron y desaparecieron. Sus familiares fueron en su búsqueda y tampoco se sabe de su paradero. Chautipan perdió a 17 hijos de los 500 que viven en la serranía, sumergidos en la pobreza y el abandono, en el abismo de la muerte.
* Director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan
En 2021 señalábamos que la militarización del país se patentizaba en la encomienda de las tareas de seguridad pública a las fuerzas armadas, en el incremento continuado y exponencial de sus presupuestos, en la asignación de misiones a los militares que secretarias civiles debieran llevar a cabo, en la renuencia encubridora del gobierno para investigar los crímenes de Estado perpetrados por elementos castrenses durante la llamada guerra sucia, en masacres, como las de 1968, en asesinatos de dirigentes como Primo Tapia o Rubén Jaramillo, o en crímenes de Estado como el de Acteal y El Bosque, en Chiapas, o su participación, por omisión o comisión, en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Es un hecho que el manto de impunidad sobre las fuerzas armadas sigue incólume, por quienes hicieron sus carreras políticas enarbolando proyectos de nación que incluían reformas profundas en esta materia.
En el último comunicado del EZLN, fechado en octubre, el subcomandante Moisés informaba sobre las agresiones y amenazas a las bases de apoyo zapatista y, en consecuencia, la suspensión de toda comunicación sobre los encuentros de resistencia y rebeldía, previstos para el siguiente año, contemplando incluso su cancelación, “debido a que no habría seguridad para los asistentes en ningún lugar de Chiapas. Esta es la realidad de ‘la continuidad con cambios’ de los malos gobiernos”.
El Congreso Nacional Indígena, en la voz del abogado Carlos
González, denunció que, desde 1996, año de su fundación, 128 integrantes
de esta organización han sido asesinados, y que el gobierno de la
presidenta Claudia Sheinbaum registró en octubre pasado más de 2 mil
homicidios y más de 500 desapariciones forzadas; sostiene: Lo que nos
siguen prometiendo es guerra. Esta guerra la han vivido nuestros
pueblos y comunidades durante siglos, pero se ha profundizado en los
últimos años y décadas con las cruentas políticas neoliberales que
tienen como uno de sus propósitos centrales el despojo de las tierras y
los territorios de las comunidades indígenas
.
Este 19 de noviembre, el Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata publica una declaración en la que hace una enérgica crítica al actual gobierno y a su narrativa diaria en la que se afirma que se está restableciendo la paz en el país, señalando que la situación en ese estado: “es totalmente contraria a ese discurso: balaceras y asesinatos de inocentes, decapitaciones de presidentes municipales, secuestros en grupo que incluyen a mujeres, niños y niñas, incineración de cuerpos, que según el titular de la Secretaria de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, es por ‘confrontación entre grupos locales’, […] también observamos y vivimos desplazamientos territoriales, cobros de piso, control de los recursos económicos de los municipios por grupos delincuenciales, el control de las cámaras de video-vigilancia en el municipio de Chilapa por Los Ardillos, el tráfico de estupefacientes por todas las carreteras del estado con la complacencia de los policías municipales, estatales y autoridades federales; acoso, hostigamiento, intimidaciones y robos al gremio periodístico de Guerrero, comidas y diálogos cordiales entre presidentes y presidentas municipales con generadores de violencia –como les llaman hoy en día en las mañaneras– […] también encarcelamientos de chivos expiatorios o investigaciones a modo para evitar la detención de los mandos de los grupos delincuenciales.”
El entorno de acompañamiento al EZLN-CIG está desarrollando una campaña en diversos espacios para dar a conocer esta guerra ignorada.
Sobran pruebas del desatino:
1) La explosión delincuencial es evidente en la percepción social y las estadísticas.
2) Falló la multitudinaria Conferencia Nacional de Seguridad Pública de Felipe Calderón que se sintetizó al estilo PRI, en simular que la nación, sociedad y gobierno, se volcaba en un plan confiable.
3) Fracasó por la inestabilidad de toda estrategia: Zedillo crea una policía federal, Fox una comisión, Calderón una secretaría, Peña Nieto vuelve a la comisión y AMLO reinventa la secretaría.
¿Resultado? Todo un fracaso nacional. Fueron muchos años, muchas ideas y planes, muchos presidentes. Algo mayúsculo se impone que no hemos sabido descifrar y menos confrontar.
La gravedad de la situación hizo que su atención fuera un punto central en la campaña presidencial y en el discurso de la toma de posesión de la presidenta Sheinbaum. El anuncio de un nuevo proyecto fue bien recibido sin obviar en algunos sectores porciones de escepticismo.
Posteriormente se agregaron la relocalización de la Guardia Nacional en Defensa, la reforma del artículo 21 constitucional y un expansivo proyecto dizque de inteligencia que da desmedidas facultades al simple policía. Podrá ganarse en eficiencia, pero con eso dimos un paso al abismo en materia de derechos humanos.
Todo apunta a la necesidad racional de aceptar que se terminaron las ideas. La nueva visión esperada se sintetizó en cuatro ya ejercitados métodos: atender a las causas, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, consolidación de la Guardia Nacional y coordinación con las entidades federativas.
Aceptando que es posible que en una sola frase se exprese gran riqueza, preocupa, además, la sorprendente omisión de la cooperación internacional. Se excluyó posiblemente como propósito o peor aún como descuido, siendo que el delito tiene un fuerte componente supranacional.
Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué significa todo eso y adónde nos conduce? Señores llamados expertos: si ya antes se ha practicado todo, lo único nuevo posible es que habría que reinventarlo todo.
Fue hasta 1985 con el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, que empezamos a percibir la dimensión del riesgo de volverse un asunto de Estado. Despertó gran preocupación en políticos, académicos, formadores de opinión y pueblo en general que es quien aporta el sufrimiento.
Agréguese la elección de Donald Trump como presidente por los siguientes cuatro años. Suma una carga de complejidad para México que obliga a hacer una redefinición de las relaciones bilaterales novedosa.
Para aquellos que tengan la tarea del rediseño integral de otra política nacional de seguridad debe tener en cuenta que la falla central es no haber mantenido el compás del mantenimiento del sistema con la evolución de la conflictividad social.
En tiempos que claramente ya han pasado, toda crisis de seguridad se resolvió con la participación de los ejércitos, recordemos huelgas estudiantiles en Morelia, Sonora, el IPN o el 68. Misma receta se aplicó también a servicios públicos como ferrocarriles, telegrafistas o médicos.
Ni esas agrias experiencias nos abrieron los ojos. No se crearon las instituciones necesarias y fuimos hacia lo que hoy padecemos: inseguridad, complicidad impunidad, ineficiencia de policías, fiscales y jueces.
No hubo mecanismos de actualización, lo que nos llevó a cometer error tras error desde allá por los años 30. Las supuestas soluciones descansaban en respuestas equivocadas e insuficientes: prácticas extrajudiciales de la fuerza pública, aumentar el uso de las tropas en la supuesta solución y ajustes menores en los cuerpos policiales.
Esta visión prontista dejó de lado la atención de otros factores indefectibles de la fórmula: la procuración de justicia, su administración y el régimen penitenciario. Al faltar uno de sus componentes todo sistema se colapsa, haciendo insuficiente el esfuerzo individual de las partes involucradas.
Estamos ante un riesgo de creer, aunque fuera honestamente, que nuestra solución es la adecuada y que no necesita de una visión que nos trasciende en su concepción y su desarrollo. Estamos equivocados.
Vivimos en un problema añejo que no pudimos resolver con soluciones tradicionalistas. Hoy sólo una definición mayor en la concepción y en el alcance puede empezar a ser eficiente. Los gobiernos de décadas atrás seguro se esforzaron en cumplir con sus responsabilidades, pero creyeron que bastaba con ubicarlas en los tiempos de su función. No vieron que el reto los excedía.
Acabadas las ideas, la exigencia de inventar el futuro parece ambiciosa y quizás hasta aventurada, pero esta visión es la que ha transformado al mundo. Por hoy, se acabaron las ideas.
Por otro lado, es cierto que no todo el mal
se debe a la
corrupción, también se debe reconocer que la falta de equipamiento y
herramientas eficientes, promociones, capacitación y, sobre todo
salarios, y prestaciones, afectan el desempeño de las instituciones; no
podemos pasar por alto que la situación salarial de los policías es por
lo menos alarmante.
De acuerdo con Data México, de la Secretaría de Economía, en el país se tiene un promedio de remuneración de 8 mil pesos mensuales; los estados donde mejor se paga a policías y agentes de tránsito son: Nuevo León (14 mil 119); Nayarit (11 mil 116) y Baja California Sur (10 mil 455). En el último lugar, Morelos (2 mil 331).
El tema incluso fue reconocido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su último paquete de reformas envió una propuesta para modificar el artículo 123, que se establecía que los policías municipales no podrán ganar menos de 16 mil 777 al mes.
A principios de octubre la reforma constitucional mencionada fue aprobada por unanimidad en el Senado. Con ello se concluyó el trámite necesario para proteger el salario de personal docente, salud y de seguridad pública; con ello también se prevé un aumento en las prestaciones laborales como: aguinaldo, prima vacacional, cuotas de la seguridad social o bonos que tienen como base el salario bruto de los policías.
A pesar de que este cambio, que incluso ya venía precedido por la propuesta de salario digno para policías, presentada por el SESNP, donde se planteó un salario de 13 mil 639 pesos; será provechoso para los servidores públicos dedicados a este rubro. México Evalúa plantea una enorme preocupación, ya que en la reforma no hay precisión de a quién corresponde la responsabilidad de financiar los aumentos en la nómina policial. Sin presupuesto, se corre el riesgo de que sólo quede en promesa vacía del gobierno.
Es gran acierto que se blinde el incremento. El problema, como siempre, radica en que no se especifica de qué presupuesto saldrá el pago. En fechas recientes se informó que aparentemente para el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, Sedena, Marina y SSPC tendrán un recorte de 36.7 por ciento, aunque el tema sigue a debate, ya que algunos apuntan a que es por el cambio de adscripción de la Guardia Nacional y por la reducción de gastos de infraestructura como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.
Aunque el punto de la reducción o no todavía no es claro, lo que sí podemos cuestionarnos es ¿de dónde saldrá el dinero para cumplir con la clara deuda y compromiso que se tiene con los cuerpos de seguridad?, porque si bien les exigimos tanto ¿por qué no les garantizamos los recursos necesarios para que puedan satisfacer las necesidades mínimas de sus familias?
Otro punto que debe analizarse es que de acuerdo con el análisis Las policías en México: radiografía de un retraso crónico (2018-2022) emitido por Causa en Común, se reconoce que ninguna ley regula los horarios de trabajo de los cuerpos de seguridad municipal, estatal y federal. Esta falta de regulación asume que la heterogeneidad del país y las disparidades en necesidades y recursos justifican, en un sentido amplio, una libertad autorregulatoria y, en su interpretación más perniciosa, un espacio para la discrecionalidad y el abuso.
Los cambios en las jornadas laborales han sido cada vez más evidentes y necesarios, no sólo en México, sino a lo largo del mundo, ¿por qué continuamos obligando a que un ser humano se encuentre 24 horas despierto y trabajando?, pero peor aún, ¿por qué consideramos que sujetos a esta explotación podrían ser funcionales y cumplir con la protección de la ciudadanía?
En México en al menos 34 por ciento de los policías todavía predomina la denominada jornada de 24x24, siendo la 12x12 la segunda más común con 18 por ciento; a lo anterior habría que sumar las horas de acuartelamiento en que los elementos pernoctan en las instalaciones de las corporaciones después de la jornada laboral; es decir se encuentran a disposición todo el tiempo, contando con muy pocos días al mes para compartir tiempo de calidad con sus familiares y seres queridos.
Aunque nos neguemos a reconocerlo muchos policías presentan cada día más síntomas del denominado burnout, como lo son: irritabilidad, insomnio, ansiedad, nerviosismo y fatiga crónica, lo que aumenta las cifras de ausencia, las muertes en accidentes y las adicciones.
El trabajo es complejo; ya no podemos seguir culpando sólo a la corrupción en las instituciones de seguridad, también debemos preguntarnos severamente ¿qué y por qué hemos dejado abandonados a los cuerpos policiales? Pero, sobre todo se requiere de un verdadero compromiso; el intento ha dejado de ser suficiente, se requieren acciones sinceras, concretas y efectivas en los diferentes niveles de gobierno
* Consultor en temas de seguridad, inteligencia, educación, religión, justicia y política
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