1/26/2009

Periodistas pal cafe.....


Astillero
Julio Hernández López

Fax: 5605-2099

■ De camorras y corderos
■ PRD: ¿nuevo cochinero?
■ Venganzas en Oaxaca y Chiapas


Jesús Ortega (JO) ha buscado más de cinco veces entrevistarse con Andrés Manuel López Obrador. La respuesta ha sido no. El presidente del comité nacional perredista, sin embargo, ha decidido dar muestras de recompostura con el movimiento lopezobradorista, que semanas atrás era desdeñado (voces del chuchismo hubo que se mostraban impacientes porque el tabasqueño “aún” no dejaba el sol azteca). En ese contexto engañoso de presunta reunificación acelerada se ha dado el regreso “activo” del orteguismo al seno del Frente Amplio Progresista, el reconocimiento de que esta agrupación debe tener oficinas proporcionadas por el PRD, la aceptación de que AMLO es el líder de un abanico tan amplio que no puede hacer campaña exclusivamente con los candidatos de color negro y amarillo y, ayer, las declaraciones de JO en el sentido de que no habrá más “problema” con López Obrador y que en el PRD terminaron “los pleitos y los conflictos camorristas”, de tal manera que en el futuro inmediato los ciudadanos verán un partido serio, maduro, propositivo y bien portado.

Las reconsideraciones de Ortega pueden provenir de la medición del daño electoral que pueden sufrir tanto el paquete chuchista de candidatos a puestos de elección popular, como el PRD en su conjunto, si persiste la confrontación entre la coalición PT-Convergencia-AMLO y el partido del sol azteca dominado por Nueva Izquierda. Más si se toma en cuenta que en lugares como Guerrero se produjo una especie de sublevación cuando la directiva local perredista, contra la línea dictada por el comité nacional, envió una solicitud por escrito a López Obrador para formar alianzas de facto que eviten el síndrome de Acapulco (cuando, divididos, PRD y PT-Convergencia abrieron el paso al triunfo del PRI).

Sin embargo, la bandera blanca esgrimida por Ortega podría ser dolosa si continúa el proceso de elección “democrática” de candidatos en demarcaciones donde el PRD tiene fuerza, pero ésta será casi inevitablemente dividida, y mediáticamente expuesta a nuevos desgastes como los sucedidos luego del “cochinero” entre Ortega y Alejandro Encinas. La hegemonía perredista del DF está en riesgo si, para sacar adelante a sus favoritos, son puestos en juego los recursos públicos y privados, oscuros o solamente turbios, de los delegados, el gobierno central capitalino y los promotores subterráneos de la división perredista (no solamente Los Pinos). Un nuevo episodio de suciedad electoral interna, debidamente difundida en medios masivos, daría aire y argumentos al panismo. Lo mismo sucedería en el estado de México, donde Peña Nieto está listo para aceitar las candidaturas “perredistas” aliadas. Y en Zacatecas el choque entre la corriente monrealista y el PRD amalista sería también causa de desunión. Ortega, ciertamente, busca negociar, lo que hasta ahora no ha podido hacer con AMLO. Pero también pudiera ser que la apariencia de cordero recon- ciliador sea una forma de fijar postura para que el probable cochinero de las programadas elecciones internas en el estado de México y el DF le sea adjudicado a los adversarios: ¡Al lobo, al lobo!, mientras el PRD se divide en zonas estratégicas y el PRI y Los Pinos se dan por bien servidos.

Astillas

El pasado 23 fue asesinado otro de los principales jefes de las “caravanas de la muerte” que actuaron en Oaxaca contra la movilización social organizada por la APPO. Aristeo López Martínez (homónimo de un directivo de la Policía Federal Preventiva asesinado en la delegación Coyoacán del Distrito Federal el 2 de mayo de 2008) fue acribillado en un vehículo deportivo amarillo, convertible y sin placas, que conducía en la capital del estado (el ahora difunto era coleccionista de automóviles y motocicletas de lujo). Este crimen se produjo a una semana de cumplirse el primer aniversario del todavía impune asesinato de Alejandro Barrita, quien fue jefe policiaco oaxaqueño también involucrado en represiones públicas y clandestinas. López Martínez era testigo protegido por la PGR (formalmente, miembro de la AFI) para aportar datos relacionados con la desaparición forzada de dos dirigentes del EPR, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Por cierto, al siguiente día del asesinato de López Martínez, decenas de soldados detuvieron a quienes escoltaban en un restaurante al presidente estatal del PRI, Jorge Franco, aspirante a gobernador y presunto jefe máximo de la represión extraoficial... En Chiapas se han desatado las venganzas políticas. Ayer fue encarcelado Mariano Herrán, quien fue poderoso fiscal antidrogas a nivel nacional en el último tramo del zedillismo y procurador general de justicia durante todo el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía. El llamado Fiscal de hierro había sido beneficiado por Salazar con una reforma constitucional transexenal que convirtió la procuraduría en una Fiscalía General de Justicia que mantendría a Herrán hasta 2009. Juan Sabines hizo que el Congreso local transformara la Fiscalía en Ministerio de Justicia y, para sacar a Herrán, negoció convertirlo en secretario de Economía, de donde fue despedido el año pasado. Ahora, el multimencionado Herrán es acusado de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y brotan las acusaciones en su contra por violaciones de leyes y de derechos humanos. Al ex gobernador Salazar, además, se le ha retirado la guardia policiaca que conforme a disposiciones legales vigentes le corresponde tener por seis años posteriores a la finalización de su mandato, y en torno a su madre, de 80 años, se han montado operaciones policiacas intimidatorias. Además, Salazar asegura que las 24 horas del día lo siguen y vigilan nueve motocicletas y diez patrullas con policías a bordo... Y, mientras Joel Ortega, ex secretario de Seguridad Pública capitalina, continúa asomándose a actos políticos como el de ayer en el Zócalo, donde recibió saludos afectuosos tanto en el templete como en la parte baja, ¡hasta mañana, con el PAN enredado en sus dedazos, como sucedió en Campeche, donde los inconformes con los designios de Papá Mouriño consiguieron que no hubiera “destape” este sábado anterior, sino consulta a la base el 15 de marzo!

Clase Política
Miguel Ángel Rivera
riverapaz@prodigy.net.mx
■ Gamboa Pascoe y el dedazo

A los 82 años, el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Joaquín Gamboa Pascoe, asume la presidencia del Congreso del Trabajo y se confirma como la imagen del alicaído movimiento obrero mexicano.

Con una considerable fortuna personal, con 31 años como representante sindical ante el Infonavit, dirigente de la Federación de Trabajadores del Distrito Federal México desde 1973 y con numerosos cargos políticos, el viejo líder es también el máximo representante del dedazo, que el PRI supuestamente pretende olvidar.

Líder del Senado de 1976 a 1982, por decisión presidencial, y de nuevo, en 1988, candidato a senador por el DF, perdió frente a Porfirio Muñoz Ledo. Antes, como candidato a diputado, fue el primer priísta derrotado. Le ganó Javier Blanco Sánchez, del PAN.

La cosecha

Llamado en sus mejores momentos el Fiscal de hierro por su trabajo contra el narcotráfico en la PGR, Mariano Herrán Salvatti es ahora reo de la justicia en Chiapas, acusado de los delitos de asociación delictuosa, peculado, ejercicio ilegal del servicio público y abuso de confianza en agravio del patrimonio del estado y de la sociedad, cometidos durante su desempeño como se- cretario de Economía. El procurador de Justicia de Chiapas, Raciel López Salazar, acompañado por el secretario de Gobierno, Noé Castañón León, y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Luis Solís Cortés, precisó que la aprehensión fue en cumplimiento de la orden girada por el juzgado tercero del ramo penal del distrito judicial de Tuxtla Gutiérrez…

Desde su renuncia al Ejecutivo se vaticinó que César Nava Vázquez, ex secretario particular del presidente Felipe Calderón, sería el próximo coordinador de la fracción del PAN, y ahora las suposiciones se refuerzan a partir de que Nava se registró como precandidato a diputado federal por un distrito del DF donde el PAN es mayoría desde hace mucho tiempo…

El coordinador de los senadores del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política, Manlio Fabio Beltrones, apremió de nuevo al Presidente Felipe Calderón a expedir el reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, pues la demora deja abierto un espacio de impunidad para la delincuencia organizada...

Ante el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, directivos del grupo ICA (Ingenieros Civiles Asociados) presentaron los pormenores del novedoso desarrollo inmobiliario al cual se destinará una inversión de 5 mil 800 millones de pesos, generará 4 mil 800 empleos directos y construirá de 16 a 25 mil viviendas…

En el PRI puede haber diferencia de opiniones, sin embargo no podemos olvidar la fraternidad, tolerancia y los fuertes lazos de afecto que nos unen, afirmó Martha Hilda González Calderón, al rendir protesta ante el presidente estatal del tricolor, Ricardo Aguilar Castillo, como nueva presidenta del PRI en el municipio de Toluca...

México SA
Carlos Fernández-Vega
cfvmexico_sa@hotmail.com

■ Lenta reacción de organizaciones populares al encarecimiento de productos y servicios
■ Continúa este año el tiroteo al maltrecho bolsillo de la mayoría de mexicanos

Más vale tarde que nunca, reza el conocido refrán, pero lo cierto es que extremadamente lenta ha sido la reacción, si así puede calificarse, de las organizaciones populares ante el apabullante encarecimiento de los productos y servicios que ha destrozado el de por sí maltrecho bolsillo de la mayoría de los mexicanos. El sexenio del “cambio” se despidió con abultados aumentos en los precios de leche popular, gasolina, diesel, tortilla, gas y tarifas eléctricas, cuando menos. El de la “continuidad” redobló esfuerzos y se estrenó con la llamada “crisis de la tortilla”, a la que siguió la de los alimentos, la de las tarifas eléctricas, la del gas, la de las gasolinas y el diesel, hasta llegar a la crisis de la crisis, por mucho que prometiera que de éstas “ni una más” en el país.

Ante ese panorama, surge, tardíamente, un intento de reacción de las organizaciones populares para contener la escalada de precios en bienes y servicios. El bolsillo de los mexicanos, de siempre horadado por la política económica del gerente en turno, ha sido terroríficamente apabullado en los dos últimos años. Tal ha sido el deterioro, que hasta la estadística oficial tímidamente reconoce los destrozos. Entonces, si hasta los indicadores gubernamentales (luego de la clásica cuan mañosa mezcla de promedios, ponderaciones, comparaciones, maquillajes y conexos) reconocen dicha situación, es que de plano la cosa está que arde.

De entrada, ese tímido reconocimiento oficial se observa en que de diciembre de 2005 a igual mes de 2008, los precios acumulados de los productos alimenticios que integran la canasta básica en México se incrementaron 29.53 por ciento, más que el nivel de precios de los productos alimenticios en general (24.86) y que el nivel general de precios (15.01), de acuerdo con el más reciente análisis que sobre el particular elaboró el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el cual nos obsequia el siguiente ingrato paseo, cuyos resultados fortalecen la tesis de la citada lenta reacción

El crecimiento de los precios de los alimentos afectó principalmente a los hogares de ingresos más bajos (hasta tres salarios mínimos, o 55 por ciento de la población ocupada). Así, entre diciembre de 2005 e igual mes de 2008, el avance de los precios de los productos alimenticios en los hogares del país ocurrió así: en los que perciben hasta un salario mínimo general, fue de 26.81 por ciento; de uno a tres salarios, 26.13 por ciento; de tres a seis, 24.79 por ciento, y más de seis, 23.18 por ciento.

De diciembre de 2005 a igual mes de 2008, el incremento acumulado de los precios (indicadores oficiales) en los renglones que integran el segmento de los alimentos evolucionó de la siguiente manera: aceites, grasas y combustibles, 65.15 por ciento; pan (en este renglón destacan los aumentos de Bimbo), tortillas y cereales, 33.27; leche, sus derivados, y huevos, 29.31 por ciento; pescados y mariscos, 16.16; frutas y hortalizas, 26.52; azucares, café y refrescos envasados, 13.13; carnes, 19.41, y otros alimentos, 20.04. En la relación gasto en alimentos-ingreso monetario de los hogares, se observó que los hogares con los ingresos más bajos tienen una reducida diversidad en el consumo, ya que destinan casi 70 por ciento de su ingreso monetario, en promedio, para la compra de alimentos. Por el contrario, los hogares con los ingresos más altos únicamente destinan 12.66 por ciento.

A partir de enero de 2006, los precios de los alimentos en México han tenido las siguientes variaciones: de enero a julio de 2006 se abarataron, su tasa anualizada de precios pasó de 5.01 a 0.54 por ciento, respectivamente; de julio a octubre de ese mismo año se encarecieron, y su tasa anualizada de precios pasó de 0.54 a 7.15 por ciento, en cada caso. De octubre de 2006 a febrero de 2008 mostraron una relativa estabilidad, y la tasa anualizada fluctuó entre 4.81 y 7.80 por ciento; de febrero a julio de 2008 nuevamente se encarecieron, su tasa anualizada pasó de 4.95 a 9.37 por ciento; de julio a septiembre de 2008 tuvo un breve lapso de abaratamiento, al pasar de 9.37 a 7.56 por ciento, y para septiembre a diciembre de 2008 este índice registró nuevos incrementos al pasar de 7.56 a 10.5 por ciento. “Durante este periodo objeto de estudio, el índice de precios de los alimentos nunca habían crecido a un nivel tan alto como el reportado en diciembre de 2008”, apunta el citado centro.

Entre diciembre de 2006 y diciembre de 2008, el incremento acumulado de los precios de los alimentos, por estrato de ingreso, evolucionó de la siguiente manera: en los hogares que perciben hasta un salario mínimo general, fue de 26.81 por ciento; de uno a tres salarios mínimos generales, 26.13; de tres a seis, 24.79, y más de seis, 23.18. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, al cierre de septiembre pasado la población ocupada que percibe hasta tres salarios mínimos generales ascendió a 24 millones, 108 mil 132 personas (55 por ciento de la población ocupada), distribuidos de la siguiente manera: 5.12 millones que perciben hasta un salario mínimo, 8.74 hasta dos y 10.25 millones hasta tres. Esta es la parte de la población ocupada en México, con los ingresos monetarios más bajos, que se ve más afectada por el incremento de precios en los artículos alimenticios.

En la relación incremento de precios-aumento salarial se observó que para el periodo de diciembre de 2005 a diciembre de 2008, el salario medio de cotización del IMSS aumentó 17.42 por ciento, mientras el nivel general de precios lo hizo en 15.01 por ciento. Como consecuencia, el poder de compra del salario aumentó 2.41 por ciento. En este mismo periodo, el salario mínimo general se incrementó 8.1 por ciento, en cambio el nivel general de precios se elevó 15.01 por ciento (el de alimentos en general 24.86 y el de la canasta básica 29.53). Como consecuencia, la pérdida del poder de compra de los hogares con los ingresos más bajos fue de 7.11 por ciento. Y el tiroteo se mantiene en 2009.

Lentitud, pues, a todas luces.

Las rebanadas del pastel

Ayuda de memoria. ¿Alguien recuerda quién es el autor de la siguiente frase de campaña?: “les vamos a pagar la mitad de sus recibos de luz y gas, con posibilidad de llegar a 100 por ciento en ambos casos” (Veracruz, 19 de junio, 2006). Cualquier duda, favor de consultar al inquilino de Los Pinos... De nueva cuenta Evo Morales surge victorioso: los bolivianos aprobaron hoy en referendo la nueva Constitución por él impulsada, con un apoyo cercano a 60 por ciento de votos, según sondeos a pie de urna difundidos por varios canales de televisión. Las encuestas de las televisiones PAT, Unitel y Red Uno reflejaron que entre 60 y 61 por ciento de los votantes respaldaron la nueva Carta Magna, mientras por el no se pronunciaron alrededor de 40 por ciento.

Ciudad Perdida
Miguel Ángel Velázquez
ciudadperdida_2000@yahoo.com.mx

■ Pierden fuerza los chuchos chicos
■ Círigo, en la sección de fumadores

Los acuerdos a que llegó el PRD el fin de la semana pasada, y que cambian la correlación de fuerzas al interior de ese partido, en el Distrito Federal, la plaza política más importante y emblemática para la izquierda, han dejado a los chuchos chicos, es decir al grupo que comanda René Arce, sin muchas posibilidades de repetir la fuerza, que ahora se podrá ver con claridad, era prestada, y fruto no de la cantidad de seguidores en favor de su tribu, sino de acuerdos que han costado muy caro a la organización política.

Los apoyos, los compinches del senador se fueron. Desde el gobierno central, y la dirigencia perredista en el DF que encabeza Alejandra Barrales, se cultivó la milpita ADN, los vivienderos, para ponerlo claro, que pretendían una cuota de curules que Arce no quería soltar, y el cochupo se rompió.

Pero además, los chuchos chicos y su estrategia de entreguismo acumularon, día con día, un desprestigio tal que podría llevarles a perder todas, o casi todas, las posiciones que ahora tienen tanto en la Asamblea Legislativa, como en las delegaciones políticas y, desde luego, en el ámbito camaral federal.

Desde hace un buen rato, Marcelo Ebrard empezó a cultivar su relación con ADN, pese a que las acciones de la dirigencia viviendera contradijeran el más sencillo de los sentidos del manejo de oposición que plantea, hasta ahora, una buena parte del PRD y, claro, el movimiento que lidera López Obrador.

Desde otro frente, Alejandra Barrales iba midiendo el efecto que podría causar el acuerdo entre los militantes del organismo en la capital, y haciendo los amarres necesarios para que los daños colaterales no fueran demasiado grandes.

El viernes por la mañana Arce y su grupo suponían que tenían las riendas del asunto en sus manos, y que, cuando menos, lograrían que el mapa político del DF no se modificara, es decir, que cada una de las posiciones que lograron para la elección de 2006 se repitieran, y algo más: que cuando menos cuatro lugares se dieran a los llamados externos para impedir que cualquier otra tribu creciera.

La prepotencia del personaje le impidió darse una vuelta por la cocina del partido, donde los acuerdos estaban listos, y por la noche se le vino encima una realidad que no estaba en la agenda. Ebrard y Barrales les dieron la vuelta, y se perdió posiblemente hasta la secretaría de Gobierno que se había negociado para Jesús Zambrano.

Total, ahora los chuchos chicos tendrán que ir a elecciones en todo el DF, es decir a una competencia que rehuyeron de todas formas porque, aunque no lo crean, están más débiles que nunca, tanto así que Iztapalapa, su bastión, desde donde han saltado el propio Arce y su hermano Círigo a posiciones dentro del quehacer legislativo, está a punto de perderse para su tribu.

Aunque el sábado por la noche, en una reunión entre los dirigentes de las corrientes perredistas y Marcelo Ebrard por los rumbos de la Condesa, se aseguró que nadie se movería del lugar que hasta ahora se ha ganado, habrá que estar pendiente de la gente de ADN que, como siempre, sigue a la venta.

De pasadita

Cuidado, en el asunto que en conjunto han tratado de revivir el PAN y el grupo de Víctor Hugo Círigo en la Asamblea Legislativa, hay intereses vergonzosos entre quienes desde la tragedia están sacando raja. La tarea de los azules ha sido hacer creer a los padres de algunas de las víctimas de la tragedia de la discoteca News Divine que pueden convertirse en candidatos a las diputaciones locales, y según nos dicen han mareado a cuando menos un par de ellos. Eso se queda para una próxima entrega.

Y ver para creer. Hace algunos días, en un restaurante de las calles de Londres, en la Zona Rosa, el mismo Círigo se hallaba departiendo alegremente con una dama en la sección... de fumadores.

John M. Ackerman
Vivita y coleando

Con la anulación de la elección para presidente municipal en Zimapán, Hidalgo, la sala regional con sede en Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le ha dado una gran lección de garantismo y defensa del estado de derecho a la propia sala superior del mismo tribunal.

Los magistrados de Toluca, encabezados por Santiago Nieto, se negaron a continuar con la línea de impunidad y pasividad trazada por María del Carmen Alanís y sus colegas, quienes cerraron mal el año pasado al avalar las elecciones internas del Partido de la Revolución Democrática y validar sobre sus rodillas las elecciones municipales de Acapulco.

Políticamente es de lamentar la anulación de la victoria de José María Lozano como presidente municipal de Zimapán. Lozano, dirigente del movimiento cívico Todos somos Zimapán, que se ha opuesto de manera tajante a la construcción de un “confinamiento” de desechos tóxicos en ese municipio hildalguense. El dirigente ha denunciado presiones de la empresa constructora española Abengoa-Befesa y sostiene que la construcción del nuevo basurero podría provocar graves trastornos de salud para los habitantes del lugar.
Afortunadamente, el movimiento encabezado por Lozano no demuestra señales de debilitamiento. La anulación de su victoria ha servido de catalizador para su causa y lo más probable es que el dirigente salga victorioso de nuevo en la segunda vuelta.

Mientras tanto, en el plano jurídico el fallo de la sala de Toluca tiene gran trascendencia. Representa un esfuerzo notable por defender los principios constitucionales y la equidad en las contiendas electorales. Esta decisión rompe de manera tajante con la tolerancia hacia la ilegalidad que ha caracterizado la actuación de nuestros organismos electorales en años recientes.

La sentencia del caso Zimapán se puede leer como una extendida réplica jurisdiccional a las aberraciones tanto del dictamen de validez de la elección presidencial de 2006 como de la resolución de la elección del presidente del PRD. Los magistrados de Toluca señalan que hace falta acercarse a la labor de revisión de una elección impugnada con “apertura y flexibilidad” porque “el apego excesivo y estricto a la rigidez y formalismo en la evaluación del material probatorio, conduce a imposibilitar la acreditación de los hechos, ante la fragmentación y dispersión de los vestigios que se lograron rescatar y que habrían escapado a la destrucción, ocultamiento o simulación”.

En otras palabras, los magistrados no pueden permitirse el lujo de hacerse de la vista gorda ante las evidentes violaciones de la ley. Tienen la obligación de reconstruir los hechos lo mejor posible y actuar en consecuencia cuando se configure una violación grave y generalizada a los principios constitucionales en materia electoral.

Todos recordarán cómo en 2006 el tribunal electoral hizo todo lo contrario al minimizar las intervenciones del presidente Vicente Fox porque supuestamente la forma metafórica en que se expresaba (“hay que cambiar de jinete y no de caballo”) era difícil de entender para el pueblo mexicano.

También desechó la “determinancia” de los espots y los folletos del Consejo Coordinador Empresarial, así como de la campaña negra de Felipe Calderón porque no contaba con datos que midieran exactamente cuántos votos se le pudieron haber restado a López Obrador. En lugar de evaluar, investigar e interpretar todos los ilícitos de manera integral, los magistrados prefirieron esconder su impericia tras una fachada de “formalismo”.

Con la decisión tomada en el caso Zimapán la sala regional de Toluca no solamente ofrece una gran lección a la sala superior del TEPJF, sino que también se rebela ante el intento de parte de los legisladores federales para atar de las manos a los jueces electorales. Uno de los elementos más cuestionables de la reforma constitucional en materia electoral de 2007 fue el intento de eliminar la posibilidad de anular elecciones utilizando la “causal abstracta de nulidad”. El nuevo texto del artículo 99 de la Carta Magna indica que el tribunal electoral solamente puede “declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes”.

Pero la sentencia de Zimapán sostiene que esta disposición constitucional no puede estar por encima de otros mandatos y principios constitucionales en materia electoral tales como la equidad, la certeza, la legalidad y la separación entre el Estado y la iglesia.

De acuerdo con la interpretación de Nieto y su colega Adriana Favela, los magistrados electorales tienen la obligación de defender y hacer valer la Constitución de manera directa, más allá de la redacción específica de las causales de nulidad en la ley. En otras palabras, la visionaria “causal abstracta de nulidad” por fortuna sigue vivita y coleando gracias a los magistrados de Toluca, y a pesar de los intentos tanto de los magistrados de la sala superior como de los legisladores federales de darle una muerte prematura.

Carlos Fazio
Obama, Guantánamo y el terror

Las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para cerrar el campo de concentración de Guantánamo y acabar con la tortura, las cárceles secretas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y los traslados de prisioneros de guerra a regímenes autoritarios clientes, van en la dirección correcta. Pero quedan aún muchas dudas. La principal: si Obama dará luz verde para que Bush, Cheney, Rumsfeld, Powell, Rice, Negroponte y otros sean juzgados por crímenes de guerra.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Camp Five (antes X-Ray y Campo Delta) de Guantánamo –esa daga estadunidense clavada en el centro de la cubanía donde todavía permanecen cerca de 250 prisioneros– se convirtió en el “no lugar” de la justicia mundial. Pero no era el único símbolo del terrorismo de Estado a escala planetaria practicado por la administración de Bush. Incluso antes de Abu Ghraib, símbolo de la capucha y el sadismo sexual como herramientas de tortura, y de los campos de concentración de Whitehorse, Cropper, Qaim y Samarra, todos en Irak, ya habían sido asesinados, mediante tormentos, detenidos afganos en la base aérea de Bagram, cerca de Kabul.

Asimismo, decenas de “combatientes enemigos”, que durante años permanecieron en un limbo legal como rehenes de Washington al margen de las convenciones de Ginebra para los prisioneros de guerra, fueron trasladados en vuelos secretos de la CIA, a “sitios negros” o “prisiones fantasmas” que formaron un Gulag americano (Al Gore dixit) desparramado por 40 países, 14 de ellos de Europa (incluidos España, Alemania, Rumania, Polonia, Portugal) y a barcos-prisión fondeados cerca del territorio británico de Diego García, una isla en el océano Índico.

En nombre de la orwelliana “guerra al terrorismo” –un enemigo al que no se puede vencer porque es sólo una forma de violencia política, y que fue creado para generar miedo paranoico en función de la guerra permanente de Bush necesaria para la construcción del “imperio americano del siglo XXI”–, la Casa Blanca autorizó el uso de la tortura en esos apartheid de la legalidad y la justicia, por medio de documentos secretos emitidos por el Departamento de Justicia cuando el fiscal general era Alberto Gonzales. Ya antes, el fascista Donald Rumsfeld había dado la orden: “Atrapen a quien deban. Hagan con ellos lo que quieran”. Entonces, junto a nuevos métodos de experimentación humana para probar el aguante al sufrimiento y la “conversión” de la víctima, reaparecieron la picana eléctrica, el submarino (waterboarding o asfixia simulada), el pentotal sódico y los perros de ataque. La tortura como estrategia de gobierno, exhibida mediáticamente para amedrentar a la población dominada. Y también los secuestros, las desapariciones forzosas y los asesinatos selectivos. Al respecto, George W. Bush se ufanó en varias ocasiones de “haber sacado de circulación a unos 3 mil terroristas”.

Como dijo en septiembre de 2006 Gideon Levy a propósito de las matanzas en Gaza por los ocupantes israelíes, “que nadie diga yo no sabía”. Igual que en la Alemania nazi, los horrores de Guantánamo, Bagram, Abu Ghraib y el archipiélago de cárceles clandestinas de la CIA estuvieron siempre expuestos para quien quisiera ver y entender.

Los demócratas Barack Obama y Hillary Clinton sabían. Como recordó James D. Cockcroft, ambos aceptaron la guerra al terrorismo y votaron en el Congreso en favor de los presupuestos de guerra de Cheney/Bush, incluido el espionaje interno, la tortura y otras violaciones de derechos civiles.

Prisionero del clintonismo, rodeado de halcones guerreros como Zbigniew Brzezinski y el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Anthony Lake, quien en 1993 proclamó el nuevo paradigma del enlargement (ampliación) que modificó el mapa geopolítico de Europa central, Obama prometió ahora renovar la guerra global contra el terror.

Parece obvio, pero no hay que olvidar que Obama llega a la jefatura de un país imperialista, que se encuentra en el cenit de su poderío militar y no va a cambiar su esencia ni su lógica expansionista depredadora por un cambio de hombres en la Oficina Oval. Como Bush padre y Clinton, quienes sostuvieron las políticas esenciales del reaganismo, de manera más astuta y sutil Obama/Clinton continuarán la diplomacia de guerra de Washington.

Cabe aclarar que en 1996, con el Acta Antiterrorista de Janet Reno, Bill Clinton se anticipó y allanó el camino a la Ley Patriótica de John Ashcroft y Alberto Gonzales. Es previsible, pues, que la nueva fase de militarización imperial adoptará un “rostro más humano”.

No más tortura y nadie por encima de la ley, dijo Obama. Bien. Pero para ello su gobierno deberá derribar el andamiaje seudo-legal construido por Bush y compañía para amparar la tortura y el asesinato al margen de las normas del derecho internacional. A su vez, la práctica de la tortura anula cualquier posibilidad posterior de enjuiciar a los detenidos, ya que las pruebas obtenidas de esa forma no resisten el filtro de legalidad de Estados Unidos y las convenciones de Ginebra que, según Obama, recobrarán ahora plena vigencia. Sin embargo, el cierre de campos de concentración en el plazo de un año representa un auténtico embrollo o quebradero de cabeza jurídico: ahora los únicos responsables son aquellos que permitieron o coadyuvaron a la existencia de esa red, aplicaron aberrantes métodos de coacción física y generaron la impunidad para dichas acciones.

Al final, la gran paradoja es que si el antiterrorismo tenía como objetivo acabar con el terrorismo yihadista –lo que no se logró–, existen ahora pruebas legalmente válidas que servirán para enjuiciar a quienes participaron directa e indirectamente en las más atroces prácticas del terrorismo de Estado bushista. Y como dijo el Nobel Paul Krugman en “¿Perdón y olvido?” (The New York Times, 20/1/09), si se encubre a quienes durante ocho años rompieron la ley sin remordimientos, se garantizará que vuelva a suceder.

León Bendesky
leon@jornada.com.mx

Al rescate

Por todas partes del mundo los gobiernos están hoy empeñados en el rescate de sus economías. En Estados Unidos y en otros países el proceso de nacionalización es ya de una gran extensión.

Los mercados no responden aun y falta todavía un mayor deterioro de las condiciones financieras, productivas y laborales; cuánto, nadie lo sabe. El capitalismo se parece hoy muy poco al que funcionaba a tambor batiente apenas hace algunos meses.

Obama pacta con el Congreso en Estados Unidos montos enormes para el rescate, del orden de 825 mil millones de dólares, casi 6 por ciento del PIB, para tratar de lograr, primero, alguna estabilidad antes de pensar en la recuperación. Hasta ahora los planes del gobierno de Bush han sido ineficaces.

Los bancos, que han recibido miles de millones de dólares de dinero público, no funcionan; el crédito no fluye a las empresas, sean grandes o pequeñas, tampoco a los consumidores. Las compras de “garage” que han hecho entre las empresas financieras no se sostienen, como ocurre con Bank of America y Merril Lynch. Citibank se tambalea. Otros ya ni siquiera existen.

En Europa cada gobierno se lanza por el mismo camino en medio de una crisis que se agrava. La economía británica está en una situación de extrema debilidad, su sistema bancario se cuartea y no responde a las estrategias de salvamento. La libra esterlina, hasta hace unos meses una poderosa divisa, se deprecia sin freno. En España se esperan dos años de severa recesión, escenario que se extiende por todo el continente. Las medidas del Banco Central Europeo no tienen el efecto esperado.

De manera constante se revisan a la baja las expectativas del crecimiento y aumenta la deuda pública para intervenir en los mercados. En China, que era el motor de la economía global, la actividad productiva del cuarto trimestre de 2008 creció 6.8 por ciento en términos del mismo trimestre del año anterior. Este registro contrasta con las tasas superiores a 10 por ciento en periodos anteriores. Pero si el producto se mide en términos del trimestre con respecto al inmediato anterior la tasa fue cero.

Aquí hay cada vez más evidencia de que la economía se resiente. Las cifras del empleo empeoran cada mes, las cuentas del comercio exterior acumulan déficit, la política monetaria no muestra la efectividad que pretende. El peso se deprecia. El crédito se sigue secando. Hasta ahora, el recuento de la crisis ha sido negativo y más grande del que esperaba el gobierno y el sector privado.

Empresas grandes se desploman por efectos de la euforia de la expansión financiera de años anteriores; ésos son los casos notorios de Comercial Mexicana y Cemex. Otras empresas como Vitro no son ni la sombra de antes. A las micro, pequeñas y medianas empresas les cuesta más trabajo sostenerse en operación.

El secretario de Hacienda anunció la semana pasada que a los 200 mil millones de pesos que se han destinado al rescate de la economía se sumará otro tanto, lo que representa un valor equivalente a casi 3 por ciento del PIB. Su efecto positivo depende de la efectividad de su asignación en cuanto a los receptores de la ayuda y la disponibilidad de los recursos. Hay mucha incertidumbre sobre su eficacia.

¿Quiénes recibirán los fondos públicos y cómo se controlará su uso? Por una parte el gobierno intenta que se favorezca el consumo de productos nacionales; por otro lado libera los aranceles. No se muestra, pues, una coherencia, que es indispensable en la situación prevaleciente. El dinero público no será bien utilizado en empresas que se dedican a la exportación de productos cuya demanda está deprimida en Estados Unidos y no se va a recuperar en muchos meses, tales como la automotriz y buena parte de las maquiladoras.

El titular de Hacienda pide a los mexicanos sacar la casta ante la crisis, pero ésta no es una corrida de toros. Pide a los bancos no frenar el crédito, pero ésta no es una cuestión de arengas que no tienen convicción ni asidero. Los estímulos no existen para actuar de otra manera. Eso es lo que un programa de rescate tiene que tender.

En la medida en que siga la recesión, el sector bancario va a ampliar la restricción de los créditos. Se hará evidente la situación de enorme dependencia con respecto a los bancos extranjeros que controlan cuatro quintas partes de la cartera de crédito en el país.

La recesión en España va a requerir de recursos para que sus bancos cubran sus balances. Tres de ellos generan aquí grandes utilidades que se transferirán cada vez más a sus matrices. Banamex, que es propiedad de Citigroup, se va a vender; HSBC no está en la mejor posición financiera en sus operaciones globales.

Pero Hacienda, Banco de México y la CNBV privilegian con sus decisiones de política financiera a estos bancos. Ni un peso de los fondos públicos debería destinarse a ellos. Recuérdese que el supuesto para su entrada en este mercado era precisamente el contrario, que enviarían recursos en caso de necesidad interna.

Es el momento de replantear un sistema financiero menos dependiente y que finalmente sirva de algo para crear riqueza, que esté mejor regulado y apegado a pautas de crecimiento basados en nuevos acuerdos nacionales.

Pero de replantear el régimen económico en su conjunto ni se habla en el gobierno que actúa de la manera más ortodoxa, la única que conoce y que sigue marcando la política pública. El caso es que las condiciones que hoy definen a la economía ya nada tienen que ver con las que alguna vez apenas la sostuvieron. En el gobierno se cree, erróneamente, que las cosas volverán a ser como antes.

Lydia Cacho
Plan B
Cuarto y quinto paso, ¿violencia sanadora?
La madre de Ramiro descubrió que su hijo de 16 años fumaba piedra y mariguana. El médico dijo que la piedra funde el cerebro. Desesperada lo castigó, habló con él; nada funcionó. La vecina le dijo que los del Cuarto y Quinto paso, un grupo cristiano llamado Amor y Servicio, lo sanarían. Pagó 3 mil pesos. El que trasladó al joven, si llevaba a tres más, no pagaría.

Ramiro llegó al salón de redacción con un cuaderno y la orden de que junto a una veintena de personas escribiera toda su vida: si se masturbaba, si tenía pensamientos impuros, si había pecado. Si alguna vez fue víctima de violencia, etcétera. Pidió ir al baño, la supervisora le gritó insultándolo; que si no era hombrecito para aguantar.

El Cuarto paso consiste en hacer un inventario moral de tu vida y el Quinto, en contarlo todo frente a desconocidos.

Por la noche les impidieron taparse, tenían que sufrir. Los dos días, sin alimentos, consistieron en humillaciones, cubetazos de agua helada, insultos y humillaciones públicas. Habitaciones sin luz.

Ramiro se negaba a hablar, le gritaron y los guías le forzaron a comer pasto; aterrado, obedeció. Lloró durante horas, llamaba a su madre y el guía le gritó “marica y cobarde”.
La idea detrás de estas técnicas de tortura “terapéutica” es lograr que la persona adicta o con problemas, enfrente de una vez por todas su culpa, y Dios le guíe y le dé fortaleza. Luego de 48 horas sin comer, sin líquidos, sin dormir y con el estrés resultante, mucha gente logra hablar con Dios y los ángeles, ven visiones. Al salir firman un documento donde juran no contar nada de lo sucedido. Ramiro volvió a casa, escribió su experiencia y se suicidó. Su madre sumida en la culpa recibió amenazas; si denuncia al grupo Amor y Servicio, se le irán encima las huestes de seguidores. Simplemente toma antidepresivos y llora. Ramiro escribió que se drogaba porque tenía miedo de la violencia de la escuela, de la calle, de la vida. Se sentía solo e incomprendido.

En 1949 surgió en Estados Unidos el Modelo Minnesota: los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Millones de personas adictas han sanado con él. Los 12 pasos pueden durar hasta un año o más. Es un modelo de vida respetuoso de las emociones, que genera procesos de solidaridad y trabaja grupos de contención. Las grandes clínicas como Oceánica y Monte Fénix, se basan en los 12 pasos profesionalizados médicamente. Al igual que los Centros de Adaptación Juvenil, existen profesionales que ayudan a sanar las adicciones.
Mientras tanto las pirámides del Cuarto y Quinto paso se enriquecen con familias de clase media, les mandan a casa con procesos emocionales abiertos y sin herramientas para sanar. Las adicciones son una enfermedad que no se puede curar a golpes e insultos. A fines del año 2000, la Secretaría de Salud publicó la norma oficial para este tipo de centros. Pero allí están, ejerciendo violencia, sin supervisión médica y sanitaria. Forzando la religión a golpes como falsa forma de sanación. La ausencia de servicios profesionales, responsabilidad del Estado, abre la puerta a gurús tramposos que medran a costa de la vida de personas adictas. Exijamos menos dinero para la guerra y más para la salud contra las adicciones.

Manuel Camacho Solís
Guantánamo, golpe de timón
Hasta su toma de posesión, todo en la carrera de Obama ha sido sumar, conciliar y encontrar consensos. Su eficacia para ello ha sido extraordinaria. Ahora viene lo más difícil. Para hacer frente a los descomunales retos, necesita tomar decisiones audaces y a la vez previsoras que cambien el rumbo —auténticos golpes de timón— sin perder el amplio apoyo con el que cuenta. Su decisión de cerrar Guantánamo es un botón de muestra de los riesgos que debe afrontar y de cómo tendrá que superar las dificultades.

El cierre de Guantánamo (junto con las otras decisiones para evitar las detenciones ilegales y la tortura) es mucho más que cerrar una base militar. Es ir en contra del símbolo de la política de Bush. Pero es hacerlo en la situación más adversa, en medio de dos guerras y con el riesgo no resuelto del terrorismo. Un cambio de esa profundidad sólo es explicable ante el fracaso de la anterior política y por ser parte de un nuevo diseño que busca restablecer el estado de derecho sin exponer a Estados Unidos y la integridad de los internos.

Con esa acción, Obama utiliza su poder para recuperar la dirección política de la seguridad, someter esas decisiones al proceso legal y abrir una rendija a un nuevo arreglo en Medio Oriente. Sin descalificar a Bush, reconoce que eso fue inmoral e ilegal.
Sin mencionar a Israel, demuestra con el ejemplo que, sin limitarle su apoyo, no estará dispuesto a apoyar cualquier acción.

A los gobiernos árabes moderados les quita una presión, pues esos actos de tortura y desprecio a los acuerdos internacionales venían a fortalecer a los grupos más radicales dentro de sus territorios.

A los duros, desde Hamas, Hezbolá, hasta Irán —a quienes les aclaró que hay límites— les muestra que está dispuesto a tomar decisiones audaces.

A los cubanos, les anticipa una posible reconsideración.

A los partidos democráticos de Europa y a las organizaciones de derechos humanos les habla a los oídos, cuando dice: “Nosotros no vamos a torturar”.

Una decisión de esa profundidad genera incertidumbre en los aparatos de inteligencia y en los sectores más conservadores. Por eso no es de extrañar que las primeras reacciones ya se hayan hecho sentir. Se filtró que uno de los presos de Guantánamo que fue liberado pasó a engrosar las filas de Al-Qaeda, en un nivel de mando y que probablemente llevó a cabo nuevas acciones terroristas. Por fortuna para Obama, la liberación la hizo Bush.

Obama ya tuvo la visión y la determinación para tomar una decisión de fondo en medio de dos guerras y la crisis, lo que prestigiará a Estados Unidos y aumentará sus márgenes de acción en su política exterior. Ahora le toca convencer a los duros de que ese cambio es benéfico y asegurarles que su implementación se hará sin que aumenten los riesgos para su país; dándoles garantías de que, con la nueva política, Estados Unidos defenderá mejor sus posiciones en el mundo. A su probada virtud (talento político) tendrá que sumar la fortuna.

Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista

Leonardo Curzio
El día en que se ahogó el MP
26 de enero de 2009

Un día soñé que en este país todos los ministerios públicos viajaban en un barco colosal y éste se iba a pique en la fosa de las Marianas. Al día siguiente el presidente, el procurador y los gobernadores proponían un día de luto nacional y algún engolado miembro la academia lamentaba el hundimiento de una de las instituciones clave de la República. Día triste aquél.

Pero al día siguiente la sociedad, en vez de sentirse huérfana por no contar con el monopolio de sus acusadores, empezaba a defenderse mejor. El ultrajado que descubría que en una casa de empeño de su barrio estaba el reloj que le habían robado, aportaba pruebas a las policías para que las investigaciones caminaran… y los ciudadanos, siempre tristes por la irreparable pérdida de los ministerios públicos, se empezaron a sentir más libres.

Ya no dependían de la buena voluntad de un Ministerio Público que dispusiera de tiempo y ganas de hacerles caso. Con todos los agentes en el fondo del mar, seguí soñando, que una policía diligente tomaba las pistas que le daban los ciudadanos y finalmente se integraba un expediente razonable para que el juez fallara y castigara a los culpables.
Muy pronto la República se consoló y, como sucede con todos los muertos, después de llorarlos, la sociedad los pasó a examen. La emotividad de la tragedia daba paso a un balance implacable.

El Ministerio Público, tal como lo tenemos en México, es una de las instituciones más perjudiciales. Es un instrumento pensado desde el poder para servir al poder y perpetuar la corrupción. No es un aliado de la sociedad. Es un embudo que humilla a la gente y la convierte en el juguete de sus veleidades o intereses.

Un mal sueño el mío, porque no es buen presagio soñar la muerte de nadie y menos de una institución completa, pero ya es tiempo de abrir a nuevas instancias, como la policía, la facultad de investigar la comisión de delitos y transformar el esquema de raíz.
No olvidemos que hace pocos meses nos prometían, desde las alturas, la madre de todas las reformas. En agosto del 2008 todo era entusiasmo y buena voluntad. La presión de la opinión pública sobre todos los niveles de gobierno los llevó a firmar un amplio acuerdo para la seguridad y justicia y todos entonaban la sana autocrítica y prometían que su compromiso sería indeclinable.

Algunos meses después, los temas han perdido encanto porque sin presión mediática y social los afanes se ablandan y el corazón ardoroso se convierte en un corazón de mantequilla.

No me extenderé en recordar todos los compromisos que cada nivel de gobierno adquirió. En la capital, por ejemplo, la autoridad dio un acelerón inicial decretando la desaparición de la Policía Judicial y hasta ahora no se ha dado ni siquiera el tiempo de repintar las patrullas que ostentan un nombre que en teoría ya no existe.

Es un detalle que revela a las claras que sin presión las burocracias vuelven a sus niveles de comodidad e inmovilismo. El Legislativo, que nos prometió en agosto deslumbrarnos con las leyes que aprobaría ese mismo año, nos quedó a deber dos piezas básicas para el mes de febrero que se derivan de la reforma constitucional promulgada en junio del 2008.

Una es la ley de extinción de dominio, que ya tiene en la capital un modelo, y que para el gusto de muchos sigue siendo la pieza fundamental para golpear a los delincuentes donde más les duele. La segunda es la ley de la policía federal, que permitirá desplegar en su totalidad un modelo policiaco nuevo con facultades de investigación que debería, en buena lógica, empezar a mover las estructuras anquilosadas. Evitaré los malos sueños, pero no olvidaré las promesas.

Analista político

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