TIEMPO DE MUJERES

Tres mil trabajadoras, amparadas contra decreto calderonista

Mujeres electricistas: huelga de hambre es resistencia civil

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México DF, 19 nov 09 (CIMAC).- Tras la negativa de la Cámara de Diputados a otorgarle presupuesto a Luz y Fuerza del Centro (LyFC), con lo cual las y los legisladores reconocen la extinción de la compañía, miles de electricistas apuestan a la resistencia civil pacífica para echar abajo el decreto presidencia que los dejó sin empleo. Como parte de esta resistencia, desde mañana un grupo de cien trabajadoras iniciará una huelga de hambre y otro grupo de mujeres llevará a cabo ayunos de 12 horas por tiempo indefinido.

El campamento de trabajadoras en huelga de hambre se sumará al de los electricistas que con este acto de protesta buscan la restitución de sus fuentes de trabajo, ya que tras la desaparición de la paraestatal más de 4 mil mujeres y 40 mil hombres quedaron sin empleo. Los plantones se instalarán en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Zócalo capitalino.

En conferencia de prensa, Mónica Jiménez Acosta, coordinadora del Movimiento de Mujeres Electricistas en Resistencia, refirió que hoy se acordó “esta fuerte medida porque estamos dispuestas a morirnos de hambre con tal de tener una tener una solución”.

Hasta el momento no se ha decidido donde se ubicará el campamento que ocuparán las electricistas en resistencia, dijo, pero buscan un lugar seguro, pues temen la represión –de la que ya han sido víctimas– por parte de la Policía Federal Preventiva (PFP).

La sindicalista señaló que, por consenso, cien mujeres se anotaron para llevar a cabo la huelga de hambre, incluida ella, mientras que otras quedaron en lista de reserva y decenas más se comprometieron a realizar ayunos de 12 horas.

“No podemos perder más, ya nos dejaron sin el empleo que representaba poderle ofrecer un futuro digno a nuestras hijas e hijos”, refirió la coordinadora del movimiento, quien mencionó que a las acciones de protesta se han sumado alrededor de tres mil mujeres amparadas ante el decreto emitido por Felipe Calderón Hinojosa, titular del Ejecutivo, el pasado 11 de octubre.

De acuerdo con Manuel Fuentes Muñiz, abogado del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), los actos de protesta de las trabajadoras y los trabajadores son fundamentales para echar atrás el decreto presidencial. El jurista recordó que, después de que el lunes pasado las y los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) de la Cámara de Diputados le negaron presupuesto a LyFC, es poco probable que “vayan” por la controversia constitucional el próximo 24 de noviembre, cuando vence el plazo para que la realicen.

La controversia constitucional es la única vía jurídica por la que se puede echar atrás el decreto “calderonista”; esto se desprende del análisis de los argumentos que presentaron en San Lázaro aproximadamente cien especialistas en justicia laboral, entre ellos Manuel Fuentes, quien mencionó que, con la extinción de LyFC, se violenta, entre otros, el artículo 73 constitucional, el cual plantea que sólo la Cámara de Diputados puede crear o suprimir puestos, además de que la Carta Magna establece la facultad exclusiva del Legislativo en materia de electricidad.

Los amparos presentados por las y los 35 mil 800 trabajadores de LyFC activos y jubilados “no tienen la capacidad de revivir a la empresa; sólo protegen las relaciones laborales si hubiera un patrón sustituto, que sería la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, indicó Fuentes Muñiz.

La resolución de las más de veinte mil demandas de amparo interpuestas por las y los electricistas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tardará en promedio entre tres y cinco años. “Esta situación es tomada en cuenta por el gobierno para llevar al movimiento a un desgaste”, añadió.

Ante este escenario, las y los electricistas solicitarán ante la juez Guillermina Coutiño Mata, titular del Juzgado Primero del Centro Auxiliar de la Primera Región, que “se amplíe la suspensión del acto reclamado para que las y los trabajadores sigan gozando de los beneficios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”, servicios que no han sido respetados y que, según la ley del instituto, deberán terminar el próximo 7 de diciembre.