La Jornada
la Revolución todavía tiene mucha vigencia en México y por eso el gobierno, lo quiera o no, debe respetar esa vigencia en la mente popular.
Lo dicho por el investigador austriaco cobra especial relevancia si se toma en cuenta la postura general del grupo que hoy detenta el poder ante los legados de esa gesta armada.
En efecto, desde 1917, con los trabajos del Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro, y hasta la conclusión del sexenio cardenista, los sucesivos gobiernos dieron forma y cauce institucional a reivindicaciones políticas y sociales, como el reparto agrario, los derechos laborales y sociales, la vigencia de la soberanía nacional, la educación pública gratuita y laica, el derecho a la salud y la seguridad social, lo mismo que la visión del Estado como herramienta de redistribución de la riqueza y como impulsor del desarrollo económico, entre otros, los cuales constituyeron los ejes principales por los que el país se conduciría durante las décadas siguientes.
A partir del cambio en el modelo económico que se esbozó durante el sexenio de Miguel de la Madrid, y que se acentuó durante las presidencias de Salinas y Zedillo, tales reivindicaciones han sido vistas por los sucesivos gobiernos como un obstáculo para la aplicación de la doctrina neoliberal aún vigente, y en esa lógica se han desmantelado franjas enteras de la propiedad pública por medio de privatizaciones; se ha profundizado el deterioro de los sistemas de salud pública y de los ciclos de educación a cargo del Estado; se ha acabado con el ejido y se ha sometido al campo a una política deliberada de abandono, y se han desmontado, en general, elementos que habían sido factores del progreso del país.
Las administraciones panistas actuales –herederas del maridaje ideológico entre el conservadurismo político derrotado en la gesta revolucionaria y el libertinaje económico impuesto por el priísmo postrero– han proseguido con el desmantelamiento de las conquistas revolucionarias. Significativamente, durante la actual administración han tenido lugar nuevas ofensivas contra la propiedad pública, como quedó de manifiesto con los intentos gubernamentales de propiciar la privatización Pemex, el año pasado, y el actual designio de extinguir Luz y Fuerza del Centro.
Por añadidura, el país ha asistido en las últimas décadas a una sostenida precarización del empleo –en abierta violación de lo estipulado en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo– y a la aplicación de un sistemático hostigamiento en contra de las expresiones de sindicalismo independiente.
La campaña que actualmente se desarrolla desde oficinas del gobierno contra el Sindicato Mexicano de Electricistas es particularmente simbólica al respecto, pues se trata de un gremio nacido en el contexto mismo de las luchas revolucionarias y que desempeñó un papel fundamental en la articulación de los derechos sociales y laborales en México, como señaló acertadamente el historiador John Womack, homenajeado ayer por el gobierno de esta capital.
En suma, en las circunstancias actuales de incertidumbre económica y política, de zozobra, pobreza, desigualdad, precariedad laboral, desintegración del tejido social, inseguridad y retroceso generalizado en que las presidencias del ciclo neoliberal –incluida la calderonista– han sumido al país, la reflexión en torno a la Revolución Mexicana y la defensa de su legado constituyen tareas insoslayables que no corresponden únicamente a los sectores académicos y a los actores políticos, sino a la ciudadanía en general. Los llamados a dejar de lado la actividad reflexiva en torno a la Revolución encierran el peligro de que el país experimente retrocesos aún mayores a los vividos durante los pasados cinco lustros.
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