TIEMPO DE MUJERES

Guarderías, ¿sólo responsabilidad administrativa?

Gustavo Leal F.*

El 4 de septiembre de 2009, la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Salvador Vega Casillas, absolvió a Juan Molinar Horcasitas de cualquier responsabilidad en la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo porque en el gobierno existe delegación de funciones y cada quien atiende la parte que le corresponde.

Cinco meses después, en su Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2008, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó lo que ya constituía un dictum popular: que junto con Santiago Levy –quien diseñó el modelo de subrogación del IMSS–, Juan Molinar Horcasitas es responsable, seguido de Daniel Karam, quien continúa subrogando amparado en nuevos contratos vigilados por Transparencia Mexicana, de Federico Reyes Heroles; subrogaciones que son un peligro para los niños y abaten la calidad del servicio prestado.

Según la ASF, Molinar Horcasitas firmó en 2008, sin tener facultades expresas, 155 contratos de subrogación. Recibió la autorización del Consejo Técnico que, como director del IMSS, por entonces presidía. Ambos, director y consejo, incurrieron en responsabilidad legal.

Ante ello, la ASF pidió al Órgano Interno de Control del instituto que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias. La ASF concluyó que las guarderías que el IMSS y el ISSSTE subrogan a particulares son un peligro para los niños.

De una muestra de 106 guarderías subrogadas, la ASF constató que en nueve el IMSS no realizó ninguna de la seis visitas de supervisión. En el ISSSTE se comprobó que 62 contratos vigentes en 2008 fueron firmados por delegados sin tener facultades para hacerlo. En tanto, las estancias changarro de Calderón que opera la Sedeso cubrieron 21.4 por ciento de la población potencial y no consideraron disposiciones legales y normativas relacionadas con aspectos de salud y protección civil.

El informe de la ASF calificó el tipo de gestión que ha imperado 10 años en el IMSS-PAN y que, desde Santiago Levy, describe un deterioro notable en el desempeño de sus órganos superiores. Ese deterioro posibilitó la tragedia.

La principal responsabilidad reposa en la subrogación de la cuota por conducto de adjudicaciones y licitaciones. Porque los padres de las víctimas la entregaron al Estado mexicano: el IMSS, y fue ese Estado, vía el IMSS, el cual la subrogó a privados.

Adjudicaciones directas. Levy propuso en 2003 el modelo y contrato de subrogación, con Antonio Scheleske, Araceli de Fernández –esposa del rector del ITAM–, Dora García Kobeh y Evelyn Rodríguez. El Consejo Técnico lo autorizó y la –entonces– Secodam lo avaló. No consta que la Comisión de Vigilancia del IMSS, siguiendo el artículo 265 de la Ley del Seguro Social, hiciera alguna observación.

Licitación pública abierta. Molinar Horcasitas, con Sergio Salazar, Carla Rochín y la arquitecta Nora Patricia Bonilla, renovó en 2007 el contrato de la Guardería ABC, conociendo las anomalías que había detectado desde el 26 de julio de 2005 la PGR (La Jornada, 13.6.2009). Su responsabilidad es, pues, doble: primero renovó y luego siguió licitando.

El sistema Molinar de asignación de contratos –que sólo aportó la licitación (2008) al diseño de adjudicación directa de Levy– estaba basado en una cuota máxima de referencia por niño –que varía según la región–, a partir de la cual los interesados tenían que ofrecer descuentos al IMSS. Así que, buscando ganar el concurso, abatían aún más la calidad del modelo-Levy.

Licitación pública abierta con datos de los interesados. Karam sigue licitando el mismo modelo-contrato-Levy con el sistema Molinar Horcasitas mejorado: agregando los datos de los interesados y un nuevo contrato 2009 –criticado por los prestadores–, que impone fianzas, seguro de responsabilidad civil y costear las revisiones de protección civil. Con ello Karam deslinda al IMSS de cualquier responsabilidad civil, laboral o de cualquier índole legal.

Pero la mayor tragedia de la seguridad social mexicana no ameritó que alguno de los tres sectores que forman el Consejo Técnico o la Comisión de Vigilancia convocaran a asamblea general. No sólo los funcionarios del IMSS se encuentran bajo el escrutinio público. También sus órganos superiores que pueden convocar a la autoridad suprema institucional: esa asamblea general. La tragedia exigía una con carácter de extraordinaria. ¿Acaso Hermosillo no es de “importancia y trascendencia para el instituto?

¿Y qué ha comunicado el politólogo Molinar? Primero señaló que la responsabilidad está en el lugar donde se inició el incendio. Luego aseguró que sí, había declarado ante la PGR sobre el asunto, lo que desmintió de inmediato el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours: no hay ninguna declaración. Después negó tener responsabilidad en la asignación y en el incendio: antes se otorgaban por asignación directa, método incorrecto. A cambio estableció las licitaciones abiertas ampliando la red en 200 contratos: mi responsabilidad consistía en continuar el proceso de renovación. Finalmente reiteró estar tranquilo porque no tiene responsabilidad alguna y llamó a no minimizar la importancia del sistema de guarderías del IMSS (¡!).

Del dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resultado de los trabajos de la comisión designada para indagar sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas en la tragedia, aguardamos justicia al delimitar cuidadosamente responsabilidades en la defensa del principal derecho humano: el derecho a la vida.

Porque acaso, después de 49 muertes, la de Molinar Horcasitas, ¿es sólo una responsabilidad administrativa?

*Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco

Seguridad interior y derechos humanos

Miguel Concha

Es ya un lugar común que la llamada guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada no ha arrojado los resultados anunciados. Se le ha comparado con un carro de dos ruedas que gira sobre su eje con una sola de ellas, pero sin avanzar ni un milímetro. Es más, podría decirse que retrocediendo, por estar unilateralmente fundamentada en una estrategia de violencia, incluso sesgada, por no abarcar con toda decisión todos los frentes en que aquélla se da.

No es admisible tampoco que simplemente se consideren como daños colaterales todas las víctimas inocentes que han caído en la misma. Ello no obstante, se ha vuelto a insistir en que el Senado dictamine en esta materia la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que el Ejecutivo le envió el 20 de abril de 2009, la cual pretende legalizar la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, encubiertas como de seguridad nacional, o en labores de esta última, sólo porque así lo disponga esa ley, y no porque correspondan a un Estado democrático de derecho.

Ya en estas páginas presenté el 5 y el 12 de septiembre del año pasado un análisis de cómo la adición propuesta a la mencionada ley es anticonstitucional, porque viola los artículos 13, 16 (último párrafo), 29 y 129 de nuestra carta magna. Por ello para su aprobación se requeriría antes una reforma de la misma naturaleza, que además tendría que considerar la no conculcación de derechos humanos. Es más, tendría que tomarse en cuenta el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual dispone que, en forma acotada, y por el tiempo estrictamente necesario, sin suspender derechos humanos fundamentales, e informando a los demás estados parte acerca de sus motivaciones y la fecha en que concluya, puede un Estado establecer medidas de excepción.

Demostré igualmente que la acción de las fuerzas armadas en este asunto no parece ceñirse siempre a las condiciones que la Suprema Corte de Justicia establece en su tesis jurisprudencial 38/2000, igualmente inconstitucional, para que intervengan en cuestiones de seguridad pública, y que sin medidas estrictas de protección frente a las propias autoridades no se puede obligar a la ciudadanía a que participe como auxiliar en este campo.

Por ello es de la mayor importancia que se haya de nuevo reclamado desde la mesa de seguridad pública en el foro Todos somos Juárez el respeto a los derechos humanos. Ya el 11 de febrero se le había entregado al titular del Ejecutivo federal una propuesta en la que se le demanda una acción policiaca y del Ejército, y leyes en consonancia con ello, con respeto irrestricto a las garantías individuales y los derechos humanos. Algo que tiene que ser tomado escrupulosamente en cuenta en el Senado. Y en la propia mesa de derechos humanos, significativa y ominosamente excluida del foro –quizás porque en ella se cuenta con más de mil casos documentados de desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales y robos, entre otros, presuntamente cometidos por elementos del Ejército o fuerzas federales–, se reiteró que ninguna intervención pública puede partir de la violación sistemática de los derechos humanos.

Es por ello de la mayor importancia que se asuma como política de Estado, tal como lo fundamentan muchos especialistas nacionales y extranjeros, que la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, en gran número de veces interrelacionadas, debe tener cuatro ruedas: la acción indiscriminada y represiva del Estado, sí, sin importar condición económica y representatividad política, pero sin violentar derechos humanos fundamentales de la población; la investigación y penalización del lavado de dinero, y de los circuitos económicos y financieros que la alimentan; las políticas públicas de desarrollo productivo y social de la gente, y la participación efectiva de la ciudadanía en las medidas y acciones de seguridad pública.

Por ello nos unimos a las exigencias que el presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos en Chihuahua dirigió el pasado 17 de febrero, en su carta de protesta, a las autoridades de la República, por haber excluido de manera arbitraria a la mesa de derechos humanos del proceso de reconstrucción de Juárez: que el gobierno mexicano incluya de manera inmediata en el diálogo a la mesa de derechos humanos; se abstenga de hacer uso de operativos policiaco-militares contra defensoras y defensores de derechos humanos; se escuchen sus propuestas como vía de resolución del conflicto y se garantice que éste se resuelva mediante diálogo.

Y nos hacemos eco del boletín que el pasado jueves emitió a este propósito la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, integrada por 68 organizaciones en toda la República: “Resulta totalmente contradictorio que primero se reconozca la ausencia de participación ciudadana en el tema de seguridad en Ciudad Juárez y se plantee que ahora sí se promovería, para acto seguido excluir a la mesa de derechos humanos en el proceso de diálogo y búsqueda de soluciones a los graves problemas de violencia en Juárez.

Dejar fuera a los derechos humanos y a quienes los defienden no es nuevo. Más bien ha sido un componente permanente de la política del gobierno federal, del gobierno de Chihuahua y de Ciudad Juárez. Y reitera que en este contexto una política de seguridad sin derechos humanos seguirá siendo de corte autoritario y no dará los resultados que espera la ciudadanía.