8/06/2010

La columna de Sergio Aguayo


Chatarerrías

En cualquier momento las secretarías de Educación Pública (SEP) y Salud (SS)
fijarán su posición sobre el tipo de alimentos que comerá la niñez el próximo año lectivo. La palabra final vendrá de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer). ¿Privará el interés general o triunfarán las empresas que venden comida chatarra?

En el 2006 salió la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición y el Instituto
Nacional de Salud Pública (INSP) prendió la luz de alarma: el país enfrenta una epidemia nacional de sobrepeso y obesidad porque 70% de la población adulta lo padece. La inquietud se extiende y se forja el consenso entre sociedades médicas, universidades, organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación nacionales y extranjeros. Sale más y más información científicamente validada y así sabemos que las enfermedades desencadenadas por la epidemia tienen costos directos e indirectos de 80 mil millones de pesos por año. La Academia Nacional de Medicina de México sintetiza el estado de ánimo al asegurar que "el costo de no hacer nada es sumamente elevado".

Se coincide en que la mejor estrategia es prevenir, y ese razonamiento pone la
atención en las escuelas mexicanas donde se prepara para la obesidad a nuestros chiquillos y chiquillas: 26% de los niños tiene sobrepeso. Los secretarios de Educación Pública y Salud, Alonso Lujambio y José Ángel Córdova, reaccionan positivamente y sacan los "Lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar". El documento, difundido el 26 de mayo pasado, recibe un amplio respaldo

Como el gobierno federal tiene sobrepeso, la norma burocrática dicta que los "Lineamientos" sean enviados a la Cofemer, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, que hace una consulta pública que hasta hoy ha recibido 860 comentarios; 687 de la sociedad, 163 de la industria y 10 de agencias de gobierno. El 22 de julio emite un dictamen preliminar que refleja con fidelidad los puntos de vista de las empresas interesadas en el asunto: Coca-Cola, PepsiCo, Sabritas, Grupo Jumex, Grupo Bimbo, etcétera.

La parcialidad es comprensible porque entre los invitados permanentes de la
Cofemer está la cúpula empresarial en pleno. En esa institución no hay nadie representando los intereses de los consumidores, de la sociedad y ni siquiera tienen al académico que generalmente ponen de florero en ese tipo de organismos públicos. El doctor Salvador Villalpando del INSP ilustra la parcialidad al señalar que la Cofemer "no les pide a las industrias probar lo que dicen, como sí lo hace" con quienes critican la comida chatarra.

Se desencadena un debate en el cual las empresas argumentan que eliminar la
venta de esos productos impactará en toda la cadena productiva y se perderán empleos; que afecta la certidumbre tan indispensable para los inversionistas; que se arriesga la salud de los niños porque no hay higiene ni agua limpia en muchas escuelas mientras que las papitas y pastelitos sí están bien empacados; y que se alienta la informalidad porque se multiplicarán los puestos con jícamas, mangos y piñas espolvoreadas con chile piquín. Para ellos los "Lineamientos" de la SEP y la SS son "incongruentes, inexactos e improcedentes".

Entre las frases acuñadas por la industria de alimentos chatarra estarían que "los seres humanos nacen con una preferencia innata por lo dulce" y que los "refrescos son saludables, legales, inocuos y compatibles con una dieta saludable". Proponen reducir el tamaño de las porciones y prolongar el tiempo de aplicación de la norma; les falta decir (no lo hicieron) que los obesos pueden comprar esos productos mágicos para adelgazar que anuncia la televisión. En otras palabras rechazan la regulación por un motivo que explica, en entrevista telefónica, el doctor Simón Barquera del INSP: las ventas en las escuelas representan unos 40 mil millones de pesos al año.

El debate replica lo escuchado en otros países. Como la evidencia científica es tan sólida, en las democracias donde el gobierno sí funciona ya prohíben ese tipo de alimentos en las escuelas. Nosotros estamos a la espera del veredicto de los doctores de la SEP y la SS, que será corregido o ratificado por el maestro Alfonso Carballo Pérez, el titular de la Cofemer.

El gobierno federal ya entregó la educación a Elba Esther Gordillo y su grupo, y la alimentación de los niños ya está en manos de las empresas que producen alimentos chatarra. En la decisión que viene, ¿pensarán en la salud pública y la epidemia de sobrepeso?, o, por el contrario, ¿aceptarán tácitamente que son un gobierno chatarra?

La Miscelánea

Soy integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Salud Pública.
El cargo es honorífico y las opiniones vertidas en esta columna no comprometen a dicha institución en donde, sin embargo, se generó buena parte de la información en la cual se basa esta columna.

www.sergioaguayo.org
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