Opacidad en la información de PJE de Sonora e INM
Grupos
civiles que defienden los Derechos Humanos alertaron sobre una posible
masacre de personas migrantes en el municipio fronterizo de Caborca, en
el norteño estado de Sonora, de la que sobrevivieron al menos 13
personas, entre ellas mujeres y menores de edad.
No obstante, las organizaciones –entre ellas la Fundación para la
Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), que representa
legalmente a las familias de los 74 migrantes asesinados en 2010 en
Tamaulipas– aseguran que se aprovechó la jornada electoral del pasado 7
de junio para generar “opacidad” en la información y las investigaciones
judiciales.
El pasado 4 de junio, la Procuraduría de Justicia de Sonora (PJE) emitió
un comunicado para informar sobre el “rescate” de 15 personas (sin
detallar sexo), 13 de ellas migrantes, en un rancho ubicado al poniente
del municipio de Caborca, que se encuentra en el límite con Estados
Unidos.
La PJE informó que 11 de las personas rescatadas provenían de Guatemala y
El Salvador, y que pretendían emigrar hacia EU, para lo cual se
trasladaban en varios vehículos que fueron interceptados por personas
armadas.
Tras el operativo de rescate se encontraron tres personas sin vida,
entre ellos una mujer (con impactos de bala), y dos vehículos
calcinados. La PJE omitió la nacionalidad de los cuerpos encontrados.
En el operativo de rescate participó la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la policía
municipal, estatal y federal.
Según el comunicado, las personas migrantes fueron trasladadas al
Ministerio Público, donde presentaron una denuncia por homicidio, y
luego “quedaron a disposición de las autoridades migratorias”. Durante y
después de la jornada electoral, las autoridades judiciales y
migratorias no informaron al respecto.
OPACIDAD
Samuel Kenny, responsable de incidencia de la FJEDD, detalló a
Cimacnoticias que esta información da todos los indicios sobre una nueva
masacre de personas migrantes a manos de grupos del crimen organizado;
sin embargo, los datos aún son muy escuetos, advirtió.
Kenny criticó que durante los primeros cuatros días después de los
hechos –sustanciales para la investigación– haya habido tanta “opacidad”
sobre el caso, y que se aprovechara la jornada electoral para hacer
pasar el tema como “desapercibido”.
Pese a que la Fundación ha buscado información del caso desde el pasado 3
de junio, al día de hoy no tienen más informes por parte de la PJE ni
mucho menos de los medios locales de comunicación. El único dato extra
es que entre las personas rescatadas había mujeres y personas menores de
edad.
El activista llamó al Estado mexicano a que saque a la luz toda la
información que demuestre una posible masacre de personas migrantes, lo
que dejaría al descubierto que no ha habido acciones para prevenir estos
ataques en zonas que están ampliamente identificadas como paso de
personas migrantes, donde opera el crimen organizado y prevalecen altos
índices de violencia.
A la par de esta opacidad, la organización civil –con el respaldo de
muchas otras que defienden los derechos de la población migrante–
criticó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “no haya
reaccionado de manera urgente”.
De acuerdo con Kenny, la FJEDD envió al menos dos solicitudes a la CNDH
para que de manera urgente iniciara una investigación y solicitara a las
autoridades que informen sobre los detalles de este operativo.
También pidieron que emita urgentemente medidas cautelares para que se
investiguen los hechos, y se determine la identidad y nacionalidad de
las víctimas.
Las organizaciones civiles demandaron que la CNDH entre en contacto
directo con las víctimas para que vigile el respeto integral a sus
Derechos Humanos reconocidos por organismos internacionales.
Esto quiere decir que no sean deportadas, no se les envíe a una estación
migratoria, reciban una visa humanitaria, den su testimonio y se les
garantice el respeto al debido proceso.
Además, las niñas y niños migrantes que fueron “rescatados” deben ser
trasladados a una estancia del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) y no a las estaciones migratorias.
No obstante, fue hasta este martes 9 de junio que la CNDH informó a la
opinión pública que investiga con autoridades federales y estatales
“desde el momento mismo en que conoció los hechos por informaciones
periodísticas” (aunque no precisó fecha) por la probable ejecución de
tres personas migrantes, en las inmediaciones del cerro La Mesa, en
Caborca, Sonora.
La CNDH confirmó que las 13 personas sobrevivientes fueron llevadas a
una estación migratoria en Hermosillo, capital del estado, pero la
dependencia sólo solicitó medidas cautelares al comisionado del INM para
que se les brinde atención médica y psicológica, asistencia consular y
se les informe sobre sus derechos.
Cuatro días después de que ocurrieron los hechos, la CNDH solicitó
medidas cautelares a la PJE para que garantice la correcta preservación
de los tres restos mortales conforme a exigencias científicas y los
protocolos internacionales.
La Comisión dijo que dará seguimiento a la investigación “hasta el
regreso de las personas migrantes a sus respectivos países”. Aunque esta
agencia buscó precisar los datos, ni la CNDH ni el INM en Sonora
respondieron al llamado.
LA MASACRE SE REPITE
Samuel Kenny detalló su preocupación porque el órgano encargado de
vigilar el respeto a los DH esté repitiendo los mismos patrones de
negligencia que permitieron la masacre de 72 personas migrantes en San
Fernando, Tamaulipas, así como la de los 49 torsos humanos encontrados
en Cadereyta, Nuevo León, en 2011.
Der acuerdo con el activista, este nuevo caso se parece a las otras
masacres –las cuales siguen impunes– por la falta de información durante
los primeros días después de que ocurrieron los hechos.
El experto en desaparición forzada, tortura, arraigo, feminicidio y
otras violaciones a DH también dijo que las organizaciones civiles ya
habían conocido diversas historias sobre violaciones a DH contra
migrantes en la región donde se ubica el municipio de Caborca, zona de
tránsito migrante que conecta con Arizona, EU.
A esto se suma el conocimiento de las autoridades sobre criminales que
operan en la región, sin que la PJE pueda identificar el grupo criminal
al que pertenecen.
Por su parte, la Fundación ya está en contacto con la Red de Madres
Centroamericanas en Busca de sus Familiares, para intentar identificar a
las personas asesinadas y las desaparecidas.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa, Cimacnoticias | México, DF.-
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