Un registro habla sólo de 535; otro contabiliza más de 4 mil
En
2012 el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en
inglés) mandató al Estado mexicano a homologar sus leyes locales en
materia de aborto legal, así como a crear un registro nacional de
desaparición de mujeres, y volver operables los protocolos Alba y Amber
de desaparición de mujeres y niñas, pero ninguna de las recomendaciones
fue acatada.
Como parte de su trabajo académico, la Cátedra UNESCO de Derechos
Humanos de la UNAM hizo un seguimiento de las recomendaciones que el
Comité de la CEDAW emitió al Estado mexicano, especialmente en aquellas
en las que el gobierno debía emitir un informe en 2014, que de acuerdo
con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), ya fue enviado
pero se desconoce su contenido.
En ese contexto, Tania de la Palma, integrante de la Cátedra UNESCO,
presentó la información que hasta el momento se ha generado desde la
academia sobre el cumplimiento de tales recomendaciones.
Vía recurso de transparencia, la Cátedra UNESCO detectó que para cumplir
con la observación de crear un registro único, el Estado mexicano
cuenta con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o
Desaparecidas y el Programa de Mujeres y Niñas Desaparecidas “Dar
Contigo”, pero ninguno de los dos desarrolla estadísticas, y en sus
portales sólo se encuentra la información de mujeres desaparecidas, pero
no hay panorama por entidad federativa, ni sobre las características de
las personas.
Además las cifras de los dos sitios no coinciden, pues mientras el
programa “Dar Contigo” registra 535 mujeres desaparecidas de 2012 a
2014, el Registro Nacional señala 4 mil 14 mujeres desaparecidas en el
mismo periodo.
Al mismo tiempo que México sigue sin contar con un registro único que dé
cuenta de la situación real del número de mujeres y niñas
desaparecidas, 17 entidades federativas no tienen penalizada la
desaparición forzada.
Por otro lado, la armonización de las normas federales para legalizar el
aborto no se han llevado a cabo, e incluso existe un retroceso, pues
diferentes estados modificaron sus constituciones locales para “proteger
la vida desde la concepción”.
A la par, sólo un tercio de las entidades reporta haber informado a su
personal de atención hospitalaria sobre las causales para la
interrupción legal del embarazo, y aunque el presupuesto destinado a
capacitaciones para informar al personal de salud sobre la materia se
incrementó, las mujeres siguen sin tener orientación sobre las causales
de aborto en sus estados, “por lo que se siguen violando los Derechos
Humanos (DH) de estas mujeres.
La información generada por la Cátedra UNESCO será enviada al Comité de
la CEDAW para que cuente con elementos suficientes para contrarrestar la
información que haya presentado el Estado mexicano.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
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