Autor: Flor Goche / @flor_contra
El encarcelamiento de Nestora Salgado, que se ha prolongado por más de 600 días, es muestra del “uso político del sistema penal mexicano para criminalizar a los liderazgos sociales”, sobre todo cuando se trata de mujeres e indígenas, considera la defensa de la excomandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero. Su representante ante instancias internacionales, Alejandra Gonza, añade que las autoridades penitenciarias calificaron a Nestora como una mujer de “capacidad criminal alta” y que, a partir de esta valoración, fue sometida a un régimen de confinamiento
Un espacio
de 3 por 3 metros cuadrados con una pequeña ventana incrustada en una
de las paredes. Un techo de chapa. Una luz artificial encendida la
mayor parte del tiempo. Asfixia y bochorno entre muro y muro.
Una mujer sin compañeras de celda. Sin
posibilidad de inmiscuirse en actividades recreativas. Restringido su
acceso a los espacios comunes. Castigada cuando, como consecuencia de
su condición humana, busca la interacción con las otras. La soledad
entre muro y muro.
En las escasas pláticas con sus
abogados y familiares, Nestora Salgado García ha podido apenas esbozar
las condiciones de su encierro. Hasta el cierre de esta edición, ella,
la excomandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero,
permanecía recluida en el Centro Federal de Readaptación Social de
Tepic, Nayarit, acusada de secuestro: más de 600 días prisionera en una
cárcel de alta seguridad sin que siquiera se le haya dictado sentencia.
También se encontraba en huelga de hambre.
Una “calificación arbitraria” justifica
el régimen de confinamiento al que ha sido sometida Nestora Salgado al
interior del penal, refiere la Alejandra Gonza, quien desde la Clínica
de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle ejerce su
representación jurídica ante las instancias internacionales.
La maestra en derechos humanos por la
Universidad Pontificia de Salamanca, España, comenta que recientemente
tuvieron acceso a un documento a cargo de las autoridades
penitenciarias que, con base en las condiciones naturales de lideresa
de Nestora Salgado, la califica como una mujer de “capacidad criminal
alta”.
Dicha valoración tendría sustento en
las declaraciones de un diputado local del Partido Revolucionario
Institucional que, sin más, acusa a Nestora Salgado de estar en
contacto con el crimen organizado y con la guerrilla, además de
enfatizar en el poder de convencimiento que la mujer de origen indígena
ejerce sobre su comunidad. Se cimentaría, asimismo, en los resultados
de un supuesto examen sicológico que se le practicó al principio de su
reclusión.
A decir de Alejandra Gonza, el
contenido de este documento evidencia factores de “alta discriminación”
en contra de Nestora Salgado, en razón de su género y su rol en una
sociedad de machismo institucionalizado. Discriminación y, al mismo
tiempo, criminalización por ser mujer lideresa de su comunidad.
Como muestra de estas consideraciones
discriminatorias, la litigante alude a un párrafo del documento en
cuestión en el que se concluye, entre otras cosas, que Nestora Salgado
percibe como “castrante” su ambiente familiar y de forma distorsionada
a las figuras masculinas, lo que la lleva a desempeñar el rol de las
mismas dentro de un contexto social donde la figura femenina debe ser
sumisa y permisiva.
Es por esta “calificación arbitraria”
de mujer de “capacidad criminal alta” que Nestora Salgado ha sido
sometida al más estricto régimen de confinamiento: ha permanecido de 22
a 24 horas diarias en su celda bajo estricta vigilancia, sin acceso a
las condiciones que tiene el resto de la población carcelaria.
Al abordar este tema, Gonza recuerda un
episodio denunciado por Nestora durante los primeros días de su
encarcelamiento: el cómo al interior del penal la obligaban a vestirse
como hombre, al tiempo que le decían “ya que quieres tomar el rol de
los hombres, vístete como uno”.
Criminalización de los liderazgos sociales
En un sistema judicial autónomo e
independiente, cualquier decisión relativa a la privación de la
libertad de una persona debe ser ordenada por un juez. En el caso de
Nestora Salgado García no fue así. La decisión de su traslado al Centro
Federal de Readaptación Social de Tepic, Nayarit, penal de alta
seguridad, provino del entonces secretario de Seguridad Pública y
Protección Civil de Guerrero, Sergio Lara Montellanos.
Lo
anterior consta en un documento oficial a cargo de la Fiscalía General
de Guerrero. De acuerdo con éste, desde las 10 horas del 21 de agosto
de 2013, es decir, 6 horas antes de la aprehensión de la excomadanta de
la Policía Comunitaria de Olinalá, Lara Montellanos había girado un
oficio al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado
Prevención y Readaptación Social de Nayarit para solicitar la
autorización de ingreso de esta mujer.
El hecho otorga fuerza a la
interpretación de la defensa de Nestora Salgado, que sostiene que el
caso es muestra fehaciente del “uso político del sistema penal mexicano
para criminalizar a los liderazgos sociales”.
Y es que, como explica Alejandra Gonza,
quien desde la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle
ejerce la representación de Nestora Salgado ante las instancias
internacionales, la falta de petición fundada y motivada del Ministerio
Público así como de orden judicial respecto del traslado de su
defendida evidencia que la decisión fue de carácter político.
El objetivo, precisa, era sacar a
Nestora Salgado del panorama en Guerrero y alejarla de su familia y su
comunidad por medio del uso del sistema penal. De la misma manera, se
buscó obstaculizar la labor de su defensa legal –en contra del
principio de justicia pronta y expedita–, pues aunque ella fue
ingresada a un penal con sede en Tepic, Nayarit, los tres procesos que
enfrenta en la actualidad radican en juzgados de Tlapa, Guerrero, a más
de 1 mil kilómetros de distancia. Ello implica, por ejemplo, que un
simple exhorto tarde alrededor de 4 meses en llegar de un lugar a otro.
Para Alejandra Gonza, maestra en
derechos humanos por la Universidad Pontificia de Salamanca, España,
hay otros elementos que encajan en el patrón de criminalización de esta
lideresa social. Por un lado, el que se le hayan imputado delitos
graves como secuestro, lo que la llevó en automático a la prisión
preventiva, sin posibilidad alguna de ser juzgada en libertad; por el
otro, que los procesos en su contra estén cimentados básicamente en las
declaraciones de la parte acusadora sin ningún otro tipo de evidencias
o investigación de calidad.
El cúmulo de violaciones al debido
proceso de Nestora Salgado –exdirigente de un órgano que, ante la
ineficiencia gubernamental y su colusión con la delincuencia
organizada, asumió como suya la responsabilidad de proveer seguridad y
justicia a las comunidades– contribuirían a sustentar la tesis de la
criminalización de su liderazgo, vía el uso faccioso del sistema penal.
Al respecto, Leonel Rivero Rodríguez,
su abogado en el ámbito nacional, afirma que las inconsistencias por
parte de agentes del Ministerio Público y jueces del fuero han sido
constantes en cada uno de los procesos instaurados en contra de Nestora
Salgado. Demoras en la resolución de su situación jurídica, falta de
notificación consular (dada su doble nacionalidad: mexicana y
estadunidense), negativa inicial de contar con un abogado de su
confianza y obstrucción de su derecho a la defensa adecuada, son
algunas de ellas.
El integrante de la organización civil
Defensa Estratégica en Derechos Humanos recuerda que, en marzo de 2014,
el Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Circuito revocó el auto de
formal prisión en contra de Nestora Salgado por los delitos de
secuestro y delincuencia organizada, derivados del proceso federal que
enfrentó. Es por ello, argumenta el litigante, que sostener la misma
acusación en el fuero común significa faltar, incluso, a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su
artículo 23 establece que “nadie debe ser juzgado dos veces por el
mismo delito”.
A decir de Alejandra Gonza, un elemento
más, en este caso de contexto, colocaría a su defendida como rehén del
Estado mexicano. Nestora Salgado fue aprehendida a escasos 6 días de
haber ejecutado, en cumplimiento de su cargo de comandanta de la
Policía Comunitaria –el que asumió por decisión de asamblea–, la
detención de Armando Patrón Jiménez, síndico procurador del
ayuntamiento, quien fuera sorprendido borrando evidencias de un doble
homicidio. Así, apunta Alejandra Gonza, “lo que genera el ensañamiento
del gobierno en su contra era salvar a un funcionario público que
estaba siendo detenido por el sistema comunitario”.
En diciembre de 2013, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, misma que a la fecha no ha informado
sobre el estatus de las tres quejas que recibió a propósito del caso de
Nestora Salgado, dio a conocer su Informe especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el estado de Guerrero.
En la página 86 del citado documento se lee: “Debe señalarse que, sin
prejuzgar sobre la responsabilidad penal de los involucrados, resulta
preocupante para este organismo nacional la forma en que se condujeron
las autoridades del estado de Guerrero, quienes han realizado diversas
acciones que aparentan un uso político de la justicia con la finalidad
de criminalizar la actuación de ciertos grupos y personas; ejemplo de
ello es solicitar el internamiento de la coordinadora de la policía
comunitaria en un centro penitenciario alejado de sus familiares, sin
dejar de observar que el delito que se le imputa –secuestro– pudiera
estar relacionado con el tipo de actividades que realizaba en sus
labores de policía comunitaria –como lo es la retención de personas–,
las cuales fueron avaladas, reconocidas y apoyadas por el gobierno del
estado de Guerrero”.
Para Alejandra Gonza, es claro que la
ley está del lado de Nestora Salgado. El problema, dice, es que en
México el marco jurídico simplemente no se aplica por actos de acción u
omisión de las distintas autoridades de administración y procuración de
justicia.
Harta de las arbitrariedades en su
contra, tanto de carácter procesal como de las propias condiciones de
su encierro, el pasado 5 de mayo, Nestora Salgado inició una huelga de
hambre, protesta con la cual logró que el Estado mexicano retomara el
diálogo con su defensa y familia en el marco de las medidas cautelares
que a su favor dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que
van encaminadas primordialmente a salvaguardar su integridad física.
El principal acuerdo de este encuentro,
que tuvo lugar en la sede de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación, fue el traslado de la excomandanta a un
penal del fuero común. Compromiso de gobierno que hasta el cierre de
esta edición no había sido ejecutado.
La meta de los abogados de Nestora
Salgado apunta, sin embargo, a lograr su libertad definitiva. “Nosotros
no estamos celebrando nada. El Estado mexicano está cumpliendo con sus
obligaciones internacionales de forma muy lenta y mínima. Vamos
haciendo lo mínimo indispensable y necesitamos un compromiso fuerte con
medidas claras que pasen del discurso político a verdaderamente la
libertad de esta persona”, sentencia Alejandra Gonza.
Para conocer la postura del gobierno
federal ante los procesos contra Nestora Salgado, la huelga de hambre
de la comnadanta y las denuncias sociales de que su encierro es un
asunto político, Contralínea solicitó entrevista con el
subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación,
Roberto Campa Cifrián. Sin embargo, hasta el cierre de edición no se
pudo concretar.
Flor Goche, @flor_contra
[Sección: Sociedad]
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