Por: Miguel Carbonell.
lasillarota.com
Aunque
en términos generales la jornada electoral del 7 de junio reflejó un
ánimo ciudadano dispuesto a la alternancia, hay una cosa que debería
preocuparnos profundamente: Si decidimos cambiar al partido en el poder
en cualquiera de los niveles de gobierno, ¿lo hacemos con base en
propuestas o simplemente como muestra de rechazo hacia quienes estaban
gobernando?
Un tema relevante ilustra la pertinencia de la pregunta: Estamos a
pocos meses de que entre en funcionamiento en todo el territorio
nacional la importantísima reforma penal de los juicios orales y ningún
partido o candidato (hasta donde pudimos enterarnos) puso el tema entre
sus prioridades de gobierno. Es algo extraño, ya que todas las
encuestas demuestran que el asunto que más preocupa a los ciudadanos en
México es precisamente el de la inseguridad que se vive en buena parte
del territorio nacional.
¿Cómo es posible que los candidatos y partidos hayan olvidado
proponer algo sobre el tema que es más importante y más preocupa a los
ciudadanos? Todo parece indicar que, al menos en este asunto, persiste
un grave abismo de separación entre la clase política (que viaja en
camionetas blindadas, que tiene guardaespaldas de tiempo completo, que
no se tiene que preocupar por los asaltos en el transporte público, que
tiene contactos de alto nivel en las procuradurías), y el ciudadano
común y corriente.
Sin embargo, el tema penal es de una enorme gravedad. El INEGI
señala que 93% de los delitos que se cometen en México ni siquiera son
denunciados, dando inicio de esa manera a la aplastante rueda de la
impunidad que tiene sumido al país en una grave situación. En uno de
cada tres hogares mexicanos hay al menos una persona que ha sido
víctima de la delincuencia en los últimos doce meses (sin distinción de
clase social, nivel educativo u otras características: La delincuencia
pega parejo). En 50% de los casos que sí fueron denunciados, el
Ministerio Público no hizo nada, aparte de levantar la denuncia.
Al final del camino (le ahorro al lector muchas otras estadísticas
que lo acreditan) la impunidad en México es del 99 por ciento. Es
decir, solamente se castiga de manera efectiva uno de cada cien delitos
cometidos. Estamos ante uno de los fracasos más grandes del Estado
mexicano, pero todo parece indicar que ni los partidos ni los
candidatos se han dado cuenta de la alarmante situación en la que
vivimos.
Poner en práctica la reforma penal de los juicios orales requiere de
la participación no solamente de gobernadores, policías, procuradores,
defensores públicos y peritos. También necesitamos de un mucho más
activo compromiso de las universidades. Da pena enterarse de que los
recién egresados de la carrera de derecho no tienen en muchos casos las
competencias y habilidades que requiere el nuevo sistema penal.
Algunos ni siquiera saben hablar bien en público, esbozar una teoría
del caso o formular un alegato de apertura. ¿Qué harán en una sala de
audiencia cuando les toque llevar un juicio oral? La culpa no es de los
estudiantes, sino de un sistema universitario que se sigue resistiendo
al cambio y de unos profesores que permanecen anclados en el pasado.
La reforma penal es el principal desafío del Estado de derecho en
México. Es responsabilidad de todos que llegue a buen puerto y podamos
tener, por fin, una justicia penal digna de ese nombre, en vez de la
grotesca caricatura con la que tenemos que lidiar en la actualidad.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario