Marta Lamas
Néstora contra los jueces de Guerrero, cartón de Rocha
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Luego de casi dos años de estar detenida en la cárcel
de alta seguridad en Tepic, Nestora Salgado fue trasladada al Centro
Femenil de Reinserción Social de Tepepan en la Ciudad de México. Llegó
sosteniéndose en una huelga de hambre que inició el 5 de mayo y que
afortunadamente decidió abandonar para seguir luchando por su libertad.
El caso de Nestora, un ejemplo del entramado de venganza
política y corrupción que sigue operando en Guerrero al margen del
gobierno interino de Rogelio Ortega, tiene dos vertientes: una jurídica
y otra política. El aspecto jurídico está plagado de errores y hay una
clara ausencia de debido proceso: Los cargos que se le imputan están
basados en pruebas ilegales (a las “víctimas” las arraigaron y les
tomaron declaración sin seguir el proceso legal); la trasladaron a
Tepic antes de que se cumplieran las 72 horas de su primera
declaración, por lo cual su abogado de oficio no tuvo posibilidad de
presentar recursos; estuvo ilegalmente en Tepic casi un año sin que
existiera orden judicial para ello; y, muy impactante, ninguno de sus
acusadores se ha presentado a ratificar la denuncia en su contra, pese
a que fueron citados. Además, al ser ciudadana de Estados Unidos, ella
nunca tuvo acceso a asistencia consular, pese a que la justicia
mexicana conoció de su calidad de estadunidense.
Por el lado político, es evidente que, al pretender
limpiar de droga y de corrupción a su comunidad de Olinalá, Nestora
afectó intereses, y esto no se lo perdonan. Para librarse de ella se le
levantaron cargos por “secuestradora”. Me parece inconcebible que la
justicia no sea capaz de ver que una mexicana que luego de años de
trabajo en Estados Unidos logra no sólo una buena situación económica,
sino incluso la nacionalidad, no va a venir a su comunidad a
“secuestrar” personas. Desde hacía tiempo Nestora había estado mandando
recursos para apoyar a Olinalá, y se fue ganando un lugar de liderazgo
comunitario, que culminó con su nombramiento como comandante de la
Policía Comunitaria. No hay que olvidar que en Guerrero la Policía
Comunitaria existe desde 1995 y que partir de la Ley de Seguridad
Pública aprobada en 2007 se le reconoce su carácter de policía
preventiva y auxiliar en los municipios, sujeta a los lineamientos del
ayuntamiento. Desde 2011 la Ley de Seguridad Pública reconoce que son
actos de autoridad los ejercidos por la Policía Comunitaria en sus
funciones, como la de detener a delincuentes en las Casas de Justicia.
Es un hecho que los secuestradores no llevan a sus
víctimas a lugares conocidos y a la vista de todos. El síndico de
Olinalá, Armando Patrón Jiménez, acusado de estar involucrado en el
asesinato de dos ganaderos y del robo de su ganado, fue trasladado a la
Casa de Justicia, y las cuatro adolescentes que habían sido captadas
para el comercio sexual, y cuyas madres le solicitaron a Nestora
rescatarlas, fueron llevadas a un convento. Los cómplices del síndico,
entre los que probablemente se encuentra el presidente municipal de
Olinalá, Eusebio González Rodríguez, la denunciaron por “secuestro”,
así como las madres de las adolescentes, a quienes les ofrecieron
dinero, becas y recursos si hacían la denuncia, como luego le confesó
una de ellas a Nestora. Ninguna de estas personas “secuestradas” ha
comparecido para el careo ni para ratificar la denuncia; por eso no se
ha dictado sentencia.
Nestora decidió, tal vez demasiado ingenuamente,
enfrentar al narco y a los funcionarios corruptos. Y éstos respondieron
con las arteras demandas por “secuestro”. Si en algo se equivocó
Nestora fue en creer que se puede combatir al mal con el bien. Así,
tratando de frenar la connivencia de las autoridades locales con el
narcotráfico, tratando de castigar a los políticos corruptos que
acaparaban el mercado de la venta de materiales y mercancías amenazando
a los empresarios locales para que se retiraran, y tratando de
“rescatar” a jovencitas por petición de sus madres, Nestora desencadenó
una brutal reacción en su contra.
En Guerrero, como lamentablemente se ha podido comprobar
con el caso de Iguala/Ayotzinapa, la corrupción gubernamental es
brutal. Este atroz panorama obliga de manera inevitable a formularse
una interrogante respecto a Nestora Salgado: Dado ese siniestro
entramado, ¿será que el fiscal Miguel Ángel Godínez está amenazado si
se desiste de la causa contra Nestora, o será que, por el contrario, él
es parte de esa sucia trama? Hoy es la Fiscalía de Guerrero la que
puede hacer un sobreseimiento de este caso, pues ya existe una
resolución de la justicia federal a favor de Nestora, declarándola
inocente.
El jueves 4 Elena Poniatowska, Jesusa Rodríguez, Liliana
Felipe y yo visitamos a Nestora en su habitación de la Torre Médica en
el reclusorio femenil de Tepepan. Fuimos a refrendarle nuestro
compromiso con su liberación y a comunicarle que somos muchas las
personas comprometidas con que se haga justicia. Ese mismo día, un poco
más tarde, en la estación Periférico del tren ligero, se reunió un
grupo de simpatizantes que caminaron, cuesta arriba, hasta llegar al
Centro Femenil de Reinserción Social, a manifestarle su apoyo a Nestora
y a decirle que se ha vuelto un símbolo de la acción ciudadana contra
la corrupción y el narco.
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