.- Ciudad
de México.— Está mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció
que la Secretaria de las Mujeres, Minerva Citlalli Hernández Mora,
entregó su renuncia para ser ejecutada a partir del día de mañana y con
ello incorporarse a otras labores del partido Movimiento Regeneración
Nacional (MORENA) rumbo a las elecciones del 2027; sin embargo, detrás
de su salida deja una deuda con las mujeres, niñas y adolescentes del
país y un calificación reprobatoria del Estado mexicano frente a la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW).
Hernández Mora deja la Secretaría de las
Mujeres con una deuda importante ya que, en el 2025, las cifras del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP) indicaron que México registró 721 víctimas de feminicidio en
México y 2 mil 74 mujeres víctimas de homicidio doloso. En lo que va del
2026 ya hay 94 registros de casos de feminicidio y 225 por homicidio
dolosos en el país, solo entre enero y febrero.
«La Secretaría
de las Mujeres coordina las acciones y políticas públicas que se
implementan a nivel nacional para promover las condiciones para avanzar
hacia una vida libre de violencias para niñas, adolescentes y mujeres en
México».
La Secretaría de las Mujeres entró en funciones el 1 de
enero de 2025 tras la publicación del decreto correspondiente en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) y con ello, Citlalli Hernández
lideró lo que sería un nuevo capítulo para el movimiento de mujeres, ya
que por primera vez se reconocía la desigualdad histórica de género, sin
embargo, a un año y tres meses en funciones, hoy la política morenista
se retira del cargo.
La noticia de su renuncia se dio a conocer
durante la Conferencia de Prensa “La Mañanera”, donde Sheinbaum explicó
que durante las elecciones de 2024, el papel de Citlalli Hernández fue
importante para pactar alianzas con MORENA. Ahora, a petición de la
dirigente del partido Luisa María Alcalde, la funcionaria estará
presidiendo la Comisión Nacional de Elecciones en Morena.
En
2027 se esperan las elecciones más grandes en la historia de México,
pues se realizará la elección intermedia en el que se elegirán 500
diputaciones, 17 gubernaturas, 2 mil 478 cargos en ayuntamientos, así
como diputaciones locales en los 32 congresos estatales. A esto se suma
la segunda elección judicial donde se elegirán al restos de jueces y
magistrados por voto popular.
Además del número de casos de
feminicidio acumulados en el país durante el 2025 y los dos primeros
meses del 2026, Citlalli Hernández acumuló otras deudas, una de ellas
fue con las trabajadoras del extinto Instituto de las Mujeres y de la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contras las
Mujeres (CONAVIM) quienes fueron despedidas para dar paso a la
institución que hoy deja.
A
esto se suma que Citllali Hernández encabezó la delegación mexicana que
acudió el 17 de junio del 2025 a Ginebra, Suiza, en aras de realizar la
sustentación de su X informe Periódico ante la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW) donde recibió una calificación reprobatoria por las fallas
presentadas en justicia y autonomía institucional.
De acuerdo con
la relatora de la CEDAW, Yamila González Ferrer, las respuestas del
Estado mexicano no estuvieron acompañadas por estadísticas que
acreditaran los resultados, es decir, en función de saber cómo han
beneficiado a mujeres víctimas al tomar medidas contra los agresores.
En
esa comparecencia, el informe sombra «Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres: Ni armonización/ ni coordinación» alertó que a seis
meses de entrar en funciones, la institución a cargo de Citlalli
Hernández no era capaz de asumir las funciones de las Alertas de
Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), las cuales estaban a
cargo de la CONAVIM y pasaron a la Dirección General de Políticas de
Acceso a una Vida Libre de Violencia de la Semujeres.
Y es que, el
Estado mexicano ha sido señalado reiteradas veces de no contar con
datos desagregados de las víctimas de feminicidio, desapariciones en
otros tipos de cuestionamientos y mucho menos en cuanto a los resultados
de las medidas implementadas para combatir la violencia de género.
Durante
la comparecencia en Ginebra, las y los expertos del organismo
expresaron una preocupación sostenida por retrocesos que afectan dos
pilares fundamentales para la garantía de los derechos de las mujeres:
la justicia con perspectiva de género y la autonomía de las
instituciones encargadas de vigilarla y hacerla cumplir.
El Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) es
el órgano de expertos independientes que supervisan la aplicación de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer. Está conformado por 23 expertas y expertos en derechos
de las mujeres que se dedicaron a hacer cuestionamientos puntuales al
Estado mexicano ante el informe recibido en septiembre de 2024.
La conformación de la SeMujeres
Fue
un 19 de agosto del 2024 cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo,
de forma previa a la toma de su actual cargo, sorprendió al informar
sobre la creación de la Secretaría de las Mujeres.
Para el 1 de
noviembre de ese mismo año, la presidenta Sheinbaum presentó la
iniciativa para realizar cambios en la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, con el objetivo de fortalecer “la eficiencia y
eficacia de cada una las Secretarías del Estado”.
Con esta
aprobación se extinguió el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)
luego de 23 años de su creación para dar paso a la Secretaría de las
Mujeres,
Por tanto, se dijo en su momento que al ser una
Secretaría, se le otorgaría un nivel más alto de interlocución con otras
dependencias y poderes del Estado, lo que facilitaría la integración de
políticas de género en todas las áreas del gobierno.
Los recursos
humanos, financieros y materiales con que contaba el Instituto Nacional
de las Mujeres fueron transferidos a la Secretaría de las Mujeres.
Con
este cambio, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra la Mujeres (Conavim) quedó adscrita a la Secretaria de
las Mujeres.
Quién es Citlalli Hernández Mora
Su
militancia inició en 2014 cuando fue integrante del Comité de Base,
miembro de las juventudes y secretaria de Cultura del Comité Ejecutivo
Delegacional de MORENA en Iztacalco. Para 2015, fue elegida diputada
local en la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal y entre 2018 a 2024 fungió como senadora por la Ciudad de México
en segunda fórmula para las legislaturas LXIV y LXV.
Fue en 2020
cuando fue elegida como secretaria general de MORENA en fórmula con
Porfirio Muñoz Ledo, obteniendo la preferencia por arriba de las otras
12 personas candidatas. En 2024 fue designada por Sheinbaum cuando era
precandidata a la Presidencia de la República como Coordinadora de
Alianzas y Coaliciones, aunque más tarde la nombró Coordinadora de
Enlace de las Mujeres de la campaña.
Ese mismo año, al estar
dentro de la lista de senadoras y senadores plurinominales de Morena,
fue elegida como senadora de la República para un segundo mandato. Hasta
que el 19 agosto de 2024, Sheinbaum la presentó como la nueva
secretaria de las Mujeres.
.Ciudad
de México.- De cara a la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer, que
tendrá lugar en la Ciudad de México, el panorama regional se presenta
adverso porque los compromisos asumidos en la edición anterior,
celebrada en Argentina en 2022, no se han cumplido, lo que mantiene una
brecha significativa en la atención a los derechos de las mujeres en
América Latina y el Caribe.
Dentro de la XV conferencia, se pactaron 54 acuerdos
en torno a ejes prioritarios como sistemas de cuidados, erradicación de
la pobreza, cambio climático, servicios de salud, violencia contra las
mujeres, migración y protección a mujeres defensoras, no obstante en
aras de la próxima conferencia, llegamos con acuerdos pendientes y
obligaciones incumplidas
La sociedad de cuidados fue
la problemática más destacada en las recomendaciones. De los 54
acuerdos, 13 se centraron en este tema, subrayando la urgencia de
reconocer los cuidados como un derecho humano y de corregir la injusta
distribución del tiempo, que recae principalmente en las mujeres. Ante
este panorama, los países se comprometieron a crear mecanismos y planes
para el desarrollo de sistemas integrales de cuidado, así como a
implementar medidas para superar la división sexual del trabajo.
Sin
embargo, estos acuerdos no se han materializado y las tareas de cuidado
siguen recayendo en las mujeres. De acuerdo con la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2023 el 27% de las mujeres
ocupadas trabajaba en sectores vinculados a la economía del cuidado,
frente a apenas 6% de los hombres. Para 2025, las mujeres realizan más
de dos tercios del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado,
dedicando entre 12% y 24.2% de su tiempo diario, mientras que los
hombres solo destinan entre 3% y 12.5%.
El contexto demográfico
agrava la situación, pues en 2024, la CEPAL estimó que más de 95
millones de personas mayores de 60 años viven en la región (14,3% de la
población), y para 2050 se proyecta que representen el 25%. Este rápido
envejecimiento incrementa las necesidades de cuidado a largo plazo,
sobre todo entre mayores de 80 años, muchas de ellas sin protección
social.
En materia de pobreza, los países
miembros se comprometieron a promover estrategias interseccionales que
respondieran a las necesidades específicas de las mujeres, con atención
especial a la feminización de la pobreza, y a evitar recortes en
programas sociales que pudieran agravarla. La realidad actual refleja la
brecha. pues la mitad de las mujeres en América Latina y el Caribe
permanece fuera del mercado laboral, frente a una participación
masculina cercana al 75%. Además, por cada 100 hombres en situación de
pobreza hay 118 mujeres, y en pobreza extrema, 120. Esta desigualdad se
profundiza entre mujeres indígenas, afrodescendientes y rurales.
En cuanto a la violencia contra las mujeres,
los Estados acordaron crear servicios integrales de prevención y
atención, implementar planes multisectoriales, generar estadísticas
confiables y fomentar cooperación regional y multilateral. Aun así, la
violencia persiste. Según la CEPAL, en 2023 se registraron 3 mil 897
feminicidios en 27 países de América Latina y el Caribe, lo que equivale
a 11 asesinatos diarios. Más del 65% de estos crímenes fueron cometidos
por la pareja o expareja de la víctima.
En el eje de migración,
los acuerdos plantean eliminar las condiciones estructurales de
vulnerabilidad que enfrentan mujeres y niñas en el ciclo migratorio,
incluida la trata y el tráfico de personas. La realidad es distinta: los
flujos migratorios aumentaron y las políticas se endurecieron. Solo en
2023, la UNICEF (El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia)
reportó mil 094 muertes de personas migrantes en el continente, de las
cuales 14% correspondieron a mujeres, mientras que el 41% permanece sin
identificar.
Además la presencia de niñas, niños y adolescentes en
los flujos migratorios ha incrementado, ya sea que viajen acompañados o
solos. Tan solo en Proyecto Migrantes Desaparecidos de la International
Organization for Migration (OIM), establecen que de enero de 2024 a
junio del mismo año se reportaron 782 personas migrantes fallecidas o
desaparecidas en la frontera de México-Estados Unidos, de los cuales 40
fueron niñas, niños y adolescentes.
Por otro lado, los países se comprometieron a proteger a las mujeres defensoras
de derechos humanos, en especial a quienes resguardan el territorio y
el medio ambiente, y a fortalecer las organizaciones donde participan.
Sin embargo, el informe “La tierra, para quienes la trabajan y la
defienden” de IM-Defensoras (2024) advierte que entre 2012 y 2024 se
registraron 35 asesinatos y 10 mil agresiones contra defensoras
ambientales. México, Honduras, Nicaragua y El Salvador figuran como los
países más peligrosos para estas mujeres.
Respecto del año
anterior se reportó un incremento de 11% en el número de agresiones,
causado principalmente por el aumento en el ámbito digital documentadas
en El Salvador y Nicaragua. Casi la mitad de los agresores identificados
(42%) fueron actores vinculados al Estado: autoridades públicas,
policiales o militares; que actuaron muchas veces para proteger
intereses de grupos de poder privados.
En cuanto a la mitigación de cambio climático,
se propuso integrar perspectiva de género, interseccionalidad e
interculturalidad en las políticas, iniciativas y programas nacionales
ambientales, además de apoyar a promover la participación de las mujeres
en la toma de decisiones relativas al medio ambiente y a la reducción
del riesgo de desastres.
No obstante, de acuerdo con el Centro
Global de la Movilidad Climática, las mujeres continúan siendo el grupo
más afectado por el colapso ambiental, debido a políticas que no ofrecen
soluciones reales. Este desequilibrio es reflejo de un sistema
patriarcal que también se evidencia en la falta de representatividad. Un
ejemplo claro fue la conferencia de la COP‑29, celebrada en noviembre
de 2024, cuyo comité organizador inicial estuvo compuesto únicamente por
hombres; la integración solo cambió ante la presión internacional.
En otro eje, se había acordado apoyar activamente la participación de organizaciones y
movimientos de mujeres y feministas, sin embargo, la realidad se ha
alejado de ese objetivo. De acuerdo con Fondo Semillas, el avance de la
ultraderecha en diversos países, impulsado por gobiernos con políticas
conservadoras, ha generado incertidumbre entre las organizaciones
defensoras de los derechos humanos. En los últimos meses, estas han
reportado recortes presupuestales y retrocesos que ponen en riesgo tanto
sus labores como los avances alcanzados en la protección de niñas,
adolescentes y mujeres.
Asimismo, se instó a promover políticas
públicas intersectoriales que fomenten la participación, permanencia y
culminación de la educación de niñas, adolescentes y mujeres en áreas de
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).
Pese a que en América Latina y el Caribe se han logrado ciertos avances,
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que
solo el 41 % de las personas graduadas en STEM son mujeres, lo que
evidencia que la paridad educativa aún está lejos de alcanzarse.
Esta
desigualdad se intensifica en el ámbito laboral, donde, en promedio,
las mujeres solo ocupan el 28 % de los puestos en ciencia e ingeniería a
nivel mundial. Además, su presencia se concentra principalmente en
sectores vinculados al cuidado y los servicios de salud, donde
representan más del 70 % de la fuerza laboral.
A una semana de la
Conferencia Regional de la Mujer que se llevará a cabo dentro de
territorio Mexicano, la deuda con las mujeres sigue latente, pues pese
los acuerdos pactados desde hace tres años, los avances han sido
mínimos, por lo que evidencia el nulo compromiso de los Estados parte en
transformar la realidad de las mujeres dentro de la Región.
Por Andrés Dominguez. Chiapas Paralelo. Resumen Latinoamericano, 23 de julio de 2025
La
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
(IM-Defensoras), en el marco de las recomendaciones hechas por la
Convención sobre todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés) hacia el Estado mexicano, exigió su
cumplimiento y solicitó establecer mesas de seguimiento con sociedad
civil, mujeres defensoras, periodistas y buscadoras.
Durante los
últimos días, el Comité de la CEDAW expresó su preocupación por la
violencia persistente contra mujeres defensoras de derechos humanos,
periodistas y buscadoras en México. Por tanto, hizo un llamado a
prevenir los ataques, incluso cuando se encuentren bajo medidas de
protección.
Además, instó a reconocer a las buscadoras como
defensoras de derechos humanos y víctimas, estableciendo estándares
mínimos a nivel nacional para su definición, medidas de protección,
búsqueda de la verdad y memoria.
También pidió establecer un
sistema de recolección de datos y monitoreo para rastrear los patrones
de violencia y evaluar las necesidades de protección.
Se destacó
la necesidad de fortalecer el mecanismo de protección mediante la
implementación de evaluaciones de riesgo y medidas de protección
integral con enfoque de género e interseccional, asegurando
financiamiento adecuado y una coordinación efectiva entre instituciones
federales y estatales.
Por último, se exigió realizar
investigaciones oportunas, prontas e imparciales frente a los ataques
contra defensoras de derechos humanos, periodistas y buscadoras, para
asegurar la persecución efectiva de los responsables, así como
reparaciones integrales para las víctimas.
Fotografía retomada de @MaluMicher en X.-Ciudad
de México.- Tras la publicación de las recomendaciones emitidas por el
Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) luego de su décima evaluación
al Estado mexicano, diversas organizaciones de la sociedad civil se
reunieron con la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la
Republica con el objetivo de analizar dichas observaciones y proponer
medidas concretas para incorporarlas en la agenda legislativa nacional.
El
pasado el 17 y 18 de junio de 2025, una delegación de funcionarias del
gobierno mexica, liderado por Citlali Hernández titular de la Secretaría
de las Mujeres (Semujeres), acudió a Ginebra en Suiza para rendir
cuentas sobre los avances u pendientes en el cumplimiento de sus
obligaciones en materia de igualdad de género. Esta comparecencia formó
parte del seguimiento a los compromisos adquiridos por el Estado
mexicano sobre los derechos humanos de las mujeres. De esta manera, el
Comité de la CEDAW escuchó la versión oficial, así como informes sombras
de la sociedad civil y organizaciones feministas que pusieron en
relieve otro lado de la violencia de género en México.
La senadora
Martha Lucia Micher Camarena, presidenta de la Comisión de Género y una
de las integrantes de la delegación mexicana, lideró le mesa de trabajo
con las organizaciones de la sociedad civil. Para abrir el dialogo,
señaló que la autonomía de las mujeres se define como la capacidad para
tomar decisiones libres e informadas sobre su vida en función de sus
propias aspiraciones y deseos; sin embargo, la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) determina que existen tres
dimensiones de la autonomía: la económica, física y política.
La
autonomía física alude al derecho de las mujeres a decidir sobre sus
cuerpos y sexualidad, vivir una vida libre de violencia y acceder a
servicios de salud sexual y reproductiva. La autonomía económica se
refiere a la capacidad de generar ingresos y recursos propios mediante
el trabajo remunerado en condiciones de igualdad y enfrenta desafíos
como la falta de protección social y sobrecargo de trabajo doméstico y
de cuidados. Finalmente, la autonomía política implica la participación
plena y en igualdad de condiciones en todos los espacios de toma de
decisiones.
Fotografía retomada de @MaluMicher en X
Propuestas para la autonomía física
Belén
Contreras, en representación a diversas colectivas afromexicanas, hizo
un llamado urgente para que se reconozca formalmente y con mayor
precisión la existencia y derechos de las personas afrodescendientes en
México. A pesar de avances legislativos como el reconocimiento en el
artículo 2º constitucional, persisten graves omisiones en los marcos
jurídicos que invisibilizan a las mujeres afromexicanas, sobre todo en
el ámbito social, político y económico. Por ejemplo, la falta de
reconocimiento específico en normas clave como la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde el término
“afrodescendientes” se usa de manera general y no específica, lo que
limita el reconocimiento legal y político de esta población.
Además,
propuso una reforma puntual para que en el artículo 5º de dicha ley se
sustituya el término “afrodescendientes” por “afromexicanas” y
“afromexicanos”, lo que implicaría un reconocimiento más directo y
adecuado de sus derechos y su identidad. Asimismo, sugirió la
incorporación de definiciones claras y específicas tanto para “mujer
afromexicana” como para “mujer indígena” en los instrumentos legales, a
fin de que el Estado y las instituciones asuman obligaciones concretas
para garantizar la participación política y el acceso a derechos de
estas mujeres, evitando su uso meramente formal o simbólico.
Violencia de género
Diana Murrieta, representante de la organización Nosotras para ellas, expuso el trabajo que se ha desarrollado en los últimos años en torno al reconocimiento legal del acecho
como una forma específica de violencia. Esta debe entenderse como el
hostigamiento, seguimiento o vigilancia sistemática, ya sea de manera
física o digital, contra una persona que se realiza de manera reiterada
alterando su vida cotidiana, generando miedo, ansiedad y obligando a que
modifique sus rutinas.
Las autoridades aún confunden el acecho
con el acoso sexual, lo cual representa un problema, ya que la mayoría
de los códigos penales del país no se reconoce el acoso sin connotación
sexual. Esta omisión deja a muchas mujeres sin posibilidad de denunciar
situaciones que ponen en riesgo su integridad, ya que el acecho es una
antesala de delitos más graves como el feminicidio, la trata de
personas, el secuestro o el reclutamiento forzado por el crimen
organizado.
La propuesta presentada por Nosotras para ellas
plantea incorporar el delito de acecho en el Libro Segundo del Código
Penal Federal, Titulo Décimo Quinto relativo a los derechos contra la
libertad y el normal desarrollo psicosexual. Sugiere incluir en el
artículo 266°: «Comete el delito de acecho quien, por cualquier
medio de forma física o digital, amenace, la libertad o seguridad de una
persona de manera continua y persistente, y con dicha acción ocasiona
en cabo en la integridad física, emocional, mental y patrimonial de la
persona echada».
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Andrea
Medida, del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales, señaló la
urgencia de reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia para reconocer con mayor precisión la violencia socio-digital por razón de género.
Este tipo de violencia no debe limitarse a lo penal ni restringirse
exclusivamente al ámbito sexual, ya que se trata de un fenómeno
transversal que impacta diversas dimensiones de la vida de las mujeres.
Por ello, propuso que se reformen los artículos 20 Quarter y 20 Sexies
de la Ley para incluir una definición clara que reconozca como violencia
los actos cometidos o instigados mediate tecnologías de la información y
comunicación (TIC´s), redes sociales, mensajería, correo electrónico o
inteligencia artificial.
La reforma constitucional de 2021 integró
la violencia contra las mujeres exclusivamente en el marco de la
seguridad pública, lo cual contradice los avances del enfoque integral y
articulado entre los ámbitos público y privado. El tratamiento legal de
la violencia digital hasta ahora es deficiente, y la Ley Olimpia
incurre en inconsistencias al sancionar con menor severidad delitos
semejantes a los tipificados como trata, por lo que, la organización
sugirió eliminar el artículo 199 Octies del Código Penal Federal y
repensar los delitos desde una perspectiva integral, que supere la
respuesta exclusivamente punitiva.
Para Media, el problema
principal no radica en las leyes existentes, sino en su aplicación: la
falta de capacitación del personal ministerial, la precariedad de las
periciales y la ausencia de un enfoque especializado en las fiscalías.
También existe la necesidad de generar medidas de protección acordes al
entorno digital en el que ocurren las agresiones, y no reducir estas
respuestas al ámbito penal. Cabe mencionar que la violencia
socio-digital forma parte de un continuo de violencias que comienza en
lo simbólico y puede escalar hacia daños severos, por lo que urge una
revisión integral del marco legal.
Marta Juárez, en representación de la Red Aliadas por la Igualdad y No Violencia, centró su propuesta en la necesidad de redefinir el consentimiento sexual
desde los estándares internacionales de derechos humanos. En México, el
tratamiento legal de la violencia sexual continúa basándose en la
exigencia de pruebas físicas de resistencia o violencia explícita, lo
que niega justicia a muchas víctimas. Esto abona a la urgencia de
adoptar el concepto de “ausencia de consentimiento”, especialmente
cuando existen relaciones desiguales de poder, como ocurre entre
docentes y alumnas, empleadores y subordinadas, o personas adultas y
menores de edad.
La propuesta está respaldada por sentencias de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en los casos de Atenco,
Rosendo Cantú e Inés Fernández, donde se reconoció que las víctimas no
estaban en posibilidad de otorgar consentimiento. En ese sentido, para
loa organización la violencia sexual debe ser entendida como una
violación a la libertad y autonomía sexual de las mujeres. Asimismo, se
necesita eliminar la figura del delito de estupro, el cual se usa para
encubrir abusos sexuales a menores bajo la apariencia de relaciones
“consensuadas”.
Para avanzar en estos cambios, la Red Aliadas por
la Igualdad y No Violencia apuesta por abrir un espacio de diálogo
legislativo convocado por el Senado, con participación de expertas y
organizaciones, para revisar tanto los tipos penales como su operación
institucional y que el Estado genere condiciones metodológicas para
debatir sin polarización, desde una lógica de derechos, con apertura al
disenso y responsabilidad institucional frente a las obligaciones
internacionales en materia de igualdad y no violencia.
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Ana
Elena Contreras, integrante de la Red Nacional de Alertistas, abordó la
problemática del feminicidio en México, subrayando que el tipo penal no
está homologado en los distintos códigos penales estatales, lo que
genera desigualdades y obstáculos en el acceso a la justicia para las
víctimas. Anteriormente, organizaciones feministas demandaron la
implementación de un Código Penal único para todo el país o, en su defecto, trabajar de forma prioritaria en la homologación del tipo penal de feminicidio.
Respecto
al mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
(AVGM), Contreras expresó profunda preocupación por el retroceso
que implica la desaparición de la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), instancia
clave para su coordinación. Se trata de un mecanismo único en el mundo,
por lo que, el debilitamiento institucional genera incertidumbre tanto
en organizaciones feministas como en las mujeres que dependen de su
activación. En el caso específico de la Ciudad de México, todavía no se
proporciona información sobre el estatus actual de la Alerta, pese a
que, desde hace un año, se expuso la necesidad de una evaluación de su
implementación.
Contreras denunció que los vacíos legales y las limitaciones normativas en materia de justicia penal siguen
reproduciendo la discriminación hacia las mujeres. En este sentido,
hizo un llamado al Senado y a las comisiones presentes para revisar con
urgencia los criterios legales discriminatorios en los códigos penales
estatales y avanzar en su armonización, ya que el desmantelamiento de
estructuras institucionales clave, como CONAVIM, debilita los esfuerzos
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia feminicida, por lo que
urge sostener mecanismos eficaces, evaluables y con participación
efectiva de las organizaciones civiles.
Salud sexual y reproductiva
María Consuelo Mejía, cofundadora de Católicas por el Derecho a Decidir, trajo a colación la objeción de conciencia
que, si bien es un derecho individual, puede convertirse en una barrera
estructural para el acceso al aborto si no se regula adecuadamente
considerando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró
inconstitucional el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, por
permitir una objeción sin límites ni controles, especificando que
vulnera derechos fundamentales como la salud, la autonomía reproductiva
y, en algunos casos, incluso la vida.
Derivado de esta sentencia,
el Congreso tiene la obligación de legislar una regulación clara que
armonice ambos derechos. La Cámara de Diputados aprobó el 31 de octubre
de 2023 una reforma clave para limitar el uso arbitrario de la objeción
de conciencia en servicios de salud. Sin embargo, esta reforma aún no es
aprobada en el Senado. Esta situación permitió la falta de personal no objetor en zonas rurales o marginadas
que agravan la vulneración de derechos y perpetúa desigualdades. Por
ello, Mejía solicitó al Senado a retomar esta agenda de forma urgente
para garantizar que ninguna persona vea retrasado u obstaculizado el
acceso a un aborto legal y seguro por razones ideológicas del personal
médico.
Francisco Cué, coordinador de Incidencias del Grupo de
Información en Reproducción Elegida (GIRE), añadió a la discusión la
omisión legislativa del Congreso de la Unión respecto a la sentencia
267/2023 de la Suprema Corte, que declaró inconstitucional el delito de
aborto voluntario en el Código Penal Federal. Aunque la sentencia
notificó a ambas cámaras desde enero de 2024, aún no se concreta la
reforma legal necesaria, incumplimiento las obligaciones del Estado
mexicano ante la justicia nacional e internacional.
Ante estas
omisiones, la organización planteó reformar la Ley General de Salud para
reconocer de forma explícita el derecho a decidir, tanto para quienes
continúan un embarazo como para quienes lo interrumpen. Actualmente el
IMSS —institución clave en el sistema de salud— no proporciona servicios
de aborto, restringiendo así el acceso para millones de mujeres y
personas gestantes, por lo que es necesaria una reforma legal clara que
facilite la incorporación de estos servicios en todas las instituciones
públicas.
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Propuestas para la autonomía económica
Emilia Vidal, cofundadora y presidenta del Consejo de Mujeres Empresarias, subrayó la importancia de vincular la autonomía económica de las mujeres con la agenda de los cuidados.
Desde la experiencia de la organización en el acompañamiento a mujeres
emprendedoras en distintas regiones del país, sin una base sólida de
corresponsabilidad en las tareas de cuidado, no se puede hablar de
autonomía real.
En su labor, observan que las mujeres emprenden,
en muchos casos, no por decisión estratégica sino por la necedad urgente
al no encontrar empleos con horarios flexibles o por que deben asumir
el trabajo de cuidados sin apoyos institucionales. El emprendimiento se
hace desde condiciones desiguales: sin acceso a seguridad social, salud o
vivienda digna. A lo largo de sus recorridos por el país, han conocido a
mujeres artesanas, jornaleras y trabajadoras del campo que, aun con
recursos limitados, forman cooperativas para sostener a sus familias.
En
este contexto, Vidal propuso reconocer y fortalecer la economía
solidaria como una vía clave para alcanzar el empoderamiento económico
de las mujeres particularmente en situación de vulnerabilidad y para
ello, se necesita fortalecer las redes comunitarias, la organización
colectiva, el modelo cooperativo como herramientas clave para construir
economías feministas, y reconocer las desigualdades que enfrentan,
rompiendo con los estigmas y garantizando condiciones laborales y
sociales signas.
Carlos Brown, director de Oxfam México, detalló la importancia en los ejes de justicia económica con perspectiva de género,
abordando principalmente tres principios fundamentales: redistribución,
progresividad y corresponsabilidad. Desde esta óptica, los avances en
igualdad sustantiva requieren una transformación profunda de las
estructuras económicas que perpetúan las desigualdades, que puede ser
impulsada en la próxima Conferencia Regional sobre la Mujer en la Ciudad
de México.
Otro tema que puso sobre la mesa fue el vínculo entre
tributación y género, el cual se aborda de forma desconectada, pero que
es crucial para garantizar la autonomía económica de las mujeres. Brown
explicó que el sistema tributario mexicano reproduce desigualdades tanto
por el tipo de impuestos como por la distribución del gasto público.
Entre sus propuestas pidió que se promueva un cambio en la disposición anual del SAT para que la distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público se desagregue también por sexo; así como ampliar la lista de productos de gestión menstrual con tasa cero en el IVA,
incluyendo no solo copas, toallas y tampones, sino también protectores
diarios, ropa interior reutilizable, jabones y otros insumos básicos.
Este cambio implicaría una reforma al artículo 2, fracción I, inciso J
de la Ley del IVA.
Por último, expuso que en el marco de los
compromisos climáticos internacionales —en particular la actualización
2025 de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC)—, el Estado
mexicano se comprometió a incorporar una perspectiva de género, por lo
que debe ser objeto de seguimiento legislativo, ya que los compromisos
del Acuerdo de París están previstos como tratados internacionales en la
Ley General de Cambio Climático.
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Asimismo,
Marianela Fernández, coordinadora de Estrategia de Justica Laboral de
Oxfam México, hizo hincapié en que el pasado 1 de julio comenzó una
prueba piloto para incorporar a las trabajadoras de plataformas
digitales a la seguridad social mediante lineamientos publicados por el
IMSS, pero los derechos de las mujeres embarazadas fueron abordados de
forma marginal. En particular, se indicó que las prestaciones por
maternidad serían subsidiadas a través del IMSS Bienestar, sin
establecer un modelo claro de atención a mujeres en gestación dentro de
este tipo de empleo. Por ello, concluyó que, al concluir la evaluación,
se reformule el numeral 11 de los lineamientos para garantizar servicios y derechos plenos para las trabajadoras embarazadas en plataformas digitales.
Por
otro lado, las limitaciones en la Ley del IMSS y en la Ley Federal del
Trabajo restringen el derecho a cuidados solo para niñas y niños
diagnosticados con cáncer. En consecuencia, apuntó que se debe ampliar
este derecho a menores con otras enfermedades graves que pongan en
riesgo su vida y que no esté condicionado a la patria potestad o
custodia legal, sino que se extienda a quienes efectivamente ejercen el
cuidado, como abuelas, tías u otras cuidadoras. Aunado a esto, se
necesita ajustar el marco legal para reconocer múltiples formas de cuidado familiar que actualmente quedan invisibilizadas en la normativa.
La intervención concluyó con el señalamiento a modificar la Ley del INFONAVIT para prevenir la pérdida de vivienda cuando una mujer deja de pagar su crédito
debido a obligaciones de cuidado (personas con discapacidad, mayores o
enfermas), siendo que las mujeres tienen una sobrerrepresentación en el
trabajo informal no asalariado, particularmente el que realizan mujeres
en la economía del cuidado, el comercio y los servicios. El artículo 5°
constitucional no tiene una regulación específica que proteja estas
actividades productivas, que representan una parte importante del
sustento económico de muchas mujeres en contextos de exclusión.
Propuestas para la autonomía política
Eunice
Bautista, integrante de la Colectiva Nacional 50+1, alertó sobre el
incrementó de violencia política en razón de género, siendo que esta
violencia no se dirige a las ideas, sino a la apariencia, forma de
hablar y personalidad de las mujeres buscando silenciarlas,
deslegitimarlas y frenar su incidencia. En su participación, hizo
énfasis en la necesidad de fortalecer el acompañamiento institucional en
el ámbito local, donde ocurre la mayor parte de los casos de violencia
política. Muchas mujeres no logran identificar que están siendo
violentadas porque las agresiones se normalizan como parte del costo de
estar en el espacio público. Aunque el marco normativo mexicano es de
los más avanzados en la región, en la práctica resulta ineficaz sin
mecanismos de atención cercanos a las mujeres, especialmente en
municipios y entidades federativas con menor capacidad institucional.
Finalmente,
Bautista promovió incentivos para que los poderes públicos generen
entornos más seguros y justos para las mujeres políticas. Subrayó la
urgencia de garantizar la rendición de cuentas sobre el presupuesto de
los partidos políticos, recordando que por ley deben destinar al menos
el 10% a formación en igualdad de género y no discriminación. Dado que
este gasto se ejerce con opacidad o de forma simulada, llamó al Congreso
de la Unión a asumir la responsabilidad fiscalizadora para asegurar que
los recursos realmente fortalezcan la participación sustantiva de las
mujeres en la vida política.
CIMAC Foto
Elena
Gloria Ramírez Hernández, coordinadora catedrática de la Unesco de la
Universidad Nacional Autónoma de México, enfatizó que el fenómeno de la
violencia política en razón de genero persiste de manera estructural en
México y no puede ser tratado de forma episódica o superficial. Expresó
su reconocimiento por la realización del foro legislativo, pero subrayó
que este tipo de encuentros no deben quedarse en actos aislados, sino
traducirse en la creación de un mecanismo permanente de seguimiento
a las recomendaciones nacionales e internacionales sobre violencia
política. Destacó que muchas de las resoluciones que han sido producto
de luchas históricas siguen sin cumplirse, y advirtió que no basta con
emitir recomendaciones si no se garantiza su cumplimiento efectivo.
Subrayó
que aún faltan reglamentos y normativas clave para implementar
plenamente las leyes en materia de violencia política. Ramírez pidió que
el Senado y las comisiones responsables valoren no sólo si las alertas o
reformas han reducido la violencia —lo cual no ocurre de forma
inmediata—, sino el papel fundamental de las organizaciones civiles que
movilizan, denuncia, documentan y exigen. Señaló que estas
organizaciones enfrentan condiciones precarias y que no se ha reconocido
ni apoyado debidamente su trabajo, por lo cual solicitó medidas
legislativas y presupuestales para fortalecer su labor, especialmente en
los estados.
Ramírez también denunció que las mujeres indígenas y
afromexicanas enfrentan violencias políticas agravadas en el ámbito
municipal, donde muchas veces sus derechos no son respetados ni
garantizados. Retomando aportes de expertas como Inés, subrayó que hay
usurpación de cargos y negación sistemática del poder político a estas
mujeres, por lo que urgió a legislar medidas específicas de protección y
apoyo. Finalmente, pidió revisar con seriedad los vacíos legislativos
sobre matrimonio infantil, señalando que, aunque existen avances,
persisten casos dramáticos que exigen atención y regulación más firme.
Recordó que la violencia política no desaparece sola, y que se requiere
trabajo coordinado, reformas integrales y aplicación efectiva de las
leyes, tanto a nivel federal como local.
.-Ciudad
de México.- Para la geóloga Mercedes Sánchez Plasencia, todo se puede
entender con un mapa en la mano, pero no cualquiera, sino uno que no
borre a las mujeres. A lo largo de su experiencia laboral, ha tenido que
enfrentarse a una cartografía moldeada por miradas masculinas, donde
los territorios, los cuerpos y las experiencias femeninas son ignoradas,
distorsionadas o silenciadas, por eso, ella dibuja otras formas de
entender los fenómenos sociales, los cuales plasma en representaciones
gráficas para compartirlas en sus redes sociales.
Ella aún
recuerda, que cuando ingresó de la carrera de Geografía, la información
sobre las mujeres era aún más escasa y estaba concentrada en el INEGI.
Ahora, cada vez encuentra mayor información, aunque esta aún no sea
suficiente para visibilizar y nombrar las problemáticas que atraviesan a
las mujeres. En este sentido, parte de su trabajo es también un acto
político en donde transforma la ausencia de las mujeres a través de sus
mapas.
Desde negocios de uñas, sismos, casillas electorales,
estudios de pilates, hasta cuánto el precio del kilo de tortilla o
cuántos Oxxos hay por escuela, Mercedes lo mapea todo. Con humor,
agudeza y una mirada crítica, sabe convertir lo cotidiano en una
herramienta de análisis social. Pero también se adentra en temas duros
como la violencia sexual en el metro, presencia o ausencia de padres y
madres en los hogares, discriminación, o la incidencia de robos.
Su
trabajo cartográfico no solo informa, interpela, incomoda y abre
preguntas sobre la forma en que habitamos el espacio. Para construir sus
mapas, Mercedes recurre a información públicas como los proporcionados
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) cuando se
trata de datos duros o el Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de
México para consultar las carpetas de investigación. Aunque explora toda
la información de fuentes abiertas que pueda analizar.
«Me gusta tener esta posibilidad de representarlo en una sola imagen (el mapa) y que las personas puedan comprenderlo a partir de una imagen» -Mercedes Sánchez Plasencia, geóloga.
De acuerdo con el libro «Las Mujeres en la Estadística y la Geografía»
del INEGI, los roles de género y estereotipos sociales son una barrera
importante para que las mujeres se desarrollen en el ámbito científico,
tradicionalmente dominado por hombres. Aunque, actualmente las mujeres
participan más en instituciones científicas, siguen enfrentando
obstáculos para acceder a puestos de liderazgo, ser reconocidas y
obtener visibilidad en sus aportes y esto es algo que a Mercedes también
le tocó vivir en persona.
Tanto las trayectorias profesionales,
las oportunidades y los estímulos han sido diferentes entre hombres y
mujeres a lo largo de la historia, incluso cuando ellas han hecho
importantes contribuciones a la Estadística y Geografía. Además de la
información escasa sobre ellas, la poca participación que han tenido es
invisibilizada, por ejemplo, en la historia de la estadística solo
cuatro nombres de mujeres fueron reconocidos: Florence Nightingale,
Gertrude Cox, Florence Nightingale David y Elizabeth Scott.
Hoy, a
esta geógrafa, los temas que más le interesan están ligados a lo social
y económico, específicamente a cómo se manifiestan las desigualdades
(de clase, género o acceso a derechos) en el territorio. Otro de sus
intereses es la geografía física, como los sismos o desastres naturales
que pueden impactar tanto en la Ciudad de México como en otras regiones
del país, aunque reconoce que no es una línea que ha explorado con
frecuencia.
Cuando aborda temas de género, como la violencia
contra las mujeres, ha tratado de explorar qué se puede visualizar con
los datos disponibles. Por ejemplo, uno de los ejercicios que hizo para
su mapa de casos de violencia sexual en el metro, fue tomar en cuenta
las carpetas de investigación por delito sexual por estaciones. Fue un
tema que particularmente llamó su atención porque es un medio de
transporte que utiliza para movilizarse todos los días.
Para el 8
de marzo de 2025, Mercedes intentó publicar un mapa sobre carpetas de
investigación por violencia sexual en el estado de México. No logró
publicarlo, pero detectó que había varios municipios con una incidencia
alta. Esto la llevó a preguntarse qué condiciones existen en estos
lugares y cómo podía contrastar los datos con otro tipo de información.
«Me
enfoco en esta parte de delitos de tipo sexual hacia las mujeres justo
porque yo lo vivo. O sea, no es que viva esta violencia todos los días,
pero es algo a lo que nos exponemos como mujeres» -Mercedes Sánchez Plasencia, geóloga.
Mercedes
logra mapear su alrededor incluso cuando a veces no hay datos. Una de
las críticas históricas del movimiento feminista es precisamente la
falta de información estadística desagregada por sexo, lo que impide
dimensionar la violencia, las desigualdades y las experiencias
diferenciadas que viven las mujeres. Esta fue incluso una de las
denuncias que las organizaciones civiles hicieron ante la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (CEDAW) para la sustentación del X informe periódico del Estado
mexicano el pasado 17 y 18 de julio.
Mercedes llegó a la Geografía
por intuición. Durante la preparatoria, mientras analizaba las opciones
de carrera, descartó caminos tradicionales como Derechos y optó por una
ruta menos transitada. Su elección no estuvo motivada por el ejemplo de
alguna profesora o profesor, porque nunca tuvo alguien que le mostrara
que la geografía podía ser una opción, sino por el contenido del plan de
estudios. Asignaturas como geografía de Europa, geomorfología,
climatología, geografía económica llamaron su atención.
Al
graduarse, comenzó a desarrollar su carrera profesional en distintos
ámbitos: la iniciativa privada, el sector público y la docencia. Inicio
con el análisis de datos enfocado en el geomarketing. Su trabajo
consistía en identificar los puntos estratégicos de las ciudades con
mayor afluencia peatonal para distribuir propaganda o publicaciones como
revistas de estilo, seleccionando intersecciones urbanas claves para
optimizar su alcance.
En el ámbito educativo, trabajó como docente
en niveles de secundaria y preparatoria, además de colaborar en la
creación de contenidos inspirados en National Geographic. La
enseñanza es uno de los espacios que más ha disfrutado, especialmente
por la posibilidad de compartir su entusiasmo por la Geografía con las y
los jóvenes. Con energía y compromiso, busca despertar el interés por
el análisis del territorio.
Dentro del sector público, colaboró
con diversas instituciones como el Gobierno de la Ciudad de México en la
Agencia Digital de Innovación Pública, actualmente trabaja en la
Secretaría de Gobernación en donde se desempeña visualizando datos,
donde realiza análisis, limpieza y procesamiento de información para
transfórmale en mapas o gráficos comprensibles y que permitan tomar
decisiones informadas.
Mercedes Sánchez Plasencia
Las mujeres invisibilizadas en la Geografía
Para
las mujeres en la Geografía la invisibilización también es una
constante. Aunque en México se estima que alrededor de 270 mil personas
se dedican a esta disciplina, según datos de la plataforma Data México,
no existen cifras oficiales desagregadas por sexo que permitan conocer
cuantas de ellas son mujeres, lo cual refleja una omisión estructural en
la producción de estadísticas sensibles al género. Esta falta de
información no es un detalle menor, la falta de datos en sí mismo es una
forma de exclusión.
Para dimensionar su participación, el estudio «Mujeres en la Geografía universitaria mexicana actual: una aproximación cuantitativa»
señala que para 2024 alrededor de 4 de cada 10 docentes o
investigadores en departamentos y centros de investigación geográfica
eran mujeres. Asimismo, al analizar 14 unidades del país en donde se
imparte docencia se encontró una estimación de 142 profesoras y técnicas
académicas (39.44%) de un total de 360 personas.
A nivel
territorial, la Ciudad de México concentraba el 54% de las
investigadoras en geografías del país, seguido de Michoacán con 13%,
Jalisco con 12%, Veracruz con 7%, estado de México con 6%, Quintana Roo
con 4%, Guerrero con 2%, San Luis Potosí con 1% y Chihuahua con 1%. En
cuanto a sus niveles de estudios se encontró que el 51% de las mujeres
profesoras investigadoras o técnicas académicas eran doctoras en
Geografía, 40% contaban con una maestría y el 9% tenían el nivel de
licenciatura.
Para ese entonces (2012), el estudio concluyó que
aún era necesario impulsar una mayor inclusión de las mujeres en la
Geografía, ya que seguían siendo minoría en diversos espacios académicos
y profesionales. Las pocas que habían logrado posicionarse en el campo,
formaban un colectivo realmente joven, lo que deba ver que su
incorporación era reciente, y en muchos caos, resultado de luchas
individuales más que de políticas institucionales de paridad.
Mercedes en Semana Mundial del Espacio
Mercedes junto a Waleska Aldana, divulgadora, científica, investigadora y docente de Guatemala
Mercedes Sánchez Plasencia dando un curso avanzado de QGIS para la Secretaría de Educación Pública Hidalgo (SEPH)
A
lo largo de trayectoria, Mercedes identificó una brecha de genero
presente en el campo de la cartografía y el análisis de datos
especiales. Noto que hay presencia mayoritaria de hombre, muchos de
ellos en puestos directivos incluso sin contar con formación
universitaria especifican, mientras que las mujeres con título
profesional, como ella, avanzan con mayor lentitud. Esta experiencia la
hizo reflexionar sobre las desigualdades estructurales que enfrentan las
mujeres.
Por eso, una de sus inquietudes actuales es fomentar la
participación de las mujeres (niñas, adolescentes y jóvenes) no solo en
áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), sino también
en campo como la Geografía, cartografía digital y el análisis de datos.
Para ella, visibilizar y motivar trayectorias femeninas es clave para
construir un entorno profesional más equitativo y diverso.
Mercedes
está convencida de que la mirada con la que se representa el territorio
no es neutra. Desde su experiencia, existe una diferencia sustancial
entre cómo las mujeres y los hombres abordan la cartografía. No se trata
solo del uso de datos, sino de la forma en que se percibe el espacio y
las decisiones que se toman para representarlo. Por ejemplo, ha
observado que algunos hombres se mapean temas como el acoso sexual,
omitiendo que no es una experiencia que alguna vez experimentaron, lo
que genera una representación alejada de la realidad que viven muchas
mujeres.
Esta no es una cuestión sobre qué género lo representa
mejor, sino cómo las vivencias marcan la forma en que se produce el
conocimiento. Históricamente la Geografia se construyó desde una mirada
masculina, centrada en exploraciones, fronteras y dominación territorial
dejando de lado las experiencias de las mujeres que también habitan y
transforman. Por ello, Mercedes también dedica sus sábados a enseñar a
otras personas que conoce en internet, en particular a las mujeres, a
usar los mapas como una herramienta para entender, analizar y
transformar su entorno.
«Me
parece importante que tanto las niñas y mujeres busquemos la forma de
encontrar estos modelos a seguir para impulsarnos y abrir el panorama
para conocer qué otras formas de generar conocimiento existen. Que se
abra el panorama para ellas, que no estén reducidas en su propio espacio
geográfico, sino que vean que hay más posibilidades» -Mercedes Sánchez Plasencia, geóloga.
.-El
pasado lunes se hicieron públicas las recomendaciones al Estado
Mexicano por parte del Comité de Expertas de la CEDAW, cinco son los
ejes que acompañan estas: independencia de las instituciones,
transparencia en el acceso a la información, la participación de las
organizaciones, los recursos suficientes para la igualdad de las mujeres
y la efectividad de las acciones.
Ejes que las organizaciones de
la Sociedad Civil, pusieron sobre la mesa a través de los 46 informes
sombra que se hicieron llegar.
Por más que la delegación oficial
mexicana buscó mostrar un México de éxito, con reformas legislativas
aprobadas, con números, con la primera mujer presidenta, no logró hacer
sombra a la evidencia que las organizaciones sociales plasmaron en sus
informes.
Los hechos muestran que las mujeres que vivimos en
México seguimos enfrentando desigualdades estructurales, somos
discriminadas por ser mujeres, la violencia feminicida va en aumento y
la justicia va en cero, nuestras organizaciones fueron expulsadas del
espacio de diálogo cívico, las instituciones que creamos para la
democracia, los contrapesos, la información y la defensa de nuestros
derechos están en riesgo total o aniquilada por decreto.
Estas
recomendaciones están lejos de lo que la Secretaria de las Mujeres
intentó hacer creer a la ciudadanía (¿y a su jefa?), a través de un
promocional que colocó en redes sociales, donde aparecen varias
comisionadas felicitando al Estado mexicano, sacando de contexto las
declaraciones diplomáticas de las expertas, que son de protocolo, sin
colocar los cuestionamientos que emitieron las propias expertas.
Grave
cuando vivimos en la era de la desinformación, doblemente grave cuando
quien desinforma proviene del gobierno que dice buscar erradicarla.
Pero más allá de ello, decía que el comité de 23 expertas emitió 90 recomendaciones para que el Estado Mexicano trabaje para la igualdad de las mujeres, que, por desgracia, estamos lejos de alcanzar.
Vale
la pena destacar la observación por la falta de cumplimiento de
recomendaciones del periodo anterior, para incorporar en la legislación
una definición integral de discriminación contra la mujer, de
conformidad con el artículo 1 de la Convención”, tanto en los ámbitos
público como privado, recomendación del 2018.
En términos globales
las expertas manifiestan sus preocupaciones por la falta de
participación de las organizaciones de mujeres en la creación de la
política pública; la falta de transparencia que permita evaluar los
resultados de las acciones y la falta de presupuesto para la política de
la igualdad de las mujeres.
Uno de los temas que llama
poderosamente la atención y preocupación del Comité tiene que ver con
la violencia feminicida que sigue creciendo en nuestro país contra las
mujeres y niñas, por ello en estas recomendaciones se le exige al Estado
que redoble todos sus esfuerzos para garantizar una vida libre de
violencia, porque su negligencia cobra vida y siembra la posibilidad del
horror, como lo vivido en Sonora con el asesinato de Margarita y sus
tres hijas menores de edad Meredith, Medelin y Karla.
Estos hechos
no debieron ocurrir, porque Sonora ya tenía puesto el foco rojo al
registrar un incremento del delito de feminicidio en 33%, pues antes de
este feminicidio 36 mujeres más habían sido asesinadas.
Por eso
las recomendaciones hechas por el Comité, vienen a reforzar la urgencia
de que el Estado mexicano deje de simular y actúe.
Si bien se
reconocen avances legislativos en México, se alerta sobre el aumento de
la violencia de género, incluidos casos de feminicidio, desapariciones y
violencia sexual. Además, Señalan fallas estructurales como políticas
de seguridad ineficaces, falta de datos y discriminación interseccional.
Otro
ejemplo, es la preocupación a propósito de la reforma judicial por la
falta de independencia de los jueces y la falta de garantía para
transversalizar la perspectiva de género en el actuar del poder
judicial.
Lo mismo ocurre con la Secretaria de las Mujeres, pues
si bien el Comité reconoce su creación como un avance, les preocupa, su
falta de autonomía, el riesgo de reducción de presupuesto y la falta de
la participación de las organizaciones en el diseño de esta secretaría.
La
recomendación es sencilla, pero difícil de acatar porque va contra el
modelo de régimen que se esta creando. Garantizar la independencia
institucional para coordinar las políticas de igualdad de género en
todos los departamentos gubernamentales, en colaboración con diversas
organizaciones de la sociedad civil, así de sencillo se puede resolver
el problema.
Otro de los temas centrales que resuenan por la
condiciones y realidades del país tiene que ver con las mujeres
defensoras y periodistas, en donde el Comité llama primero a reconocer a
las madres buscadoras como defensoras de derechos humanos, y dos a
reforzar la política de protección con la incorporación real de la
perspectiva de género.
Que el Estado Mexicano siga acumulando
recomendaciones, es un termómetro de la negligencia institucional para
colocar la vida de las mujeres en el centro de la prioridad
gubernamental.
Insisto, no es que no sepan, es que no están
haciendo lo correcto, y la situación no se resuelve con desinformación,
tratando de engañar que nos fue muy bien, cuando la realidad revela lo
contrario.
Delegación mexicana ante la CEDAW. Fotografía recuperada de @CitlaHM.- Ciudad
de México.-Durante la comparecencia del Estado mexicano ante la
Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), Citlali Hernández,
titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), anunció la
instalación de una mesa permanente con organizaciones de defensoras de
las mujeres para el seguimiento de las recomendaciones que se emitan,
esto como una promesa de trabajar en conjunto y encontrar un camino para
alcanzar los objetivos no presentados ante el organismo internacional,
no obstante, esta convocatoria se mantiene en el limbo, pues aún no
existe información concreta del encuentro.
Cimacnoticias
consultó con el área de comunicación social de la Secretaría de las
Mujeres sobre la reunión prevista con organizaciones. En respuesta, la
dependencia informó que, hasta el momento, no existe información, ni una
fecha definida para dicho encuentro, incluso hay ambigüedad en las
fechas, ya que se contempla su realización en algún momento entre
septiembre y diciembre de este 2025, es decir, entre alguno de esos
cuatro meses.
El pasado 17 y 18 de junio, México rindió cuentas
ante su X informe periódico en el que representantes del Estado mexicano
viajaron a Ginebra, Suiza, para sustentar el documento enviado en
septiembre de 2024. El país llegó con 209 recomendaciones de la CEDAW,
de las cuales 70% no han sido cumplidas de manera satisfactoria desde
1998, esto según compartió Azucena Enríquez, secretaria académica de la
Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM (CUDH-UNAM) a Cimacnoticias.
La
reunión entre la Secretaría de las Mujeres y organizaciones civiles
cobra relevancia a partir de las observaciones finales de la segunda
audiencia, en la que la titular de la dependencia, Citlali Hernández,
afirmó que la institución se mantiene abierta a la crítica y al
cuestionamiento. En ese contexto, reconoció que han existido diferencias
con algunos señalamientos contenidos en los informes sombras
presentados por la sociedad civil, los cuales ofrecieron una versión
distinta a la del Estado mexicano sobre la situación actual de los
derechos de las mujeres.
Aunque Citlali Hernández reconoció la
importancia de los cuestionamientos, tanto de las relatoras de CEDAW
como de los colectivos feministas y de las organizaciones de la sociedad
civil, al evidenciar los retos persistentes en México, las
organizaciones han insistido en la necesidad no solo de concretar un
encuentro, sino de establecer mesas de trabajo donde sus aportaciones
sean realmente incluidas en el diseño de políticas públicas.
Sin
embargo, hasta el momento acceder a un canal de comunicación con la
Secretaría de las Mujeres ha estado lleno de obstáculos, puesto que no
de los señalamientos hacia el gobierno en turno ha sido la negativa de
recibir a las mujeres madres de víctimas de feminicidio, buscadoras, o
víctimas de violencia de género aun cuando desde el oficialismo se ha
mencionado que «es tiempo de mujeres», quedando en evidencia que son
ellas quienes siguen sin ser la prioridad del gobierno.
En abril
de 2025, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. (RSDCIAC) hizo
un extrañamiento hacia Citlali Hernández por la negativa de recibir en
una audiencia a cuatro mujeres víctimas de violencia vicaria junto a sus
representantes legales cuyos casos fueron presentados ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sin embargo, María
Magdalena de la RSDCIAC denunció que la única respuesta recibida fue que
la agenda de la secretaria «está a tope». Aunque se les prometió
canalizarlas con otra persona dentro de la dependencia no se pudo
concretar ningún nuevo intento de comunicación hasta que el caso fue
retomado en varios medios de comunicación después de que Cimacnoticias diera cobertura a su denuncia.
Por
ello, la reunión entre la Secretaría de las Mujeres y las
organizaciones de la sociedad civil no es un asunto protocolario, sino
una herramienta esencial para garantizar una política pública con
perspectiva de género y construcción participativa. Ejercicios como la
comparecencia ante la CEDAW, han demostrado que estos espacios generales
intercambios sustantivos que permiten identificar avances y desafíos, y
que contribuyen a formular recomendaciones ajustadas a la realidad
nacional.
La vinculación con las organizaciones de la sociedad
civil no solo fortalece la transparencia y la rendición de cuentas, sino
también asegura que las voces y aportaciones de mujeres feministas,
defensoras, buscadoras, víctimas de violencia, sean incorporadas desde
el inicio, evitando la revictimización y la imposición desde el poder.
-Ciudad
de México.- Este miércoles, concluyó el segundo y último día de la
audiencia que sostuvo el Estado mexicano ante la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW
por sus siglas en inglés), en la cual, una delegación de funcionarias
acudieron a Ginebra, Suiza para rendir cuentas rinde cuentas sobre el
avance y cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de
igualdad de género y de nueva cuenta, las mexicanas evadieron los
cuestionamientos, además, negaron problemáticas que violentan a las
mujeres, niñas y adolescentes en el país.
Esta negación
sistemática a lo largo de los dos días llevó a la determinación de no
concluir este examen hasta que el Estado mexicano entregue respuestas
por escrito las cuales fueron solicitadas por la CEDAW pero evadidas con
contundencia.
La segunda audiencia comenzó puntualmente a las 7
de la mañana hora de México) y 3 de la tarde, hora de Ginebra, con la
participación de la delegación mexicana quienes retomaron los temas
pendientes de la sesión anterior. A diferencia del día anterior, cuando
se destinó gran parte del tiempo a responder únicamente dos de los
cuestionamientos del Comité, esta vez las respuestas fueron más concisas
haciendo que la audiencia fuera más corta.
Durante la sesión, la
relatora para México del Comité CEDAW, Yamila González Ferrer, reconoció
la diversidad cultural y natural del país así como su importancia como
referente en América Latina y felicitó a México por la elección de una
mujer como presidenta por primera vez en su historia y destacó la
creación del Sistema Nacional de Cuidados.
Aunque
es importante recordar que fue la misma Citlalli Hernández, Secretaria
de las Mujeres quien informó el pasado 26 de noviembre del 2024 durante
el Encuentro Nacional: El Futuro de los cuidados en México,
organizado por extinto Instituto Nacional de las Mujeres, que este
sexenio México no tendrá un Sistema Nacional de Cuidados y con ello fue
la misma funcionaria quien despejó la incertidumbre por la promesa de
campaña que emitió la actual presidenta de México. En ese momento dijo:
«Difícilmente,
México gozará de éste en 2025, pues será un año crucial de trabajo,
diseño y estadística que permita poner las primeras piedras rumbo a
2026; configurar un Sistema Nacional de Cuidados requerirá de años de
planeación, políticos y recursos que, probablemente, no alcancen a estar
completamente cubiertos al cierre del sexenio.
Hay
que recordar que México firmó la CEDAW el 17 de julio de 1980 y la
ratificó el 23 de marzo de 1981, por lo que está obligado a eliminar la
discriminacipon contra las mujeres en todas sus formas y adoptar medidas
legislativas, judiciales y administrativas para garantizar la igualdad
sustantiva.
En esta ocasión, México rindió cuentas ante su X
informe periódico en el que representantes del Estado mexicano viajaron a
Ginebra, Suiza, para sustentar el documento enviado en septiembre de
2024. México llegó con 209 recomendaciones de la CEDAW que ha
desobedecido desde 1998 y según compartió Azucena Enríquez, secretaria
académica de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM
(CUDH-UNAM) a Cimacnoticias, aproximadamente el 70% de las recomendaciones no han sido cumplidas de forma satisfactoria.
En
este contexto no cumplido, el Estado mexicano concluyó esta
comparecencia CEDAW 2025 donde las relatoras Ana Peláez Narváez, Patsilí
Toledo Vázquez, Jelena Pio Comella, Esther Eghobamen-Mshelia y Rangita
de Silva de Alwis cuestionaron la falta de cumplimiento de las
recomendaciones en lo que respecta a los artículos 8 al 16 de la
Convención -las cuales mencionan derechos en: migración, educación,
salud, trabajo, economía, condiciones jurídicas y discriminación en
contextos familiares y relaciones de pareja.
Pero en el turno para
responder de la delegación mexicana evadió los cuestionamientos, por
ejemplo, Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres,
destinó tiempo de las respuestas a enfatizar las acciones implementadas
desde la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de México y
de la narrativa oficialista de «es tiempo de mujeres», pero no dio
cifras de avances en migración, educación, salud, trabajo, economía,
condiciones jurídicas y discriminación en contextos familiares y
relaciones de pareja.
Hernández a lo largo de estos dos días
estuvo acompañada también de la senadora Martha Lucía Mícher; Jennifer
Feller, directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones
Exteriores; Sayuri Herrera, directora de Acceso a la Justicia para las
Mujeres de la Semujeres; Mónica Soto presidenta del Tribunal del Poder
Judicial de la Federación (TPJF); Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria
para una Vida Libre de Violencias de la Semujeres y la Janet del Rosario
Cruz, representante del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas.
Así
transcurrieron las horas y los cuestionamiento pero la constante de la
delegación mexicana fue la evasión y evitar la presentación de datos
concretos sobre la disminución y de la violencia contra las mujeres que
permitieran evaluar si, efectivamente, existe una disminución.
Esta
omisión generó un vacío informativo en el diálogo ante la CEDAW al no
dar impacto real de las políticas públicas implementadas en este
sexenio. La falta de evidencia concreta debilitó la evaluación del
Estado mexicano.
Este escenario ya había sido advertido por
varias organizaciones de la sociedad civil como el Observatorio
Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF), en la presentación del
informe sombra «Informe al Comité CEDAW ante la Décima Evaluación al
Estado mexicano», el pasado 17 de junio, en el que documentaron
retrocesos, omisiones graves y falta de voluntad política en la
protección de los derechos de las mujeres, evento donde también se
reiteró que la narrativa oficial del Estado mexicano no corresponde con
la realidad que enfrentan las mujeres en México, sobre todo aquellas en
situación de mayor vulnerabilidad.
Temas claves evadidos
Durante
la audiencia ante la CEDAW, las discrepancias señaladas se hicieron
evidentes. Temas como la violencia feminicida, la criminalización de las
mujeres que abortan, la militarización de la seguridad pública, la
falta de justicia en casos de desapariciones, la funcionalidad de los
órganos autónomos, fueron negados principalmente por Citlali Hernández.
Por ejemplo, la titular de la Semujeres declaró que la militarización de la seguridad
en el país no existe, pues argumentó que la Guardia Nacional es una
nueva figura policial nacional, que ha sido acompañada por la DEFENSA,
por lo que no implica una «militarización». Reconoció las violaciones a
derechos humanos cometidas por fuerzas armadas, pero atribuyó que este
problema había ocurrido en el pasado, sin tomar en cuenta las 219
denuncias por violación de derechos humanos ante la CNDH interpuestas
contra la Guardia Nacional desde el 2020 y las 4 mil quejas del mismo
tipo en contra de las fuerzas armadas en general.
Actualmente
existen diversas investigaciones que evidencian cómo los contextos de
militarización incrementan la violencia estructural que viven las
mujeres, volviendo sus cuerpos territorio de guerra y control. La
Investigación “Permiso para matar” publicada en 2024, señala que fue
posible identificar 222 mujeres que fueron víctimas de asesinatos y
desapariciones en México, desde el año 2006 y hasta 2022, a manos de
policías estatales, agentes federales, soldados y marinos, es decir,
integrantes de las corporaciones que ejercen sus funciones con amplia
discrecionalidad.
Por otro lado, la Secretaria de las Mujeres afirmó los efectos positivos de la elección judicial asegurando
que la reestructuración del personal del Poder Judicial podría ayudar a
mejorar el acceso efectivo a la justicia sin informar los señalamientos
y problemáticas que se tuvieron durante el proceso como la falta de
capacitación especializada para juzgar con perspectiva de género o la
cantidad de personas acusadas por violencia de género que se le
filtraron al INE para ser electos el pasado 2 de junio.
Es importante traer a cuenta a Fatima Gamboa, abogada y directora de Equis Justicia, quien señaló previamente para Cimacnoticias
que la celebración de una elección popular para elegir al Poder
Judicial no cuenta características que neutralicen la ineficiencia de la
impunidad o mejore la atención judicial para las mujeres desde sus
cimientos, pero sí se atañe un valor preocupante, que es el de permitir
un proceso electoral donde se ondeen banderas políticas.
Otro tema evadido fue la manera en que la Secretaría de las Mujeres, operará los programas que
ya manejaba el extinto Instituto de las Mujeres (Inmujeres) en conjunto
con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra
las Mujeres (CONAVIM) y que desaparecieron junto con éste como las
Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
También es necesario señalar que la Conavim,
surgió como dependencia federal en 2009, durante el mandato de Felipe
Calderón Hinojosa, en respuesta a las Convenciones sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus
siglas en inglés) y de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención Belem do
Pará), así como a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia.
Al respecto, un informe sombra reveló que la
institución, refiriéndose a la Secretaría de las Mujeres, no ha sido
capaz de asumir la función de las AVGM ante la falta de estructura
administrativa y personal, por lo que la nueva reestructura se ha
traducido a un retroceso que ha debilitado la protección estatal de las
mujeres.
Pero Citlalli Hernández solo se limitó a reiterar que la
institución es nueva y, por lo tanto, aún falta un largo camino para
adaptarse y lograr cubrir todas las áreas de las que se encarga, sin
hacer mención del despido masivo a las antiguas trabajadoras que
operaban antes de la creación de la Secretaría de las Mujeres.
También, negó que en el país existieran mujeres encarceladas por el delito de aborto cuando datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) publicados en su informe «Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México»
muestran que de enero de 2012 a diciembre de 2022 hubo 12 mujeres en
prisión preventiva por el delito de aborto, en 412 ocasiones se ejerció
la acción penal por abortar (145 fueron mujeres) y se emitieron 142
sentencias (32 dirigidas a mujeres). Dichos datos fueron obtenidos a
través de solicitudes de información a las 32 entidades de la república
mexicana.
La
Secretaria de las Mujeres añadió la efectividad de la Ley de Amnistía
implementada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la cual
otorga «perdón» a cualquier persona sentenciada por el delito de aborto;
sin embargo, el informe del OCNF se señala que solo en 1 caso una mujer
ha podido salir en libertad de las 10 solicitudes que han demandado
esta ley.
También afirmó su confianza en las medidas implementadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para combatir la crisis de desapariciones
como consolidar la Clave Única de Registro de Personas (CURP), como
única fuente de identidad y crear una base nacional de identificación
humana, sin mencionar que estas propuestas ya existen en el país de
forma previa a la llegada del partido oficial Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA), mismo en el que milita Hernández, es decir, no hay
políticas nuevas para enfrentar la crisis de desaparecidas.
En
este tema el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, ya lo
advertía, la iniciativa presentada por la presidenta de México, no
aborda la búsqueda inmediata y de campo, o las células de búsqueda
municipales. Tampoco reforma a las fiscalías, al Sistema Nacional de
Atención a Víctimas o ayuda a las Comisiones de Búsqueda, no fortalece
los mecanismos extraordinarios de identificación forense, del Centro
Nacional de Identificación Humana o los centros regionales de
identificación humana. No se destinan más recursos económicos del
presupuesto o la participación de familias en la creación de políticas
de búsqueda y en la misma reforma que está en procedimiento legislativo.
CIMAC Foto.-Ciudad de México.- «En México no hay ni una sola mujer detenida por haber practicado un aborto»
declaró Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres,
durante el 91° periodo de sesiones de la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus
siglas en ingles), pero su declaración contradice información
documentada por diversas organizaciones civiles quienes han denunciado
casos de criminalización y encarcelamiento de mujeres por abortar en
distintas entidades del país.
El día de ayer concluyó la
comparecencia que sostuvo el Estado mexicano ante CEDAW, en la cual, una
delegación de funcionarias acudieron a Ginebra en Suiza para rendir
cuentas sobre el avance y cumplimiento de sus obligaciones
internacionales en materia de igualdad de género y de nueva cuenta,
además de evadir los cuestionamientos, negaron problemáticas que
violentan a las mujeres, niñas y adolescentes en el país, como el
encarcelamiento de mujeres por aborto, una realidad ampliamente expuesta
por defensoras con cifras y casos específicos.
Durante la segunda
audiencia de comparecencia del Estado mexicano ante la CEDAW, la
relatora española Ana Peláez Narváez cuestionó la detención de mujeres
por abortar con sentencias bajo figuras como homicidio o infanticidio y
preguntó a la delegación mexicana cómo piensan abordar estos retos para
armonizar su legislación con los estándares internacionales.
En
respuesta, la titular de la Semujeres evadió la respuesta hasta que la
relatora Patsilí Toledo Vázquez hizo hincapié en una pregunta
complementaria para que el Estado mexicano respondiera. Fue entonces que
Citlalli Hernández atajó la inexistencia de mujeres detenidas por
practicarse un aborto.
Actualmente, en México ya son 23 entidades
federativas en las que está despenalizado el aborto hasta las 12 semanas
de gestación y a pesar del avance de las mujeres, persiste el número de
muertes maternas relacionadas con abortos inseguros, el cual ya alcanzó
el 11.3%, según el informe semanal de la Secretaría de Salud y además
persiste la criminalización contra mujeres.
No perdamos de foco
que en el 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de
México, dictaminó la inconstitucionalidad de criminalizarlo a nivel
federal.
Datos de la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) publicados en su informe «Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México»
muestran que de enero de 2012 a diciembre de 2022 hubo 2 mil 169
denuncias por el delito de aborto (680 mujeres), así como 2 mil 456
averiguaciones previas y carpetas de investigación (258 mujeres)
reportadas por procuradurías o fiscalías.
En el mismo periodo se
encontraron 14 mujeres en prisión preventiva por el delito de aborto.
Asimismo, en 412 ocasiones se ejerció la acción penal por abortar (145
de las veces fueron mujeres) y se emitieron 142 sentencias (32 dirigidas
a mujeres). Dichos datos fueron obtenidos a través de solicitudes de
información a las 32 entidades de la república mexicana.
La
titular de la Semujeres también trajo a colación la existencia de la Ley
de Amnistía para liberar a las mujeres en prisión acusadas por abortar.
No obstante, el informe sombra «Informe al Comité CEDAW ante la Décima Evaluación al Estado mexicano»
del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF) y de la Red
Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (RED TDT) denunció
que esta ley no ha sido eficaz, pues solo una solicitud ha sido
procedente desde su implementación y 9 han sido rechazadas.
Pese a
que la delegación celebró ante la CEDAW la despenalización del aborto
en 23 entidades del país, la realidad es que persisten diversos
problemas para llevarla a cabo. En primera instancia, el delito de
aborto continúa estando tipificado a nivel federal ya que no se han
eliminado los artículos 329° al 334° que establecen la ilegalidad de «la
madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la
haga abortar», entren otras disposiciones.
Esto ha provocado no
solo que en 8 entidades el aborto siga siendo un delito, sino la
existencia de 218 carpetas de investigación por aborto, incluidas
entidades donde el procedimiento ya fue despenalizado. Además, persiste
la práctica de denuncias por parte de personal de salud, lo que refuerza
la criminalización de quienes deciden abortar.
La criminalización del aborto por el personal de salud
Garantizar
el acceso seguro al aborto es una medida de salud pública fundamental
para las mujeres, ya que permite su autonomía y dignidad. Sin embargo,
organizaciones de la sociedad civil, colectivas feministas y personas
defensoras de derechos humanos reportan que persisten barreras para
acceder a este servicio incluso en entidades donde ya está
despenalizado.
De acuerdo con la organización GIRE, entre 2012 y
2023 atendieron 46 casos de criminalización de mujeres y acompañaron 27
de ellos. El rango de edad de las mujeres estuvo entre los 15 y los 42
años y los casos ocurrieron en once entidades (Aguascalientes, Chiapas,
Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Hidalgo, Puebla,
Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán).
De los 27 casos
acompañados, en ninguno se criminalizó al personal de salud y, en varios
de ellos, fue ese personal adscrito a los hospitales el que denunció o
dio aviso al personal de seguridad pública o a las fiscalías o
procuradurías locales. La mayoría de estos casos concluyeron porque se
solicitó el cierre por falta de actividad procesal por parte de las
fiscalías o por no acreditarse los elementos del delito.
«El
fenómeno de la criminalización por parte del personal de salud tiene
consecuencias graves. La percepción de que las personas que decidieron
abortar han cometido un delito solo las somete a escrutinio y las coloca
bajo sospecha, sino que pone en riesgo la calidad de la atención médica
que reciben. Al privilegiar los temas legales, la participación y las
actividades del personal ministerial antes, durante y después de la
atención médica, se puede afectar la recuperación de las personas
investigadas» -Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en
«Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México»
No
obstante, las barreras para acceder al aborto por parte de las
instituciones de salud, así como su criminalización por el personal
terminan por vulnerar los derechos humanos de las mujeres, representando
uno de los mayores obstáculos para que el aborto sea aceptado
socialmente como un servicio de salud.
Los obstáculos
Según
señala GIRE, esta criminalización contra mujeres, además de representar
una violación a los derechos humanos también ha generado incremento en
las carpetas de investigación por el delito de aborto en casos como
cuando una mujer aborta fuera del límite de las 12 semanas de gestación
incluso cuando es involuntario.
Otra barrera para las mujeres
persiste en varias entidades del país donde aún no se ha despenalizado
hasta las 12 semanas de gestación, pese a la sentencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2021. Actualmente, los estados
de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa,
Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Hidalgo, Estado
de México, Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca,
Hidalgo, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ya
despenalizaron el aborto hasta las 12 semanas.
Por otro lado, 8
entidades mantienen vigente la penalización de la Interrupción del
Embarazo (ILE): Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro,
Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala, y se tiene el caso extraordinario de
Aguascalientes donde el aborto sólo está permitido hasta las 6 semanas
de gestación. Esta disparidad territorial refleja un acceso desigual al
derecho, y aunque la legalidad no reduce la práctica del aborto, su
criminalización obliga a muchas mujeres a interrumpir su embarazo en
condiciones clandestinas, vulnerando sus derechos humanos e incluso su
vida.
A eso se añade la objeción de conciencia, ya que permite que
personal médico se niegue a practicar abortos por motivos religiosos o
morales. Aunque las leyes mexicanas establecen que los servicios de
salud deben garantizar personal disponible que no objete, en la práctica
esto no siempre se cumple. También hay una grave falta de capacitación
técnica y ética en el personal médico, lo cual es fundamental para
ofrecer una atención segura, profesional y basada en derechos humanos.
Esta carencia limita la calidad del servicio y dificulta el acceso
oportuno al procedimiento.
La falta de infraestructura adecuada es
otra barrera importante, especialmente en hospitales públicos ubicados
en zonas rurales o marginadas, donde no existen los insumos básicos,
medicamentos o espacios físicos apropiados para realizar abortos. La
centralización de clínicas especializadas en capitales estatales deja en
desventaja a las mujeres que viven en comunidades alejadas o indígenas,
pues implica un esfuerzo económico, logístico y emocional adicional. A
esto se suman los trámites burocráticos arbitrarios e ilegales que
muchos centros de salud exigen, como permisos notariales, autorizaciones
familiares, valoraciones médicas o psicológicas innecesarias, e incluso
periodos obligatorios de “reflexión”, todos los cuales constituyen
formas de violencia institucional.
Por otro lado, las barreras
socioculturales también juegan un papel fundamental. El estigma social
alrededor del aborto genera culpa, vergüenza y discriminación hacia las
mujeres que deciden interrumpir su embarazo. La desinformación sobre
salud sexual y reproductiva, y en particular sobre la seguridad del
aborto, contribuye a que muchas mujeres no conozcan sus derechos ni las
opciones médicas seguras disponibles. Finalmente, los factores
económicos limitan el acceso a anticonceptivos, medicamentos como el
misoprostol o la mifepristona, o servicios clínicos adecuados, dejando
fuera a las mujeres con menos recursos.
A esto se añade los
impedimentos de instituciones para abortar en casos de violencia sexual,
desobedeciendo la NOM-46. Esta institución ha establecido una norma
interna que impone requisitos adicionales —como ultrasonidos, opiniones
jurídicas o testigos— que obstaculizan el acceso al procedimiento. Este
conflicto refleja una serie de barreras institucionales que persisten
incluso en estados donde el aborto ya fue despenalizado.
Debido a
estos factores que han sido denunciados en reiteradas ocasiones por la
marea verde, no se puede invisibilizar la criminalización de las mujeres
que abortan, siendo este uno de sus derechos sexuales y reproductivos.
Por ello, el Estado mexicano no puede negar que aún existan mujeres
encarceladas o procesadas penalmente por interrumpir su embarazo.
.- Ciudad
de México.— Está mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció
que la Secretaria de las Mujeres, Minerva Citlalli Hernández Mora,
entregó su renuncia para ser ejecutada a partir del día de mañana y con
ello incorporarse a otras labores del partido Movimiento Regeneración
Nacional (MORENA) rumbo a las elecciones del 2027; sin embargo, detrás
de su salida deja una deuda con las mujeres, niñas y adolescentes del
país y un calificación reprobatoria del Estado mexicano frente a la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW).
-Ciudad
de México.- Este miércoles, concluyó el segundo y último día de la
audiencia que sostuvo el Estado mexicano ante la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW
por sus siglas en inglés), en la cual, una delegación de funcionarias
acudieron a Ginebra, Suiza para rendir cuentas rinde cuentas sobre el
avance y cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de
igualdad de género y de nueva cuenta, las mexicanas evadieron los
cuestionamientos, además, negaron problemáticas que violentan a las
mujeres, niñas y adolescentes en el país.