Los
procesos autonómicos que protagonizan los pueblos indígenas enfrentan
arduos obstáculos y desafíos, entre ellos, esencial, la falta de
voluntad del Estado capitalista neoliberal para abrir espacios de
reconocimiento efectivo, aun dentro de los limitados derechos
formalmente reconocidos en la Constitución, principalmente en su
artículo 2, y de aquellos establecidos en los marcos jurídicos
internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y la Declaración Universal de Derechos Indígenas de
la Organización de Naciones Unidas.
La reforma constitucional en
materia de derechos indígenas, que se llevó a cabo en el año 2001, no
fue satisfactoria para nadie en el ámbito de las organizaciones
originarias independientes del Estado, así que los pueblos emprendieron
el camino de construcción de la autonomía por la vía de los hechos, la
autonomía de facto, siendo el caso más consistente el de los
indígenas mayas-zapatistas en Chiapas, que reivindican no tener
relación alguna con los gobiernos federal y estatal, aunque en la
cotidianidad de los territorios, las autoridades municipales de origen
partidario acuden frecuentemente a las juntas de buen gobierno
zapatistas para resolver problemas de variada naturaleza.
Por su
parte, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía
Comunitaria (CRAC-PC), en Guerrero; el municipio purépecha de Cherán,
Michoacán, y otros pueblos y organizaciones que resisten de manera
silente, mantienen relación con el Estado. La de la CRAC-PC,
permanentemente conflictiva, y la de Cherán, por igual confrontada pero
legalizada por la victoria obtenida en su demanda ante el Instituto
Electoral Estatal, que reconoció la facultad de sus habitantes para
nombrar sus autoridades y gobernarse según estructuras organizativas
propias. Esta es una diferencia notable con respecto a los zapatistas y
la CRAC-PC, y también en relación con otras experiencias de cabeceras
municipales que siguen dominadas por mestizos, como entre los
wixáritari (huicholes) del estado de Jalisco, donde en varias de ellas,
una mayoría de población indígena segregada social y geográficamente se
encuentra subordinada a esta suerte de dominación mestiza también en el
plano político.
Así, en los autogobiernos indígenas predominan autonomías de facto con
diversas gradaciones en lo que respecta a su relación con el Estado,
aunque siempre conflictiva, contradictoria y ambigua, cargando el peso
de una perspectiva discriminatoria hacia el mundo indígena y una
permanente política de cooptación de los procesos en marcha, o si es
posible, de erradicación de los mismos. Estas autonomías, por ejemplo
entre los mayas zapatistas, se desarrollan en el contexto de una
estrategia de contrainsurgencia o guerra de desgaste por parte del
Ejército (el yunque), y la paramilitarización (el martillo) que la
caracteriza, teniendo lugar permanentes agresiones de grupos que
provenientes de varias organizaciones políticas, se paramilitarizan y
violentan a los municipios autónomos con la invasión de las tierras de
las ex fincas recuperadas por los indígenas zapatistas en 1994.
Así, todas las autonomías, tanto las amparadas en el artículo 2 constitucional como las de facto, y
también las que se desarrollan bajo preceptos constitucionales locales
más consistentes, como en Oaxaca, viven una situación de permanente
asedio, de confrontación, cuyo origen es el Estado, los grupos
oligárquicos locales, las policías y el Ejército, además de las
corporaciones del extractivismo capitalista en su frenética búsqueda de
recursos y desposesión territorial.
Así, las autonomías están
cercadas por los poderes fácticos protegidos por la mano dura del
Estado de formas diferentes. En la última década, hay que añadir
también el poder represivo que ejerce el Estado a través del
narcotráfico, y en general, del crimen organizado, que representa un
sector más de la economía capitalista, y también, junto con la
guerra contra el narcotráfico, conforman las múltiples facetas de la estrategia del Estado (y sus mentores estadunidenses) para golpear al mundo indígena y campesino, y al conjunto de las oposiciones regionales y nacionales. La masacre de Iguala y la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa constituye la macabra culminación de esta estrategia de un Estado criminal.
Como las corporaciones capitalistas madereras,
mineras, turísticas, etcétera, que buscan apoderarse de los recursos de
los pueblos indígenas, lo que está en el centro del
problema del narcotráficoes el esfuerzo por despojarlos de su territorialidad, fundamento material de su reproducción y espacio estratégico de sus luchas; su finalidad es expropiar a los indígenas de sus tierras-recursos-fuerza-de-trabajo, y las fuerzas armadas y policiacas son cómplices de esta sustracción a partir de sus acciones represivas y contrainsurgentes realizadas con el apoyo de los grupos paramilitares que operan como el brazo clandestino de la guerra sucia. La militarización para supuestamente
combatir al crimenno trae la disminución de las actividades delictivas, como lo prueban las extensas zonas de la República Mexicana bajo virtual ocupación castrense.
La delincuencia organizada no es más que la cara
clandestina del sistema capitalista neoliberal, con su violencia
inherente desbocada, sicópata y sin mediación social y política que la
controle. Es altamente rentable económicamente, además, a partir del
hecho de que Estados Unidos es el principal proveedor de armas de los
grupos del narco. The Independent daba a conocer ya desde 2004 que
el tráfico de drogas es la tercera mercancía mundial en generación de efectivo, tras el petróleo y el tráfico de armas(29 de febrero).
La
única posibilidad de una defensa efectiva frente a este fenómeno en el
mundo indígena –como muestran las juntas de buen gobierno zapatistas;
Cherán, en Michoacán; la Policía Comunitaria de Guerrero, o los nasa en
el Cauca de la geografía colombiana– es el fortalecimiento de las
autonomías, a partir de las cuales se ha logrado controlar –no sin
dificultades– la presencia del crimen organizado en los territorios
indígenas.
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