Terrorismo global de Estado, militarización y recolonización de los territorios

Gilberto López y Rivas

La actual forma de acumulación capitalista se caracteriza por la exacerbación máxima de la violencia y las contradicciones sistémicas, que abandonan toda mediación y las formas relativamente pacíficas con las que capitalismo impuso su hegemonía. Las guerras neocoloniales que incluyen la ocupación de países y territorios, la militarización, la criminalización de las oposiciones por la vía de las supuestas “lucha contra el terrorismo” y “guerra contra el narcotráfico”, el terrorismo de Estado global y nacional, y la violación continua y creciente de los marcos jurídicos nacionales e internacionales, son características de esta etapa del capitalismo en la que el Estado se sostiene con base en la coerción y la represión civilizatoria, una guerra generalizada contra la fuerza de trabajo, los pueblos, la ciudadanía y la sociedad civil.

Todo el andamiaje de cohesión, control, mediatización, regulación de las contradicciones sociales basadas en las conquistas de la clase trabajadora: contratos, sindicatos, prestaciones, del llamado eufemísticamente, Estado benefactor, se vienen abajo, y la explotación y dominación quedan al desnudo, repercutiendo brutalmente sobre la sobrevivencia de millones de seres humanos. La fuerza de trabajo queda expuesta a la criminalización, persecución y agravamiento de sus condiciones laborales y de vida, a la violación de los derechos humanos elementales, particularmente de los millones de trabajadores migrantes. Se produce la exclusión de trabajadores por la automatización, la edad, el género y los orígenes étnico-nacionales. Se instala la inestabilidad laboral, trabajo precarizado, informal, desempleo masivo y la penetración del narcotráfico y el crimen organizado en los ámbitos urbano y rural.

Nos encontramos en las derivas de lo que los mayas zapatistas han denominado como tormenta que no es ni metafórica ni simbólica y que alude no a una visión apocalíptica o de vocaciones proféticas milenaristas, sino a la posibilidad real y fundada científicamente de una catástrofe de escala mundial, que Carlos Taibo denomina colapso, esto es, el hundimiento general y masivo del sistema dominante, caracterizado por reducciones sustanciales en la producción industrial; el derrumbe simultáneo y combinado de carácter financiero, comercial, político, social, cultural y ecológico, debido a sus propias contradicciones, que están teniendo lugar: el cambio climático, el agotamiento de las materias primas energéticas, la agresión contra la biodiversidad, las condiciones sociales de pobreza, hambre, desplazamientos forzados masivos, incremento exponencial de la mortalidad por enfermedades curables, guerras por materias primas y el agua, genocidios, etnocidios, ecocidios, terrorismos de Estado, proliferación de armas nucleares, derrumbe de las mega urbes y el paso a las necrópolis, extensión de las bandas criminales.

Asimismo, se impone el terrorismo global de Estado para caracterizar la política de violencia perpetrada por aparatos estatales imperialistas en el ámbito mundial, contra pueblos y gobiernos, con el propósito de infundir terror y en violación de las normas del derecho nacional e internacional.

En el estudio y análisis del terrorismo se ha enfatizado el de grupos de todo el espectro político, obviando el papel del imperialismo estadunidense y los estados capitalistas en el establecimiento del terrorismo interno e internacional. El terrorismo global de Estado violenta los marcos de la represión “legal” y apela a métodos extrajudiciales, extensivos e intensivos para aniquilar a la oposición política y la protesta social planetaria. Recordar las 867 bases militares estadunidenses distribuidas por los cinco continentes. Estados Unidos, como poder hegemónico, ha instaurado la barbarie como proceso devastador del género humano y la naturaleza. El terrorismo global de Estado o terrorismo trasnacional cuenta con la complicidad de la ONU, y gobiernos supuestamente democráticos, que establecen, paradójicamente, una democracia despojada de todo contenido participativo y justicia social, con violaciones permanentes a los derechos humanos, lo que viene a demostrar que históricamente capitalismo y democracia son incompatibles.

Para el caso de México, el contexto de esta trágica situación no es otro que el continuismo de la llamada Cuarta Transformación, con la extensión de sus mega proyectos y programas clientelares individualizados, que en múltiples regiones operan en clave contrainsurgente, o como la “ingeniería de conflictos” de la recolonización de los territorios, en el proceso de una visible y creciente militarización del país, la presencia y actividad permanente del crimen organizado, el otro actor armado del capitalismo que va despoblando y desposeyendo, fragmentando los tejidos comunitarios, que desgasta las resistencias, y descabeza los movimientos, recluta juventud por doquier y secuestra su futuro.

Los orígenes del etnomarxismo

Gilberto López y Rivas

El etnomarxismo, como corriente de pensamiento crítico en la antropología, surge de la necesidad de recuperar a partir de la década de los 60 del siglo pasado, una veta olvidada del marxismo que incorpora la etnicidad en el análisis de las contradicciones interclasistas de contextos coloniales y nacionales como los que operan en la compleja realidad pluricultural de América Latina. Se nutre de una praxis histórica específica que desde la academia y militancia política acompaña las luchas de sectores explotados y oprimidos que se diferencian –en sus características étnico-culturales, lingüísticas, y en sus formas de organización social y resistencia–, de las nacionalidades que se integraron a partir de la conquista y colonización europea y de los movimientos independentistas hegemonizados principalmente por los grupos oligárquicos criollos. Tiene sus raíces en lo que en la tradición marxista se conoce como la cuestión colonial y nacional, la cual adquiere especial relevancia y desarrollo en los debates de los marxistas europeos que enfrentaron en los inicios del siglo XX el problema de teorizar y luchar por la revolución socialista en naciones ocupadas y divididas, como Polonia, o en imperios multinacionales como la Rusia zarista, o el abigarrado entramado de naciones y nacionalidades que constituía el imperio austrohúngaro.

Así, no es casual que Lenin se alejara de las aproximaciones de Marx y Engels en lo referente a la guerra de conquista de Estados Unidos contra México de 1846-1848, ni participara de los severos juicios de ambos sobre los varios países y pueblos bajo sujeción colonial, o situados en la periferia de las naciones históricas avanzadas, muchos de ellos considerados “pueblos sin historia”, asumiendo que el desarrollo del capitalismo los sacaría de su “atraso ancestral”, y que la economía mundial y los intereses de la revolución proletaria, se verían beneficiados con estas conquistas coloniales e imperialistas. Recordemos también las controvertidas apreciaciones de Marx sobre Bolívar, quien fue caracterizado equívocamente a través del espejo deformado de Napoleón.

Las posiciones tempranas de Marx sostenidas en la década de los 40 del siglo XIX, de atribuir al capitalismo el desarrollo de los países bajo su dominio, años más tarde se sustituyen por una crítica despiadada al colonialismo que se expone en el primer volumen de El Capital, y en sus artículos sobre la India. No obstante, Salomón F. Bloom, un pionero analista de Marx sobre la cuestión nacional, considera que “mientras que la opinión de Marx sobre el papel progresivo del imperialismo sufrió considerable cambio, su prueba última para toda dominación política, fuera ésta interna o externa, seguía siendo la misma: el avance económico y social”.

El marxista argentino Leopoldo Mármora señala acertadamente que es necesario “colocar en el centro del análisis la concepción general de la revolución que ellos elaboraron, pues ése y no otro es el centro que anima y da lógica a todas las posiciones teóricas y prácticas de Marx y Engels frente al problema nacional…En todo caso, la revolución mundial, esto es la revolución proletaria en Europa occidental fue y siguió siendo siempre el único ‘centro’ de la teoría de Marx”.

Mármora destaca las rectificaciones de Marx a su propio análisis, al descubrir que el desarrollo de la metrópoli bloqueaba el de la colonia, lo que para el caso de Irlanda significaba que con la dominación británica se había convertido en un país agrario subdesarrollado, mientras Inglaterra se transformó en una moderna potencia industrial. Esto es, al darse cuenta del desarrollo desigual, Marx extrae las consecuencias políticas del caso, ante lo cual “en directa oposición a su convicción personal original formulada en 1848, la liberación de la colonia (Irlanda) se convierte ahora en precondición de la revolución social en la metrópoli”.

El aporte de Lenin a la cuestión nacional, nutrido con las observaciones realizadas por el hindú Roy Manabendra, fue ligar el paradigma socialista con el derecho a la autodeterminación de las naciones, y haber articulado la lucha del proletariado “avanzado” con la lucha de liberación nacional de todos los pueblos “atrasados”, haciéndolos converger en la perspectiva de una deseada revolución mundial. En el nacimiento de la URSS, Lenin elaboró teóricamente y puso en práctica una política de respeto extremo de los derechos de las naciones, nacionalidades y minorías étnicas y nacionales que sufrían precisamente la opresión nacional. No obstante, Lenin no logró reconocer que la lucha nacional no culmina con la formación o establecimiento de un Estado políticamente independiente, e incluso en su clasificación de países con problemas nacionales, no incluyó a los de América Latina, porque para él, una vez lograda la independencia política, el problema nacional quedaba resuelto.

Libertad a Nicolás Maduro y Cilia Flores, a tres meses de su secuestro

Huexca: otro frente de guerra contra los pueblos

 

Gilberto López y Rivas

Oponerse al Proyecto Integral Morelos (PIM) y equiparar la hidroeléctrica de Huexca con un basurero toxico en Jerusalén quedaron en el baúl de compromisos incumplidos de la campaña electoral, desde que el 11 de febrero de 2019, ya como jefe del Ejecutivo, anunciara un cambio de 180 grados en sus posiciones, forzando a los pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala a continuar su movimiento en contra de un gobierno por el que, paradójicamente, en su mayoría habían votado en las elecciones de 2018, confia-dos en promesas que el viento del poder corporativo se llevó.

Sin que se haya hecho justicia por el asesinato de Samir Flores Soberanes, soslayando las resistencias al PIM en los tres estados, el plantón de las y los ejidatarios del municipio de Ayala, Morelos, las opiniones fundadas de expertos sobre los impactos socio-ambientales de este proyecto (https://www.jornada.com.mx/2020/ 08/21/opinion/018a1pol), y pasando por encima de procesos legales en curso, el Presidente anunció el 10 de septiembre, que la termo operaría a finales de año, provocando la inmediata reacción en contra de esta decisión arbitraria que violenta derechos colectivos a la vida, la salud y el bienestar comunitario.

Ese mismo día, el abogado José Felipe Franco Neri, en conferencia de prensa, enumeró los recursos de amparo vigentes en la zona orien-te de Morelos, que fueron interpuestos por los ejidos Abelardo Rodríguez, Zacapalco, El Vergel, Santa Cruz y Los Hornos, de los cuales es su representante legal. Asimismo, el Frente de Pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala publicó en redes sociales un comunica-do en el que precisa que hay 15 amparos activos, con seis suspensiones de plano vigentes. También aclara que existen tres suspensiones de plano concedidas a los ejidos morelenses de Moyotepec, Tenextepango y Valle Velázquez que impiden el uso del agua para la termoeléctrica, una suspensión que frena la descarga de sus aguas de purga, interpuesta por la comunidad de Huexca, una suspensión de plano del ejido de Amilcingo que imposibilita el funcionamiento del gasoducto, y otras sentencias que mandatan se realicen consultas libres, de buena fe y culturalmente adecuadas en varios municipios de Puebla. Así, este frente concluye que 91.5 por ciento del proceso jurídico en curso no ha concluido.

Tampoco se tomaron en cuenta los resultados de la cuestionada consulta realizada el 23 y 24 de febrero de 2019, en la que votó no más de 1 por ciento del padrón electoral, y en la que, pese a su evidente ilegalidad y carencia de sustento jurídico, los municipios alrededor de la obra, Yecapixtla,Ocuituco, Tetela del Volcán, Hueyapan, Zacualpan, Temoac, Jantetelco, Ayala y Cuautla, se pronunciaron por el no a la termo, 11 mil 409, y sólo 4 mil 975 por el sí, mientras las comunidades indígenas de Huexca y de Hueyapan, con sendas asambleas comunitarias, se sumaron al no, como es la forma en que pueblos indígenas deciden con base en el Convenio 169 de la OIT, mismo que el gobierno de la Cuarta Transformación incumple.

De manera deliberada se oculta que el propósito fundamental del PIM es beneficiar los enclaves industriales existentes, principalmente en Morelos y Puebla, y los que se pretenden construir a partir de las perspectivas extractivistas que sostiene el gobierno. Se busca articular este megaproyecto con los iniciados en plena emergencia sanitaria: el del canal seco del Istmo de Tehuantepec y el llamado Tren Maya. Aurelio Fernández F. quien además de dirigir La Jornada de Oriente, es fundador del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, señala con claridad que el gasoducto está diseñado para abastecer de gas natural a planeados parques industriales y sus concomitantes desarrollos urbanos y de servicios. (https://www.jornada.com.mx/2020/ 09/11/opinion/013a2pol). Asimismo, este conocedor del PIM desde 1997, cuando era promovido por una empresa privada llamada Transportadora de Gas Zapata, afirma que: siempre se les dijo que la obra era un despropósito monumental por el simple hecho de que la pretendían construir en las faldas de un volcán en actividad, considerado el que mayor riesgo produce a conglomerados humanos en el mundo entero.

Tampoco se presta atención a las afectaciones para los pobladores de Huexca, a quienes nunca se consultó para construir la planta a 150 metros de dos escuelas. Testimonios locales describieron el insufrible ruido durante las pruebas de funcionamiento, que ocasionó trastornos auditivos y problemas conductuales entre adultos y escolares. Teresa Castellanos, integrante de Huexca en Resistencia, dice que la lucha es por la salud de los niños,la conservación del tejido socialy la salvaguarda del recurso natural más valioso del presente: el agua.

Por el bien de todos, ¿primero los pobres?

Alto a la guerra contra el EZLN

Gilberto López y Rivas

Una de las características del actual gobierno de la 4T es no escuchar ni mucho menos atender las graves denuncias en torno a la reactivación de grupos paramilitares en Chiapas, como los que integran la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), que el 22 de agosto saquearon e incendiaron las instalaciones del Centro de Comercio Nuevo Amanecer del Arcoíris, en el municipio autónomo Lucio Cabañas (Ocosingo). A esta provocación, se suman varios grupos, también identificados paramilitares desde la década de los 90, como Paz y Justicia y Chinchulines, que, de nueva cuenta, han ejecutado todo tipo de agresiones en varias regiones chiapanecas, y, en particular, en los municipios de Tila y Aldama. En las semanas recientes han circulado en redes y varios medios de difusión locales y nacionales comunicados de apoyo al EZLN, uno de los cuales, Alto a la guerra contra los zapatistas, ha sido suscrito por cientos de organizaciones, académicos, artistas y redes solidarias de 22 países (https://alto-a-la-guerra-contra -lxs-zapatistas.webnode.mx/).

La agresión del 22 de agosto contra las bases de apoyo zapatista forma parte de la continuidad de la estrategia de contrainsurgencia que anteriores gobiernos llevaron a cabo contra los mayas zapatistas, que el Grupo de Acción Comunitaria y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, hace dos décadas, calificó como guerra de desgaste integral, que se concibe en los manuales de contrainsurgencia estadunidenses como la sucesión de pequeños operativos que van asfixiando al enemigo en los terrenos político, económico y militar, evitando, en lo posible, acciones espectaculares que motiven la atención de la prensa y la opinión pública internacionales. ( Ahora apuestan al cansancio. Chiapas: fundamentos sicológicos de una guerra contemporánea, 2002). En este tipo de guerra, es fundamental el papel de los grupos paramilitares. De acuerdo con uno de los manuales de guerra irregular de Sedena, no sólo se trata de quitar el agua al pez (bases de apoyo de la insurgencia), sino meter en el agua peces más bravos, esto es, grupos paramilitares, que son aquellos que cuentan con organización, equipo y entrenamiento militar, a los que el Estado delega el cumplimiento de misiones que las fuerzas armadas regulares no pueden llevar a cabo abiertamente, sin que esto implique que reconozcan su existencia como parte del monopolio de la violencia estatal. Los grupos paramilitares son ilegales e impunes porque así conviene a los intereses del Estado. Lo paramilitar consiste, entonces, en el ejercicio ilegal e impune de la violencia del Estado y en el ocultamiento del origen de esa violencia. Como en los anteriores gobiernos, abiertamente neoliberales y contrainsurgentes, el gobierno de la 4T continúa saturando el llamado teatro de la guerra. Zósimo Camacho sostiene que hoy el mayor número de efectivos militares se encuentra en Chiapas, siendo, utilizando una metáfora, el yunque que mantiene un cerco de penetración sobre la región de conflicto, con sus cuarteles, guarniciones, convoyes, agentes de inteligencia, vigilancia aérea y terrestre, etcétera, mientras los grupos paramilitares, siguiendo la metáfora, son el martillo que golpea a los pueblos con acciones como las del 22 de agosto, tratando de introducir el terror, creando condiciones de expulsión y desplazamiento de comunidades indígenas, coaligándose con autoridades civiles, militares y policiacas, ubicando al enemigo interno que se niega a seguir la lógica del capital, con sus espejitos de progreso, desarrollo y empleo precarizado.

Conjuntamente con las acciones de los grupos paramilitares, se ha intensificado en redes sociales y en medios de comunicación una campaña mediática contra los mayas zapatistas, con grotescos infundios, como que el territorio del EZLN está controlado por un cártel del narcotráfico, que proporciona armas de alto poder al grupo insurrecto, mismos que son analizados con rigor e información y refutados a profundidad por Luis Hernández Navarro en una entrevista que Ernesto Ledezma Arronte llevó acabo en su programa Rompe Viento Tv (https://wwwyoutube.com/ watch?v=gdDNI9m_8).

Lamentablemente, y al unísono de esta campaña, tiene lugar un desafortunado, y muy preocupante pronunciamiento del titular del Ejecutivo federal, en su conferencia matutina del 28 de agosto, en el que pretendió estigmatizar y criminalizar la labor de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, académicos y representantes de pueblos indígenas en oposición al llamado Tren Maya, uno de los megaproyectos insignias del reordenamiento territorial desarrollista, al que también se enfrentan los mayas zapatistas. Con esta declaración, el gobierno de la Cuarta Transformación se subió al vetusto ferrocarril de la contrainsurgencia de sus predecesores.

Impactos sociales del Proyecto Integral Morelos

jornada.com.mx

Gilberto López y Rivas

En la resistencia de los pueblos indígenas contra los megaproyectos que el gobierno de la 4T impone, violando sus derechos a la autonomía y la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, han destacado el Tren Maya y el Canal Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, por lo que la publicación del libro de Lilian González Chévez, Proyecto Integral Morelos: sus impactos sociales y la demanda de justicia hídrica de los ejidatarios del municipiode Ayala, Morelos (UAEM-Cicser, 2020), resulta muy pertinente y necesaria para entender los alcances y las repercusiones de otro de los jinetes del apocalipsis desarrollista que amaga a estos pueblos.

Trabajo riguroso en cuanto al cumplimiento de los estándares académicos que exige el Conacyt para el apoyo de investigaciones, la obra se asume por su autora como parte de su compromiso con las luchas de las y los ejidatarios del municipio de Ayala, quienes le solicitaron la realización de un estudio que contribuyese a clarificar su demanda de justicia hídrica ante el estado y, en particular, respecto al acueducto proyectado para la termoeléctrica de Huexca.

A partir de una metodología de revisión y análisis documental de los archivos de los Comités del Agua y de los Ejidos en resistencia al acueducto, de entrevistas a profundidad de múltiples actores, de la exploración de las variadas realidades de dichos actores en una escena social cambiante, propia de los estudios de caso que recuperan etnográficamente las narrativas territoriales, la autora ofrece un complejo proceso de interpretación del discurso subalterno, en disputa con las visiones hegemónicas, para dar cabida a una narración alternativa. En sus palabras: se buscó intencionalmente que las memorias y las realidades del sujeto históricamente subalternizado fueran narradas en sus propios términos, y que sea a través de esta narrativa que emerja la experiencia ontológica e históricosocial de las y los ejidatarios de Ayala.

Como todos los megaproyectos de la Cuarta Transformación, el origen del Proyecto Integral Morelos (PIM) se sitúa en gobiernos anteriores, abiertamente neoliberales, en este caso, el de Felipe Calderón, quien a través de la CFE anunció el inicio de obras de un megaproyecto de energía eléctrica denominado Proyecto Integral Morelos, que constaría de cuatro infraestructuras: dos termoeléctricas, un gasoducto de 160 kilómetros y un acueducto de 12 kilómetros de longitud y con una red de transmisión asociada.

El contenido del libro incluye, además de una introducción que esclarece conceptos y la metodología, los antecedentes del PIM bajo apremio de los gobiernos federal y estatal; el nodo del conflicto generado por el acueducto, al afectar derechos colectivos sobre el agua, ganados a sangre y fuego durante la Revolución; el análisis de las fallas de la manifestación de impacto ambiental (MIA); la identificación de los actores en resistencia, los ejidatarios del municipio de Ayala, a partir de su legado histórico marcado por el zapatismo; la gestión colectiva de un territorio hidrosocial, la cuenca del río Cuautla; el impacto hídrico que tendría el despojo del líquido de los ejidatarios; las aguas de retorno de la termoeléctrica, denominadas aguas muertas; la hidropolítica del estado en la disputa por el recurso para el PIM, con el secuestro del agua residual a cualquier costo: la emergencia de los ejidatarios como un sujeto colectivo en defensa del agua; los impactos sociales y productivos del PIM, incluidos pérdida de la seguridad hídrica y derechos colectivos, la del derecho a seguir siendo campesinos, la autosuficiencia alimentaria y un medio ambiente sano y a la salud, la ruptura de los tejidos sociales, y la imposición del PIM mediante la fuerza pública, grupos de choque y criminalización de la protesta.

González Chévez explica en qué consisten las afectaciones o los impactos sociales del PIM a partir de un principio internacional que considera el grado en que un determinado proyecto afecta los derechos humanos y colectivos, tomando en cuenta que estos riesgos son dinámicos y progresivos, y que la evaluación debe incluir todo lo que sea relevante para las personas: sus medios de vida, su salud, el bienestar y vida colectiva, además de los aspectos que implican el patrimonio cultural y la memoria histórica, la integridad del hábitat y la biodiversidad, destacando otro aspecto relevante: los impactos medioambientales de los cuales depende la subsistencia de la gente, de manera que los efectos sociales son siempre multifactoriales; se trata en rigor de procesos socioambientales, donde se halla interrelacionado lo natural y lo social, lo ecológico y lo político, en una trama donde se articulan sistemas socioecológicos complejos.

Herramienta imprescindible para las resistencias de los pueblos indígenas y mestizos de México, a los que la 4T impone su desarrollismo capitalista.

México: entre la 4T y el T-MEC

Gilberto López y Rivas

La pandemia en curso ha puesto al descubierto la gravedad y profundidad de la crisis multidimensional del sistema capitalista, intensificándose exponencialmente la polarización social,la desigualdad, la explotación y laprecarización de la fuerza de trabajo que lo caracterizan. Paralelamente, los estados a su servicio han utilizado la emergencia sanitaria para buscar una salida a esta crisis que garantice la continuidad de la acumulación capitalista, mientras reconfiguran sus mecanismos de dominación en los ámbitos mundial, regional y nacional.

En nuestro país, fue significativa la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el primero de julio pasado, impuesto a las clases trabajadoras y a la población en su conjunto, sin una consulta ciudadana o referéndum, como el que se llevó a cabo en Costa Rica, en 2007, para aprobar o no su ingreso al DR-CAFTA. El gobierno de la Cuarta Transformación asumió el T-MEC sin tomar en cuenta el impacto socioeconómico del anterior Tratado (TLCAN), que provocó una rebelión indígena, y formó parte sustancial de la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), producto de un proceso de tres años que involucró a miles de personas de poblaciones afectadas, redes de profesionales de distintas disciplinas, centenares de organizaciones políticas, sociales y derechos humanos que trabajaron bajo el enunciado de libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos. Se sistematizó, documentó y juzgó el espectro exhaustivo y dramático de violaciones de derechos fundamentales de los pueblos a partir de las reformas estructurales neoliberales (1982 a 2014). La sentencia del tribunal parte de la evolución de la dependencia estructural de México con Estados Unidos y los enormes daños causados a la economía de la nación por el TLCAN: la desindustrialización en favor de industrias maquiladoras y estratégicas trasnacionales; el paso a un mayor y devastador extractivismo energético, minero, eólico e hídrico; la pérdida de la agricultura tradicional, la soberanía alimentaria y el desmantelamiento de la economía indígena-campesina; la reorganización del territorio en favor de corredores industriales estratégicos construidos entreel este estadunidense y la cuenca del Pacífico; el traspaso del comercio nacional a corporaciones trasnacionales; los salarios más bajos y el flujo migratorio más importante en el mundo, y una economía mafiosa que constituye 40 por ciento del PIB nacional.

El TPP concluyó que existían responsabilidades jurídicas de cuatro actores: el Estado mexicano, las empresas trasnacionales, terceros estados e instituciones internacionales. En especial, el Estado fue encontrado responsable de violar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos y los derechos económicos, sociales y culturales de sus ciudadanos por la comisiónde crímenes de lesa humanidad, asesinato, exterminio, tortura, violación, esclavitud, persecución deun grupo por motivos políticos,desapariciones forzadas y privaciones de libertad; por delitos contra el medio ambiente y el derecho a la alimentación y la existencia de un cuadro de impunidad total.

Para la Red Mexicana de Acción contra el Libre Comercio, el nuevo T-MEC, festinado por el gobierno actual, representa: “la actualización y profundización de las relaciones de subordinación y dependencia de México hacia el vecino del norte. No sólo es la claudicación de la posibilidad de resucitar una renovada política industrial que vertebre al mercado interno, sino que significa llevar hasta sus últimas consecuencias el estatus de plataforma maquiladora y exportadora regida por la perpetuación de las políticas económicas inspiradas en el fundamentalismo del mercado. Significa el reposicionamiento territorial actualizado delas redes empresariales globales de origen estadunidense y una remozada incursión de éstas corporaciones en torno a los recursos naturales y energéticos radicados al sur del río Bravo... Se trata de un acuerdo comercial proteccionista y extractivista para relanzar a las subsidiadas corporaciones estadounidenses... hacia el festín que representan las semillas nativas, el agua potable, las riquezas mineras, el litio –en tanto la energía del nuevo patrón tecnológico que se avecina– y los hidrocarburos como el gas y el petróleo. Con el agregado de que los grandes proyectos de infraestructura del actual gobierno romperán con el carácter de espacio de reserva de la macrorregión sur-sureste de México, al insertar-la de manera definitiva en el patrón de acumulación extractivista y depredador del territorio, la naturaleza y de los bienes comunes”.

Es revelador el silencio de los abogados de oficio de la Cuarta Transformación con respecto de las políticas neoliberales y neo-desarrollistas inherentes al T-MEC y los megaproyectos, así como del papel protagónico del estamento militar, que constituye una parte sustancial de la acumulación militarizada.

¡Premio Nobel a las brigadas médicas de Cuba!

Gilberto López Y Rivas

La emergencia sanitaria en el ámbito planetario por la pandemia de Covid-19, con su trágica secuela de millones de personas contagiadas, fallecidas y confinadas, con sus efectos exponenciales en el agravamiento de la crisis multifactorial del sistema capitalista, sus incalculables impactos en la economía y las condiciones laborales, sociales y alimentarias de las clases trabajadoras y precarizadas, puso al descubierto el desmantelamiento negligentemente criminal de las estructuras de salud, y la aplicación, de hecho, en numerosos países, de una política eugenésica y de darwinismo social que inmola visiblemente a los sectores más vulnerables y desprotegidos de la sociedad. El caso de Estados Unidos es ilustrativo, con un número muertes que supera los 140 mil y un índice de letalidad del doble entre las minorías afrodescendientes e hispanas, en comparación con la población mayoritaria. Frei Betto alertó, recientemente, sobre lo que califica como genocidio en Brasil, con más de 100 mil fallecidos, y señaló a Bolsonaro por su infausta necrofilia.

En este contexto de incertidumbre, hondas desigualdades y aislamiento forzado de una especie, cuya esencia definitoria es su condición social y su carácter gregario, una pequeña isla del mar Caribe, la mayor de las antillas, Cuba, bloqueada durante más de 60 años por Estados Unidos, ha desplegado en 34 países a 40 brigadas médicas solidarias para combatir la pandemia que suscitaron el cariño y admiración de los pueblos en los que brindaron sus servicios. Estas brigadas se sumaron, según el corte de marzo pasado de la Unidad Central de Cooperación Médica Cubana, a los 28 mil 729 colaboradores que ya cooperaban en 59 naciones.

Dieron la vuelta al mundo, pese a la invisibilidad de los consorcios mediáticos cuando de Cuba se trata, los videos que muestran la llegada a los aeropuertos de los Batallones de batas blancas, enarbolando la bandera de la estrella solitaria al frente del contingente, o las emotivas despedidas en las plazas públicas, cuando las misiones habían concluido su noble encomienda. El tributo artístico a los médicos cubanos, realizado por Internet el 18 de julio pasado, titulado Concert for Cuba, con la participación de más de 30 artistas, escritores, creadores y activistas de Estados Unidos, Europa y Cuba, hizo patente el reconocimiento merecido a una política de Estado solidaria, que se inició desde los primeros años de la revolución.

En contraste con la grave escasez de personal médico y de trabajadores de la salud, incluso en países desarrollados del capitalismo metropolitano, a principios de 2019 Cuba tenía, acorde al Anuario estadístico de salud de ese año, un total de 479 mil 623 trabajadores del ramo, con 97 mil 200 médicos, 84 mil 220 enfermeros, 19 mil 825 estomatólogos y el resto del personal sanitario en técnicos básicos, medios y superiores. Cuba cuenta con nueve médicos por cada mil habitantes, en comparación con naciones como Suecia, Suiza, Alemania, Francia, Canadá, Reino Unido, que disponen de menos de cinco, o los casos de México y Japón, con dos médicos por cada mil. Acorde con el índice del país más sano de 2019 elaborado por Bloomberg, Cuba ocupaba el número 30 del listado mundial, mientras Estados Unidos se encontraba cinco puestos abajo.

La Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), inaugurada por Fidel Castro en 1999 con el fin de fortalecer los sistemas de salud en los países del sur global, había graduado para 2020 a más de 30 mil estudiantes, becados al 100 por ciento, de más de 120 países, incluyendo a estadunidenses a quienes hubiera sido imposible sufragar las elevadas colegiaturas de esta carrera en su país. Numerosos egresados de la ELAM son ministros de salud en África u ocupan cargos directivos en hospitales de sus lugares de origen en América Latina.

Cuba envía su primera ayuda médica internacional en 1960, cuando llega a Chile una brigada que colaboró en las contingencias causadas por un terremoto. En 1963, Argelia recibe una brigada médica, y a partir de ese momento, decenas de éstas han prestado sus servicios para hacer frente a desastres naturales, con un total de 185 mil profesionistas de la salud presentes en misiones de carácter humanitario en 103 naciones del llamado tercer mundo. Cuba se destaca, además, por sus investigaciones en el campo de la salud, con contribuciones trascendentes, como las vacunas contra la meningitis, el cáncer del pulmón, el dengue y el cólera, así como sus hallazgos en la farmacéutica y la biotecnología, incluyendo medicinas de alta eficacia para el tratamiento del Covid-19, como Interferón alfa 2B, Itolizumab y Jusvinza.

Esta desinteresada labor de fraternidad universal ha merecido que las Brigadas Henry Reeve estén siendo nominadas para el premio Nobel de la Paz por iniciativa de diversos sectores políticos y sociales en el mundo, la cual celebramos y apoyamos con entusiasmo.

Antropología de la disuación social

Gilberto López Y Rivas

Operadores mentales de planes insignias del actual gobierno, como el Tren Maya, recurren a la falacia de considerar que los opositores a los megaproyectos caracterizana los territorios ancestrales como un bucólico paraíso de selvas pletóricas de animalitos, donde habitan esencializadas comunidades campesinas que reproducen mecánicamente su cultura y sus modos de vida. Nada más lejos de la verdad. Ni los pueblos originarios, incluidos los que integran el Congreso Nacional Indígena, ni las diversas agrupaciones de la sociedad civil y la academia que acompañan sus procesos de resistencia, han sido omisos en denunciar la recolonización neoliberal por parte de corporaciones mineras, turísticas, eólicas, refresqueras, cerveceras, farmacéuticas, ni la invasión de la delincuencia organizada en su búsqueda insaciable de mercancías y fuerza de trabajo.

Esta realidad, intrínseca al extractivismo desarrollista, no ha cambiado con el actual gobierno. De hecho, la guerra contra los pueblos se ha intensificado, a la par de la violencia delincuencial que no cesa ni con la pandemia, como no se detiene el proceso de militarización, hoy bien financiado sin austeridades republicanas y la participación del Ejército en “misiones“ que van desde construcción y administración de aeropuertos, sucursales bancarias, tramos del Tren Maya, hasta, ver para creer, la intervención de militares en excavaciones arqueológicas y paleontológicas, permitida por la dirección del INAH, a pesar de que, por ley, son atribuciones exclusivas de una institución gravemente amenazada por un recorte de 75 por ciento de su presupuesto, también sin objeción firme alguna de sus funcionarios, pues la salvaguarda del patrimonio cultural, sus labores de investigación y sus prestigiadas escuelas formadoras de connotados científicos sociales no son prioritarias ni esenciales para la 4T.

Pero hay quehaceres incluso en esta respetable institución, ya octogenaria, que continúan aún en las inciertas condiciones actuales del país, y entre ellas figuran las asesorías antropológicas de disuasión social, esto es, de convencimiento de poblaciones y, si es preciso, de cooptación de voluntades comunitarias mediante programas clientelares individualizados, promesas de empleos y consultas a modo, y de justificación de esos megaproyectos en programas mediáticos oficiales, artículos periodísticos y lo que vaya saliendo, en el camino de lo que bien se conoce como ingeniería de conflictos.

Como la cuña tiene que ser del mismo palo, dado que un número considerable de los y las investigadoras del INAH no están de acuerdo con los megaproyectos, como se constata en los innumerables documentos de los abajo firmantes, estudios, peritajes, conversatorios y demandas de amparo, pues qué mejor que un antropólogo o antropóloga haga el trabajo de cuestionar la legitimidad y representatividad de las organizaciones opositoras en las regiones afectadas.

Esta situación remite de nuevo al debate sobre la antropología que, como toda ciencia social, puede convertirse o en un instrumento de dominación al servicio del Estado y las corporaciones, siguiendo la lógica del poder o, desde la perspectiva opuesta de l a lógica de la resistencia, como herramienta liberadora de sujetos que luchan contra el despojo y por la vida, ideologías aparte. Partimos de la idea de que el antropólogo, el científico social son antes que nada intelectuales, en su sentido esencial de individuos, con capacidad crítica o de antagonismo en relación a cualquier tipo de poder, y lo que los distingue es su comportamiento radical anticonformista (Baca Olamendi. Léxico de la política, FCE, 2000). Marx aducía: duda de todo. Norberto Bobbio también plantea que la crítica es uno de los atributos definitorios del intelectual; mientras que Gramsci distingue entre el intelectual del poder, el intelectual tradicional y el intelectual orgánico que se desempeña en función de los intereses de las clases subalternas y el cambio social.

Samir Amín lo expone así: tenemos a las personas que sostienen que nuestra sociedad necesita imperiosamente un pensamiento crítico que proporcione la comprensión de los mecanismos de cambio, un pensamiento capaz a su vez de influir en ese cambio en una dirección que libere a la sociedad de la alienación capitalista y de sus trágicas consecuencias. En la medida en que tal cosa compete a la inmensa mayoría de la humanidad (los pueblos de Asia, África y América Latina), esta necesidad resulta vital, puesto que esos pueblos experimentan en el presente el capitalismo como una forma pura y simple de depredación. Por consiguiente, propongo distinguir entre aquellos que denomino operadores mentales, que sirven al aparato ideológico establecido, y los que pueden considerarse genuinamente parte de la intelectualidad ( El capitalismo en la era de la globalización, Paidos, 1999).

La disyuntiva sigue vigente: antropología para el poder o antropología para los pueblos.

Ni liberales ni conservadores: izquierda anticapitalista

Gilberto López Y Rivas

El presidente Andrés Manuel López Obrador pretende imponer una perspectiva dicotómica en el debate político sobre la compleja realidad que vive el país. Acota que no hay para dónde hacerse, conmina a nada de medias tintas y exige definiciones: o somos conservadores o somos liberales, o se está con la 4T o en contra. Esta disyuntiva, además de traslapar equívocamente términos que definieron a los grupos oligárquicos enfrentados en el siglo XIX por divergentes proyectos de Estado-nación, deja fuera fuerzas políticas y visiones del mundo que han resistido a la explotación y dominación del capitalismo, en sus distintas etapas de acumulación.

El grupo gobernante intenta negar la existencia en la vida nacional de las diversas corrientes de la izquierda que, desde hace más de un siglo, han contribuido denodadamente a buscar transformaciones estructurales, más allá de la mera alternancia de élites políticas, con el costo de innumerables muertes, desapariciones forzadas, torturas, cárceles y exilios de hombres y mujeres que se comprometieron con la causa de la liberación nacional y la revolución socialista, independientemente de sus significados para unos y otras.

También, se ignoran los reclamos, denuncias y declaraciones de la amplia y representativa franja que abajo y a la izquierda convergen con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno, así como no son tomadas en cuenta las posiciones críticas de movimientos y organizaciones con anclajes en territorios comunitarios en los que se implantan los megaproyectos, ni las protestas fundadas de la sociedad civil ante la militarización en marcha, la violencia cotidiana del crimen organizado, los feminicidios, la brutalidad policiaca, o ante los recortes injustificablesen el ámbito de la cultura y la defensa del patrimonio cultural (INBA-INAH, entre otros), que se han visto seriamente afectados en sus funciones sustantivas.

La pretensión de invisibilizar a las izquierdas o infamarlas públicamente llega al entorno del gabinete presidencial. El secretario de la Semarnat, Víctor Toledo, califica las posiciones políticas del EZLN como extremas y trasnochadas y conjunto de leperadas, denostaciones que revelan la intolerancia de voceros de la 4T ante la crítica y, en particular, el trato despectivo hacia un movimiento de alcances y significados históricos, como el de los mayas zapatistas, que, desde hace algunos años, advertían sobre la “tormenta“ que se avecinaba, y que, precisamente, en su último comunicado, del 16 de marzo de este año, en el que hicieron público el cierre de los caracoles y Centros de Resistencia y Rebeldía por el Covid-19, llaman: “a no dejar caer la lucha contra la violencia feminicida, a continuar la lucha en defensa del territorio y la Madre Tierra, a mantener la lucha por l@s desaparecid@s, asesinad@s y encarcelad@, y a levantar bien alto la bandera de la lucha por la humanidad (…) Llamamos a no perder el contacto humano, sino a cambiar temporalmente las formas para sabernos compañeras, compañeros, compañeroas, hermanas, hermanos, hermanoas. La palabra y el oído, con el corazón, tienen muchos caminos, muchos modos, muchos calendarios y muchas geografías para encontrarse. Y esta lucha por la vida puede ser uno de ellos.”

Los movimientos de los pueblos indígenas, en particular, que se originan en las profundidades de la tierra, se niegan a aceptar y apoyar una trasformación basada en megaproyectos que, en plena emergencia sanitaria, se ponen en marcha, y pese a las numerosas denuncias, declaraciones, llamamientos, cartas abiertas, trabajos de investigación, opinión de expertos, recomendaciones de organismos internacionales, recursos jurídicos, manifestaciones de protesta, etcétera, inadvertidos por el gobierno de la 4T.

A partir de conceptos etnocéntricos de “progreso y desarrollo“ se fuerzan los megaproyectos a sujetos considerados, como antaño, agentes pasivos de la acción del Estado, sin reconocer sus aportaciones a un proyecto de nación y sociedad que surja de un poder constituyente de los pueblos. Si de transformaciones se trata, los pueblos originarios aportan el sentido colectivista de sus estructuras sociopolíticas y culturales; cuentan con una estrategia como sujeto sociopolítico, la autonomía, para resistir la recolonización capitalista, desde una perspectiva de clase y género, igualitaria y emancipadora, que se expresa en el “mandar obedeciendo“, los siete principios y la Ley Revolucionaria de las Mujeres del EZLN. Una estrategia que establece una relación de respeto a la Madre Tierra y de responsabilidad colectiva hacia las generaciones que vienen. Los procesos autonómicos plantean un paso hacia un mundo pospandemia que evite la desaparición de la especie humana e, incluso, de la vida en la Tierra.

Pero estos no parecen ser temas que interesen ni a “liberales“ ni a “conservadores“.

Por sus actividades esenciales los reconoceréis

Gilberto López y Rivas

Recientemente se ha cuestionado a la Secretaría de Salud por declarar, en plena emergencia sanitaria, actividades esenciales a la minería, la industria automotriz y la construcción, medida que pone en riesgo la salud y la vida de los trabajadores de esas industrias presuntamente esenciales ( La Jornada, 22/5/20). Así, las presiones de las corporaciones capitalistas en el ámbito planetario para reabrir la extracción de recursos, la producción y circulación de mercancías, encontraron anuencia en el gobierno de la 4T, que también ha sido omiso en el campo de la salud ocupacional, relativo al control del Covid-19 en enclaves maquiladores de la frontera norte y otros sectores manufactureros, donde se ha dado un contagio masivo de los operarios por la negativa de la patronal a cerrar sus plantas, llegando, incluso, al ocultamiento forzado del personal en tráileres y bodegas, ante inspecciones someras, cercanas a la complicidad, como ha sido denunciado con testimonios y evidencias gráficas en redes de diversas organizaciones sociales.

El gobierno estadunidense, por su parte, ha presionado para la reapertura de maquilas, en ese país consideradas esenciales durante la crisis sanitaria, y debido a que el cierre del lado mexicano afecta los intereses de sus contrapartes del norte. En particular, al Departamento de Defensa (sic) de nuestro buen vecino, le urge la reapertura de maquiladoras que fabrican componentes utilizados en su industria militar.

Particularmente indignante, en el marco de la 4T, es considerar como actividad esencial a la minería, tomando en cuenta que, a juicio de especialistas como Carlos Rodríguez Wallenius, las prácticas y los marcos de actuación de las empresas mineras son fundamentales para entender el modelo de acumulación por desposesión, como un mecanismo de explotación del capital que se basa en la privatización de los bienes públicos y el despojo de recursos comunitarios (Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, Brasil, 2010).

En el ámbito mundial, los datos empíricos demuestran que las compañías mineras dejan una secuela de millones de toneladas de tierra y rocas con efecto tóxico, removidas en extensas áreas de operación, con el consecuente deterioro del hábitat y del entorno social: contaminan ríos, presas y drenajes con desechos venenosos; acaparan el agua; explotan a sus trabajadores y los exponen a condiciones de riesgo extremo; utilizan la llamada ingeniería de conflictos, que incluye, incluso, la contratación del sicariato para enfrentar opositores y controlar territorios. Todo ello, a cambio de los escasísimos ingresos que reciben los pobladores afectados (de 0.6 a uno por ciento, entre rentas y apoyos), quienes son manipulados para permitir las explotaciones, ante la necesidad imperante y la corrupción de líderes o caciques que se prestan para servir a esas corporaciones, en su mayoría canadienses (77 por ciento del total en México).

En esta dirección, es pertinente recordar el Estudio sobre las industrias extractivas en México y la situación de los pueblos indígenas en los territorios en que están ubicadas estas industrias, que el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas del Consejo Económico y Social de la ONU, encargó a Saúl Vicente Vázquez, en mayo de 2013. El informe ha sido significativo, principalmente por el hecho de que una instancia internacional del peso de la ONU repare en un conflicto de graves consecuencias políticas, jurídicas, sanitarias, sociales y ambientales que, en nuestro país (y en el ámbito mundial), está causando la megaminería tóxica, y no sólo en territorios de los pueblos originarios. El informe, por su contenido y recomendaciones, constituyó una severa llamada de atención al Estado mexicano, que, por omisión y comisión, hasta hoy no garantiza ni hace respetar los derechos de dichos pueblos, exhortándolo desde hace ya siete años –entre otras acciones–, a la aprobación de una ley federal de consulta y consentimiento libre, previo e informado, conforme a los estándares internacionales establecidos en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, misma que hasta la fecha, no existe. Recientemente, de nuevo, la ONU emite una llamada de atención sobre la violación a los estándares internacionales del derecho a la consulta previa, libre, informada, vinculante, culturalmente adecuada, en este caso, para el llamado Tren Maya, cuya construcción se inició en el pico de la pandemia.

¿Qué es entonces lo esencial y para quién? Poco importan la salud y la vida de trabajadores y poblaciones, considerados desechables y siempre sustituibles. Un deshumanizado darwinismo social se quiere imponer en la nueva normalidad de la 4T, aunque velado en la retórica de sus voceros y defensores de oficio; entonces: ¿intereses políticos o integridad científica? ¿Ideología o coherencia?

¡Volveremos de las sombras!

Gilberto López y Rivas

La Segunda Guerra Mundial fue una de las últimas tragedias planetarias que causó millones de muertes y heridos, inconmensurables sufrimientos que afectaron a varias generaciones de seres humanos marcados por múltiples traumas que perduraron en los imaginarios colectivos de los pueblos que padecieron ese conflicto que finalizó con la derrota del eje nazi-fascista y la toma de Berlín por el Ejército Rojo, el 8 de mayo de 1945.

Durante esta contienda, fue decisiva la lucha de la resistencia antifascista que se desarrolla en medio de las cruentas batallas de la tecnología de muerte que trajo la modernidad capitalista, los bombardeos intensivos y la mayoría de las veces militarmente innecesarios, que desaparecieron ciudades enteras, incluyendo Hiroshima y Nagasaki, los campos de concentración y exterminio, las violencias atroces de la ocupación alemana de prácticamente todo el continente europeo.

Pese a la temprana superioridad militar de los ocupantes, y, no obstante el colaboracionismo y la traición nacional de las burguesías locales, que fueron entregando uno a uno sus países al dominio del Tercer Reich, los hombres y las mujeres que integraron las fuerzas antifascistas de la resistencia, lograron sobreponerse al miedo y al terror, y, como bien describió el cantautor canadiense Leonard Cohen en su memorable canción El Partisano: El viento sopla a través de las tumbas, la libertad llegará pronto, volveremos de las sombras. (https://www.youtube.com/watch?v=S34cVkL6zCE)

El próximo 75 aniversario de la derrota del nazismo cobra un significado especial en las actuales circunstancias, en las que la humanidad enfrenta una pandemia que ha ocasionado ya miles de muertes y un inédito confinamiento de millones de personas, medidas de militarización, cierre de fronteras y agravamiento de una crisis multifactorial de proporciones apocalípticas, que ya estaba en curso. En éstas condiciones es importante recordar que la Segunda Guerra Mundial tiene como responsables no sólo a los fascistas alemanes, italianos y japoneses, quienes deseando un nuevo reparto del mundo desencadenaron la conflagración bélica más terrible de la historia, sino, señalar igualmente la culpabilidad de los imperialistas ingleses, estadunidenses y franceses en el estallido de la misma. Sus gobiernos estimularon y permitieron el rearme de Alemania; solaparon el crecimiento vertiginoso de sus fuerzas armadas e invocaron una pretendida neutralidad frente a las agresiones fascistas a Etiopía en 1935, a España en 1936, a Austria y Checoslovaquia en 1938 y a Polonia en 1939.

México, por haber sido país de acogida del exilio republicano, estuvo al tanto del crimen que los fascistas cometieron contra la República Española y repudió el papel que jugó el Comité de no intervención que los gobiernos de Inglaterra, Francia y Estados Unidos crearon para encubrir su complicidad en esa asonada militar que impone una dictadura. En España, los fascistas probaron sus nuevas armas, sus métodos masivos de exterminio y la experiencia española se constituyó así en la advertencia de lo que sería el orden fascista en Europa. Asimismo, España se constituyó en la clarinada que advertía al fascismo sobre el indoblegable espíritu de lucha de sus pueblos y la fraterna solidaridad de los brigadistas del mundo entero. Este próximo 8 de mayo se recordará a los y las combatientes del Estado español que, después de 1939, nutrieron de aliento antifascista a los grupos clandestinos de la resistencia de varios países europeos.

Es significativo para las luchas actuales contra la recolonización capitalista neoliberal, que no se detiene con la pandemia, analizar una peculiaridad de esa experiencia histórica, no investigada suficientemente: la traición nacional de la mayoría de los gobiernos capitalistas de Europa ante la ocupación fascista en aras de proteger sus intereses de clase. Esta actitud capituladora y entreguista muestra una tendencia histórica que se profundiza notablemente en la trasnacionalización neoliberal actual, en el sentido de que los grupos dominantes no representan más los intereses nacionales y populares.

En el otro polo equidistante, es de subrayar que son las clases trabajadoras y la intelectualidad insurrecta las que integran la resistencia antifascista. Precisamente, la intervención de los pueblos y el peso decisivo de la Unión Soviética, van cambiando la naturaleza del conflicto bélico: de interimperialista se trasforma en una “guerra popular, justa y necesaria hasta la derrota del nazi-fascismo“. Los comunistas, especialmente, junto con otros agrupamientos de diversas ideologías, intervienen en la organización de destacamentos guerrilleros rurales y redes urbanas, que llevan a cabo labores de inteligencia, sabotaje y gobierno en la retaguardia fascista, manteniendo la entereza y la dignidad frente a los invasores. ¡Volvieron de las sombras!

A la brigada médica cubana

Henry Reeve en Italia.

Necropolítica, colapso y coronavirus

Gilberto López Y Rivas

Dos hechos noticiosos pasaron desapercibidos en los medios, saturados, como están, en torno al Covid-19, que ha impactado la vida de millones de personas en el mundo, mostrando, aún más que los efectos de esa enfermedad viral en sí, los profundos quebrantos de los servicios de salud pública, privatizados y desatendidos por los gobiernos neoliberales, así como las negligencias y contubernios criminales de estos gobiernos, que impiden adoptar políticas de salud responsables y efectivas frente a la pandemia, debido a que no desean afectar los intereses económicos de los grupos dominantes y su propia imagen política.

Uno de esos hechos es la amenaza de bloqueo naval a la República Bolivariana de Venezuela (Ángel Guerra, La Jornada, 15/3/20), mientras que el otro es la realización de maniobras militares de la OTAN en Europa. En ambos casos es evidente que la maquinaria de la alianza imperialista militar encabezada por Estados Unidos no se detiene, a pesar de la pandemia y el agravamiento de la crisis económica de los mercados, sobre todo, en las pequeñas economías precarizadas que sobreviven apenas, y que no pueden darse el lujo de abandonar sus trabajos, hacerse de víveres y recluirse en sus casas o lavarse las manos con el agua con la que no cuentan. La condición de clase determina las probabilidades de atención domiciliaria-hospitalaria y, en última instancia, de la sobrevivencia misma de los grupos más vulnerables.

Es sorprendente el paralelismo de la situación creada por la emergencia de salud en la que estamos inmersos, con lo escrito por Carlos Taibo en su libro Colapso: Capitalismo terminal, transición ecosocial, ecofascismo, Buenos Aires: Libros de Anarres, 2017, en el que explora justamente las causas de un colapso sistémico de carácter global, poniendo énfasis en el cambio climático y el agotamiento de las materias primas. Subraya que a diferencia del pasado, cuando las principales amenazas de catástrofes estaban asociadas con fenómenos naturales, a partir del siglo XX, la acción humana resulta decisiva y fatal. Taibo, como otros autores, prefiere hablar de cambio climático y no de calentamiento global y, conforme a sus datos, será imposible evitar la subida de 2 a 3 grados en la temperatura media planetaria, por lo que sus consecuencias, expuestas someramente, corresponden con la realidad mundial que estamos ya viviendo: elevación del nivel del mar, desaparición del hielo en los polos, extinción y mutación de especies, desertización, deforestación, incremento en la frecuencia e intensidad de los huracanes, dificultades crecientes para la producción de alimentos, inundaciones inéditas y para siempre de tierras habitadas en litorales e islas, y, ¡surgimiento de nuevas enfermedades!, como ha ocurrido con el Covid-19.

Volver a la lectura de esta obra impactante, perturbadora e ineludible hace comprensibles y urgentes los llamados constantes de los mayas zapatistas a organizarse ante una tormenta que no es ni metafórica ni simbólica y que alude no a una visión apocalíptica o de profecías milenaristas, sino a la posibilidad real y fundada científicamente de una catástrofe a escala mundial en un futuro cada vez más cercano, que Taibo denomina colapso, esto es, el hundimiento general y masivo del sistema dominante, manifiesto en reducciones sustanciales en la producción industrial; el derrumbe simultáneo y combinado de carácter financiero, comercial, político, social, cultural y ecológico, debido a sus propias contradicciones y realidades verificables, en sinergia con diversas y severas implicaciones previsibles y ya progresivamente manifiestas del mencionado cambio climático (ver: Emiliano Hersch González: http://enelvolcan.com/ 84-ediciones/059-octubre-diciembre -2019/629-crisis-climatica-que-hacer).

Ello tiene un referente a su vez ineludible en nuestro país. El EZLN en su comunicado del pasado 16 de marzo denuncia críticamente: la frívola irresponsabilidad y la falta de seriedad de los malos gobiernos y de la clase política en su totalidad, que hacen uso de un problema humanitario para atacarse mutuamente, en lugar de tomar las medidas necesarias para enfrentar ese peligro que amenaza la vida sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, lengua, creencia religiosa, militancia política, condición social e historia. Asimismo, llama a no dejar caer la lucha contra la violencia feminicida, a continuar la lucha en defensa del territorio y la Madre Tierra, a mantener la lucha por los desaparecid@s, asesinad@s y encarcelad@s y a levantar bien alto la bandera de la lucha por la humanidad.

Pese al colapso visiblemente en desarrollo, el capitalismo necropolítico buscará utilizar la pandemia en favor de sus intereses de clase, con la complicidad de los estados a su servicio. A los pueblos corresponde resistir unidos y organizarse por la vida y el futuro de las generaciones venideras.

Sucumbíos, crimen de Estado y lesa humanidad

Gilberto López y Rivas

El 1 de marzo se cumplieron 12 años de la masacre de Sucumbíos, Ecuador, en la que fueron asesinadas 25 personas y sufrieron heridas graves tres sobrevivientes. De los muertos, cuatro eran estudiantes mexicanos: Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Soren Ulises Avilés Ángeles, Fernando Franco Delgado y Juan González del Castillo; mientras que, de los heridos, Lucía Andrea Morett Álvarez, también era estudiante mexicana. Los cinco jóvenes, con entrada legal a Ecuador, eran conocidos en los ámbitos políticos, y por quien escribe, por su solidaridad con el pueblo colombiano, y habían llegado el día anterior de visita al campamento guerrillero, sede del considerado principal negociador y canciller de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el reconocido comandante Raúl Reyes, blanco principal del bombardeo y ocupación por parte del ejército y la policía de Colombia. Por las características técnicas y la información de inteligencia del ataque de Sucumbíos, particularmente el uso de bombas de precisión, el tipo de aviones, la logística detrás de las tropas colombianas, así como los alcances estratégicos de la acción en el contexto regional de esos años, es claro que Estados Unidos participó en este acto de terrorismo de Estado, crimen de guerra y lesa humanidad, que al violar la soberanía de otro país, pudo derivar en una guerra de alcances inimaginables.

Ante este artero crimen, el papel del gobierno de México fue lamentable, ya que no defendió los intereses de sus connacionales muertos y heridos en el exterior, no exigió justicia ni condenó esta agresión armada contra un país soberano. Por el contrario, tanto el gobierno de Felipe Calderón como el de Enrique Peña Nieto permitieron que los servicios de inteligencia colombianos se desplazaran por territorio nacional a su arbitrio, llegando incluso a soslayar las amenazas del embajador colombiano en nuestro país contra los padres de los muchachos asesinados. A partir de Sucumbíos, los organismos de inteligencia colombianos, estadunidenses y mexicanos montan en México una campaña mediática e, incluso, judicial, encaminada a presentar a las víctimas como peligrosos criminales, y a la UNAM, donde ellos estudiaban, como guarida de terroristas. Destacan, en ese tiempo, algunos sicarios mediáticos que, en sus artículos, no lograban sustraerse del formato policiaco de quienes les pagaban. También es necesario recordar que grupos de la ultraderecha mexicana presentaron denuncias judiciales intentando crear un clima de cacería de brujas en contra de quienes siempre nos hemos manifestado en favor de la justa lucha del pueblo colombiano, a partir de la incautación de unas supuestas computadoras del comandante Raúl Reyes, que milagrosamente sobrevivieron al bombardeo y el ametrallamiento del campamento guerrillero, cuyo material conspirativo nutrió a los medios informativos (sic) y los aparatos judiciales.

Pese al inmenso dolor de madres y padres por la pérdida de sus hijos, se conformó, en ese mismo marzo de 2008, la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador, que, acompañados por la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), presentaron una denuncia de hechos por el asesinato de los jóvenes y las lesiones contra Lucía, señalando como responsable al ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y la cadena de mando subsecuente, involucrada en la llamada Operación Fénix. Se inició la averiguación previa UEDE/041/2009, que no ha prosperado y que, según indica recientemente la Asociación, recibieron la amenaza por parte del fiscal asignado, de enviar el caso a archivo, de no presentar nuevos elementos; esto es, hacer los padres y los familiares, el trabajo que corresponde a la actual Fiscalía General de la República.

Con independencia de que los cauces formales de la investigación de la matanza competen a las instancias gubernamentales, el pasado 24 de febrero la Asociación solicitó al actual representante del Estado mexicano, presidente Andrés Manuel López Obrador, se tuviera la voluntad política para reconocer la calidad de víctimas de nuestros hijos y otorgar la disculpa pública por haberlos criminalizado, petición que no recibió respuesta, sólo el burocrático acuse de recibo. Se demanda, además, el reconocimiento de los valores humanos y académicos de las víctimas y la apertura total del archivo político del caso Sucumbíos, en ejercicio del derecho a la verdad, pero también como material de coadyuvancia en las acciones encaminadas en busca de justicia. Finalmente, se exige, la garantía de no repetición de los hechos: no más omisiones del Estado mexicano ante agresiones a connacionales en el extranjero.

Queda abierto llevar a la justicia internacional a los autores de la masacre de Sucumbíos.

Suprema Corte de Justicia de la Nación y desaparición forzada

Gilberto López Y Rivas

Durante más de 12 años, familiares, representantes legales, Comisión de Mediación, Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda y organizaciones sociales y de derechos humanos solidarias han mantenido la exigencia de la presentación con vida de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, quienes el 25 de mayo de 2007 fueron detenidos, en la ciudad de Oaxaca, y desaparecidos por diversos agentes de los tres niveles del gobierno mexicano, configurándose un innegable crimen de Estado y lesa humanidad, tipificado como desaparición forzada, y, por tratarse de militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, como parte de la estrategia de contrainsurgencia y llamada guerra sucia que ha puesto en práctica el Estado mexicano durante décadas.

Ha sido notable la perseverancia jurídica y política de quienes, a contracorriente, han librado una lucha denodada para conocer el paradero de Alberto y Edmundo, y por demandar justicia, castigo a los culpables y fin de la impunidad, en un caso por demás paradigmático, ya que cada día que pasa, el Estado mexicano, independientemente de alternancias en el gobierno, exhibe la carencia de voluntad política para investigar el paradero de los dos luchadores sociales y juzgar a los funcionarios responsables no sólo de esta detención-desaparición, sino también a quienes han sido omisos en sus responsabilidades, o, incluso, han protegido a los criminales e incumplido la recomendación 7/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la resolución del recurso de queja 29/2014 del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la que se ordenó la apertura de los cuarteles militares para la búsqueda y localización de Alberto y Edmundo, y citar a comparecer a los entonces (2007) mandos superiores de las fuerzas armadas, a los agentes, en aquel tiempo, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y a diversos funcionarios de otras instituciones públicas.

El 14 de diciembre de 2019, de nueva cuenta, se ganó otra batalla jurídica con la resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la que se solicita a la SCJN la atracción del caso, al considerarlo de suma trascendencia por la gravedad de las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de las víctimas, concediendo el amparo en favor de Edmundo y Gabriel, así como de sus familiares.

Previamente, el 6 de mayo de 2019 el juzgado de amparo ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR): 1). Investigar de manera pronta, completa, imparcial y exhaustiva la desaparición forzada de ambos agraviados, en la cual, conforme a la resolución judicial, cuando menos intervinieron agentes estatales pertenecientes al Ejército Mexicano, a las secretarías de Seguridad Pública de Oaxaca y del municipio de Oaxaca de Juárez y a la policía ministerial de la Fiscalía General de Justicia estatal. 2. Mantener en curso la investigación hasta que se ejerza la acción penal en contra de todos los responsables de la desaparición forzada y se localice a los desaparecidos. 3. Publicar en la página principal de Internet de la FGR la investigación que realiza y las pruebas que obran en la averiguación previa. 4. Tomar declaración de mandos militares que hubieran estado en funciones en mayo de 2007, en el estado de Oaxaca, para dilucidar su posible participación en la desaparición forzada, en el entendido que, si de alguna declaración se desprende información que deje entrever el uso de instalaciones militares para el ocultamiento de los desaparecidos, se deberán ordenar las diligencias de búsqueda en las mismas. 5. Reconocer la conformación y creación de una Comisión Especial de Búsqueda para localizar a los desaparecidos.

A la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se ordena: 1. Publicar por una ocasión un extracto de la resolución en un diario de circulación nacional, para no dejar en la opacidad la actuación ilegal de las autoridades responsables de la desaparición forzada y hacer un reconocimiento simbólico de modo institucional. 2. Prestar las facilidades a la FGR para investigar la desaparición forzada, permitiendo la entrada a cualquier instalación militar para buscar a Edmundo y Gabriel.

Con significancia, Sedena y FGR se inconformaron con la resolución, por lo que interpusieron un recurso de revisión, mientras los abogados de la parte quejosa presentaron revisión adhesiva, para que la sentencia se mantuviera en el sentido resuelto. Los recursos quedaron radicados en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (136/2019). Dicho órgano judicial, el 12 de diciembre de 2019, resolvió enviar el recurso de revisión a la SCJN.

Así, el máximo tribunal del país resolverá entre dejar firme la sentencia, y hacer justicia, o, llanamente, ser cómplice del encubrimiento de crímenes de Estado y lesa humanidad.

Racismo y falacias antizapatistas

Gilberto López y Rivas

Este inicio de año ha estado marcado por una intensificación –en redes sociales y medios de comunicación– de la campaña de infundios contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se ha hecho extensiva al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CGI), y a quienes, en otros ámbitos de la vida pública, manifiestan su apoyo a las luchas anticapitalistas, antipatriarcales y antirracistas de los mayas zapatistas, en oposición a las políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su Cuarta Transformación.

Una buena parte de esta campaña revela el racismo de las élites políticas y de algunos intelectuales orgánicos cuarto transformistas, incluso de altos funcionarios, que insisten en negar todo protagonismo a los pueblos indígenas, y personificar al subcomandante Marcos – Galeano como el único autor y sujeto de las iniciativas políticas del EZLN. Prueba de ello son los recientes artículos de opinión, videos, declaraciones, foros, caricaturas y mensajes en Facebook y Twitter, que demonizan a quien fuera el vocero de esta organización, ignorando o negando que, desde hace años, el papel de la vocería del EZLN recae en el subcomandante insurgente Moisés, de origen tzeltal.

Precisamente, correspondió al subcomandante Moisés, leer el comunicado del 26 aniversario de la guerra contra el olvido, el 31 de diciembre de 2019, en el que refrenda el compromiso de su organización de resistir y defender la Madre Tierra, aún a costa de la vida. En esta histórica alocución, se hace un recuento sucinto de estos 26 años del EZLN, desde el momento en que optaron entre morir como animales o morir como seres humanos que luchan por la vida. A pesar de desprecios, engaños, traiciones y políticas contrainsurgentes de los mandones en turno para destruirlos, los mayas zapatistas han logrado mantener en alto la bandera de su rebeldía, sin rendirse, sin venderse y sin claudicar, respondiendo, sin duda, a quienes, desde el desconocimiento, la incondicionalidad o la soberbia, cuestionan: ¿dónde estaban los zapatistas cuando tal o cual suceso de la vida nacional ocurría?

A diferencia de la izquierda institucional mexicana y de los gobiernos con esta orientación ideológica, las y los zapatistas, durante estos 26 años han estado construyendo lo que califican como un proyecto de vida, como podrá mirar cualquier persona que tenga un corazón honesto, señala el sub Moisés, en el que en sus comunidades florecen escuelas y clínicas de salud y se trabaja la tierra en colectivo y en colectivo nos apoyamos.

Para los nuevos heraldos del progreso y la modernidad, es imposible entender una característica de los zapatistas y de los pueblos agrupados en el Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno, y que el sub Moisés describe diáfanamente: Somos pues comunidad. Comunidad de comunidades. Las mujeres zapatistas tienen su propia voz, su propio camino. Y su destino no es el de la muerte violenta, la desaparición, la humillación. La niñez y la juventud zapatista tienen salud, educación y diferentes opciones de aprendizaje y diversión. Mantenemos y defendemos nuestra lengua, nuestra cultura, nuestro modo. Y seguimos firmes en el cumplimiento de nuestro deber como pueblos guardianes de la Madre Tierra. Todo esto ha sido gracias al esfuerzo, sacrificio y dedicación de los pueblos organizados. Y todo esto también ha sido gracias al apoyo de individuos, grupos, colectivos y organizaciones de todo el mundo.

Asimismo, para quienes defienden los proyectos del desarrollismo clientelar 4T, resulta difícil entender lo que significa el sistema capitalista acorde a las perspectivas y el pensamiento crítico zapatista, que el sub Moisés describe como: esa bestia que todo lo quiere comer y destruir, al que: “no le importa destruir la naturaleza, pueblos enteros, culturas milenarias, civilizaciones completas. Incluso el planeta entero se destruye por los ataques de la bestia. La hidra capitalista, la bestia destructora, busca otros nombres para esconderse y atacar y vencer a la humanidad, –afirma el sub Moisés–. Y uno de esos nombres detrás de los que se esconde la muerte es ‘megaproyecto’. ‘Megaproyecto’ quiere decir destruir todo un territorio. Todo. El aire, el agua, la tierra, las personas (…) Y la bestia que se esconde detrás de los megaproyectos tiene su maña, su mentira, su trampa para convencer. Dice la bestia que es por el progreso. Dice que, gracias a esos megaproyectos los pueblos van a tener paga y muchas ventajas de la modernidad. Y con esto del progreso y la modernidad queremos recordar aquí a un compañero del CNI que fue asesinado este año (2019). El hermano y compañero Samir Flores Soberanes. Y lo recordamos porque él se preguntaba y preguntaba para quien es ese progreso del que tanto hablan”.

El EZLN nos interpela a detener la guerra contra la humanidad, cada quien en su geografía, su calendario y con sus modos.

El Istmo es nuestro, no de empresas ni gobiernos

Gilberto López y Rivas

Una importante convocatoria pública ha circulado profusamente por las redes, a partir del primero de enero del nuevo año, en la que se advierte de la inminente amenaza por parte del gobierno de la 4T y del presidente Andrés Manuel López Obrador, de “imponerles a los pueblos del istmo de Tehuantepec, al pueblo de México y a la nación misma, el llamado ‘Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec-Tren Interoceánico’ (popularmente conocido desde 1996, como ‘Megaproyecto del Istmo’,” aunque por sus características peculiares el nombre más apropiado debiera ser: “Megaproyecto McLane–Ocampo”.

Firmada por numerosas organizaciones, colectivos y asambleas comunitarias, organismos de derechos humanos, ecologistas, movimientos, sociales, gremiales, redes de la sociedad civil, centros de investigación, académicos, artistas, periodistas, personalidades y ciudadanos, la convocatoria pública analiza a profundidad lo que se considera como un reciclamiento, actualizado y potenciado de un programa de desarrollo regional de Ernesto Zedillo, que consiste: en un monstruoso canal seco multimodal, alternativo al canal de Panamá, para el beneficio del comercio corporativo global, con el que se pretende interconectar de manera muy rápida la circulación masiva de todo tipo de mercancías, bienes y productos, entre el océano Atlántico (Golfo de México, facilitando la salida a Europa y costa este de Estados Unidos) y el océano Pacífico (salida hacia China-Japón-Indonesia-Australia y la costa oeste de Estados Unidos.

Como todos los megaproyectos de la Cuarta Transformación, a lo largo del canal seco se establecerían corredores industriales y agroindustriales, empresas maquiladoras, armadoras automotrices y de maquinaria, así como otros megaproyectos igualmente extractivistas y depredadores: concesiones mineras, extracción petrolera y de gas natural (convencional y fracking), gasoductos y oleoductos, refinerías, parques eólicos, represas hidroeléctricas, plantaciones comerciales forestales y agroindustriales, hoteles para turismo de élite y la construcción de una autopista paralela a la vía férrea.

Todo ello, a partir de las ya conocidas consultas simuladas y violatorias de los más elementales derechos indígenas y, como buen gobierno neoliberal, se decretaría toda la zona del Istmo, como libre o franca, con exención de impuestos, otorgamiento de subsidios gubernamentales, terrenos con infraestructura lista, caminos de acceso, calles internas, agua-drenajes, energía eléctrica, redes de cableado subterráneo y demás servicios básicos. Esto es, el gobierno al servicio de las empresas multinacionales y de los gobiernos más poderosos del mundo, encabezados por el de Estados Unidos.

De llevarse a cabo, acorde a los firmantes, “significaría el total saqueo, la devastación y la privatización de los invaluables bienes naturales, así como la desaparición total de los sistemas productivos tradicionales, básicos para el autoconsumo y la soberanía alimentaria, familiar y comunitaria (milpa de policultivo, huertos familiares, manejo de acahuales, semillas nativas) de los territorios indígenas, del pueblo negro y de comunidades campesinas, que se localizan en los 98 municipios considerados actualmente en el ‘Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec-Tren Interoceánico’, en los estados de Oaxaca (46), Veracruz (33), Chiapas (14) y Tabasco (5)”. Del mismo modo, este desarrollismo y modernidad, (como en Cancún), además de empleos precarizados, lo que traerían es mayor contaminación, alcoholismo, drogadicción, narcomenudeo, inseguridad y delincuencia organizada, secuestros, prostitución, desaparición de jóvenes y trata de blancas, feminicidios, embarazos de adolescentes, inflación y mayor pobreza socioeconómica, violencia intrafamiliar, rompimiento del tejido social y la pérdida de la cultura y los valores comunitarios y de los sistemas normativos internos.

Este megaproyecto, igualmente, pondría en riesgo el futuro de las generaciones por venir, incrementando el calentamiento global y condenando a largo plazo a la muerte misma de la Madre Tierra. De la misma forma, implicaría la militarización del Istmo, la región geoestratégica más importante de nuestra nación, por lo que, implicaría un alto riesgo a la integridad y soberanía nacional-popular.

Por estas razones, se convoca a construir una amplia alianza, no sólo para detener y revertir este proyecto de muerte sino, también, para construir colectivamente una propuesta alternativa de desarrollo sustentable para el istmo de Tehuantepec, comunitaria y popular; y para la constitución de un movimiento de resistencia y una intensa campaña global, nacional e internacional denominada El Istmo es nuestro, de los pueblos indígenas, del pueblo mexicano, no de las empresas ni de los gobiernos. (elistmoesnuestromx@gmail.com Campaña global: www.elistmoesnuestro.org).

¡No al megaproyecto del Istmo! ¡Sí a la vida!