Mientras la administración
peñista hurgaba en el cajón de las excusas para tratar de conjurar el
seco informe de un prestigioso instituto con sede en Londres, que
declaró a México el segundo país más violento del mundo, en las redes
sociales irrumpía una videograbación casera en la que puede observarse
parcialmente una figura, con toda la probabilidad de ser un miembro de
las fuerzas armadas mexicanas (se usa aquí el mismo criterio jurídico
que lleva a mencionar a determinados civiles como
presuntos delincuentes, en tanto no haya resolución judicial que declare su inocencia o culpabilidad), disparando en la cabeza a una persona caída y sometida.
Además de esa escena en la que un civil es ejecutado, sin que el
resto de militares presentes muestre mayor signo de alteración o se
perciba alguna intención de detener a quien acababa de cometer un
homicidio, se dieron a conocer otros videos en los que se observa a un
presunto huachicolero (ladrón de combustible) disparando contra
los soldados y asesinando a uno, todo ello en el contexto de los
sucesos de Palmarito Tochapan, comunidad perteneciente al municipio de
Quecholac, en Puebla, donde el Ejército intervino para enfrentar a
bandas dedicadas al robo de gasolina de los ductos que cruzan por esa
zona (varias de esas bandas forman parte de una especie de división
comercial de Los Zetas, siempre diversificados en sus negocios
y, en Puebla, con una larga impunidad durante el gobierno de Rafael
Moreno Valle, ahora dedicado este panista a gastar mucho dinero en
promoverse como posible candidato presidencial). En dichos sucesos
murieron cuatro militares y seis civiles, y hubo varios heridos y
detenidos.
La difusión de tales videos (la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos informó que ya tenía incluida en su expediente la grabación en
que se aprecia el disparo contra el civil) confirma la muy extendida
versión de que las fuerzas armadas mexicanas suelen ejecutar a civiles a
los que identifican como parte de los muy extendidos y agresivos grupos
del crimen organizado en todo el país, así sea en medio de una balacera
o en circunstancias equívocas que pueden afectar a personas sin
relación con los hechos
combatidos.
Hay en las élites castrenses, y en parte importante de la población mexicana, harta ésta del salvaje comportamiento de dichos cárteles
desbordados, la convicción de que tales criminales no merecen ninguna
piedad (mucho menos la aplicación de medidas de procesamiento judicial
en busca, teóricamente, de castigar con cárcel a los infractores e
incluso buscar su rehabilitación y reinserción a la sociedad).
Desahuciados socialmente, irreformables, seguros reincidentes
vengativos, movidos por el consumo excesivo de drogas y adictos a la
violencia inhumana, tales especímenes negativos merecerían simplemente
el exterminio sumario, el tiro de gracia.
Esa visión, aun con los engañosos guiños de corrección rápida de
vicios mayores, refleja el fracaso del Estado mexicano y sus políticas, y
condena a la población a vivir entre tajos oficiales tirados al cuello
de quienes se sospechara que son delincuentes irredimibles, entregando
el poder de vida o muerte no a las instituciones formalmente encargadas
de conocer y juzgar hechos delictivos (las procuradurías o fiscalías, y
el aparato de jueces, magistrados y ministros), sino al criterio de los
portadores de las armas gubernamentales, en un proceso que marcadamente
ha tenido graves errores y ha afectado mortalmente a mexicanos sin
relación con hechos delictivos.
Los videos de Palmarito hacen recordar episodios como el de
Tlatlaya, donde presuntos delincuentes rendidos fueron también
ejecutados por fuerzas militares. Y, en particular, refuerzan las voces
de alerta que se han alzado contra la pretensión de dar un marco legal
propicio para una mayor acción de las secretarías de la Defensa Nacional
y de Marina en casos de
afectaciones a la seguridad nacional.
El poder civil en México ha cedido importantes porciones de mando y
presencia política durante la administración peñista, al grado de que,
como nunca, los jefes de las fuerzas armadas han presionado para que el
Congreso federal apruebe la ley de seguridad nacional. La preeminencia
del verde olivo sobre el traje y corbata de Los Pinos ha sido visible en
el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, con los mandos
castrenses triunfantes a la hora de negarse a que el Estado mexicano
cumpliera sus compromisos con la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) y permitiera que el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes pudiera conocer de viva voz la versión de soldados
presentes en las horas críticas de Iguala (por cierto, el Alto
Comisionado de esa CIDH prepara una declaración sobre el curso del caso
de los normalistas, lo que preocupa a la élite gubernamental mexicana,
deseosa de
suavizarel texto venidero).
A fin de cuentas, la Sedena tiene una oportunidad de esclarecer sus
métodos de acción y permitir que haya no sólo la sanción específica para
un elemento que hubiera realizado la multicitada ejecución sino, sobre
todo, de garantizar a los mexicanos que, conforme al maltrecho marco
legal vigente, las fuerzas armadas mexicanas lo respetan y que no se
practica una política, no declarada, de
limpieza socialcon tiros de gracia.
No es sólo la campaña electoral específica de Alfredo del Mazo Maza,
con el evidente derroche de dinero en busca de que el priísta levante
vuelo (en el
debatede este martes, la panista Josefina Vázquez Mota giró su mira hacia el PRImazo, cual si hubiera un despecho por traiciones políticas o hubiera una instrucción de fortalecer un polo
emergentePAN-PRD). Ahora, Del Mazo está en la lista de los políticos presuntamente beneficiados por pagos corruptos realizados por OHL, la empresa favorita de los poderes mexiquenses, el estatal y el federal. Ayer, en el Instituto Nacional Electoral, Morena presentó datos de depósitos bancarios de OHL a la campaña de Del Mazo. ¡Hasta mañana! Twitter: @julioastillero Facebook: Julio Astillero
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
No fue previsto por la reforma petrolera que uno de los más lucrativos negocios que los huachicoleros premium pusieron en manos de empresas privadas –la importación y venta de gasolina– fuera a resultar afectado por los huachicoleros magna:
¿Quién cubrirá el costo del producto robado de las tuberías o
terminales arrendadas por Pemex a sus nuevos socios? Las empresas
extranjeras interesadas en el negocio de suministro de gasolina a México
están analizando las inversiones que tenían planeadas y sopesando el
riesgo, luego de que la serie de robos de combustible se convirtió en un
baño de sangre la semana pasada en el estado de Puebla. Empresas como
Howard Energy Partners y BioUrja Trading LLC ven crecer el problema y
(la relativa) poca acción de parte del gobierno federal. Con la
derogación de los subsidios federales a las gasolinas y el gasolinazo, el robo de combustibles se intensificó en el país. Los huachicoleros
se convirtieron en formidables competidores de los empresarios privados
al vender la gasolina a seis pesos el litro, casi una tercera parte del
precio de mercado. Rajan Vig, jefe de Origination para México de
BioUrja, comentó a Bloomberg que su empresa está tratando de enviar
combustible a nuestro país, pero están preocupados por el robo y
requieren apoyo de las autoridades. Las pérdidas ascendieron el año
pasado a decenas de miles de litros. Los robos de gasolina son
una pérdida que Pemex parece absorber y no se puede esperar que el sector privado haga lo mismo, dijo Robert Campbell, jefe de investigación sobre productos petroleros en la consultora Industry Aspects Ltd a Bloomberg.
El sistema de justicia de México no inspira exactamente confianza. Estos son el tipo de problemas que realmente necesitan ser resueltos, concluyó. Sería bueno que tomaran en cuenta que la reforma energética se llevó a cabo sin consultar a los ciudadanos. Eso tampoco fue justo.
El tuit de Trump
El presidente Trump le dio retuit a la
información que asegura que durante 2016 México fue el segundo país en
el que se cometieron más asesinatos en el mundo. Trump se ha referido en
repetidas ocasiones a los mexicanos como criminales, violadores,
traficantes de drogas, y su proyecto del muro, se supone, es para
detener el flujo de drogas y a los bad hombres. La implicación del retuit
¿es reafirmar su postura sobre México? Las secretarías de Gobernación y
de Relaciones Exteriores se pronunciaron ante el reporte de IISS y
negaron que México sea el segundo país con más homicidios dolosos,
después de Siria. Vía comunicado, puntualizaron que la violencia,
producto del narcotráfico, es un
fenómeno regionalque involucra las fronteras que el país tiene con Estados Unidos, Guatemala y Belice. Afirmaron que “el reporte señala de manera irresponsable la existencia de un ‘conflicto armado (no internacional)’ en México”; como
tampoco lo es el uso de las fuerzas armadas para mantener el orden al interior del país.
Multa a Walmart
Walmart Stores recibiría una multa de aproximadamente 300
millones de dólares para finiquitar una investigación de largo plazo en
Estados Unidos sobre las acusaciones de soborno a funcionarios de
gobierno, de acuerdo con una nota publicada por Bloomberg. El
Departamento de Justicia y la Comisión de Cambios habían buscado que la
multa por lo menos fuera el doble de esa cantidad, pues 300 millones de
dólares no es algo que le quite el sueño a la compañía. El expediente
está relacionado con los sobornos que habría pagado Walmart en países
como México, China e India. Walmart no quiso hacer comentarios. El
asunto se conoció en México después de que The New York Times
publicó una amplia investigación por la cual ganó un premio Pulitzer,
pero no hubo consecuencias, aun cuando diversas autoridades aseguraron
que estaban investigando. ¿En que archivero quedó guardado el
expediente?
Buscan director para la FBI
El Departamento de Justicia está realizando entrevistas
para encontrar a un sucesor interino de James Comey, el director de la
FBI que cesó Trump cuando había pedido una ampliación del presupuesto
para continuar la investigación sobre los nexos de Trump con Rusia. Un
perfil como el de Virgilio Andrade sería el ideal, más ahora que una
comisión del Senado finalmente acordó abrir una investigación.
Ombudsman social
¿En qué país vive o en qué nube se instaló el “abanderado tricolor”
mexiquense? Son muchos los resbalones que hacen parecer a Alfredo del
Mazo más como un opositor contumaz a la política económica del régimen
que su defensor, representante y beneficiario, por lo que nada mal le
caería un curso intensivo sobre los resultados del México
modernoy
reformado, cuya constante ha sido la devaluación, y no sólo del tipo de cambio sino del nivel de vida de los habitantes de esta República de discursos.
Resulta que en el
debatedel pasado martes por la noche entre los candidatos al gobierno del estado de México, Del Mazo se aventó la siguiente puntada: “no se puede dejar el estado en manos de quien no tiene capacidad, pues se pondría en riesgo la economía… Los inversionistas ya muestran temor por un posible triunfo de Morena en el estado de México, y esto generará una devaluación”. ¡Ole!
Pues bien, de entrada alguien debió recordarle al susodicho que la
devaluación del peso es una de las marcas indelebles de las
administraciones priístas (las que, según Del Mazo, son
expertasy
capacitadasen las artes económicas), a tal grado que a estas alturas el tipo de cambio peso-dólar se ubica en casi 20 mil por uno, sin olvidar los
logrosen la materia de la docena trágica panista (Fox-Calderón). Hay que recordar que la dupla Carlos Salinas-Pedro Aspe, papás de la actual pareja Peña Nieto-Videgaray, le
quitótres ceros a la cotización de nuestra moneda para dar la imagen de que todo marchaba de maravilla (el 31 de diciembre de 1992 el tipo de cambio era de 3 mil 400 pesos por dólar; 24 horas después, con el amanecer de 1993, mágicamente ese mismo tipo de cambio se había
reducidoa 3.4 pesos por billete verde; ¡milagro!).
Y por lo que toca a las manos inexpertas que
pondrían en riesgo a la economía, el candidato tricolor también
olvidóque a lo largo de los pasados 35 años (con cuatro gobiernos priístas y dos panistas) México ha registrado la peor tasa de crecimiento (2 por ciento como promedio anual) desde los tiempos de la Gran Depresión, con todo y el
expertocuan
capacitadogrupo de tecnócratas que desde 1982 hizo de México su gran negocio particular.
En diciembre de 1982, la primera decisión del flamante inquilino de
Los Pinos fue devaluar el tipo de cambio para llevarlo a 150 pesos por
dólar (todavía no entraba en vigor la
quitade tres ceros). Treinta y cinco años después, la paridad es de alrededor de 20 mil por uno (sólo que ahora le quitan tres ceros), lo que equivale a una devaluación cercana a 13 mil por ciento en el periodo. Y en ese lapso, del PRI salieron cuatro inquilinos de Los Pinos (Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto) y dos de la sacristía panista (Vicente Fox y Felipe Calderón). Lo anterior no es precisamente una muestra de
experiencia, formación, capacidad(Del Mazo dixit) y, sobre todo, de
buenos resultados.
Para no ir más lejos, Alfredo del Mazo debería concentrarse en lo que
ha pasado con la economía durante la estadía de su primo (Enrique Peña
Nieto) en la residencia oficial: hasta ahora, con ganas de empeorar, la
tasa anual promedio de
crecimientoa duras penas llega a 1.9 por ciento (la menor desde los tiempos de Miguel de la Madrid) y el tipo de cambio peso-dólar se ha devaluado en alrededor de 54 por ciento (de 13 mil a 20 mil por uno, disfrazado de un simple 13 por 20 unidades).
Una perla más:
denuncióel candidato tricolor al estado de México que, temeroso, los
especialistas internacionalestienen los ojos puestos en la candidata de Morena, por el riesgo económico nacional (¡¡¡!!!) que ella representa. Y remató su rollo con lo siguiente: “para ser gobernador se necesita capacidad y carácter; se requiere de experiencia y determinación para resolver de una vez y por todas, los problemas que enfrentamos (es decir, ninguna de las características que tiene el candidato tricolor). Reconozco que hay un malestar en los ciudadanos (eufemismo por encabronados), pero si elegimos a una persona sin la capacidad necesaria, podemos convertir el enojo en retroceso”. ¡Ole!, otra vez.
El martes pasado
el presidente Donald Trump sorprendió a la clase política y a los
ciudadanos estadunidenses al ordenar el despido del director de la
Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés),
James Comey, quien dirigía las pesquisas sobre la presunta injerencia
rusa en las elecciones presidenciales de 2016. El único precedente en
que un mandatario despidió a un funcionario que encabezaba
investigaciones contra la Casa Blanca se remonta al cese de Archibald
Cox, fiscal especial a cargo del caso Watergate, maniobra que no evitó la posterior dimisión de Richard Nixon por ese conocido escándalo de espionaje contra rivales políticos.
Piden a PGR acelerar diálogo con padres de normalistas
Solicitamos al procurador
general de la República, Raúl Cervantes Andrade, que por todos los
antecedentes de investigación realizados por esa dependencia federal
tenga a bien recibir, no a finales de mes como se ha propuesto, sino a
la brevedad, a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa detenidos y
desaparecidos hace más de dos años por fuerzas gubernamentales.
Lo que está en marcha
en Venezuela es un episodio decisivo en el proyecto de Estados Unidos y
las oligarquías de no dejar en pie un solo gobierno independiente y
democrático en nuestra América. El combustible principal que alimenta
ese proyecto en Venezuela es el apoyo que recibe la contrarrevolución
endógena de Washington/OEA, los más desprestigiados gobiernos
neoliberales y la derecha adoradora del dios mercado y del asalto al
tesoro público. Todos enmaridados con el uruguayo Luis Almagro, agente
de la CIA asignado a la secretaría general de la OEA.
El presidente
de Estados Unidos se dirigió a sus compatriotas desde suelo mexicano
para reconocer que se había equivocado al no aceptar el consejo de
evacuar la parte norte y una franja del sur ante la inminencia de una
gigantesca tormenta de hielo y nieve.
Aventurero colonialista,
Diego de Almagro llegó a Perú en 1530 del brazo de sus socios Francisco
Pizarro y el clérigo Hernando de Luque, firmantes los tres del
Contrato de Panamá(1527), un pacto para repartirse en partes iguales las riquezas a acumular en el imperio incaico. En su plan invasor del Nuevo Mundo, se hicieron seguir de centenares de hispanos sicarios y ambiciosos como ellos. Sin otros objetivos, trabuco y biblia en manos, arrasaron pueblos, perpetraron grandes matanzas de gente asombrada e indefensa, destruyeron culturas y se apoderaron de todo el oro que pudieron hasta que la ambición y angurria personales les generaron traiciones mutuas y acabaron matándose.
Las dos cosas. Los
partidos nuevos que han sustituido a los antiguos o tradicionales han
girado en torno a personas. Este fenómeno no es nuevo, en realidad ha
ocurrido desde principios del siglo XX y quizá desde antes. La
diferencia es que normalmente no ganaban y ahora sí.
¿Es Trump presidente sólo para
consumo público o son las fuerzas en la sombra –los militares, la CIA,
la elite corporativa/bancaria y las Exxon del mundo– los poderes detrás
del trono que, como dice Finian Cunningham (ICH 6/V/17),
dejan un rastro de beligerancia y militarismo?Después del 11/S, Bush hijo optó por un estado de excepción sin apego constitucional ni al derecho internacional y desde 2010 la Suprema Corte aprobó la Ley Citizens United, que permite al 1 por ciento y a las corporaciones contribuir sin límite a las campañas electorales, instaurándose lo que para el ex presidente Carter es
una oligarquía con capacidad ilimitada para el soborno político como algo básico para ser nominado y electo presidente. ¿Cómo actúa al sur del Bravo, en particular en Venezuela y México, la proyección externa de una oligarquía en
estado de excepción?
Cuando terminó
el periodo de Andrés Manuel López Obrador (2006) en la jefatura de
Gobierno había en la Secretaría de Salud 10 mil 587 plazas de base sin
contar los 589 becarios. De ellas mil 683 eran de nueva creación para
los dos nuevos hospitales y se logró recuperar las 471 plazas
desocupadas en los programas de apoyo a la jubilación. En total sólo
habían 45 contratos por honorarios. Existía un programa de
suplenciasesencialmente encaminado a garantizar la operación de los servicios. Como regla general, las personas que estaban contratadas como suplentes tenían preferencia para concursar por las plazas que quedaban vacantes. Se hizo además un gran esfuerzo por recuperar plazas médicas asignadas a personal no-médico y quitar horarios especiales de trabajo para garantizar la operación de todos los turnos favoreciendo así a los pacientes.
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