5/13/2017

Universidades rebasadas por la violencia de género


México, 11 may. 17. AmecoPress/SEMlac.- Las universidades y escuelas de educación superior de México se han convertido en uno de los lugares más peligrosos para las mujeres: profesoras y alumnas viven violencia de género.

El pasado miércoles una mujer fue encontrada sin vida en Ciudad Universitaria. Los reportes policiacos informaron que el hallazgo se realizó a las siete de la mañana. Fue hasta las cinco de la tarde que la casa de altos estudios emitió un pronunciamiento al respecto.

No es la primera vez que la UNAM reacciona tarde. En 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tuvo que emitir una recomendación (45/2013) por un presunto caso de acoso sexual y lesiones perpetradas por un profesor contra una estudiante de bachillerato y se solicitó al rector la reparación del daño a la menor, mediante atención psicológica y su colaboración en el trámite de queja ante la Contraloría de la UNAM, y la formulación de una denuncia ante la Procuraduría General de la República.

Posteriormente numerosas quejas han salido a la luz en donde las víctimas señalan que son acosadas, que hay hombres que las han grabado en los baños, que reciben amenazas o son objeto de bromas y chistes misóginos. Según un estudio de la propia universidad, cuatro de cada 10 estudiantes, personal administrativo o profesoras han sido víctimas de algún tipo de violencia.

Recientemente Marcelino Perelló fue acusado por declaraciones misóginas emitidas en un programa de radio universitario, el cual fue suspendido, pero sin embargo, este hombre que ahora enfrenta una acusación por apología de delito, sigue siendo profesor de esta institución pese a todos los pronunciamientos de mujeres y organizaciones para que sea destituido.

Según datos publicados en el portal Vice en abril de este año, obtenidos vía trasparencia, la Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias dentro de la UNAM señala que del 2014 a 2016 se realizaron 75 denuncias por acoso sexual, es decir un promedio de 25 por año; pero ninguna persona fue sancionada por tales actos.

Pero no se trata sólo de la UNAM. El problema adquiere otras dimensiones cuando se miran los datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que señalan que de 600.000 casos de delitos sexuales que se estiman al año, más del 25 por ciento son denuncias de las estudiantes, es decir, más de 5.000 casos ocurren anualmente en instalaciones y campus de universidades.

Ante este panorama, cada vez más las instituciones diseñan y ponen en práctica protocolos para la atención de la violencia contra las mujeres. La Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Quintana Roo y más recientemente la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Iberoamericana cuentan con protocolos.

En la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) se llevó a cabo un proceso ejemplar en donde fue destituido de su cargo Enrique González Ruiz por hostigamiento sexual, pero ahora busca revertir esta resolución universitaria a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y no sólo eso, sino que recientemente fue considerado dentro del proceso de selección para liderar el Colegio de San Luis.

De acuerdo con la abogada Andrea Medina Rosas, estos avances y su consolidación se enfrentan a constantes obstáculos, marcados por la falta de voluntad política de las diversas autoridades universitarias y de las autoridades educativas a nivel nacional, pues instancias encargadas de la coordinación de los centros e instituciones de investigación no otorgan validez a los procesos internos que las universidades y centros de investigación realizan para investigar y sancionar la violencia de género.

Medina Rosas señala que se construyen situaciones de impunidad, pues una investigación y sanción aplicada por un acto de violencia de género en una universidad no es tomado en cuenta como un referente que restrinja los cargos que se pueden ocupar, y al contrario, sin mostrar ningún cambio de actitud, la persona sancionada es premiada después con la posibilidad de trabajar o de representar a otras instancias educativas.

Tal parece que las universidades no están listas aún para dar respuesta a las demandas de seguridad de las mujeres que ahí estudian o laboran. Colectivos como Pan y Rosas o la Red No Están Solas han dejado en claro en diversas ocasiones que es muy difícil que las autoridades universitarias respondan de manera efectiva por lo que a las víctimas, al parecer, sólo les queda la opción de enfrentar largos procesos penales, o juicios laborales para acceder a la justicia.
Foto. SEMlac.

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