Enrique Calderón Alzati
En días pasados La Jornada, la revista Proceso
y otros diarios nacionales publicaron una narrativa de lo que está
sucediendo en una Corte Interamericana de Justicia, en relación a los
hechos ocurridos en la madrugada del 3 de mayo de 2006, cuando fuerzas
de seguridad del estado de México atacaron a la población de San
Salvador Atenco con lujo de violencia, asesinando a dos jóvenes vecinos
del poblado y capturando a hombres y mujeres dentro de sus hogares, a
los que privaron de su libertad sin presentar órdenes de arresto, (lo
cual constituye un acto de secuestro condenado por la ley) y subiéndolos
a camiones donde fueron golpeados y las mujeres violadas por elementos
de la policía cuya función debía ser precisamente la contraria: velar
por la seguridad de la población. Todo ello fue realizado con el
propósito de amedrentar a los habitantes de ese poblado, algunos de los
cuales se habían manifestado en contra de la construcción del nuevo
aeropuerto de la Ciudad de México, utilizando las tierras que
constituían el medio de sustento de la comunidad y que por ello se
negaban a venderlas.
El juicio en esa corte internacional realizado 11 años después de los
hechos, se debe a que los tribunales de la justicia mexicana se negaron
sistemáticamente a llevar a juicio a las autoridades y a emitir una
sentencia en contra de los responsables de aquel acto criminal cometido
muchos años atrás por órdenes de un oscuro personaje, que actuando como
gobernador del estado de México había ordenado tal operativo. La
trascendencia de este juicio internacional que constituye una vergüenza
para nuestro país, tiene una gran relevancia en el presente, en virtud
de que el personaje central de ese crimen es hoy Presidente de México y
estamos a escasamente un año del término de su mandato, requeriéndole
que entregue el poder a quien de manera legítima obtenga el triunfo en
las elecciones presidenciales de julio próximo.
Un hecho que es de llamar la atención, es que en la fecha de ese
ataque ocurrido el 3 de mayo de 2006, el entonces presidente de la
República Vicente Fox, había cancelado ese proyecto de Aeropuerto para
la Ciudad de México, sustituyéndolo con la construcción de una segunda
terminal para el aeropuerto actual. ¿Cuál era entonces la justificación
de ese violento operativo? Me atrevo a afirmar que ninguna; un acto
criminal de abuso de autoridad, para acallar a los campesinos que
defendían los derechos de propiedad de sus tierras, ante los intentos de
ese gobernante y de sus cómplices para especular con ellas y generar el
entramado para el negocio de lo que ahora es el aeropuerto en vías de
construcción. Si nos detenemos a analizar este hecho, así como sus
posibles causas y consecuencias, nos surge la idea de que en el fondo,
lo que existía en la cabeza del gobernador era un profundo desprecio por
la población indígena y campesina de su estado, al grado de pensar que
éstos carecían de derechos para oponerse a su linaje e intereses, por lo
que el ataque de sus fuerzas estaba plenamente justificado.
Por ello, seis años después de aquel suceso, los estudiantes de la
Universidad Iberoamericana, repudiaron públicamente al autor de ese
crimen, en ocasión de su visita como candidato del PRI a la Presidencia
de la República en mayo de 2012. Desafortunadamente las acciones de los
estudiantes agrupados en el movimiento #Soy132, no tuvo el impacto
suficiente para eliminar esa candidatura, impidiendo así que muchas
vidas valiosas se salvaran de los crímenes que han venido ocurriendo
después, como el que dio como resultado la tragedia de Iguala donde el
gobierno presidido por ese mismo personaje, desapareciera a 43
estudiantes y diera muerte a tres más de la Escuela Rural Isidro Burgos
de Ayotzinapa, así como el asesinato cometido por otras fuerzas
policiales el 19 de junio de 2016 en el poblado de Nochixtlan Oaxaca,
como ejemplos de los miles de crímenes y desapariciones ocurridas
durante su mandato presidencial.
Recientemente varios funcionarios del actual gobierno,
incluyendo desde luego a quienes son cercanos a Enrique Peña Nieto e
incluso él mismo, han afirmado en sus discursos sobre los posibles
riesgos de que México se convierta en un país como Venezuela, lo que
indudablemente sucedería según ellos, si Andrés Manuel López Obrador
llegara a ganar la Presidencia en el próximo proceso electoral, sin
importarles que la opinión de funcionarios del gobierno mexicano
constituye un acto de intromisión en los asuntos internos de una nación
con la que nuestro país tiene relaciones internacionales. Es posible que
Venezuela enfrente algunos problemas actualmente, como los tienen
varios países más de Iberoamérica, pero indudablemente se trata de una
nación democrática, lo cual México dista mucho de serlo, como quedo
comprobado en las pasadas elecciones en los estados de México y
Coahuila, mientras que los niveles de inseguridad y violencia de nuestro
país están entre los más altos del planeta y desde luego son varias
veces mayores a los de Venezuela; opinar mal de un país de la comunidad
Iberoamericana, mientras se ignoran los problemas internos de
corrupción, de injusticia social, de crisis institucional, de retroceso
en la educación nacional, y donde los gobernantes actúan con pleno
desacato a las leyes constituye hoy la realidad nacional que como
mexicanos debemos impedir que continúe.
Muchas son las posibilidades que tenemos para lograr este cambio en
el próximo proceso electoral de 2018, en virtud del incontenible
crecimiento de Morena, sin embargo debemos reconocer y tomar en cuenta
que estamos ante el peor de los escenarios posibles: Uno en el cual, el
grupo en el poder contara con el
acompañamientode empresas trasnacionales interesadas en poder continuar con sus negocios y enormes ganancias mediante nuevos contratos arreglados y en el que contará igualmente con la
legitimaciónpor parte de las autoridades electorales, que tal como lo hicieron en ocasiones anteriores, estarán ciegas ante la compra de votos y el uso indebido de los recursos públicos. Por ello los mexicanos debemos trabajar todos para lograr que el triunfo de López Obrador sea tan contundente, que cierre todas las posibilidades de cualquier intento de fraude proveniente del actual gobierno.
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