9/09/2024

Columnas y opinión del periódico La Jornada lunes 9 de septiembre 2024


Crónica de un orador contemporáneo

Auténticamente jadeando, resollando, resoplando subí la calle de Victoriano Cepeda en la que yo vivía, hasta llegar a la terraza desde la que se contemplaba la, en ese entonces, pequeña pero hermosa ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila. En torno de ese mirador natural, se extiende el antiquísimo, fundacional, Barrio del Ojo de Agua.

Al final de la calle se iniciaba un mon-tículo que llevaba a una terraza que era como un autocinema (si hubiera habido algún auto capaz de subir esa loma). Más a mi derecha vi la bellísima capilla, no imponente sino pequeña, sencilla, humilde y acogedora. Según el genial humorista Jardiel Poncela, ésta sería la casa que Dios habría escogido para pernoctar durante su tournée a este planeta. (Ver el jocoso relato de este autor español, que describe las peripecias de la divina visita que al Señor se le ocurriera realizar a nuestro planeta). Una decena de asistentes que resguardaban el acto me inquirieron ¿usted es el joven que va a discursiar? Asentí con la cabeza, porque el aire no me daba para decir, sí. Los guardaespaldas, que por esta ocasión lo eran tanto de la cabeza, como de otras partes más al sur de mi continente posterior, me acomodaron en una banca que tenía un letrerito: oradores. En ese momento la música acalló a la música, es decir, que las cornetas y tambores de la banda de guerra de la sexta zona militar tocaron una vibrante diana en honor del candidato que en esos momentos hacía su entrada. Ante esta sonora agresión, los requintos, los contrabajos, los violines enmudecieron (o séase, como diría José Alfredo: los mariachis callaron), sabiendo que ya les llegaría el momento en que a los primeros acordes recuperarían la atención y predilección del respetable, al recordarles a Ella, La cama de piedra, Viajera que vas, Quinto patio y muchas más de aquellos ayeres, que todos los asistentes sabían y solían corear. El infantil duelo musical fue interrumpido por la aguda voz del maestro de ceremonias llamado Raymundo de la Cruz López, abogado que jamás se había parado en un juzgado, pero quien a cambio era poeta, orador y el más popular de los casamenteros de la localidad y sus alrededores. Cuando viajaba a uno de estos lugares, exigía transporte particular y alimentos para él y su acompañante o acompañanta. Su tarifa era variable: con discurso o sin él. Obviamente el más costoso era el segundo. A la presentación del presidium, y obviamente del candidato, le dedicó más tiempo que el usado por todos los representantes de las fuerzas revolucionarias del municipio. Por fin cuando mi desconcierto era mayúsculo y mi amor propio estaba por los suelos, una rabia infinita que me llevó a ponerme en pie y comenzar a retirarme, pero a escondidillas, replegado a la pared. De pronto un guardián de los del principio, pensando que buscaba cómo llegar a la tribuna, me arrastró y me puso frente a los micrófonos y a una multitud, que harta de tanta palabrería, buscaba pretexto al relajo y la chacota (el profeta Daniel, se ha de haber sentido más tranquilo en la fosa de los leones a la que fue arrojado, que yo en estos momentos y circunstancias). Ante la imposibilidad de volar, desaparecer o fingir un síncope vasovagal o sea pérdida de conciencia, inicié mi perorata con una rotunda afirmación: Dice Ortega y Gasset que el orador contemporáneo, ni dice lo que piensa, ni piensa lo que dice y rara vez hace lo que piensa o dice. No había terminado mi entrada cuando desde el fondo del graderío una potente voz retumbó en el espacio de la reunión: “Despreocúpate, cuñáo este ‘orteguita’ siempre ha sido bien cábula. Ni caso le hagas.” Aguanté el golpe y seguí adelante: “Al caminar las calles de este, nuestro pueblo, voy recorriendo la historia de la patria. La nomenclatura de las calles, es un homenaje de ciudad a los grandes hombres que a la patria han construido. Hasta allí iba yo bien, pero que se me ocurre decir: por eso, como un solo hombre, todos debemos emitir nuestro voto. Y que se para una señora y reclama: “perdóneme que le corrija pero si todos van como un solo hombre, pues vamos a perder aunque séamos muchos.

Aunque no crean continuará.

@ortiztejeda  ortiz_tejeda@hotmail.com

Kamala Harris y Sísifo

Mañana la vicepresidenta Kamala Harris tendrá uno de los retos más importantes de su carrera política. Debatirá en la cadena ABC con el candidato a la presidencia por el Partido Republicano, el ex presidente Donald Trump. Pero, contrario a lo que se supone, su reto no será con él sino con Joe Biden, como lo escribiera Carlos Lozada en The New York Times. Como fiscal experimentada no deberá caer en las embestidas de su contrincante, al someter a un interrogatorio del que no le será fácil escapar. En pocas palabras, el nudo principal que deberá desatar será distanciarse de una política que ella ha aplaudido y que ha dado buenos resultados, conocida como Bidenomics.

El hecho es que la oposición a Biden ha propagado la especie de que Bidenomics es un fracaso para la economía de EU. Los republicanos no reconocen que los principales ejes de esa política han sido exitosos: reducción de la inflación entre 2022 y 2024 de 9 a 3 por ciento; incentivos a los aumentos en el salario en buena parte del país; beneficios fiscales y en seguridad social, ampliación del programa de salud y reducción en el costo de las medicinas; el plan de infraestructura más cuantioso en 50 años que beneficia a la población y a la productividad del sector privado; disminución sensible del desempleo de más de 10 por ciento en 2020 a menos de 4 por ciento.

El otro problema para ella será precisar el papel que ha jugado en la administración Biden en la política migratoria. Al presidente le ha costado lidiar con los efectos de un fenómeno que afecta a buena parte de EU. Siguiendo la tónica de sus antecesores demócratas, ha insistido que si no se diseña una política integral, justa y de acuerdo con los principios humanos que se derivan de la Constitución, será imposible resolver esa problemática. Independientemente que las causas deben estudiarse y atacarse a nivel global, Harris apuntó a una de las soluciones cuando se reunió con los dirigentes de países centroamericanos para hallar una solución conjunta basada en la cooperación económica. En su debate con Trump le debe recordar que él prohibió a los senadores republicanos firmar un acuerdo bipartidista que apuntaba a la solución del problema.

Kámala Harris enfrentará un problema sisifiano. Deberá desandar parte de su camino con Biden, sin negar que fue en parte responsable de esa andanza, que, es necesario insistir, fue exitosa. Su misión será explicar y convencer por qué fue lo correcto y por qué la tarea debe concluir.

Añeja corrupción, nuevos fraudes

Hay que repetirlo: cuando en un país el asfaltado, repavimentación y bacheo se vuelven ciencia, se habla entonces de un país en vías de desarrollo, no sólo por la mala calidad de los materiales empleados, sino por la red de complicidades y corrupción detrás de ese perjudicial estado de cosas. Municipios, estados y federación acusan los mismos vicios de ese recubrimiento y encubrimiento de calles, avenidas, autopistas y carreteras, mientras la ciudadanía motorizada, lejos de protestar, asume ese estado de vialidades como parte de un destino inevitable, ah, y por el exceso de uso y la lluvia.

Es un negocio tan recurrente como redituable: se invierte, sin que se sepa cuánto, en repavimentar lo que antes se pavimentó con materiales de baja calidad, pero inflando costos que permitan la repartición de dineros. Lo peor es que se repavimenta de nuevo con materiales de baja calidad y corta duración; en tanto, los usuarios de esas vialidades, además de padecer caos vial durante las obras, se resignan, frustran o tienen que sufragar los gastos por reparación de sus vehículos, como le ocurrió a Ángel Gómez Rodríguez, quien luego de caer en un bache tuvo que dejar de trabajar varios días mientras cambiaban la suspensión de su taxi.

Llorosa, una anciana me dice: “¿A quién recurrir las miles de personas afectadas luego de creer en un video donde la doctora Claudia Sheinbaum recomienda invertir en una empresa denominada ARCUS, ‘una vez que ella y sus colaboradores comprobaron que sí es confiable?’ En seguida me comuniqué y unos empleados con acento de Miami me indicaron por teléfono dónde depositar de 5 mil pesos en adelante, por lo que deposité, completo, mi más reciente pago de pensión del presidente López Obrador. ‘Agradecemos su paciencia y comprensión’, me responde un WhatsApp, cuando ya transcurrió más de un mes de mi depósito y prometieron que en 30 días recibiría mis primeros intereses. Lo que me indigna es que poco después, en otro video, la señora Sheinbaum aclaró que ‘para evitar fraudes sólo hay una inversión confiable y es Pemex’. ¿El anterior video fue un estafa, aunque ella aparezca recomendando invertir? ¿Quién responderá a cuantos creímos en ese mensaje?”. Lo lamento mucho, señora. Se olvidó que estamos a merced de unas redes sociales que, como los precios, no tienen vigilancia ni control alguno de las autoridades, hoy ocupadas en celebrar nuevos triunfos.

Norma Piña: tardía y cínica // ¿Quién demolió el PJ? // Senado: avanza dictamen

De lo perdido, lo que aparezca, es el ruego, por demás tardío, que lanza Norma Piña a escasas horas de que en el Senado de la República se apruebe la reforma constitucional al Poder Judicial. La ministra ha sido víctima de su enorme soberbia, de sentirse soportada por sus patrones oligarcas y, también, de su ostentosa inexperiencia en el manejo de crisis, siempre rodeada de titiriteros que de todas han perdido todas. Con lo fácil que le hubiera sido tomar nota desde febrero pasado, cuando el presidente López Obrador presentó su iniciativa con el fin descrito y actuar en consecuencia, siempre con ánimo propositivo. Pero como el hubiera no existe, se aferró al creerse intocable.

Minutos después de que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República iniciaron la discusión del proyecto de dictamen de la reforma judicial y de conocerse que el proyecto de dictamen a discutir no incluye ninguna modificación a la minuta que sobre el particular envió la Cámara de Diputados, Norma Piña lacrimosamente tomó el micrófono, rodeada de sus fieles, para lo cual utilizó las vías oficiales de un poder del Estado supuestamente en suspensión de actividades, según su propia decisión.

Dijo la susodicha que la demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende, hay que tener el valor y la voluntad para dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita. Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces (más magistrados y ministros, que no se le olvide). Quienes así lo crean no conocen México. Desde el Poder Judicial Federal les decimos, honestamente, que nuestra resistencia no está en función de nuestro presente. Nuestra convicción y compromiso va más allá de nosotros; es con las generaciones que vienen y, fundamentalmente, con el país que todos anhelamos. Hoy todavía es posible.

Como pieza oratoria es pésima, pero si alguien ha hecho de todo para demoler al Poder Judicial ha sido, precisamente, gentuza como Norma Piña y jueces, magistrados y ministros que la acompañan, siempre en contra del pueblo y ostentosamente al servicio de una minoría rapaz (evasora, depredadora) a la que ha permitido todo tipo de excesos y le ha aplaudido el saqueo de la nación. Desde que Zedillo puso una patada en el trasero a la vieja guardia de la Corte e instaló a gente de la misma calaña, pero con disfraz nuevo, no ha habido un solo pronunciamiento, una sola decisión en beneficio de quienes, falsamente, dice representar: los mexicanos.

Piña, como los ministros que la apoyan, tuvo siete largos meses para aportar, proponer, enriquecer, etcétera, etcétera, la citada iniciativa de reforma constitucional que el pasado 5 de febrero dio a conocer el presidente López Obrador, pero le ganó la soberbia y se le hizo fácil mandar a paseo a todos, aferrarse al hueso, suponer que nada pasaría, que el negocio seguiría boyante e impune y que la putrefacta estructura del Poder Judicial se mantendría intacta.

Su única propuesta fue ordenar la suspensión de actividades, movilizar a la mafia nepotista que integra al Poder Judicial, ponerse una camiseta con logotipo y marchar por las calles unos cuantos metros para la foto, regresar a sus lujos y mandar al carajo a todos. Pero ahora, al cinco para la hora, sale a decir que debemos escucharnos entre poderes de la Unión. Escuchemos a las víctimas de la violencia y a las personas que dedican su vida a defender los derechos humanos; escuchemos a los organismos de justicia internacional; a los estudiantes y a los jóvenes que han salido a las calles para reclamar su derecho a un futuro libre y a un país en paz. No cabe duda de que además de soberbia y tardía es una cínica.

En vía de mientras, en el Senado de la República las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos siguen los trabajos para dictaminar la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial y de ahí va al pleno para su votación.

Las rebanadas del pastel

¿Qué tendrá Madrid …?, plantea la Rayuela jornalera dominical. Pues, de entrada y con un supuesto gobierno de izquierda, se ha convertido en el resumidero de personeros de la derecha, con los ex inquilinos de Los Pinos a la cabeza, arropados por lo más rancio del franquismo… Ahora toca el turno a otro títere impresentable: Edmundo González, asilado político de Pedro Sánchez. ¿Cuánto tardará María Corina Machado en hacer lo mismo?

Twitter: @cafevegacfvmexico_sa@hotmail.com

Balanza de pagos (1er sem 2024)

Con cifras (severamente) corregidas para años previos y (muy) preliminares para este año, el Banco de México salda la Balanza de Pagos del primer semestre como sigue: un fuerte déficit en Cuenta Corriente de -17 mil 735 millones de dólares (mdd) y otro de -3 mil 019 m en Errores y omisiones que fueron financiados con ingresos netos de capital externo (pasivos para México) por 20 mil 746 mdd en la Cuenta Financiera y 7 millones en la Cuenta de Capital (Gráfico 1).

En Cuenta Corriente (comercio de mercancías y servicios) los ingresos totales fueron de 375 mil mdd (3.4% sobre 2023) y los egresos de 392 mil m (+3.1%). Su déficit de -17.7 mil mdd fue el mayor del sexenio salvo 2023 (-18.5 mil mdd).

La balanza comercial redujo su déficit a -5.5 mil mdd (Gráfico 2) tras exportar mercancías en el semestre por 300 mil mdd (+2.6%) e importar por 305 mil m (+2.2%).

La balanza de servicios, así mismo, redujo su déficit a -2.4 mil mdd (Gráfico 3), tras vender servicios por 31.8 mil m (+11.9%), y adquirirlos por 34.3 mil mdd (-10.7%).

La balanza de renta (intereses por créditos y utilidades/dividendos de la IED) por el contrario, aumentó su déficit a -40.8 mil mdd (Gráfico 4), el doble que en 2022 y el más alto registrado en un primer semestre.

La salida de capital mexicano al exterior fue de 5 mil 660 mdd en el período, de los cuales 4 mil 503 m fueron inversión directa (cuyas utilidades rara vez retornan) y 1 mil 156 m inversión financiera (Gráfico 5).

La tenencia de valores gubernamentales internos por no residentes (extranjeros) tuvo una positiva reducción en junio a 89 mil 172 millones de dólares (Gráfico 6).

En un acercamiento feb-jul de 2024 a las variaciones de esta tenencia se observa una fuerte correlación entre sus entradas y la apreciación del peso frente al dólar, así como de sus salidas y la depreciación del peso (Gráfico 7). Por ello insistimos en la nocividad para el país de estas inversiones volátiles/especulativas; debemos cerrar el acceso de capitales extranjeros a los valores gubernamentales internos y ser únicamente para ahorradores e inversionistas mexicanos. Estas tenencias extranjeras deben, desde luego, ser respetadas hasta su vencimiento o salida, pero no aceptar nuevas ni retornos. También urgen controles a bancos y casas de cambio, tanto en sus excesivos diferenciales compra-venta como para el acotamiento de corridas especulativas.

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¿Cómo se atreven?
La clase política estadunidense dice estar indignada ante supuestos intentos externos –sobre todo de Rusia– para influir en su proceso electoral, pero lo más asombroso no son esas revelaciones, sino la pretensión de autoridad moral en Washington para denunciarlas sin primero mirarse en el espejo.

El gobierno de Joe Biden decomisó sitios de Internet que dice son usados por el Kremlin y acusó a empleados de RT (antes Russia TV), la semana pasada, de ser parte de un complot ruso de millones de dólares para crear y difundir desinformación por medios cibernéticos con el propósito de influir en la eleccion presidencial estadunidense.

No tendremos ninguna tolerancia a intentos de gobiernos autoritarios de explotar nuestros sistemas democráticos de gobierno, declaró el procurador general Merrick Garland. El Departamento de Estado declaró: no toleraremos que actores extranjeros malignos interfieran intencionalmente y minen a las elecciones libres e imparciales.

Las autoridades estadunidenses insisten en que el Kremlin es la principal amenaza a las elecciones estadunidenses. En la contienda de 2016, acusaron que Rusia intervino a favor de la campaña de Trump, algo que Hillary Clinton y la cúpula demócrata, insisten, explica cómo perdieron esa elección y con ello evadir responsabilidad por su derrota.

Un alto funcionario de la comunidad de inteligencia en un briefing la semana pasada identificó a Rusia, Irán y China como los tres grandes actores de influencia extranjera en la elección estadunidense a quienes acusó de intentar “exacerbar las divisiones en la sociedad estadunidense para sus propios intereses (y) hacer parecer débil a Estados Unidos y su sistema democrático…”

Pero hasta el momento, ningún funcionario o político estadunidense, ni la mayoría de los medios masivos reportando esta nota, se han atrevido a confesar que todo esto les suena.

James Woolsey, ex jefe de la CIA, fue entrevistado en Fox News, en 2018, y le preguntaron si Estados Unidos había interferido en algún momento en elecciones de otros países. Probablemente, respondió, pero fue por bien del sistema y para evitar que los comunistas tomaran poder, por ejemplo, en Europa en 1947 y 1948 y 1949, los griegos y los italianos. Y ante la pregunta de si aún hacemos eso, Woolsey titubeó y con una sonrisa respondió que sólo para una muy buena causa y en los intereses de la democracia.

Todos los que desean saberlo, saben que Estados Unidos ha intervenido en decenas de procesos electorales de otros países por todo el mundo. Y la historia es larga. Tal vez el caso más extremo y documentado fue el de Chile, primero para evitar el triunfo de Allende en 1970 y después para derrocarlo, en 1973. Ki-ssinger fue quien mejor expresó la justificación de Washington: no sé por qué necesitamos mantenernos al lado y observar a un país volverse comunista por la irresponsabilidad de su propio pueblo. Los temas son demasiado importantes para dejar que los votantes chilenos decidan por sí mismos. Esta justificación aparentemente se sigue aplicando a otros casos.

De hecho, y en parte por escándalos de la CIA revelados en torno a Chile y otros casos, Estados Unidos creó en los 80 el Fondo Nacional por la Democracia (NED) y sus subsidiarias, cuyo propósito explícito es involucrarse en los procesos políticos en otros países, pero también se reporta que continúan las operaciones clandestinas, las cuales han sido denunciadas oficialmente en tiempos recientes en varias esquinas del mundo desde Venezuela, México, Honduras y hasta Mongolia, Bulgaria y la propia Rusia.

No podemos estar indignados cuando otros países intentan hacer, en una escala menor, lo que hemos enseñado al mundo cómo hacer durante más de un siglo, comentó hace pocos años el veterano periodista Stephen Kinzer, autor de Derrocar: el siglo estadunidense de cambio de régimen desde Hawaii a Irak, en entrevista con Democracy Now.

Pero aquí aún siguen preguntando: ¿como se atreven?

Carolina Chocolate Drops. Political World (por Bob Dylan). https://open.spotify.com/track/0WTjEhREeHqNbKcULFhVLw?si=0ae94a32194541d4

PJF, en defensa de sus privilegios

Es inexplicable: ¿qué se defiende?, ¿la democracia?, ¿el estado de derecho? o ¿los negocios de muy alto rendimiento, esos que se niegan a compartir, vía los impuestos, sus ganancias, algunas excesivas y otras simplemente injustas, con una población que las necesita?, ¿eso es lo que se defiende?

Desde el inicio de este muy largo episodio se exhortó al Poder Judicial a algo muy simple: ser justo. Por más que la población en general repudiaba a todos los jueces, principalmente por corruptos, los miembros de ese organismo ni se inmutaban.

Intocables, se sentían –ahora ya no– el poder de los poderes. Inatacables, impunes, interpretan la ley, no la cumplen y dictan sentencias a su arbitrio siempre, o casi, para favorecer cualquier interés que no se acerque a la justicia.

A partir de eso, los jueces de toda índole actúan conforme mejor les place. Un estudio del organismo Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que ahora los defiende, publicó no hace mucho tiempo un estudio –que se entregó al Consejo de la Judicatura y a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación– que ofrece datos de cómo se ha corrompido ese poder.

Denuncia el documento el nepotismo hallado en el Poder Judicial de la Federación. Los datos son abrumadores: al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras.

El hecho se califica como red clientelar que se extiende a más de 7 mil servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en su nómina. Eso, ¿quién dice que no?, es lo que en el fondo de defiende, pero que resulta vergonzoso cuando menos aceptar.

Por eso, cuando se dice que el Poder Judicial se tiene que limpiar a fondo, se trata de eso y de ninguna otra cosa. Y esos, los familiares y hasta las suegras, son los y las que han parado las actividades, nunca expeditas de la justicia del país.

Aún están en la memoria las palabras del ministro Luis María Aguilar Morales en alguna visita de los miembros de la diputación constituyente de la Ciudad de México a su oficina, cuando éste fungía como presidente de la Suprema Corte. En aquella ocasión, el tipo advirtió que a él y a los miembros de la judicatura no les importaba lo que dijera la prensa porque estaban muy lejos de su alcance.

Altanero, el presidente de la Corte hacía gala de su poder y de lo muy separado que estaba de los pobladores del país. Aunque no lo dijo de esa manera, pretendió que se entendiera que ellos, los ministros, viven en la Suprema como si estuvieran montados en el monte Olimpo, donde los mortales no llegan.

En 2022, un estudio realizado por el Consejo de la Judicatura Federal estableció que hasta 65 miembros de una misma familia trabajaban en el Poder Judicial. Esto, le llamen como le llamen, es de todas formas una mafia, es decir, un grupo –familiares las más de las veces– que se organiza para proteger sus intereses. Bien podría llamarse, en lugar de Suprema Corte de Justicia, la gran famiglia, y así se entendería mejor qué es lo que defienden.

Es increíble, una parte de la lucha por la reforma al Poder Judicial nada tiene que ver con llevar justicia a la gente, sino la guerra entre partidos. Todos están de acuerdo con la reforma, pero no como la propone la Presidencia, y a lo más que se ha llegado por parte de la oposición es a proponer una piña que ofrece Piña y que sólo revuelca lo de hoy para mantener y preservar los privilegios y la debilidad frente a los poderes económicos extranjeros. Por eso la reforma va.

De pasadita

El Zócalo del próximo domingo 15 estará más que lleno. No hay lugar en los hoteles ni en los restaurantes. La gente quiere despedir a quien ha seguido su mandato y que rompió con el modelo de gobierno cupular para entregarlo a la gente. El grito, después de mucho tiempo, será popular.

Tri, sin poder de convocatoria

La afición mexicana radicada en California sabe de futbol, ya no dilapida su dinero para ir a ver un partido de bajo cartel, como fue el amistoso México-Nueva Zelanda. También tiene memoria, recuerda perfecto el patético papel del Tri en la Copa América, donde fue eliminado en la fase de grupos al ser superado por Venezuela y Ecuador… El sábado, el estadio Rose Bowl de Pasadena resultó la imagen viva de la desolación, con su graderío casi desierto. Mañana la selección irá a Arlington, Texas, ante Canadá.

Sin poder de convocatoria. A pesar de la alharaca que se armó por la tercera etapa en el timón de Javier Vasco Aguirre –quien llega cargado con un rico compendio de experiencias y motivación–, la gente no se enganchó y quedó expectante. La victoria ante los oceánicos no arroja datos de valor, mejor examen será el choque frente al equipo de la hoja de maple, que se ha puesto serio. Un triunfo en el AT&T puede arrancar sonrisas y en lo sucesivo las victorias serán el más efectivo animador. En tanto, el timonel hace su labor con el grupo.

Terapeuta en acción. Aguirre se aventó un discurso buscando tocar fibras sensibles antes del partido ante Nueva Zelanda. Nada más le faltó besar con frenesí el escudo de su playera luego de confesar que lloró de emoción en 2012, cuando el Tri olímpico de Luis Fernando Tena ganó la medalla de oro en Londres, y de enfatizar que fue fantástica la experiencia de vivir un Mundial en casa, en 1986. En síntesis, señaló que todos los jugadores deben estar henchidos de orgullo y amor patrio cada vez que visten la casaca verde.

Encajaría bien ese rollo en un mundo feliz y azucarado, donde todos los equipos estuviesen produciendo jugadores y los reconocieran como la materia prima del espectáculo, respetando sus derechos, incluido el de un sindicato y una pensión vitalicia por jubilación o lesión, como hace la liga estadunidense. Un retiro como el que hoy disfruta Claudio Suárez (Chivas USA) y que pronto tendrá Carlos Vela… Pero al timonel se le olvidó que el de-sencanto actual tiene raíces en el desgarriate y voracidad de los dueños.

Aguirre dispone de casi dos años para insuflar los corazones de sus dirigidos con sesiones intensas hasta ponerlos en su mejor versión futbolística y emotiva. No hay duda que lo conseguirá. No obstante, ganó mucha simpatía su postura en el programa Los Maestros, hace un año, en el que se pronunció por la reducción de extranjeros, clamó: ¡Cambiemos el pinche formato (de la Liga Mx)! y pidió la vuelta del descenso…

Tanto lo cortejaron para que asumiera por tercera vez el timón, que bien pudo pedir una de esas gracias a cambio del codiciado ‘sí, acepto’… Al menos un intento. Cualquier aficionado medianamente informado sabe que el Tri no es el equipo de todos, sino de Televisa. Que esa empresa será la gran beneficiada del Mundial 2026, como lo ha sido siempre. El negocio ya es seguro, ahora sólo se busca evitar el ridículo deportivo, al que iba derechito antes de poner a Aguirre. Sabe el público, a raíz del FIFAgate, que pagó sobornos para transmitir los Mundiales 2018 y 2022. También es vox populi que ella impone a los directivos de la Federación Mexicana de Futbol para cuidar sus intereses.

La gente fue testigo de cómo sofocó el intento de Grupo Pachuca, que quiso vender los derechos de transmisión del Tri al mejor postor… Es más, porque Televisa no quiere no va a proceder la inyección del ‘fondo’ multimillonario ofrecido por Estados Unidos a cambio de 10 por ciento de los ingresos por publicidad de la Liga Mx durante 10 años, tan es así que le prohibió al comisionado Juan Carlos La Bomba Rodríguez alborotar al gallinero con esa historia… Ya parece que iba a compartir su minita de oro.

Vienen planes tras 2028, cuando expire el contrato con SUM (Soccer United Marketing), la empresa que tiene anclada a la selección jugando en Estados Unidos cinco partidos al año a 3 millones de dólares por evento… Pero ¡ah, como se extraña a Jimmy Goldsmith!, aquel personaje (qepd) capaz de conseguir juegos ante rivales de calidad; hoy en día ni La Bomba Rodríguez, ni Mikel Arriola, Ivar Sisniega o Duilio Davino tienen dotes para ello; así pues, habrá más choques ante clubes, como el del 12 de octubre en Puebla, ante el Valencia.

EDITORIAL
La salida del ex candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia con rumbo al exilio en España podría marcar el inicio de la distensión y la normalización del crispado escenario político que quedó en Venezuela a raíz del intento de la derecha local, apoyada por Washington y por diversos gobiernos europeos y latinoamericanos, de convertir los comicios del pasado 28 de julio en el colapso del régimen bolivariano y de la presidencia de Nicolás Maduro.

Cabe recordar que un vacío de información por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) fue aprovechado por los opositores para difundir desde un sitio web privado falsa información sobre los resultados comiciales para dar la impresión de que González Urrutia había ganado la Presidencia y para denunciar un supuesto fraude electoral a favor de Maduro.

Ese operativo de desinformación contribuyó a azuzar una serie de violentas protestas que dejaron 27 muertos, casi 200 heridos y más de dos millares de detenidos, y sirvió de pretexto a varios gobiernos extranjeros y a organizaciones internacionales como la de Estados Americanos (OEA) para desconocer la institucionalidad venezolana.

El político ahora asilado en España fue acusado de suplantar las funciones del CNE y de instigar a la rebelión, entre otros delitos, y al ser requerido por la justicia buscó sucesivamente refugio en las embajadas holandesa y española en Caracas y ayer, tras obtener un salvoconducto de las autoridades venezolanas, viajó a Madrid a bordo de un avión militar enviado por España para transportarlo.

Aunque resulta deplorable el persistente injerencismo del gobierno que encabeza Pedro Sánchez, quien sin pudor ni necesidad describió a González Urrutia como héroe, lo cierto es que el frente internacional del intervencionismo en Venezuela –en el que Washington, Londres y Madrid han desempeñado un papel protagónico– no logró crear las condiciones para reconocerlo como presidente –como sí pudieron hacerlo con Juan Guaidó en la aventura precedente, en enero de 2019– ni construir en torno a su figura una suerte de gobierno paralelo o en el exilio.

Por lo demás, no hay ningún asidero legal para atribuirle alguna representatividad a la principal dirigente del antichavismo, María Corina Machado, quien también está llamada a comparecer ante un tribunal por diversas imputaciones y, hasta donde se sabe, permanece en calidad de prófuga en territorio venezolano.

Guste o no a los opositores y a sus patrocinadores extranjeros, pues, Maduro está en pleno control del país caribeño y su gobierno se ve fortalecido por la ausencia del país de su rival en los comicios de julio pasado, el cual no tendrá más margen de acción que unirse a las conspiraciones de la cada vez más abundante comunidad de disidentes venezolanos en Madrid.

Y aunque el proceso electoral no haya concluido formalmente, parece difícil que siga siendo usado por los antichavistas para desestabilizar al gobierno bolivariano.

El Correo Ilustrado
Reforma judicial, legado del gobierno de López Obrador

En conciencia de la descomposición política, ética y moral de los órganos responsables de administrar e impartir justicia en México, la mayoría calificada de diputados de Morena en la 66 Legislatura del Congreso de la Unión ha aprobado la propuesta de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero del año en curso.

Con el respaldo de la inmensa mayoría de los mexicanos, mostrado en la elección pasada, el gobierno es consciente de que es la única manera de arrancar de raíz al árbol que produce el fruto más horrible, amargo y venenoso de la vida social: la corrupción.

El objetivo es combatir el último bastión de la delincuencia organizada y de cuello blanco: la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La concreción del plan C, piedra angular del combate al cáncer social que más ha dañado a México en el último siglo, por fin permitirá a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo llevar justicia a todos los rincones de la sociedad, sobre todo al pueblo raso, que no cuenta con recursos para hacer valer sus derechos individuales, sociales y humanos.

Sin duda, el gobierno del presidente López Obrador cierra con broche de oro el último tramo de su gestión, además de sentar las bases de la revolución de las conciencias, construir obra pública sin par y alcanzar bienestar social con estabilidad política y económica. La reforma constitucional confirma su magna obra histórica: rescatar la patria a las puertas del infierno.

Daniel Moctezuma Jiménez

Gentrificación, mal que aqueja a la Ciudad de México, asegura

Nací en la colonia Cuauhtémoc y crecí en la San Rafael; estudié en la Juárez, en Coyoacán y en Ciudad Universitaria.

Hoy el voraz depredador, despiadado y corruptor negocio inmobiliario modifica los usos del suelo, encarece la vivienda, agota los servicios urbanos, provoca escasez de agua y hace la ciudad más sucia, más insegura, más contaminada y más caótica.

Pero también encarece los alimentos y el transporte; obliga a la construcción de más viaductos y vías rápidas; desgasta la infraestructura de las colonias, alumbrado y transporte.

Lo más grave es que nos hace a los chilangos ciudadanos de segunda en nuestra propia ciudad. Actualmente es más difícil visitar a mis familiares y amigos en los lugares donde nací, crecí, estudié y me divertí. Cada vez es más complicado vivir mi ciudad, que se ha transformado, pero sigue siendo bella.

Pd. Debe crearse una secretaría de la vivienda y de la planificación urbana en el gobierno federal y en todos los estados.

Raúl Rodríguez Martínez

Golpes de Estado tienen una estrecha relación con EU, afirma

La historia muestra cómo se han gestado, tanto en el pasado como en el presente, los golpes de Estado en varios países de América Latina y el Caribe; cabe decir, que son los mismos golpistas: la oposición de derecha, corporaciones de las oligarquías nacionales y extranjeras, los militares y el principal orquestador de estos sucesos es el gobierno de Estados Unidos –el imperialismo yanqui–, que defiende sus intereses e impide transformaciones sociales de gobiernos progresistas.

Los países que más han sido intervenidos por estos golpes de Estado son: Bolivia, Venezuela, El Salvador, Chile, Honduras, Guatemala, Ecuador, Perú, Paraguay, Brasil, Haití, etcétera. Poco después de la dictadura porfirista, México pasó por estas amenazas: el presidente de Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suarez fueron detenidos y asesinados por órdenes del general Victoriano Huerta Márquez, quien subió a la Presidencia de la República de 1913 a 1914, hecho conocido como la Decena Trágica. La embajada estadunidense tuvo qué ver en este trágico acontecimiento.

En el presente se sabe que muchos militares golpistas, de varios países latinoamericanos, fueron graduados en la Escuela de las Américas y del Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad; instituciones estadunidenses que deben ser cerradas por representar una amenaza para la región. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños debe analizar estos hechos para evitar que sucedan.

Luis Langarica A.

Afore despojan de los ahorros a trabajadores

El pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso, con claridad, que las Afore son un robo en despoblado y que durante su sexenio ha corregido parte del problema mediante la disminución de la tasa de intereses que las instituciones cobran por comisiones. Este robo, el Consejo Nacional de Adultos (CONA) lo ha venido denunciando desde hace más de ocho años y es por eso que está plenamente de acuerdo con el Presidente.

Solamente quisiéramos agregar que formalmente se disminuyó la tasa de interés por comisiones de 1.11 por ciento a 0.0052 por ciento, la realidad es que las Afore cuando el trabajador se pensiona les han cobrado por servicios más de 13 por ciento, dejando la responsabilidad del pago de la pensión al Estado, mientras los bancos se enriquecen día con día.

El cobro de la comisiones no es la única forma de saqueo del ahorro de los trabajadores, ya que está el despojo a través de las minusvalías que es la pérdida del valor, no del capital, y los bancos las descuentan a los empleados. Ahí están las inversiones en empresas quebradas como Oro Negro, el Aeropuerto de Texcoco, ICA y tantas más.

En el CONA hemos decidido tomarle la palabra a López Obrador y no dejar de reclamar nuestros derechos a recibir una pensión con base en los salarios mínimos.

Francisco Muñoz Apreza

 
Después de innumerables gestiones judiciales del Comité 68 por las Libertades Democráticas, representado por Raúl Álvarez Garín y Félix Hernández Gamundi, en contra de funcionarios públicos, encabezados por el ex presidente de la República Luis Echeverría y otros por hechos constitutivos del delito de genocidio de 1968, en sesión del 5 de diciembre de 2007, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió no ejecutar su facultad de atracción del expediente 132/2007 de esa denuncia, por considerar que el asunto carecía de trascendencia.

La complicidad del Poder Judicial frente a los flagrantes atropellos y violaciones a los derechos constitucionales, desde que comenzó el movimiento estudiantil de 1968, permitió que las acciones de los cuerpos represivos alcanzaran niveles aterradores el atardecer y la noche del 2 de octubre con la masacre en la Plaza de Tlatelolco. Esa impunidad, frente a un movimiento estudiantil pacífico, comenzó desde el 26 de julio con la brutal represión a los estudiantes politécnicos y la detención de miembros del Partido y de la Juventud Comunista, sin mediar órdenes de aprehensión, y, después, con los cateos domiciliarios sin orden judicial, el ataque con bazuka e irrupción al edificio de la Preparatoria 1 violando la autonomía universitaria, con la ocupación militar de las instalaciones de la UNAM en Ciudad Universitaria y del Casco de Santo Tomás y de Zacatenco del IPN, con los ataques armados intermitentes realizados por militares del Estado Mayor Presidencial a estudiantes que resguardaban las instalaciones educativas y, finalmente, con el crimen de Estado en Tlatelolco, donde se aprehendió a más de mil estudiantes y asistentes en ese mitin, entre ellos a muchos dirigentes del Consejo Nacional de Huelga (CNH), y fueron cremados cuerpos de estudiantes asesinados para ocultar la magnitud del hecho.

Un año después de aquel genocidio, el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, en su informe de gobierno de 1969, declaró asumir íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política, histórica, por la decisiones del gobierno en relación con los sucesos de 1968. Gustavo Díaz Ordaz, presidente de la República, sin duda fue responsable de la masacre en Tlatelolco, pero no fue el único. El Ministerio Público nunca procedió a interrogar y acusar por actos ilegales y de abuso de autoridad durante el movimiento estudiantil de 1968 a integrantes de los cuerpos policíacos o del Ejército ni a sus jefes. Fue tapadera de las arbitrariedades y violencia, reconociendo como legales, en repetidas ocasiones, declaraciones nuestras obtenidas bajo tortura y en clandestinas casas de seguridad o en las instalaciones del Campo Militar 1.

Hoy, después de 56 años, los actores y responsables de aquella violencia contra el movimiento estudiantil de 1968 no han sido juzgados ni han cumplido con los castigos establecidos en el derecho penal. El Poder Judicial continúa siendo guardián y tapadera de aquellas atrocidades autorizadas desde el más alto nivel del Poder Ejecutivo, como lo reconoció con cinismo el presidente de la República un año después ante la Cámara de Diputados, en medio del aplauso sonoro de sus representantes y de todos los invitados y legisladores del PRI y del PAN. Esa impunidad que protegió y solapó el Poder Judicial abrió la puerta, otra vez, a otra masacre, la del 10 de junio de 1971, en la que según Alfonso Martínez Dominguez, al estar en reunión en Los Pinos con el presidente Luis Echeverría, éste daba instrucciones cuando se refería a muertos para que los cremaran, lo que años después generó la peor regresión en la historia de México con la violencia contra jóvenes guerrilleros en el siniestro periodo conocido como guerra sucia y al llegar al poder un grupo de malhechores que se dedicó a subastar y privatizar las empresas públicas y el ejido, a disminuir el salario real de los trabajadores y a abrir las puertas del narcotráfico a niveles sin precedente, en colusión con poderosos grupos de poder de Estados Unidos.

En memoria de aquella juventud heroica del 68 y para contribuir a erradicar la impunidad y corrupción del poder y del gran capital, como lo mandató la reciente votación electoral que le dio el triunfo inobjetable a Claudia Sheinbaum para presidenta de la República, apoyemos la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para cambiar de raíz al Poder Judicial, desde el Ministerio Público hasta los magistrados de la Suprema Corte y el sistema penitenciario que tanto atenta la libertad y dignidad de los más pobres.

¡Ni perdón, ni olvido!

El debate sobre la reforma al Poder Judicial nos ha llevado a una paradoja interesante, y a una interrogante que lo es aún más. Hemos visto a opositores de izquierda, que por décadas lucharon contra la hegemonía y el poder monolítico, encontrarse en una vuelta de la historia, defendiendo con ahínco las ventajas de la hegemonía, del poder monolítico y de la infalibilidad de las mayorías.

Esa paradoja nos lleva a la pregunta esencial de nuestro tiempo: ¿de verdad, es una nueva hegemonía lo que México quiere para lo que le resta al siglo XXI?, ¿es un poder hegemónico, aplastante, donde los poderes de la República se diluyen en uno, lo que le conviene al país de cara al futuro? Si uno escucha a los principales liderazgos del partido gobernante, la respuesta es claramente sí. No hay en su narrativa, en su concepción de la democracia, utilidad o lugar para el disenso.

Para ellos la democracia es un juego de suma cero, donde quien tiene la mayoría lo gana todo y para siempre; quien pierde la mayoría lo pierde todo, incluyendo la voz y la relevancia política. El régimen que quiere construirse sobre la indiscutible legitimidad de 35 millones de votos en la última elección glorifica las mayorías, pero invisibiliza a las minorías. Y esa visión hace que la democracia no sea una competencia donde se puede ganar y perder en el tiempo, sino una guerra a muerte en la que perder no es una alternativa. El poder no va y viene en función de lo que decidan los ciudadanos en las urnas, sino que se retiene hasta donde se puede y como se pueda. Sé que nuestra joven y frágil democracia no es perfecta. Pero hay un sentido de resignación generalizado ante la coyuntura, que hace preguntarnos cuánto hemos aprendido de la historia. Porque no hay régimen democrático sin oposición, y no hay régimen antidemocrático sostenible. Al gobierno más fuerte le conviene una oposición. Una oposición inteligente, crítica, capaz de comunicar y convocar. Una oposición que le recuerde a quienes detentan el poder que pueden perderlo si actúan de forma equivocada o ineficaz.

Pero nuestra realidad es otra: las mayorías se asumen a sí mismas como una aplanadora que no tiene por qué escuchar o conceder, pues la voluntad popular no fue esa, sino avasallar al que piensa diferente. Y la oposición, la triste oposición, no puede articular una idea, elegir una base de potenciales votantes, no encuentra cómo conectar con los jóvenes, como defender una idea de país. La oposición se ha convertido en una reminiscencia del siglo XX, inconexa con el presente y gran obstáculo para el futuro. Porque no puede haber oposición con esta oposición.

A los millones de jóvenes que votaron este año y lo seguirán haciendo por décadas, qué les dice el ideario del PAN, o las causas del PRI. Qué les dice a los jóvenes la brega de eternidad de Gómez Morín, o el nacionalismo revolucionario del PRI. Más de 40 por ciento del padrón electoral no votó por esas mayorías avasallantes, pero eso tampoco implica que se identifican con la oposición. En este escenario polarizante y complejo, donde voluntaria o involuntariamente se enarbolan banderas autoritarias so pretexto de la voluntad popular o la eficacia en el ejercicio del poder, convendría analizar que lo único que puede unir al país en una causa, es la necesidad de un régimen donde la oposición exista, quepa, pese e importe. Al propio gobierno le conviene una democracia así, y no una en donde absolutamente todo lo que pase sea su entera responsabilidad. A México le conviene la pluralidad, no la reinvención de la hegemonía.

De lo contrario, el ensayo verdaderamente democrático que fructificó en la segunda mitad del siglo XX, habrá sido sólo un paréntesis en la historia bicentenaria. Un ensayo fracasado como lo fue el imperio, una pausa en nuestra larga relación de amor y odio con el autoritarismo. El propio general Plutarco Elías Calles, arquitecto del régimen postrevolucionario y de las reglas no escritas del sistema político, entendió a cabalidad que, sin una oposición, el régimen se devora a sí mismo.

Esto, claro, es difícil de entender y procesar cuando se detenta el poder. Nadie imagina ejercerlo pensando en compartirlo un día, pero esa trivialidad es también, el pilar fundamental sobre la que se construye la democracia. Cualquier otro escenario, aun con la compañía de las mayorías, popularidad y legitimidad, está condenado al fracaso; condenado a ser víctima de su propio poder. Por eso, por las generaciones de hoy y de mañana, del país que la Constitución dice que somos, democrático y republicano, conviene repensar no solamente a la oposición, sino a la conveniencia de una oposición frente a las mayorías electas en las urnas, pues en pleno siglo XXI, no solamente se cuestiona la necesidad y la legitimidad de las minorías, sino que se glorifica la concentración del poder con argumentos que envidiarían los más fervientes creyentes del antiguo régimen.

No será fácil, no será rápido, pero en algún momento deberá iniciar la larga marcha de la oposición para recomponerse.

Hay que tomar muy en serio las amenazas de la Cámara Internacional de Comercio de más demandas en contra de México en tribunales internacionales ante la reforma judicial aprobada por la Cámara de Diputados la semana pasada, y actualmente en discusión en el Senado (Insiste la IP sobre riesgos para las inversiones, La Jornada, 4/9/24).

El gobierno de Claudia Sheinbaum heredará, ya de por sí, 23 demandas inversionista-Estado (ISDS) pendientes de empresas trasnacionales; 21 de ellas se interpusieron durante el sexenio de AMLO, y fueron motivadas por regulaciones y acciones ejercidas para afianzar la 4T; muchas por devolver la rectoría de los hidrocarburos y la electricidad al Estado, y por impedir proyectos mineros destructivos del ambiente, a los que comunidades locales se oponen. Las demandas son el castigo a la 4T por intentar revertir el neoliberalismo, pero también el costo de avalar las propias reglas que implican los tratados de libre comercio (TLC) y bilaterales de inversión (TBI), firmados por los anteriores gobiernos neoliberales.

Se acaba de publicar una versión actualizada de la Radiografía del poder trasnacional en México, en la cual se analizan las consecuencias del régimen de protección de inversiones bajo los TLC y TBI. Es publicado por el Transnational Institute, Institute for Policy Studies, Enlace Comunicación y Capacitación, AC, Educa AC, Otros Mundos Chiapas, AC y Proyecto sobre Organización y Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), entre otras organizaciones (https://isds-americalatina.org/mexico/).

El reporte halló que México cuenta con 31 Acuerdos para la Promoción Recíproca de Inversiones (Appri o TBI) vigentes, la mayoría de ellos (18) con países europeos. Todos (excepto tres) entraron en vigor a partir del año 2000. De ésos, 22 podrían ser terminados, pues pasaron la fase inicial de 10 años que estipulan los tratados para su vigencia, con lo cual México tiene la oportunidad de revisar o salirse más del 70 por ciento de todos sus TBI, para evitar más demandas.

Sin embargo, la mayoría de las demandas contra México vienen de empresas estadunidenses y canadienses, bajo el TLCAN y ahora el T-MEC. Desde que se formó la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), cuando se negociaba el TLCAN, se señalaba que los enormes privilegios que se otorgarían a las inversiones extranjeras socavarían seriamente la soberanía nacional. Lo primero que hizo Adolfo Aguilar Zínser cuando fue mi maestro de una materia sobre Norteamérica, en la FCPS de la UNAM en 1991, fue preguntarnos si considerábamos si EU era un imperio para México. Muchos respondimos que sí, la respuesta que él esperaba. Después, desarrolló el curso explicando cómo el TLCAN, en negociaciones entonces, era un proyecto de anexión económica de México a EU, con base en sus prioridades estratégicas, incluyendo la energía.

Esta anexión económica causó la destrucción del campesinado, la quiebra de sectores productivos y las privatizaciones de bienes públicos en México. Pero como explica Jeff Faux en La guerra global de clases (https://tinyurl.com/4ykd9wsy), el TLCAN fue un proyecto de intereses de clase trasnacional. También significó lo que Dan Kaufman llama, en artículo reciente, uno de los acontecimientos más trascendentales de la reciente historia política y económica de Estados Unidos. Explica que entre 1997 y 2020 cerraron más de 90 mil fábricas, como consecuencia del TLCAN y acuerdos similares. Y advierte que “es posible que las próximas elecciones presidenciales, como las dos previas, estén determinadas por tres de los estados del ‘muro azul’ –Wisconsin, Michigan y Pensilvania–, todos afectados por la desindustrialización. En 2016, Donald Trump ganó esos estados, y la presidencia, en parte arremetiendo contra el TLCAN” ( The New York Times en español https://tinyurl.com/dmuapa3x).

Independientemente de quién gane la presidencia este noviembre en Estados Unidos, el gobierno de Claudia Sheinbaum se tendrá que enfrentar al entramado de privilegios que los TLC y TBI otorgan a corporaciones trasnacionales. Sheinbaum tendrá oportunidad en el próximo G-20, que se desarrollará en Brasil el 18-19 de noviembre, de promover lo que justamente se planeta en el editorial de La Jornada el pasado 3 de septiembre: “Los gobiernos comprometidos con la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, la democracia y los derechos humanos deben formar un frente común a fin de crear los mecanismos institucionales, jurídicos, tecnológicos, económicos y políticos necesarios para marcar un alto a individuos (en referencia a Elon Musk) y corporaciones que constituyen poderes supranacionales de facto con una indisimulada disposición a subvertir países enteros” (https://www.jornada.com.mx/2024/09/03/edito).

Países miembros del G-20 que han terminado sus TBI con países europeos incluyen India, Indonesia y Sudáfrica; además, cada uno ha desarrollado su propio modelo alternativo de TBI, al igual que Brasil. Es más, Alemania, Francia, Italia y toda la Unión Europea se han retirado del Tratado de la Carta de la Energía justamente por incluir el sistema de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS). Otros miembros del G-20 han eliminado ISDS en sus tratados bilaterales, como el Reino Unido y Australia, y, de gran importancia para México, Estados Unidos y Canadá entre sí, lo cual debe buscar México en la revisión del T-MEC en 2026.

En México y en muchos países del mundo se pretende que los TLC y TBI son meros instrumentos jurídicos, técnicos, para facilitar nuestras exportaciones y atraer inversión extranjera para generar crecimiento económico a toda costa. En Radiografía del poder proponemos al segundo gobierno de la 4T realizar una auditoría de todos los tratados de protección de inversiones (bajo TLC o TBI) y sus impactos para la economía y sociedad mexicana y no firmar nuevos tratados con cláusula de protección de inversiones, especialmente el pendiente de ser ratificado con la Unión Europea. Comercio justo y democracia ahora.

*Investigador del Institute for Policy ­Studies www.ips-dc.org y Asociado del Transnational Institute www.tni.org

Como reacción contra el proyecto de reformas al Poder Judicial, los críticos permanentes del Presidente y también ahora muchos servidores públicos de ese poder, que se sienten agraviados por el cambio, se oponen al mismo, hacen paros, marchas, cuelgan carteles y reparten volantes; han usado como fundamentos de su crítica, que lo que pretenden es defender la independencia del Poder Judicial.

¿De qué se trata? Depender es lo contrario de tener independencia; en el Poder Judicial, cada tribunal, cada juzgador, en el ejercicio de sus funciones debe tener independencia y esto sin importar el régimen o sistema de designación o elección de los juzgadores. Lo mismo si los propone el Ejecutivo y los aprueba el Senado o si, como pronto será, los aprueba el voto popular a partir de listas elaboradas por tres poderes.

Juan Palomar de Miguel, en su Diccionario para juristas (México, Mayo Ediciones, 1981) define independencia como libertad, autonomía y sobre todo de un Estado que no es tributario de otro; agrega en una segunda acepción entereza, firmeza de carácter. Por su parte, Eduardo Pallares en su obra Diccionario de derecho procesal civil (México, Porrúa, cuarta edición, 1963) afirma el Poder Judicial no debe estar subordinado en su constitución y funcionamiento a otro poder.

La independencia de los jueces, magistrados y ministros, bien pensado, no es algo externo ni tiene su origen en el camino o procedimiento por el que se llega al cargo. La independencia radica en la solidez de virtudes personales, en la conciencia y en la libertad de quien dicta una sentencia o determina una suspensión.

Para dictar sus resoluciones, los jueces requieren de independencia, que significa constreñirse a determinar la litis en cada asunto, entender cuál es el motivo del litigio, saber bien cuál es el fondo de lo que se litiga, analizar y valorar las pruebas y escuchar argumentos y alegatos de las partes; con todo eso, su responsabilidad radica en resolver quién tiene razón y quién no; ejerce su libertad si lo que determina responde a lo que se alegó y acreditó en el proceso sin tomar en cuenta nada más.

No será libre el juzgador que al resolver lo hace respondiendo a indicaciones extrañas, si recibe soborno por su trabajo, si resuelve por temor o si lo hace al sentirse comprometido con quien lo ayudó a llegar al cargo o con quien lo designó.

Su libertad o independencia están fundadas en su integridad y en su honradez, cualidades internas y personales; por supuesto, es muy importante también que tenga conocimientos del derecho, de la lógica, de la ética, de los hechos y su acreditación; cuando se trata de saberes que requieren un conocimiento especial, está obligado a consultar con peritos acreditados. Para saber qué es lo que realmente sucedió, es decir, cuáles son los hechos a los que tiene que aplicar una norma jurídica, necesita escuchar a los testigos, analizar los documentos, conocer e interpretar los indicios, relacionarlos unos con otros y con integridad y buena fe, determinar por sí y ante sí, sin influencia externa alguna y atenido solamente a lo que le dictan su conciencia y su inteligencia.

Si lo hace así, será independiente y, valga la redundancia, lo será sin importar cómo llegó a su cargo; es dependiente, en cambio, quien reciba una consigna o acepte un soborno, lo mismo si llegó al cargo por elección popular que si llega mediante el procedimiento en proceso de ser derogado, esto es, propuesto por el Ejecutivo y elegido por el Senado.

Por esta razón, considero que la pretendida defensa de la independencia de los jueces no es sino un velo para ocultar las verdaderas razones de muchos que se oponen al cambio; lo que les interesa no es la independencia que proviene de su propia conciencia, sino que esté en juego con la reforma el estatus seguro que tienen como juzgadores, la posición social privilegiada, los ingresos mayores en promedio a los del resto de los servidores públicos o temen que se interrumpa un plan de vida que a veces es difícil y siempre trabajoso, pero en el fondo seguro.

Defienden su independencia, pero en el fondo, defienden sus privilegios y esto algunos lo hacen conscientemente y otros no; sin reflexionar mucho, aceptan esta posición ideológica y política sin mayor análisis.

Lo cierto es que no está en juego la independencia del Poder Judicial y lo que es verdaderamente importante consiste en saber si la nación mexicana supera un pasado que se desgastó, en buena medida se corrompió y ya es historia o si damos un paso adelante, incorporamos a la justicia en la transformación y la democratizamos, atendiendo al voto popular como en los otros poderes.

Como ha venido sucediendo, como en otros casos, con tal de manchar a un gobierno con muchos logros y a un sistema que fue refrendado por una clara mayoría de votantes, como nuevo ataque han inventado que defienden una independencia que de ninguna manera está en peligro.

Sí, es una catástrofe anunciada, señaló en su siempre bien informada columna dominical Ángeles González Gamio el pasado 25 de agosto, al referirse a la terrible inundación que desde el anterior 1º de agosto padece Chalco, estado de México. Y sí, una catástrofe que ella anunció hace 16 años con datos precisos. Por mi parte, lo hice en 1983-87 al documentar la expansión de la urbe sobre áreas con severos problemas hídricos. Como el antiguo lago de Chalco, poblado hace más de mil años por grupos prehispánicos.

Nadie nos hizo caso. Y en vez de conservar parte del oriente de la cuenca de México como reserva natural, fue disecada y, con el aval oficial, se establecieron asentamientos humanos irregulares sin los servicios básicos: drenaje, agua potable y energía. Con apenas cavar un metro, tenían su fosa séptica.

A fines de 1970 en el Valle de Chalco predominaban sembradíos de maíz, hortalizas y pequeños rebaños de vacas. Pronto desaparecieron y comenzó la urbanización anárquica con el patrocinio de ejidatarios y fraccionadores profesionales bajo el amparo de las autoridades estatales y de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria.

El poblamiento masivo fue en 1983 con familias de Nezahualcóyotl y las delegaciones Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza. Los nuevos asentamientos carecían de nombre. Se incrementó poco después como fruto del terremoto de 1985. Las tolvaneras eran frecuentes y el servicio de agua lo tuvieron durante más de una década por medio de pipas o trayéndola de sitios fuera de la zona.

La mayoría de los nuevos habitantes levantaron sus casas vía la autoconstrucción; no se dejaron áreas de esparcimiento. El negocio inmobiliario ilegal en todo su esplendor con el amparo oficial y del Partido Revolucionario Institucional, el partido gobernante. Ese negocio lo documentó espléndidamente el arquitecto Jorge Legorreta en su libro Efectos ambientales de la expansión de la Ciudad de México (1970-1993), publicado por el Centro de Ecología y Desarrollo.

En él enlista los nombres de los principales líderes fraccionadores, y cómo cada asentamiento fruto de la invasión o la parcelación y venta de terrenos ejidales y/o comunales, se comunicó con el resto de la urbe por medio de camiones y taxis colectivos. Finalmente era regularizado para cumplir las promesas electorales de los candidatos al Congreso de la Unión, el gobierno de la capital del país y/o el estado de México. O a la Presidencia de la República. Regularización a cambio de votos.

Durante su gira por el oriente del estado de México, el candidato Carlos Salinas de Gortari visitó en 1988 el que en ese entonces era el asentamiento humano irregular más grande del continente, con unos 250 mil habitantes residentes en 22 colonias. Les prometió dotar sus hogares y áreas públicas de electricidad. Al asumir su cargo, lo hizo por medio de Solidaridad, su programa estrelar: escuelas, centros de salud, vivienda digna, agua potable y fuentes de empleo. Con ese programa se proporcionaron materiales para que los pobladores realizaran obras de mejoramiento urbano. En agradecimiento por su apoyo, una de las colonias lleva el nombre del ex mandatario.

El 9 de noviembre de 1994, casi al fin del sexenio salinista, Emilio Chuayffet, gobernador del estado de México, declaró a Chalco como el municipio 122 de la entidad y ejemplo del programa Solidaridad. Pero el agua, que tiene memoria, se ha encargado el último medio siglo de mostrarnos, una vez más, el absurdo de tratar a la naturaleza como un bien que puede ser moldeado al gusto de los funcionarios, los agentes inmobiliarios o las familias necesitadas de un sitio para edificar su vivienda.

Ahora Chalco y colonias vecinas viven la enésima inundación de sus viviendas, calles, negocios, centros de salud, escuelas. La primera que documenté y señalé sus causas, fue en 1991. Algunos funcionarios de entonces la calificaron de amarillista. No hicieron nada para evitar las futuras, pese a que las instancias oficiales sabían perfectamente el origen de las inundaciones. Y la forma de paliarlas lo más posible. En este sexenio tampoco hicieron lo correcto. Las intensas lluvias, el drenaje obsoleto y lleno de basura, no son los principales culpables del drama que viven miles de familias. Hay otros que vale la pena mencionar en otro artículo.

En México, el primer desfile se realizó el 27 de septiembre de 1821, cuando el Ejército Trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide, entró a la Ciudad de México.

En 1896, Porfirio Díaz ordenó el traslado de la campana de Dolores a la Ciudad de México. En 1904, gran despliegue de medios. También hubo desfiles y maniobras militares en 1905. Cuando cumplió 80 años de edad, el 15 de septiembre de 1910, hizo coincidir la fecha con la intención de dar el grito desde Palacio Nacional. En el porfiriato, el ejército se usaba para presumirlo en desfiles militares, además de aplacar revueltas, extinguir cacicazgos y neutralizar el descontento de los indígenas.

Según la Wikipedia, Miguel Alemán Valdés nació el 27 de sep­tiembre de 1900, en 1948 se cam­bió el nombre del pueblo de Dolores a Dolores Hidalgo. Donde dio el grito al menos una vez un 15 de septiembre. El 16 de septiembre de 1948 muchos niños de dos años y más, de todas las clases económicas presenciamos el desfile militar a lo largo del Paseo de la Reforma desde la banqueta; no pocos padres cargaban a sus hijos sobre los hombros, decenas de banderitas tricolores; el ritmo y cadencia de la marcha militar hipnotizaba; se escuchaban los ruidos más diversos; el insistente repiquetear de las campanitas de los carritos con paletas heladas Trébol; los silbidos que anuncian los globos de todos colores; los vendedores de algodones de azúcar color de rosa con su mágica máquina lanzadora de hilitos casi invisibles, de chicharrón de harina con chile piquín licuado, los de jícamas y pepinos, y los gritos jubilosos de los niños. El 5 de junio de 1950 se colocó la primera piedra de Ciudad Universitaria.

El 1º de septiembre de 1968, medio mundo escuchó “[…] impedir acaso la celebración de los Juegos Olímpicos […] Las injurias no me llegan, el odio no ha nacido en mí […] hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos […].” El segundo Díaz habló sin rencor. Ante esto, 300 mil mexicanos guardamos silencio el 13 de septiembre, imponente, de gran emotividad estuvo la marcha del silencio. El 15 de septiembre se festeja en Zacatenco, Casco de Santo Tomás y en Ciudad Universitaria, donde Heberto Castillo dio el grito.

El 18 de septiembre de 1968, llegó la toma militar de Ciudad Universitaria, el encarcelamiento de muchos de mis compañeros, escribí en 2009, la más que obvia necesidad de cambiar la reunión del CNH del auditorio de Medicina a la clandestinidad, que en realidad para muchos de nosotros fue simplemente escondernos donde mejor pudiéramos, yo no tenía teléfonos de nadie, ni conocía las direcciones de nadie. Me escondí en algún lugar de Morelos, en Taxco y en las Grutas de Cacahuamilpa hasta el 30 de septiembre. Allí, reflexioné sobre las razones que movieron al gobierno para realizar esta operación militar, concluí que no fue por la fiesta patria encabezada por Heberto, sino por las cercanísimas Olimpiadas.

El 11 de septiembre de 1973 desde el Palacio de La Moneda, en Santiago de Chile, Salvador Allende gritó: “¡Bajen todos!, ¡dejen las armas y bajen!, ¡yo lo haré al último! […] ¡Allende no se rinde, milicos de mierda!”

En los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 participó en rescate, recolección y distribución el pueblo de la ciudad, los militares y marinos como estatuas de sal. La Jornada cumplió su primer aniversario el 19 de septiembre de ese año.

Me robo las palabras de la novela antibélica El fuego, de Henri Barbusse: “La obra será borrar este presente, […] como algo abominable y vergonzoso. ¡Y, sin ­embargo, este presente era preciso! ¡Vergüenza sobre la gloria militar, vergüenza sobre los ejércitos, vergüeza sobre el oficio de soldado, que cambia a los hombres por turno en estúpidas víctimas y en innobles verdugos!”

El 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, la policía municipal, la policía estatal de Guerrero, militares del 27 Batallón de Infantería y marinos de la Armada vigilaron, espiaron, siguieron, persiguieron, atacaron y forzadamente desaparecieron a estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

La Jornada, 3 de septiembre: “[…] ¡Sin tregua, ni cuartel! Por la presentación de los 43, en Chilpancingo, el 18 de septiembre de 2024, megamarcha estatal […] las actividades continuarán hasta el 27 de septiembre”. Este 18 de septiembre toca a los normalistas rurales y al pueblo guerrerense tomar las calles. El periódico La Jornada cumplirá 40 años de edad.

Este 19 de septiembre, ofrenda floral por Yanqui Kothan Gómez; el 20, mitin en la Estela de los Caídos; el 21, acto político-cultural en Plaza de los Sentimientos de la Nación; el 22, en la Normal de Ayotzinapa; el 23, en la Ciudad de México, en el Consejo de la Judicatura; el 24, mitin en la Fiscalía General de la República; el 25 en la Secretaría de Gobernación; el 26 de septiembre de 2024 tendrá lugar la Marcha Nacional 10 años estudiantes desaparecidos de ­Ayotzinapa.

¿Seguirán así los septiembres del porvenir?

El caso de Estados Unidos no es una referencia apropiada para considerar la elección de jueces federales, según la reforma al Poder Judicial que promueve el gobierno y cuya aprobación está en curso. De acuerdo con la cláusula de designaciones del artículo dos de la Constitución de aquel país, todos los jueces federales, incluyendo los de la Suprema Corte y las cortes federales inferiores creadas por el Congreso, han de ser nominados por el presidente y confirmados por el Senado.

La manera de conformar el cuerpo de los jueces es, evidentemente, un asunto de suma relevancia por el sentido mismo e inmediato de la procuración de justicia. Pero se extiende a la cuestión esencial de un sistema democrático que es el de la división de poderes.

En México, el Poder Judicial de la Federación está integrado, entre otros, por los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados de los tribunales de circuito y los jueces de distrito; forma parte también el Consejo de la Judicatura Federal, responsable del instituto que forma magistrados, jueces, secretarios y actuarios dentro de una carrera judicial.

En el boletín No. 0023 del 3 de septiembre pasado, la Cámara de Diputados informó de la aprobación del dictamen por el que se reforman disposiciones de la Constitución Política relativas al Poder Judicial. Ahí se establece un proceso de elección por voto popular para magistrados y jueces de circuito, ministros de la Suprema Corte de Justicia; magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y magistrados electorales de la sala superior del Tribunal Electoral (https://bit.ly/3Thi9Lh).

La disposición del uso del voto popular para la elección de jueces propuesta en la reforma judicial no tiene parangón. Esta cuestión pone a los ciudadanos en una situación muy comprometida por el hecho de someterlos a una responsabilidad electoral sobre la cual no hay bases de información y de conocimientos suficientes para ejercer el voto de modo razonable y efectivo. Si los legisladores son prácticamente desconocidos para los ciudadanos y eso conlleva ya una suerte de debilitamiento real del orden democrático, en el caso del sistema de justicia el asunto es grave. No hay premisas ni argumentos suficientemente sustentables de orden político, legal e institucional para afirmar que el voto popular, como medio de seleccionar a los jueces, sea una opción superior a la que hoy existe en el país. Lo que no significa que el actual sistema no requiera de compostura, como cualquier otra institución del Estado.

El Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2023 levantado por el Inegi indica que al cierre de 2022 el Poder Judicial de la Federación contó con mil 496 órganos, 941 de lo cuales eran de índole jurisdiccional y 555 eran órganos o unidades administrativas; mil 423 de dichos órganos corresponden al Consejo de la Judicatura Federal. Estos se conformaban por 270 tribunales colegiados de circuito; 25 tribunales unitarios de circuito; 39 tribunales colegiados de apelación; 449 juzgados de distrito, y 93 tribunales laborales federales. Este señalamiento indica la magnitud e inoperancia práctica, funcional y política a la que se pretende someter a los ciudadanos mediante el voto popular para la elección de jueces. No hay manera de que se tenga un criterio mínimamente válido, sustentado y realista para ejercer el derecho al voto en este terreno.

Además, hay un asunto clave en la base de todo este mecanismo de selección de los jueces que aparecerán en las boletas electorales y se refiere al mero llenado, que será imposible materialmente para la gente en las urnas. Esto debería por sí mismo ser un criterio para evitar este esquema que se prestará a la manipulación y la coacción. El asunto no puede ser desestimado, pues la gente no puede conocer la estructura del sistema legal, la composición, las funciones y la relevancia de lo que hacen los distintos jueces.

El voto es un derecho de los ciudadanos, pero la gente no está obligada a convertirse en especialista electoral para decidir cómo votar y menos en una propuesta tan desorbitada como esta. Y todos lo saben. Es previsible lo que puede pasar en cuanto a la manipulación de los votos, empezando por el asunto crucial de quién y cómo designará a los candidatos a todos esos puestos especializados. Ahí está el quid de la cuestión. Así habrá un gran espacio para inyectar la política, tener el control y abrir a otros intereses la injerencia en el poder judicial. Este debe ser independiente de los otros dos poderes.

El diablo está en los detalles, lo que pone en cuestionamiento el sentido mismo del voto popular para elegir a los jueces.

A diferencia de casi cualquier otro país latinoamericano, México no tiene una historia importante de exiliados políticos, ideológicos o religiosos. Hay casos notables, un puñado, pero ni de calle nos hemos desangrado por golpes de Estado, revoluciones o campañas represivas, y no porque tales conmociones no hayan ocurrido, sino porque los expatriados por tal motivo constituyen significativas excepciones individuales, asociadas con el poder mismo, algunas por disidencias desde abajo, y en tiempos recientes a causa de la violencia criminal. Somos a la vez la nación que más migrantes con papeles e indocumentados prodiga en el continente y el planeta.

Las migraciones masivas del siglo XXI representan desplazamientos geográficos de la mano de obra barata indispensable para el buen funcionamiento del capitalismo poscolonial del Occidente blanco. Multitudes que no encuentran medios para sobrevivir en la escasez y la pobreza atraviesan una o más fronteras en busca de dinero y techo. A ello se añade la migración que provocan las guerras y las grandes desgracias, a la alza hoy en Medio Oriente y África.

En tal escenario destaca una paradoja: los dos grandes ex virreinatos del colonialismo europeo, India y México, populosas, multiculturales y bullangueras naciones, son también las máximas exportadoras de población. Se calcula en 12 millones el número de mexicanos en el extranjero, de los cuales 97 por ciento residen en Estados Unidos; los destinos predilectos son California, Texas y Arizona (La Jornada, 30/5/24). Datos cruciales. Los mexicanos nos volvimos paseadores (en torneos mundiales y grandes catástrofes siempre hay mexicanos por ahí), pero al migrar nos da por hacerlo aquí nomás. El grueso de connacionales fuera de su patria se concentra en los estados fronterizos del sur estadunidense. Queda de lado por ahora que el mayor expulsor de población en las Américas es también el mayor receptor de migrantes en tránsito, a la manera de Grecia e Italia.

Se atribuye a Guillermo Prieto, uno de nuestros exiliados ilustres, que al ser interrogado sobre su lugar favorito de México respondió que Veracruz porque por ahí se sale. Bueno, la historia no lo confirma: casi nadie sale por Veracruz, y sólo para recalar no más lejos que las costas de Texas y Luisiana.

Nada de cruzar océanos o atravesar continentes. Del 3 por ciento restante de mexicanos emigrados, casi la mitad están en Canadá (85 mil) y algunas decenas de miles (no relacionados con la mano de obra barata) radican en la Europa mediterránea. En el fondo, no nos gusta ir tan lejos que ya no podamos regresar. De hecho, hemos alcanzado una suerte de equilibrio (migración neta cero) donde se van a Estados Unidos tantos como los que retornan. Por ello las remesas se mantienen estables. Los paisanos caminan lo necesario, no más.

En cambio, no hemos producido muchos exilios significativos ni definitivos, sólo a título individual por diferencias directas con el caudillo o reyertas con el rey sexenal. Los más memorables exilios (añadamos políticos) rara vez fueron más allá del otro lado: Guillermo Prieto, Martín Luis Guzmán, los hermanos Flores Magón, y de los caudillos expulsados, sólo Porfirio Díaz y su corte atravesaron el Atlántico; el propio Plutarco Elías Calles, cuando le cancelaron el maximato, no llegó más allá de San Diego para no alejarse de Tijuana, atento a sus negocios, y con la esperanza de volver.

Cronista que firmaba como Fidel, el también poeta y político Guillermo Prieto, figura muy querida de nuestro pasado, fue un verdadero experto en aquello de exiliarse fuera y dentro del territorio, cuando podía resultar más determinante el exilio interior que el transfronterizo. Durante una de sus peores experiencias, arrinconado en Cadereyta, se dio tiempo de redactar y organizar Viajes de orden suprema, relación de exilios y recorridos. Dicha localidad neoleonesa, según Vicente Quirarte, era entonces el desierto en el desierto. A mitad de la Nada, pero en México.

Quirarte plantea: ¿Cómo se conforma la poética de esa particular especie que a partir del siglo XIX decidió abandonar el proverbial estatismo mexicano, viajar y dejar testimonio escrito de su tránsito? Según apuntó Ignacio Manuel Altamirano, si bien nuestros ancestros fueron esencialmente nómadas, tres siglos de dominación colonial provocaron el fin de semejante condición. Los antiguos pobladores de Anáhuac dejan de ser libres para transitar por su territorio y sólo lo harán con base en las necesidades y caprichos del dominador. (La musa callejera en Manhattan, en Republicanos en otro imperio: Viajeros mexicanos a Nueva York, 1830-1895, Universidad Nacional Autónoma de México, 2009).

Así como la migración masiva, en materia de exilios México experimenta grandes paradojas, y siendo escasos nuestros expatriados, todo el siglo XX acogimos a millares de perseguidos por el fascismo y las dictaduras de ultraderecha: republicanos españoles, antifascistas alemanes, judíos europeos, guatemaltecos, nicaragüenses, chilenos, argentinos, uruguayos y brasileños inyectaron a México conocimiento científico e intelectual, creaciones artísticas y prácticas políticas progresistas. Nuestra historia enseña que la hospitalidad recompensa.

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