Norma, Lucía, Fátima y Susana, las cuatro niñas fueron obligadas a llevar su embarazo hasta la etapa terminal, fueron violentadas obstétricamente y, además, forzadas a maternar.
Cada caso denuncia la culpabilidad de sus respectivos países y este paquete de casos ha sido llevado a la par, pues hay que apuntar que resulta imposible representarlas en conjunto, pues están sujetas a las legalidades de cada Estado, pero al llevar el mismo rumbo ante El Comité, se habla de que se gestará una resolución histórica a favor donde se señalará a 3 países de América Latina por su complicidad en el embarazo forzado y violencia en contra de estas niñas -actualmente, mujeres-.
Es por ello que se llevó a cabo en la capital de México, el evento auspiciado por Amnistía Internacional, el cual reunió al músculo feminista de las zonas conurbadas, Estado de México y la CDMX para discutir el panorama de violencias sistémica que atraviesa a las niñas de la región; las alarmas están encendidas, el embarazo forzado, el abuso sexual revictimizado, el avance de los grupos provida y los vacíos legislativos amagan los derechos de las niñas.
América Latina y el Caribe representan la segunda región a nivel global con las tasas más altas de partos de niñas menores de 15 años, sin embargo, según proyecta el Fondo de Población de las Naciones Unidas, no existe una certeza sobre la cantidad de niñas y adolescentes forzadas a gestar y dar a luz, pues aunado a los vacíos informativos – de registro, esto se colude con la cantidad de países de la región que son extremadamente punitivistas con la interrupción del embarazo.
Así, desde el Centro de Derechos Reproductivos, Planned Parenthood Global, Mujeres Transformando el Mundo, Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva y Surkuna Ecuador, organizaciones feministas por y para mujeres, se prepara para darle un gancho a los países de Ecuador, Paraguay y Nicaragua a través de un litigio presentado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Norma vs Ecuador
Norma vivía con su padre, un hombre que contaba con un historial de denuncias al haber abusado sexualmente de su prima. Por este hecho, se supondría que Norma sería puesta bajo protección bajo el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia de Ecuador; nunca pasó.
Así, a la edad de 12 años fue obligada a vivir con su padre y tras dos años de abuso sexual reiterado, Norma quedó embarazada. Pese a sus severas afectaciones a su salud mental e incluso, tentativas de suicidio, Norma fue forzada a llevar su embarazo a pesar de haber pedido a las instituciones que no quería saber nada del bebé; no quería ser madre.
Ecuador sólo consideraba el aborto en casos específicos como que estuviera en peligro la vida de la madre, sin embargo, como éste no representaba un riesgo para Norma, se le fue negado su acceso al aborto.
Norma no pudo volver a la escuela, pues no existía compatibilidad entre sus horarios educativos y su trabajo de cuidados con su bebé. Su agresor murió años después y Norma jamás recibió justicia por el abuso sistémico que ejerció el Estado ecuatoriano en su contra.
Fátima vs Guatemala
La madre de Fátima acudía a centros de cuidados con el objetivo de recibir educación y seguridad. Ahí, un hombre identificado por ser docente y miembro de la institución comenzó a violentar sexualmente a Fátima quien, en ese entonces, tenía 13 años; edad en la que inició su periodo de gestación.
La familia de Fátima inició un proceso de denuncia en contra del hombre, quien era respetado en la comunidad, sin embargo, comenzaron a amenazarles para que retiraran los cargos en su contra. El agresor jamás fue detenido.
Al igual que en Ecuador, en Guatemala no se contempla el aborto a causa de abuso sexual y sólo se accede a este derecho cuando está en peligro la vida de la madre. Fátima fue negada de obtener un amparo para la interrupción legal del embarazo.
Fátima, además, vivió revictimización por parte del personal médico quienes le decían que si le había gustado «abrir las piernas«, al momento de dar a luz, pues la niña de 14 años no soportaba el dolor.
Se le forzó a cuidar de su bebé y hacerse cargo de él a pesar de señalar explícitamente que no deseaba verlo, ni ser madre. Asimismo, al intentar volver a su vida cotidiana y estudiar, la institución le negó el acceso, refiriendo que no se le aceptaría porque ya tenía un hijo y además, no estaba casada.
Las instituciones guatemaltecas violentaron de forma reiterada a Fátima; desde sus espacios de esparcimiento para las infancias, las instituciones educativas y sus hospitales. Hoy se lucha para que el Estado de Guatemala reconozca su culpabilidad en este caso, pero también, en los miles que se gestan en total impunidad en el país.
Lucía y Susana vs Nicaragua
Lucía tenía 13 años y participaba en el coro infantil de la parroquia cuando iniciaron las agresiones sexuales por parte del sacerdote de su poblado. El agresor, la abusó de forma reiterada en diversas ocasiones y a la edad de 13 años, inició su periodo de gestación.
Tras enterarse del embarazo, la familia de Lucía denunció al sacerdote, sin embargo, la localidad les comenzó a revictimizar; Lucía era responsable de haber «seducido» al religioso.
La policía sabía bien dónde vivía el hombre, pues era bien conocido en el pueblo, sin embargo, a pesar de existir una orden de aprehensión, nunca fue detenido, ni procesado por su crimen.
En Nicaragua el aborto está penalizado bajo todas las circunstancias y por ello, Lucía fue forzada a llevar su embarazo a pesar de existir pruebas contundentes del abuso y sus intentos por terminar con su vida a causa de las secuelas emocionales que este proceso trajo consigo.
«Lucía no sólo espera que compartir su caso genere reparaciones que le permitan continuar con su proyecto de vida, sino también, que ninguna otra niña sea obligada a interrumpir su infancia por cuenta de una maternidad forzada», se señaló en conferencia.
Desde
los 7 años, Susana fue violentada sexualmente por parte de su abuelo,
un hombre temido en el pueblo por ser miembro de un grupo armado de la
región.
A la edad de 13 años, Susana inició su periodo de gestación y a pesar de que su abuela denunció el caso en 5 ocasiones, las comisarías rechazaban proceder. Así, Susana, sin ningún apoyo de legalidad, fue forzada a llevar su embarazo y ejercer la maternidad.
Tiempo después, Susana logró meter una denuncia penal, sin embargo, el Estado la abandonó y no obtuvo ninguna respuesta, hasta 4 años después, que le informaron: No se puede hacer nada a causa de los grupos armados de la zona.
Su agresor sigue en libertad y teme de forma constante por su vida, se mantiene a la expectativa y desea que el Comité haga justicia en su caso, pero también, ponga la lupa en lo que está sucediendo en Nicaragua.
México: Aún penalizando el aborto en Códigos Penales Locales y sin una estrategia clara contra el embarazo infantil
En México, se registraron durante 2022 un total de 7 mil 255 nacimientos que tuvieron como madres a niñas de entre 10 y 14 años, siendo desglosado de la siguiente forma:
De 10 a 14 años: 15.5%
De 15 a 19 años: 29.59%
De 10 a 19 años: 45.10%
A pesar de que, a comparación de otros países de la región, México ha dado pasos importantes en materia de derechos sexuales y reproductivos, como la despenalización del aborto a nivel federal como mandato de la Suprema Corte de Justicia -y que aún, la mitad de las entidades siguen sin acatar-, se demuestra que el Estado aún no blinda a las niñas y adolescentes mexicanas.
Las niñas siguen maternando, el abuso sexual es una pandemia incontenible y los programas de educación sexual son endebles.
Este fenómeno no debe ser observado desde lo particular, sino entendido como un fenómeno sistémico e interseccional que atraviesa con más violencia a las mujeres precarizadas o pertenecientes a comunidades indígenas – afro.
“En términos globales, la cantidad de niñas, niños y adolescentes atendidas por violencia sexual en México durante 2023 ( 9,802 casos) se posicionó como la segunda mayor para un año desde que se tiene registro (2010) y duplicó el promedio anual de casos observados en el país entre 2010 y 2023 (4,247)”. (Red por los Derechos de las Infancias en México)
En ese sentido, el informe Violencia sexual contra la niñez y adolescencia en México (2019-2021) también destaca que “En México, las víctimas de violencia sexual de entre 1 y 17 años son principalmente mujeres; ellas representaban el 92.3% de las niñas, niños y adolescentes atendidas por esta grave violación a sus derechos a nivel nacional en 2023.
La población adolescente también representa una proporción significativa de las víctimas de violencia sexual de 1 a 17 años de edad: alrededor de tres de cada cuatro casos de violencia sexual atendidos en el mismo periodo correspondieron a personas de entre 12 y 17 años”. Los Estados con mayor número de reportes fueron: Estado de México, Jalisco y Veracruz.
“El acceso al aborto en niñas menores de 15 años corresponde al 1.23% del total de abortos. En México, en teoría, el acceso al aborto por violencia sexual debería estar garantizado, pues la causal es legal en todo el país y, de acuerdo a la Ley General de Víctimas (LGV) y NOM 046, toda institución hospitalaria debe proporcionar a las víctimas de violencia sexual atención inmediata, sin exigir ninguna condición para su admisión. En ambos instrumentos legales la violación sexual se cataloga como una urgencia médica”, Rebeca Ramos, Directora de GIRE.
Asimismo,
un punto importante en el debate gestado en Amnistía Internacional fue
recordar que la despenalización del aborto no es lo mismo que su
legalización; el camino para México aún es largo, pues que el derecho al
aborto esté contenido en la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos, aún es un trabajo que requerirá del cuerpo y el empuje de
millones.
Así, la sentencia en contra de estos 3 países
-Nicaragua, Ecuador y Guatemala- podría representar un antecedente
importante en la región que ajusticie a las niñas y adolescentes que han
sido atravesadas por el puño punitivista de sus Estados.
Pero también, envía un mensaje de advertencia -o de resistencia, según quién lo lea-: Las redes feministas y la colectividad de las mujeres se mantiene vigilante sobre las opresiones que ejerce América Latina, los litigios, las denuncias y su actuar, serán evidenciados ante la comunidad internacional hasta transformar la realidad de las niñas, adolescentes y mujeres de nuestra región.
«De manera colectiva, elevamos este llamado a los Estados para que garanticen el derecho inalienable de cada niña a vivir una vida libre de violencia y discriminación, a que se les respeten las decisiones que tomen para retomar su proyecto de vida luego de sobrevivir a la violencia sexual, incluida la interrupción del embarazo, y a que obtengan justicia”, Marianny Sánchez, directora de Comunicaciones para América Latina de Planned Parenthood Global
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