El Código de ética y las leyes en materia de responsabilidades de los servidores públicos mandatan que el servidor público debe desempeñar su empleo, cargo o comisión subordinada al Estado, con una conducta apegada a los principios de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia. Que en su actuar debe imperar un desempeño con ética que responda al interés público; desafortunadamente en muchos casos no ha ocurrido.
El libro del despecho de Julio Scherer Ibarra, que presenta a manera de conversación con el periodista Jorge Fernández Menéndez, quien firma como coautor, evidencia algunas de las carencias principales que ha padecido el servicio público: la falta de vocación y ausencia de principios éticos de muchos de quienes han tenido cargos gubernamentales, y que conciben el puesto como una vía de lucro y negocio personal. Es el propio Scherer Ibarra quien, involuntariamente se muestra como la personificación de ello.
A lo largo de más de 300 páginas da cuenta de anécdotas de su paso por el Gobierno federal y lanza graves acusaciones contra sus excompañeros de gabinete, pero sin presentar evidencia alguna. Al hacer Scherer Ibarra tales señalamientos respecto de quienes formaban parte del gabinete en que él ejercía un cargo de muy alta relevancia, se exhibe por lo menos omiso y negligente dado el cargo que ejercía: como consejero jurídico de la Presidencia, que en la estructura gubernamental tiene alta jerarquía (a nivel de secretario de Estado) e implica también mayor nivel de responsabilidad, toma de decisiones estratégicas y funciones de coordinación y supervisión.
Los funcionarios tienen responsabilidad por acción, pero también por omisión, y Scherer Ibarra se exhibe por lo menos como omiso. Su obligación legal –más allá de lo moral o ético– era que en su momento hubiera denunciado lo que ahora dice que ocurría. No fue así, y ahora que lo dice en su libro tampoco presenta evidencia alguna que respalde su dicho, pese a que como abogado sabe que las pruebas son imprescindibles.
Así que sus acusaciones –sin que en el libro aporte pruebas– parecen más producto de su malquerencia tras haber salido del cargo, cuando se advertía el tsunami de escándalos en que se vería involucrado bajo señalamientos de supuesto tráfico de influencias por sus negocios jurídicos y también sus disputas con el Fiscal Gertz Manero, en uno y otro caso un duelo de egos de personajes que, al parecer hicieron del cargo veta de intereses personales.
En su libro Scherer Ibarra hace eco, además –sin aportar tampoco evidencia alguna– de los mismos señalamientos y acusaciones que miembros del PRI y el PAN han utilizado para pedir a Washington su intervención en México.
Aquel año 2021, desde la conferencia mañanera, Scherer Ibarra hizo pública su salida con un abrazo al Presidente a quien llamaba su amigo, pero por lo que ahora dice en su libro, que es un compendió de reproches y denostación, queda claro también que en realidad no salió en buenos términos.
Por estos días Scherer Ibarra está en gira de promoción del título editorial que llama Ni venganza ni perdón, y que firma en coautoría con Jorge Fernández Menéndez un periodista en la hechura de Carlos Salinas, privilegiado de aquel régimen, y quién desde los espacios de la televisora de Ricardo Salinas Pliego y otros medios validó la llamada “verdad histórica” que el gobierno de Peña dio al caso Ayotzinapa, y a quien se le abrían las puertas del campo militar para “exclusivas” con los militares implicados.
El periodista a quien Scherer Ibarra designó como escribano tiene en sus relaciones personales a un Felipe Calderón y Margarita Zavala que fueron testigos de su boda en tiempos en que Calderón despachaba en Los Pinos. Los Zavala emparentados a su vez con una hermana de Scherer.
Las relaciones de amistades y parentescos no se pueden desvincular del contenido y la intencionalidad de lo que en ese libro se dice y desde dónde se dice: la primer entrevista de promoción la tuvo Scherer Ibarra en el programa que co-conduce Fernández Menéndez en el corporativo mediático que mantiene una campaña contra el expresidente López Obrador y su proyecto de gobierno, a partir de que su dueño Salinas Pliego ha tenido que comenzar a pagar sus adeudos de impuestos.
Como decía el filósofo canadiense y estudioso de los medios de comunicación Marshall McLuhan, “el medio es el mensaje”.
La Consejería Jurídica de la Presidencia es una posición de alta relevancia, cuyo titular tiene entre sus funciones principales revisar, redactar y validar jurídicamente decretos e iniciativas de ley que se proponen desde la Presidencia. El proyecto de Nación con que llegó el Presidente López Obrador, implicaba una reorganización de gran calado en la administración pública, para revertir la desarticulación de las funciones del Estado producto de las políticas neoliberales de sus antecesores y para ir recuperando los derechos sociales, lo que requería revertir las privatizadoras reformas y modificaciones que se habían hecho a la Constitución en los gobiernos del PRI y el PAN desde los años ochenta.
Más allá de su intencionalidad, Scherer Ibarra se muestra ahora como un personaje que no estaba de acuerdo con muchas de las disposiciones que se tomaron en la administración de la que formaba parte, ni con el proyecto de gobierno que planteó una reorganización de la administración pública, lo que terminó por contrapuntearse con sus intereses personales.
En las conferencias mañaneras Scherer Ibarra se decía de acuerdo con las iniciativas, pero ahora sale a criticar varias de las disposiciones más relevantes que durante ese periodo se tomaron, lo que muestra también su incongruencia.
En su relato, Scherer Ibarra tropieza con su propia historia, porque lo que cuenta refleja también que su tránsito por la función pública no fue producto de su trabajo o aptitudes, sino el peso del apellido. Desde sus años en que joven fue contratado como secretario particular del priista Javier García Paniagua, cuando éste ocupaba cargos de Secretario de Estado y luego cuando fue dirigente del PRI.
Su relato es también sumario de el cómo su apellido le abría las puertas para sus relaciones con políticos y funcionarios de los diversos partidos, el apellido como derecho de picaporte, implícitas las influencias. Y del que se había valido también para librarse de cuestionables episodios en que se vio involucrado desde los años noventa acusado de malos manejos cuando fungía como directivo de Grupo Caze, que a su manera cuenta a su amigo Fernández Menéndez; la otra parte de esa historia puede verse en archivos y notas de periódicos publicadas en los años 2000 y 2001 que quedaron como registro histórico de ese escándalo.
Scherer Ibarra pasó por esa forma de gobierno priista donde el lujo, derroche y privilegio conllevaba el cargo, quizá por eso el modelo de administración de un gobierno que propuso la Austeridad Republicana que implicaba la reorganización del gasto público para eliminar el lujo y derroche de los funcionarios se contrapunteaba con su propio estilo de vida.
No le gustaba un proyecto de gobierno que buscara revertir el neoliberalismo porque era ese el sistema que le redituaba sus ganancias. Tampoco le gustaba el impedimento de las puertas giratorias porque ese ha sido su mecanismo.
El Jefe del Ejecutivo decía a los funcionarios que debían vivir en la justa medianía. Pero Scherer Ibarra no estaba habituado a ello, no era ese su estilo de vida.
En su primer declaración patrimonial, que presentó en diciembre de 2018 incluyó en su declaración como parte de su patrimonio diversos vehículos deportivos de lujo que en años anteriores había adquirido de contado. Que en años anteriores también había recibido como herencia obras de arte por ocho millones (en el año 2015); y comprado relojes por un millón 500 mil pesos de contado (en el año 2016).
Ese primer año sus ingresos mensuales por el cargo eran de 174 mil 336 pesos, y 400 mil por “otros” ingresos asociados a sus actividades privadas.
Para el año 2019 ya en su declaración patrimonial decidió no hacer públicos sus datos patrimoniales.
Para 2021 incluyó los mismos bienes, e ingresos anuales por su cargo público por un millón 585 mil 062 pesos y “otros ingresos” por nueve millones 386 mil 554 pesos.
Los señalamientos que a su salida de la Consejería se le harían fueron de supuesto tráfico de influencias vinculado con despachos jurídicos.
Entre acusaciones cruzadas que hoy se escuchan en diversos medios tras la aparición del libro, lo claro es que el servicio público requiere más de personas que reivindiquen la razón de ser del servicio público, que tengan vocación y cumplan con su trabajo a cabalidad y con legalidad. El servicio público requiere más trabajo por el interés colectivo, y menos nepobabys que vean en el cargo la manera de obtener sus beneficios y privilegio personal.
https://www.sinembargo.mx/4767287/el-despecho/
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