Junta por la Paz (de los sepulcros)

Utopía

Eduardo Ibarra Aguirre

Atenidos a lo que verbalmente dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la Conferencia del Pueblo (17-II-26), México solamente participará “en calidad de observador en la Junta por la Paz en Medio Oriente”, creada a propuesta (mejor dicho imposición imperial) de Donald John Trump; además explicó que se designó al embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, Héctor Vasconcelos, representante de nuestro país ante el máximo foro global que el muy exhibido pederasta –y presunto asesino de menores violadas– pretende sustituir con uno propio donde su autocrática voluntad y el gran capital sean los referentes esenciales, y él pueda retirase de la Casa Blanca sin terminar tras las rejas como convicto que es.

La científica mexicana en funciones de titular del Ejecutivo federal adujo las siguientes y plausibles razones: México reconoce formalmente a Palestina como un Estado, por lo que para que esta iniciativa esté acorde con esta postura, estos grupos de paz deberían incluir a los dos estados, Palestina e Israel “y no está planteado así en ese encuentro” por la paz en esa región.

Y lo detalló de esta manera: “Nos invitaron a que fuéramos como observadores; que, si no íbamos a participar, fuéramos como observadores”, y “en conjunto” con el canciller Juan Ramón de la Fuente se aceptó incorporarse en esa condición. Como si la anuencia de Juan Ramón de la Fuente aportará mayor legitimidad y pertinencia a la discutible participación mexicana en una “junta” en la que Washington impone su voluntad y hasta la composición con distinguidos colonizadores estadunidenses como el yerno de DJT y protector de los intereses inmobiliarios del jefe y suegro en Medio Oriente y los propios de Jared Corey Kushner e Ivanka Trump, su esposa; todo el clan familiar que se enriquece por la vía de la corrupción sin precedente en Estados Unidos, al decir de varios expertos.

Especialistas que son ajenos a las elites de los partidos Republicano y Demócrata donde abundan los corruptos porque el sistema político y electoral está diseñado para que la oligarquía financiera, el complejo militar industrial y los gigantescos corporativos de todo tipo pongan y dispongan sobre los dineros de las campañas partidistas para dominar al gobierno, pero la Ciudad de Nueva York demostró en forma espléndida que es posible derrotar a la plutocracia gringa y a los políticos a su servicio.

La Secretaría de Relaciones Exteriores lo explicó, por escrito, de mejor manera, pero como la presidenta con A sin meterse en berenjenales que para eso existe el leguaje de la diplomacia, es decir, de la hipocresía. Dice el escrito enviado a Washington que la razón central de no sumarse es que no se considera la participación de uno de los estados parte del conflicto: Palestina. “México refrendó su posición histórica respecto a la solución de dos estados, la cual requiere que ambas partes involucradas, tanto Israel como Palestina, participen en cualquier iniciativa para la solución del conflicto, de acuerdo con la igualdad soberana de los estados y los principios de política exterior”, enunciados en el artículo 89, fracción X, de la Constitución, en particular, la solución pacífica de controversias y la autodeterminación de los pueblos.

Muy bien, sólo añade que “en concordancia con la vocación pacifista y su compromiso con el diálogo multilateral”, nuestro país participará como Estado observador “para acompañar éste y todos los procesos que conduzcan a una paz duradera”.

¿Perdón, a cuál paz conducirá la reunión de Donaldo Juan, doctor Juan Ramón? A la de los sepulcros, los elitistas y lucrativos desarrollos inmobiliarios, la defensa casi ilimitada de los neofascistas de Israel y su el apuntalamiento con un genocidio e infanticidio que superan las 70 000 víctimas mortales y más de 500 desde que se instaló la susodicha junta que excluye a Palestina mientras los criminales de guerra de Tel Aviv despojan de tierras, casas, escuelas y hospitales para reducir a la población de Gaza y Cisjordania a su mínima expresión: https://www.jornada.com.mx/2026/02/19/cartones/1

Acuse de recibo

De Elba Pérez Villalba: “Hace unos días (14-II-26) lamentablemente falleció el periodista Jorge Meléndez Preciado, quien fuera militante de la Juventud Comunista de México y del Partido Comunista Mexicano. Siempre comprometido con las causas populares, de la izquierda, por los derechos de su gremio. QEPD. Va sentido pésame a su familia”… Y sus recomendaciones para leer: “Revista Relatos e historias en México No. 207: Dios no existe. La polémica que desató un mural de Diego Rivera, Ricardo Lugo Viñas; Crónica de un oscuro caso sin resolver. El crimen de la calle Abraham González. Asesinato del comunista Julio Antonio Mella, Ricardo Lugo Viñas; entre otros textos… Libro: Tuñón Pablos Esperanza, 2025, Mujeres que se organizan: La lucha de las mujeres en México, FCE-Educal, México… Para consultar Utopía, https://indicepolitico.com/category/eduardo-ibarra-aguirre/

http://www.forumenlinea.com/ X: @forumenlinea forum@forumenlínea.com

Los incentivos perversos de las Asociaciones Público-Privadas (APPs)

 

sinembargo.mx

Mario Campa

El difunto economista chileno-mexicano Emilio Ocampo Arenal solía advertir a sus alumnos que las Asociaciones Público-Privadas (APPs) eran “de cuidado”. Cuánta razón tenía. Cuando escuché esta advertencia que sugería conocimiento de la letra chica, este esquema ganaba vitrina en el sexenio de Felipe Calderón. Al poco tiempo, el Presidente enviaría una iniciativa de Ley para promover la proliferación de este esquema. Años después, la cloaca sería destapada y las corruptelas expuestas. Honrando la advertencia del viejo lobo de mar que tuve por maestro, la promesa de “eficiencia” de las APPs no sólo quedó incumplida, sino que mutó hasta destruir riqueza pública y privada.

En su mejor versión, las APPs pueden colmar vacíos de capital. Bajo una presunta “eficiencia operativa” que es más un salto de fe que hecho irrefutable, el sector privado promete facilitar la introducción de tecnología e innovación para mejorar los servicios públicos y liberar recursos estatales limitados. Otra de las ventajas presumidas es la entrega a tiempo y en presupuesto de los proyectos. Pueden también restar incertidumbre mediante horizontes multianuales. Asimismo, los apologetas defienden que el riesgo de diseño, construcción y operación se transfiere al sector privado. Es en este último punto donde descansan las más sucias manchas de estos contratos.

En su peor forma, las APPs ofrecen retornos libres de riesgos y desproporcionados para rentistas y traficantes de influencias. Como advierte el Banco Mundial, “…no hay riesgo ilimitado: las empresas privadas serán cautelosas al aceptar riesgos que escapen a su control... Si asumen estos riesgos, será reflejado en el precio del servicio. Las empresas privadas también querrán saber que las reglas del juego han de ser respetadas por el gobierno, como por ejemplo los aumentos en las tarifas”. En lenguaje llano, el diablo está en el diseño contractual. Para seducir al inversor en un inicio y, después, garantizar la operación de largo plazo del proyecto, el gobierno puede firmar con tinta indeleble la cobertura por imprevistos de faltantes de ingreso. Al mitigar o eliminar por completo el riesgo al privado, que puede perder todo incentivo a innovar y mejorar, algunas APPs privatizan las ganancias y socializan las pérdidas desde el arranque.

En el corazón del abuso está un efecto cobra. En la teoría económica, un incentivo perverso ocurre cuando un mecanismo diseñado para propiciar un resultado específico altera el comportamiento de los agentes racionales de tal manera que terminan produciendo un resultado contrario o indeseable, a menudo empeorando el problema original. El caso epónimo de rica enseñanza sucedió cuando el gobierno colonial británico en Delhi, India, intentó frenar la plaga de cobras venenosas mediante una recompensa monetaria por cada piel de cobra muerta que los ciudadanos entregaran. La gente, respondiendo a impulsos racionales (mas no morales) para maximizar ingresos, comenzó a criar cobras en los hogares para matarlas y cobrar recompensa. Ante el brote de serpientes, el gobierno canceló el programa y los criadores, en respuesta, soltaron las cobras sin valor a la calle. Al final del día, Delhi tenía más cobras que antes de iniciar la campaña de exterminio.

El caso más emblemático de incentivos perversos en México es el contrato del Cefereso Número 12 en Guanajuato, replicado en ocho penales federales adjudicados como APP entre 2010 y 2011. Originalmente en manos de ICA y después vendido a fondos de inversión, el contrato estipula que el gobierno federal debe pagar al operador privado una tarifa mensual basada en la capacidad máxima instalada de dos mil 520 internos, sin importar el número real de reclusos. Aunque el penal operó por momentos al 60-70 por ciento de ocupación, el contrato eliminó el incentivo de “eficiencia” al garantizar desembolsos por ocupación plena. Por el riesgo unidireccional bajo contrato, el gasto público devino en una renta fija (sin contraprestación) para el operador. Un incentivo perverso adicional es que, habiendo el gobierno pagado ya tarifa completa, el operador tiene la continua tentación de racionar comida: cada peso ahorrado engorda la utilidad neta, sin importar la salud y los derechos de los reclusos.

Otro bochorno es el del Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense. Adjudicada a OHL (hoy Aleática) por Enrique Peña Nieto, la obra se convirtió en vaca de ordeña del Grupo Atlacomulco. A diferencia de una concesión normal donde la empresa cobra peaje por 20 años y después se retira, una cláusula garantizaba rentabilidad del 10 por ciento anual real. En esencia, si OHL invertía 10 mil millones de pesos, el contrato prometía una recuperación de ese monto más un 10 por ciento de ganancia anual. Bajo esta modalidad, si en el Año 1 el tráfico defraudaba las proyecciones, como sucedió, y la empresa no ganaba lo suficiente para cubrir la ganancia garantizada (como también pasó), la deuda estatal con el contratista crecía por un monto equivalente a la diferencia. En la práctica, para colmar el faltante, la empresa subió peajes a placer y extendió los años de concesión a más de 60, apuntándose un negocio redondo.

La crítica a las APPs no tiene como destinatario la iniciativa privada per se, sino la codicia de quienes granjean mediante influencias y artimañas utilidades caídas del cielo. Es la corrupción, estúpido. Expoliar al Estado no es sinónimo de talento empresarial, sino de corruptelas y crímenes de cuello blanco. En el caso de muchos contratos leoninos del pasado, el Estado terminó pagando a sobreprecio un caldo con albóndigas de tofu, muy alejadas de la promesa de carne.

Un vuelco político después, el Plan de Inversión en Infraestructura para el Bienestar contempla esquemas de inversión mixta. Una primera diferencia frente a las APPs es el destino de los recursos, habida cuenta que el 70 por ciento financiará proyectos energéticos y trenes. Otra es que el gobierno define y retiene la propiedad accionaria mayoritaria. Una más es la estandarización de costos unitarios para minimizar sobreprecios ocultos.

Como diferenciador sustancial, en el viejo modelo el privado diseñaba, financiaba, construía y operaba, y el gobierno se limitaba a pagar una renta mensual garantizada durante 20 o 30 años de concesión. De facto, el hospital, la carretera o la cárcel eran privatizados. En cambio, en el nuevo modelo el Estado mantiene el control de la infraestructura crítica y el privado aporta capital y tecnología a cambio de una utilidad operativa. Al eliminar las garantías soberanas de rentabilidad, el inversionista privado toma riesgo de mercado, antes diluido en las APPs. En principio, bajo el nuevo esquema, los incentivos perversos quedan eliminados o al menos reducidos.

No todo es dulce miel. Las ácidas hojuelas podrían esconderse en falta de apetito competitivo de los proyectos, en dudas sobre su atractivo comercial o en las condiciones legales que pueda imponer quien aporta el financiamiento. En general, aunque el viraje frente a las APPs es real, el riesgo de ejecución es significativo. Pero si el Estado logra que, en vez de criar cobras en casa, los inversores vigilen a la vista de todos a las serpientes, que las cacen con sus armas y que pierdan dinero si prolifera la especie indeseada, entonces los incentivos perversos podrían ser domados. En ese sentido, el nuevo esquema de inversión mixta promete.

Van por Cabeza de Vaca y “Alito”; ¿y por Adán Augusto?

sinembargo.mx

Pedro Mellado Rodríguez

El cumplimiento estricto de los deberes no implica mérito relevante y por lo mismo, no obliga a algún reconocimiento especial. Cuando la gente elige a un presunto servidor público, lo hace porque supone que está capacitado para realizar la tarea que le será encomendada, que se conducirá con responsabilidad y honradez en el desempeño de sus funciones, al margen de corruptelas y fragilidades de carácter o de principios que pongan en entredicho su honorabilidad. A nadie se le obliga a competir por un cargo o aceptar alguna responsabilidad en el servicio público. Por eso es mayor el compromiso y muy justificada la exigencia de la gente.

De ahí se deriva la demanda de la sociedad de que quienes traicionan su confianza e incurren en corruptelas o delitos deben ser sancionados con energía. Y por eso la sociedad demanda con singular urgencia que las promesas del combate a la corrupción que los gobiernos de la Cuarta Transformación han predicado cotidianamente, se cumplan en los hechos.

La gente observa con mucho interés la petición de extradición formulada por el Gobierno de México al de Estados Unidos, para que el exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sea entregado a autoridades de nuestro país para que sea puesto a disposición de un Juez que decida su culpabilidad o inocencia, luego de ser sometido a proceso.

Pero la gente también espera que se siga el procedimiento obligado para quitarle el fuero, la inmunidad constitucional, al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido con el apodo de “Alito”, actual Senador de la República, que contamina y envenena con su presencia una de las dos cámaras que integran el Congreso de la Unión y que es reclamado por la Fiscalía General de la República y por la Fiscalía de Campeche, para que responda por los delitos de los que se le acusa.

Y como el buen juez por su casa empieza, sería deseable también que se abriera una carpeta de investigación formal, seria, profesional, para indagar la conducta del Senador de Morena, excoordinador de sus legisladores en la Cámara Alta, Adán Augusto López Hernández, por sus presuntas vinculaciones con el crimen organizado a través de su incondicional exsecretario de Seguridad Hernán Bermúdez Requena, a quien se atribuye la formación y operación del grupo delictivo conocido como La Barredora.

En septiembre del año pasado Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, fue detenido en Paraguay y se profundizaron las dudas sobre la probidad de Adán Augusto López Hernández.

García Cabeza de Vaca

El Gobierno de México ya tramitó la solicitud de detención provisional con fines de extradición contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador panista de Tamaulipas, pero, hasta el momento, no hay noticia de que la administración estadounidense haya iniciado el procedimiento, refiere una nota publicada por el periódico Reforma el pasado lunes 16 de febrero, firmada por el reportero Abel Barajas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó al Juzgado Séptimo de Distrito de Tamaulipas la presentación de la solicitud a la Embajada de Estados Unidos en México. Señala la nota del periódico Reforma que fuentes federales indicaron que la Fiscalía General de la República pidió gestionar la solicitud de extradición ante Estados Unidos con base en la orden de aprehensión emitida el 4 de octubre de 2022. Se trata del mandamiento de captura por delincuencia organizada y lavado de dinero, contra García Cabeza de Vaca.

Desde el 2021, cuando era Gobernador en funciones en el estado de Tamaulipas, la Fiscalía General de la República solicitó la Declaración de Procedencia de la Acción Penal, para quitarle el fuero, la inmunidad constitucional, al panista García Cabeza de Vaca, para ponerlo a disposición de una autoridad judicial, acusado por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

El desafuero de García Cabeza de Vaca no tuvo efectos porque el Congreso de Tamaulipas, dominado por mayoría del PAN, se negó a respaldar la resolución de la Cámara de Diputados federal para quitarle la inmunidad constitucional y que fuera aprehendido para quedar a disposición de un Juez. Entre amparos y amparos, y triquiñuelas jurídicas, García Cabeza de Vaca no ha pisado la cárcel y ha burlado el largo brazo de la justicia.

García Cabeza de Vaca dejó la gubernatura de Tamaulipas a partir del primer minuto del sábado 1 de octubre del 2022. Desde entonces ha utilizado toda clase de argucias jurídicas para evitar ser detenido y sometido a proceso. Tiene las nacionalidades estadounidense y mexicana, y radica en Estados Unidos. Por eso ya fue solicitada su extradición a México.

El protegido "Alito"

El jueves 31 de julio del 2025 se anunció que la Sección Instructora de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión analizaría por segunda ocasión, desde 2022, si existían bases para iniciar un procedimiento legislativo que podría derivar en la Declaración de Procedencia de la Acción Penal en contra del Senador y presidente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas y como consecuencia, la pérdida de la inmunidad constitucional que permitiría su detención y encarcelamiento.

La Fiscalía Anticorrupción de Campeche acusó a Moreno Cárdenas, en julio pasado, del presunto desvío de 83 millones de pesos. La primera ocasión en la que la Fiscalía de Campeche solicitó que le fuera retirada la inmunidad constitucional a “Alito” Moreno fue el 17 de agosto del 2022, cuando esa institución, que encabezaba entonces Renato Sales Heredia, promovió ese mismo trámite ante la Cámara de Diputados federal, apoyada en la presunción de que dirigente nacional del tricolor habría cometido los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero, durante su gestión como Gobernador en aquella entidad entre 2015 y 2019.

El asunto no prosperó y se quedó en la congeladora debido a que una Diputada del PRI, Yolanda de la Torre Valdez, muy cercana a “Alito” Moreno, presentó la iniciativa que permitió la reforma constitucional, respaldada por el tricolor, para mantener la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el 2028, en apoyo de tareas y combate al crimen organizado, asunto prioritario para Morena y el Gobierno de la Cuarta Transformación. La referida reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados y Senadores entre septiembre y octubre del 2022.

El amigo de Adán

Preso ahora en el penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez, Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser el jefe del cártel La Barredora de Tabasco, sirvió desde 1992 a los gobernadores Manuel Gurría Ordóñez, Roberto Madrazo Pintado y Manuel Andrade Díaz, todos priistas que lo tenían como uno de los suyos.

Pero finalmente Bermúdez Requena se encumbró cuando Adán Augusto llegó a la gubernatura de Tabasco en los comicios del 2018 y luego fue poderoso Secretario de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador, para asumir después la coordinador de los legisladores de Morena en el Senado de la República. La seguridad pública se pudrió en Tabasco y Adán Augusto López está obligado, por lo menos, a ofrecer una explicación pública, al margen de que pudieran imputársele otro tipo de responsabilidades o delitos.

Adán Augusto fue invitado a ser Secretario de Gobernación por su amigo Andrés Manuel López Obrador en agosto del 2021 y lo relevó en el cargo de Gobernador de Tabasco Carlos Manuel Merino Campos, quien mantuvo como Secretario de Seguridad a Bermúdez Requena.

De tal manera que mientras Adán Augusto fue Secretario de Gobernación, a partir de 26 de agosto de 2021, y luego frustrado candidato presidencial, Bermúdez Requena permaneció como encargado de la seguridad de Tabasco, hasta que su presencia se convirtió en un problema para la administración estatal, pues el 22 de diciembre de 2023 fue atacada su residencia en el Fraccionamiento Campestre, de Villahermosa, por un grupo armado que pretendía matarlo, integrado por gente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego que se rompió la alianza entre ese grupo criminal y La Barredora. Dos semanas después, en los primeros días del 2024, Bermúdez Requena renunció a su cargo.

Los tres casos son emblemáticos de que la corrupción en México no distingue colores ni partidos. La Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien todavía le restan cinco años en el poder, está obligada a actuar con energía y honradez en contra de políticos marrulleros que han defraudado la confianza del pueblo. Sólo así podría preservarse y legitimarse la permanencia de la Cuarta Transformación en el máximo poder de la República. Porque tanto en la política, como en el amor, los desengaños son muy dolorosos y en ocasiones, fatales.

https://www.sinembargo.mx/4767694/van-por-garcia-cabeza-de-vaca-y-alito-y-por-adan-augusto/

´Therian'

 Fabrizio Mejía Madrid

Éstos son una comunidad virtual que se identifican con rasgos animales ( ther es “bestia” en griego y an de “antropoide”), que tienen rituales de validación para elaborar sus disfraces y hacen de su experiencia una muy íntima ensoñación que recuerda a los nahuales, el chamanismo o a las mitologías griega y china. Foto Germán Canseco

Fabrizio Mejía Madrid

En días pasados, un abogado llamado Mauricio Castillo presentó una iniciativa ciudadana en el Congreso de Nuevo León contra la discriminación hacia los therians en las escuelas. Éstos son una comunidad virtual que se identifican con rasgos animales ( ther es “bestia” en griego y an de “antropoide”), que tienen rituales de validación para elaborar sus disfraces y hacen de su experiencia una muy íntima ensoñación que recuerda a los nahuales, el chamanismo o a las mitologías griega y china.

El abogado detrás de esta propuesta es el mismo que defendió la reforma para incluir candidatos independientes en su estado, con la cual Jaime Rodríguez, El Bronco, llegó a la gubernatura. También ha propuesto que se baje la edad penal para sentenciar a menores como adultos. Ahora presentó esta “iniciativa ciudadana” con un veterinario de 28 años de edad, Luis, que portaba una cabeza de caballo hecha de cartón.

El hecho de que no existe ninguna demanda real debajo y de que, en todo caso, el tema de discusión legislativa debería ser sobre los protocolos antibullying en las escuelas de Nuevo León, el propósito es ridiculizar la cultura identitaria, como sería el caso de los transgénero, sugiriendo que la identidad de género y de especie son igualmente absurdas. Que si se puede ser hombre o mujer “a capricho”, también hay que proteger a quien se reivindica como fuera de la especie. Que las leyes que protegen contra la discriminación serán infinitas. Que hay que regresar a los “límites biológicos” de nuestras identidades. De inmediato, la ultraderecha formuló esa similitud y un fantasma convocó a una convivencia de teriotipos en la UNAM, como en los peores momentos de la convocatoria –que luego asumió el PRI– de la Marcha Gen Z y que, como recordarán, terminó en un intento de golpe de Estado desde Tv Azteca.

La idea es tomar a ese culto de audiencia que son los therians y los “aparte-de-humano” –que incluye gente que se piensa en la intimidad como ángel, dragón, unicornio, elfo, vampiro– como caricatura del género, como autopercepción que ha dado lugar a reformas que posibilitan cambiarse el nombre, el sexo y la imagen en los registros oficiales. El ataque contra estas leyes fue llevado al extremo en la pobre Argentina de Milei –el que dice ser león–, usando de la misma manera el tema de los teriántropos para generar pánico social. Ciertos medios argentinos que están abiertamente en contra de los derechos, y no solamente los de género, empezaron a difundir noticias falsas de transeúntes mordidos por therians y previniendo a la opinión pública del riesgo en el que estaban los niños y niñas por “la confusión” que generaban.

Esta estrategia de criminalización de la diferencia no es nueva para la ultraderecha. En Estados Unidos, Marjorie Taylor Greene, la llamada “candidata de QAnon” y luego, y hasta la crisis por los archivos Epstein, diputada trumpista por Georgia, aseguró en más de una ocasión que “la identidad de género es una fantasía animal”. El representante por Nebraska, Bruce Bostelman, inventó que, por culpa de la identidad autopercibida, se estaban instalando cajas con arena en los baños de las escuelas porque algunos infantes se sentían gatos, en burlona referencia a los baños unisex.

La forma de utilizar lo no-humano contra el género autopercibido es la misma que utilizó el propio Donald Trump contra la inmigración sin papeles. Se recuerda todavía que en el debate del 10 de septiembre de 2024 con Kamala Harris, Trump aseguró que los inmigrantes haitianos se estaban comiendo a las mascotas en Ohio: “En Springfield se están comiendo a los perros, se están comiendo a los gatos, se están comiendo a las mascotas de los vecinos”. El que ahora es vicepresidente de Trump, JD Vance, dijo después que era necesario “inventar estas historias para que la gente pusiera atención en ciertos temas”. Esa vez fue la inmigración. Después, los derechos de las minorías. Ahora, en Nuevo León son los trans.

El diputado del PAN en la Ciudad de México Raúl Torres Guerrero, que fue junto con Alazraki, Cabeza de Vaca, Jorge Fernández Meléndez y Beatriz Pagés al encuentro de la Conferencia de Acción Política Conservadora, aseguró inmediatamente después de la presentación de la llamada ley therian en la oficialía de partes del Congreso local: “Lo que hoy vemos con el fenómeno de los therians no es casualidad. Es el resultado de años de políticas públicas de izquierda que han confundido libertad con relativismo y han inyectado ideología en lugar de valores, ciencia y responsabilidad de nuestros jóvenes”. Hay que decir que Torres Guerrero aseguró muy “científica y responsablemente” en la conferencia de la ultraderecha en Washington, el pasado 5 de febrero, que “86 por ciento del territorio mexicano estaba controlado por los cárteles” y que el T-MEC debía “disolverse” porque el gobierno de Claudia Sheinbaum “tenía vínculos con el crimen organizado”. Ahora utiliza la terantopía como arma para dañar, mediante el pánico social, las conquistas identitarias de los géneros. Pero me detengo ahora en Nuevo León. En esa misma conferencia de la ultraderecha también estuvo el que quiere fundar un partido de Trump en México, Juan Iván Peña Nader, que dijo, sin nombrar encuesta alguna, que 74 por ciento de los neoleoneses y del Bajío pedían una invasión militar de Estados Unidos. Sembrar pánico social puede ser una estrategia indirecta para saber cuántos pueden decidirse por la ultraderecha.

En 1993, un sitio de Internet sobre la licantropía se convirtió en uno sobre identidades no-humanas. No era de gays ni de trans ni de lesbianas. Eran personas que a veces sentían que cambiaban de alma. Es ruin usarlos para evitar hablar con claridad de que, en realidad, estás en contra de los derechos de los demás.

La Copa de la Diabeti-Cola

sinembargo.mx

Alejandro Calvillo

Llega la Copa Mundial de Coca-Cola a México, el país con el mayor consumo de este producto y con los mayores daños en salud provocados por su alto consumo. De acuerdo con el estudio publicado en febrero de 2025 en la revista científica Nature Medicine, el consumo de este tipo de bebidas en México provoca cada año 169 mil 425 nuevos casos de diabetes y 60 mil 850 nuevos casos de enfermedades cardiovasculares. Es decir, 230 mil nuevos casos de diabetes y enfermedades cardiovasculares son provocados por el consumo de bebidas azucaradas cada año. Sin duda, se trata del producto que más daño hace a la salud de los mexicanos y es el principal patrocinador del evento deportivo más visto a escala nacional e internacional.

La Ciudad de México y el país comienzan a invadirse ya de la primera etapa publicitaria de Coca-Cola con la Copa Mundial. Ya en esta primera campaña, que formará parte de una larga secuencia de diversas campañas publicitarias de Coca-Cola con el Mundial, Coca-Cola no tiene remilgos en violar la ley, violaciones que comentaremos próximamente, una vez que hayamos presentado las denuncias ante las autoridades correspondientes.

En el país más "Coca-Colonizado" del planeta, la estatuilla de la Copa Mundial comenzará a recorrer el territorio con la marca de Coca-Cola al frente, detrás, arriba y abajo para generar y reforzar la idea de que fútbol es Coca-Cola. Si los análisis realizados por psicólogos y comunicadores demostraban el grado de penetración en la psique de niñas, niños y adolescentes de asociar este producto con la Navidad y sus significados, ¿cuál es el impacto para esta población y para la población en general de asociar este producto con la Copa Mundial de Fútbol? Si el niño ve a Santa Claus bebiendo Coca-Cola, por un lado, y por el otro, el balón de fútbol y la Copa apareciendo permanentemente asociados al logo de Coca-Cola, entonces: Santa Claus = Coca-Cola y Fútbol = Coca-Cola.

En este mundo distópico, la construcción de estos ambientes tóxicos se apoya en la corrupción, en el poder de las grandes corporaciones. En el caso de la FIFA, la corrupción es parte de esa institución. Basta ver el último acto del propio presidente de este organismo, Gianni Infantino, que durante el Sorteo de la Copa Mundial 2026 en diciembre pasado otorgó al Presidente Donald Trump el "nuevo premio de la paz de la FIFA". El establecimiento de este "nuevo premio" y su entrega a Trump no fue consultado ni con el Consejo de la FIFA ni con sus vicepresidentes. Infantino ya había violado, en varias ocasiones, el código de la FIFA que establece la "imparcialidad política" del organismo, al pronunciarse a favor de Trump para que le fuera otorgado el Premio Nobel de la Paz y en otras ocasiones a favor del Presidente de los Estados Unidos.

Funcionarios de la FIFA han acabado en la cárcel y sus escándalos de corrupción han sido revelados por investigaciones oficiales realizadas por diversos países. En esta corrupción están desde los acuerdos con las grandes corporaciones para los patrocinios hasta las concesiones para las transmisiones, donde se han expuesto a las propias federaciones nacionales y regionales de fútbol, en bailes de cientos de millones de dólares circulando de un lado a otro.

Lo que queda en último lugar aquí es la ética, el interés público, la salud. La crítica pública a vincular los eventos deportivos al consumo de productos que dañan la salud, como la comida chatarra, las bebidas azucaradas y el alcohol, lleva años. En su momento se logró sacar el patrocinio de McDonald’s de las olimpiadas, que se venía dando durante varios años. El patrocinio de McDonald’s a los Juegos Olímpicos se realizó por 41 años, iniciando en Montreal en 1976 hasta terminar en 2017, adelantando el término de su contrato que llegaba hasta 2020.

El Comité Olímpico Internacional (COI) enfrentó críticas por asociar el deporte y la salud con la marca de comida rápida. El retiro de McDonald’s se presentó como un acuerdo mutuo, también como una decisión de la corporación; sin embargo, funcionarios del COI comentaron que estaban recibiendo mucha presión para terminar con ese patrocinio. Sabemos que la FIFA, por sus graves problemas de corrupción, se resiste a terminar con el patrocinio de Coca-Cola.

Coca-Cola inició el patrocinio de la Copa Mundial en 1978, en Argentina, y su contrato expira en 2030. La penetración de Coca-Cola en la Copa Mundial inició con su presencia en los estadios y la publicidad en cada país; después, en 1978, ya de manera formal en el evento, y llegando en 2006 hasta organizar la Gira del Torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2006. Esta penetración lleva a que algunas autoridades de diversos gobiernos participen en actos de promoción de la Copa, que son, por lo tanto, actos de promoción de Coca-Cola.

En el caso de México, el acuerdo que se firmó con la FIFA para realizar la Copa en el país, es una herencia de la administración de Enrique Peña Nieto, un gobierno muy cercano a esa empresa y en el que funcionarios de esa administración, que incluso estaban en el sector salud, laboran para la empresa o en posiciones en las que la refresquera tiene fuertes vínculos e intereses. Esta situación ha llevado al Gobierno de Claudia Sheinbaum a la necesidad de coordinar las actividades con la FIFA y Coca-Cola, al mismo tiempo que fortalece políticas para reducir el consumo de este producto, aumentando el impuesto y regulando su presencia en las escuelas.

La nombrada representante del gobierno mexicano para la organización de la Copa Mundial es Gabriela Cuevas que incluso se ha puesto un gorro con el logo de Coca-Cola en los eventos de promoción, eventos que también son actos publicitarios de la empresa. El gobierno mexicano, que enfrenta esta epidemia de diabetes y enfermedades cardiovasculares, teniendo como una de sus causas principales, el consumo de bebidas azucaradas, tiene un reto muy difícil al haber heredado este evento que es la mayor plataforma publicitaria de estos productos. 

Por lo pronto, el gobierno no debe permitir que en sus campañas publicitarias violen la ley y, por nuestro lado, debemos lograr que ningún producto de este tipo o de otro que dañe la salud y no contribuya al bienestar de la población, participe en el patrocinio de eventos deportivos para maquillarse y normalizar su consumo.

https://www.sinembargo.mx/4768334/la-copa-de-la-diabeti-cola/

prensa 📰 hoy en México 🇲🇽 domingo 22 de febrero de 2026

🗞  LA JORNADA 

Trump se aferran: sube los aranceles de 10 a 15%

Donald Trump anunció ayer que aumentará los aranceles globales de Estados Unidos de 10 por ciento, anunciado por él mismo un día antes, a 15 por ciento con efecto inmediato, en respuesta al importante revés que la Corte Suprema le propinó el viernes a su agresiva política comercial.

“Yo, como presidente de Estados Unidos de América, voy a aumentar, con efecto inmediato, el arancel mundial de 10 por ciento a los países, muchos de los cuales han estado ‘estafando’ a Estados Unidos durante décadas, sin represalias (¡hasta que yo llegué!), hasta el nivel totalmente permitido y legalmente probado de 15 por ciento”, escribió en la red Truth Social.

Este aumento se basa, sostuvo, en una “revisión exhaustiva” del fallo del máximo tribunal estadunidense. Denunció una vez más que esa decisión jurídica de “ridícula” y “antiestadunidense”.

El viernes anunció desde el Despacho Oval la firma de una orden ejecutiva mediante la cual imponía un nuevo arancel general de 10 por ciento. Los nuevos gravámenes se basan en una ley independiente, conocida como Sección 122, que permite cobrar tributo de hasta 15 por ciento, pero requiere la aprobación del Congreso para prorrogarlos después de 150 días.

Trump escribió ayer en redes sociales que utilizaría ese periodo (150 días) para trabajar en la emisión de otros aranceles “legalmente permisibles”. La administración tiene la intención de basarse en otras dos leyes que permiten gravar las importaciones de ciertos productos o mercancías de países específicos, basándose en investigaciones sobre seguridad nacional o prácticas comerciales desleales.

El nuevo arancel estaba previsto para entrar en vigor el 24 de febrero, con exenciones sectoriales, en particular para la industria farmacéutica y para los bienes que ingresan a Estados Unidos en virtud del acuerdo con México y Canadá, informó la Casa Blanca en un comunicado el viernes por la noche.

La nueva tasa de 15 por ciento se aplica a los países o bloques que han firmado acuerdos comerciales de tributos recíprocos, como la Unión Europea (UE), Japón, Corea del Sur y Taiwán, que, por ejemplo, acordaron un arancel tope de 15 por ciento.

Los principales socios comerciales de Estados Unidos recibieron la decisión del Tribunal Supremo con interés, pero con cautela. El presidente francés, Emmanuel Macron, celebró el fallo y afirmó que era “bueno tener controles y contrapesos en las democracias.

“Queremos seguir exportando (...) y hacerlo bajo las normas más justas posibles (...) y no estar sujetos a decisiones unilaterales”, declaró Macron el sábado, añadiendo que es necesario un enfoque sereno.

Según el fallo judicial, emitido por una mayoría de seis de los nueve ministros, Trump no puede justificar estos aranceles alegando una emergencia económica. Esta opinión contundente es aún más notable dado que la Corte Suprema está compuesta principalmente por jueces conservadores y se ha alineado repetidamente con el Partido Republicano.

🗞  CONTRAPORTADA 

Urge regular acceso de adolescentes a redes sociales y dispositivos 

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) reportó un registro de usuarios de Internet de 12 a 17 años que experimentaron algún tipo de acoso en el país, con 2 millones 963 mil 905 casos en 2024 –último dato disponible–, en tanto que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) refiere que, en ese año, 91 por ciento de la población en ese rango de edad tuvo acceso a la red, 71 por ciento consume contenidos audiovisuales, su participación en redes sociales alcanzó 74 por ciento y 75 por ciento accede por medio de un teléfono celular.

Estos datos y la alerta que generó el reporte 2024-2025 del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, al señalar un incremento de material de abuso sexual infantil donde los principales medios de contacto con los menores son redes sociales y aplicaciones de juegos, motivaron la iniciativa de reforma a la Constitución Política local para que el sistema educativo de la entidad regule el uso de los dispositivos electrónicos y el acceso para menores de 15 años en el espacio escolar, señaló el diputado de Morena en el Congreso capitalino Israel Moreno Rivera.

Dan información sensible

En entrevista, el legislador mencionó el caso de una madre que al revisar el teléfono de su hijo descubrió mensajes con otra persona a la que conoció por una aplicación de juegos a quien el menor reveló datos sensibles, como su dirección, las personas con las que vive, sus horarios laborales y los vehículos que tienen en casa.

Dijo que si bien las redes sociales se presentan como lugares propicios para la socialización y el aprendizaje, la falta de habilidades de los menores para percibir amenazas y consecuencias que puede generar el uso inadecuado de esas aplicaciones y plataformas digitales los expone a riesgos para su desarrollo, salud mental y seguridad personal.

El proyecto de reforma constitucional extiende dicha regulación a espacios educativos, públicos y administrativos como una responsabilidad de las autoridades capitalinas en el ámbito de sus competencias. A la Ley de Educación para restringir el uso de las redes sociales en escuelas públicas y privadas a menores de 15 años y a la Ley de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes para disponer “uso condicionado con autorización parental (de redes sociales) en espacios públicos digitales, y tener una orientación y supervisión Institucional”.

Moreno Rivera explicó que más que prohibir, el propósito de la reforma es promover acciones de carácter educativo, preventivo y de protección de derechos de los menores al garantizar un entorno digital seguro.

🗞  EL UNIVERSAL 

Ponchallantas cunden en caminos del país...y la web

El aseguramiento de ponchallantas, pinchos hechizos que son utilizados por grupos criminales para dañar neumáticos y obstaculizar la persecución de las autoridades o cometer ilícitos, no sólo va en aumento en México, sino que también se pueden conseguir en internet con precios que oscilan entre 229 a más de 42 mil pesos.

En internet algunas se ofertan en cinco piezas de abrojo de acero de 2.5 centímetros que se componen por cuatro puntas de metal afiladas cada una con un costo de 229 pesos, mientras que los picos ponchallantas de uso rudo se venden desde 11 mil pesos.

Aunque el uso de estos instrumentos es cada vez más común para cometer delitos en el país, son pocos los estados cuyos congresos están tomando medidas para tipificar su uso como arma prohibida e imponer sanciones.

🗞  EL SOL DE MÉXICO 

Lilia Rubio: la intérprete que traduce silencios y olvida secretos

Lilia Rubio ha pasado 50 años apoyando a presidentes mexicanos, artistas y personalidades como intérprete del inglés al español; ha sido testigo silencioso de encuentros políticos a puerta cerrada, donde los secretos que surgen  no se guardan, se olvidan

Gerardo Jiménez

“Y si tú me preguntas qué se dijo, mira…”, explica haciendo un gesto de silencio.

“Sabes tú que estas personas están tratando temas muy candentes, muy delicados, que casi siempre impactan a todo un país y tu trabajo es ese”, abunda.

Sentada en su apartamento de la colonia Condesa, habilitado como un gran estudio con obras de arte y muebles coloniales que asemejan un museo, ofrece detalles de este oficio en el que lleva más de cinco décadas.

Un intérprete asume una gran responsabilidad porque su voz se escucha en círculos de primer orden: políticos, científicos o de expertos en la materia. 

Las sorpresas son otro factor al que debe estar atento un intérprete. En su caso toma nota de los datos relevantes para tenerlos de contexto en las reuniones a las que asiste.

“Prefiero caminar que usar Uber” 

Lilia Rubio considera que caminar es un medio de transporte infalible y para trayectos más largos, el Metro puede ser una opción rápida, siempre que no se utilice en horario pico.

“Solo un intérprete llegaría tan puntual, en un mundo donde la gente a veces piensa que es un gran lujo llegar tarde. Y no, no nos podemos ir hasta que ya nos digan que nos vayamos”, afirma, mientras acompaña cada palabra con gestos precisos.

🗞  EXCÉLSIOR 

Trump sube nuevo arancel; pasa a 15%

Donald Trump anunció este sábado que aumentará los aranceles globales de Estados Unidos del 10% al 15% con efecto inmediato, en respuesta al importante revés que la Corte Suprema le propinó el día anterior a su agresiva política comercial.

"Como presidente de los Estados Unidos de América, aumentaré, con efecto inmediato, los aranceles globales del 10% anunciados el día anterior, hasta el nivel totalmente autorizado del 15%", escribió en su red Social Truth.

Este aumento se basa en una "revisión exhaustiva" del fallo del máximo tribunal estadounidense, declaró, denunciando una vez más esa decisión como "ridícula" y "extraordinariamente antiestadounidense".

El viernes, había anunciado desde el Despacho Oval la firma de una orden ejecutiva que imponía un nuevo arancel global del 10%.

El nuevo arancel estaba previsto para entrar en vigor el 24 de febrero por un período de 150 días, con exenciones sectoriales, en particular para la industria farmacéutica y para los bienes que ingresan a Estados Unidos en virtud del acuerdo con México y Canadá, según declaró la Casa Blanca en un comunicado de prensa.

Esta nueva tasa se aplica a los países o bloques que han firmado acuerdos comerciales con Washington, como la Unión Europea (UE), Japón, Corea del Sur y Taiwán, que, por ejemplo, acordaron un arancel máximo del 15 %.

 Controles y contrapesos

El viernes, los principales socios comerciales de Estados Unidos recibieron la decisión del Tribunal Supremo con interés, pero con cautela.

El presidente francés, Emmanuel Macron, celebró el fallo y afirmó que era "bueno" tener "controles y contrapesos en las democracias".

Queremos seguir exportando (...) y hacerlo bajo las normas más justas posibles (...) y no estar sujetos a decisiones unilaterales", declaró Macron el sábado, añadiendo que es necesario un enfoque sereno.

Según el fallo judicial, emitido por una mayoría de seis de los nueve jueces, Trump no puede justificar estos aranceles alegando una emergencia económica.

Esta opinión contundente es aún más notable dado que la Corte Suprema está compuesta principalmente por jueces conservadores y se ha alineado repetidamente con el Partido Republicano.

🗞  EL HERALDO

T-MEC libra a México de nuevo arancel

Entre los productos que se libran están los minerales, metales y algunos agrícolas

Bienes y productos de origen mexicano libran el nuevo “arancel mundial”, inicialmente de 10 por ciento y que aumentó a 15 por ciento, anunciado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras la anulación que hizo la Corte Suprema de ese país a gravámenes impuestos previamente a diversos países.

Se trata de productos incluidos en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá que no se verán afectados por la sanción.

En el párrafo 14 de la Proclamación firmada por Trump en el párrafo 14 se establece que “el impuesto” no se aplicará debido a que afectaría las necesidades de la economía de EU

    “(l) artículos que ingresan libres de aranceles como una mercancía de Canadá o México según los términos de la nota general 11 del Sistema Armonizado de Aranceles de los Estados Unidos (HTSUS), incluido cualquier tratamiento establecido en el subcapítulo XXIII del capítulo 98 y el subcapítulo XXII del capítulo 99 del HTSUS, en relación con el Acuerdo entre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá”, se expone.

Se incluyen minerales críticos, metales usados en monedas y lingotes, energía y productos energéticos; recursos naturales y fertilizantes que no puedan ser cultivados, extraídos o producidos de otro modo en Estados Unidos; ciertos productos agrícolas, incluyendo carne de vacuno, tomates y naranjas; productos e ingredientes farmacéuticos.

Además, algunos componentes electrónicos; vehículos de pasajeros, camiones ligeros, ciertos vehículos medianos y pesados, autobuses y partes de vehículos; productos aeroespaciales; y materiales informativos (como libros), donaciones y equipaje acompañado.

La Ley de Comercio de 1974 (19 USC 2132) (sección 122), faculta al presidente Donald Trump a tomar medidas a través de aranceles y otras restricciones especiales a las importaciones para abordar los problemas fundamentales de los pagos internacionales.

🗞  PIE DE PÁGINA 

Marabunta café: resistir frente al asedio inmobiliario 

Ubicado en el corazón de Coyoacán, Marabunta Café enfrenta un proceso de desalojo irregular bajo el argumento de fallas estructurales no comprobadas. Detrás de esta acción, vecinos y locatarios denuncian la presión del mercado inmobiliario y la sombra de una funeraria que busca expandirse en la zona

Al sur de la ciudad, Marabunta Café ha sido un espacio comunitario de diálogo y reflexión que, durante más de una década, ha funcionado como cafetería y librería de editoriales independientes.

Este refugio cultural hoy enfrenta un asedio que emana irregularidad y despojo; bajo el pretexto de daños estructurales no comprobados y discrepancias administrativas, la gentrificación de la zona intenta asfixiar a un espacio que se resiste a ser solo una cifra en el mercado inmobiliario.

«Hace once años apostamos por un café y librería de editoriales independientes que fuera un espacio para estar, escribir o amamantar. Queríamos abrir la discusión social y política fuera de la burocracia académica, de manera horizontal y gratuita. Tras once años, creo que hemos logrado construir esa comunidad y ese arraigo vecinal», relata Juan Carlos Narváez, fundador de Marabunta.

Juan Carlos posa frente a las paredes exteriores de Marabunta, ante un collage fotográfico realizado colectivamente con la comunidad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) que visibiliza los rostros de los nuevos vecinos migrantes en la capital.

La estrategia del despojo: de daños estructurales a sellos de clausura

El conflicto estalló en diciembre de 2024, cuando una supuesta nueva dueña exigió el desalojo del local en apenas quince días. El argumento: un daño estructural que ningún Director Responsable de Obra (DRO) ha certificado oficialmente. Al contrario, peritajes independientes de los propios locatarios confirmaron que el edificio no tiene daño alguno.

Juan Carlos relata la aparición de seguridad privada en el predio vinculada a la Funeraria García López, empresa que, según rumores vecinales y anuncios en portales inmobiliarios, pretende devorar la cuadra entera sobre Avenida Miguel Ángel de Quevedo, en Coyoacán:

«Después de eso venían al local personas que no conocemos, diciéndoles a los baristas: “¿Tú trabajas aquí? Pues vete despidiendo de tu trabajo y de tu local”. Otras pasaban y decían: “Es que ya vendieron el edificio a la funeraria”».

Instituciones públicas al servicio del mercado inmobiliario

La intimidación contra la librería independiente escaló mediante el uso arbitrario del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA). El acoso comenzó con visitas irregulares de personal sin oficios ni autoridad formal: «Llegó gente caminando a pedirnos documentación, pero sin ningún oficio. Nos dijeron que en unos días vendrían los verificadores reales», relata su fundador. El viernes 6 de febrero, el operativo alcanzó a los locales vecinos, suspendiendo un negocio de tamales, mientras que a Marabunta se le entregó un acta de verificación con un plazo legal de diez días para presentar su documentación en regla.

🗞  LA CRÓNICA 

Sheinbaum va por construcción de 1.8 millones de casas en el país 

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de Vivienda para el Bienestar en Monclova, Coahuila, durante su discurso aseguró que dicho programa es “el más ambicioso en la historia de México”.

“No hay nada que de más alegría a un gobernarte que la felicidad del pueblo”, aseguró.

Detalló que el el programa Vivienda para el Bienestar, que tiene la meta de construir 1.8 millones de viviendas en todo México.

En lo que va de 2026, la Jefa del Ejecutivo Federal ha entregado 738 viviendas en 10 estados: 48 en Michoacán, 200 en Veracruz, 44 en Tamaulipas, 64 en Yucatán, 96 en Chiapas, 80 en Quintana Roo, 48 en Sonora, 53 en Nuevo León, 45 en Zacatecas y las 60 de este sábado en Coahuila.

Sheinbaum destacó que como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar se realizaron cambios a la Ley del Infonavit para eliminar o reducir créditos impagables de personas que cubrieron hasta tres veces el valor de su vivienda y seguían debiendo.

Celebró que gracias a ello, suman más de 5 millones de familias beneficiadas del Infonavit y 400 mil más del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Fovissste).

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, aseguró que el trabajo en equipo siempre da mejores resultados y el tema de vivienda en la entidad es prueba de ello.

“Aquí hubo trabajo en equipo entre las autoridades federales y las del estado; hoy decenas de familias van a tener acceso a esta vivienda.

“Coahuila es uno de los mejores estados del este país... ahi están los indicadores. Todo lo que hacemos es para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, aseguró.

Justicia para los trabajadores de AHMSA

Manolo Jiménez aprovechó para informar que con la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) hubo muchas afectaciones, por lo que pidió apoyo a la presidenta para que se reactive la empresa.

La presidenta informó que ya se hizo una subasta de la empresa y solicitó dos condiciones a la jueza y al síndico encargados del concurso mercantil de la empresa: liquidar a las y los trabajadores conforme a la ley y también se pidió la reactivación de AHMSA.

“Está por definirse y vamos a estar muy de cerca porque tiene que haber justicia en este caso”, comentó la presidenta. 

🗞  REFORMA 

Apuestan en Morena a ir solos en reforma 

Entre los legisladores de Morena ya se instaló la idea de que la reforma electoral que enviará la Presidenta Claudia Sheinbaum tendrá que defenderse incluso sin el respaldo del PT y el PVEM, y con la posibilidad de que los votos no alcancen para ser aprobada.

Para el oficialismo, la instrucción es clara: mantener el proyecto presidencial intacto, tal como lo presente la Mandataria el próximo martes, abrir el debate y medir fuerzas con los aliados.

"Estamos obligados a convencer a los aliados y a otros. Pero es la reforma que debe de salir", sostiene Higinio Martínez, senador morenista por el Edomex.

Reconoció que hay diferencias con PT y Verde en el recorte al financiamiento y la reducción de plurinominales, pero dijo que la tarea será convencerlos.

"No es para afectar a uno u otro partido; es para que sea una democracia menos cara", argumentó.

La apuesta, reconocen legisladores del oficialismo, es sostener el proyecto "con o sin aliados", aun cuando no se alcancen las dos terceras partes necesarias para una reforma constitucional.

Agregó que la Presidenta no puede dar marcha atrás en una reforma que forma parte de su concepción política.

"Yo diría que es preferible -aunque no creo que sea el caso-, que se pierda, que no prospere, pero no puedes dar marcha atrás", sostuvo.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció que no existe certeza de que el PT y el Verde acompañen la iniciativa.

Recordó que, al tratarse de una reforma constitucional, se requiere el voto de dos terceras partes de los legisladores presentes y posteriormente la aprobación de al menos 16 congresos estatales.

🗞  UNOMASUNO 

En 2025 reportaron 391 mil operaciones por lavado de dinero 

Basado en reportes informativos de febrero de 2026, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México recibió alrededor de 391 mil reportes de operaciones inusuales durante el año 2025. 

    Detalles del reporte: Esta cifra representa uno de los niveles más altos registrados desde 2019 en materia de prevención de lavado de dinero.

    Contexto: Los reportes fueron enviados por instituciones financieras y reportados en el marco de una creciente atención a operaciones con recursos de procedencia ilícita.

    Acciones 2025: Durante ese año, se reportaron intensas acciones de la UIF, incluyendo el bloqueo de cuentas y la identificación de actividades inusuales vinculadas a grupos delictivos. 

Cuando el discurso oficial chocó con las feministas

proceso.com.mx

Perla Pedroza*

No todos los días la Cámara de Diputados deja de ser un espacio de formalidades para convertirse en escenario de confrontación política real. El 16 de febrero, el Encuentro Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas —convocado por la diputada Xóchitl Arzola Vargas e inaugurado por la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán— transcurría como una jornada de reconocimiento y escucha: la violencia contra las mujeres sigue siendo una crisis estructural que no admite simulaciones.

La presencia de la doctora Reem Alsalem, relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, marcó el tono del encuentro. Su intervención fue recibida con atención y respeto. No llegó con diplomacia vacía, sino con cifras y una lectura global que dialoga con la realidad mexicana. Recordó que en 2024, alrededor de 80 mil mujeres fueron asesinadas en el mundo, que la impunidad es la barrera estructural para erradicar la violencia y que los Estados tienen obligaciones claras de debida diligencia: prevenir, investigar, sancionar y reparar.

Alsalem no se limitó al diagnóstico tradicional. Desde una postura feminista abolicionista abordó temas que suelen tocar intereses: definió la prostitución como sistema de explotación, vinculó la pornografía con la normalización de la violencia y señaló la gestación subrogada como mercantilización de la capacidad reproductiva. Defendió la categoría jurídica de mujer como eje indispensable para políticas públicas eficaces y advirtió sobre los riesgos de borrar el sexo como referencia normativa. Su mensaje final fue directo y repetido: no más violencia contra las mujeres.

Tras su intervención, la abogada feminista Patricia Olamendi Torres reforzó la dimensión jurídica del momento. Recordó que los compromisos internacionales no son gestos simbólicos, sino obligaciones exigibles. México, como Estado parte de instrumentos internacionales, no puede relativizar la debida diligencia ni la protección a defensoras y víctimas. Su participación tendió un puente entre el diagnóstico internacional y la responsabilidad nacional.

Reem Alsalem, relatora especial de Naciones Unidas. Foto: Cámara de Diputados.

Hasta ese momento, el encuentro avanzaba con respeto institucional y coincidencia en lo fundamental. El quiebre llegó cuando tomó la palabra la diputada de Morena, Anais Miriam Burgos Hernández. En su intervención sostuvo que el gobierno actual gobierna para las mujeres y, como parte de su mensaje, entregó públicamente la Cartilla de los Derechos de las Mujeres. El gesto pretendía simbolizar acción institucional y compromiso político.

Pero la reacción fue inmediata. Las consignas comenzaron a escucharse con fuerza: que es mentira que la violencia esté resuelta, que no habrá borrado de las mujeres, que los cuerpos de las mujeres no se venden, que las niñas y los niños no se compran, que ningún hombre será mujer. No fue un arrebato sin contexto: fue la expresión de una inconformidad acumulada frente a una narrativa que muchas activistas consideran desconectada de la vida real.

La cartilla, impresa y levantada como símbolo de política pública, contrastó con las cifras que la relatora había expuesto minutos antes. Para muchas de las presentes, activistas que acompañan a víctimas, litigan casos, buscan desaparecidas, documentan violencia y sostienen redes de apoyo, el mensaje oficial sonó más a defensa gubernamental que a autocrítica institucional.

Ante los cuestionamientos y los gritos, la diputada Anais respondió: “También es muy importante que los hombres conozcan estos derechos porque no sé si ustedes, pero yo sí camino el territorio”. La frase cayó como provocación. Fue interpretada como insinuación de que quienes protestaban desconocían el trabajo de base o la realidad concreta de las mujeres.

El salón reaccionó con mayor intensidad. Las voces se elevaron. El descontento creció. La mayoría de las feministas presentes realizan trabajo territorial todos los días: acompañan a madres buscadoras, enfrentan fiscalías omisas, litigan violencia política, documentan abusos, sostienen espacios de contención. Que se pusiera en duda su conocimiento del territorio se leyó como descalificación.

Fue entonces cuando Kenia López Rabadán intervino desde la presidencia para pedir respeto al encuentro y, especialmente, a la presencia de la relatora. Solicitó que se permitiera a la diputada continuar, aun cuando no se compartiera su discurso. Fue un llamado a la institucionalidad en medio de un momento políticamente incómodo.

Lo ocurrido no puede reducirse a una escena de “desorden”. Fue el choque entre una narrativa oficial que reivindica avances y un movimiento que exige resultados medibles. Entre la cartilla como símbolo y la experiencia cotidiana de la violencia. Entre la autopercepción gubernamental y la exigencia social de coherencia.

El encuentro fue exitoso precisamente porque permitió que ese choque se expresara. Porque no se convirtió en unanimidad fingida. Porque dejó claro que el feminismo no es una audiencia cautiva ni una extensión automática de ningún partido. Las mujeres organizadas no están para validar discursos: están para confrontarlos con datos, experiencia y memoria.

La presencia de Reem Alsalem dio legitimidad internacional al diagnóstico. La intervención de Patricia Olamendi recordó la obligación jurídica. Y el episodio con Anais Miriam Burgos evidenció que las mujeres no aceptan que se declare superada una crisis que sigue costando vidas.

Gobernar para las mujeres no se proclama; se demuestra. Se mide en investigaciones eficaces, en sentencias firmes, en presupuestos suficientes, en reducción de impunidad, en protección real a defensoras y periodistas, en niñas que no son explotadas, en mujeres que no desaparecen. Una cartilla no sustituye resultados. Un eslogan no reemplaza justicia.

Sin eso, cualquier relato de avances se vuelve propaganda, no política pública efectiva.

Y quedó una lección final: cuando la ONU observa y las feministas interpelan, el poder no puede pedir silencio como condición del diálogo. Las mujeres no acudieron a aplaudir; acudieron a exigir. Y esa exigencia es hoy el termómetro legítimo para medir si realmente se está gobernando para ellas.

En San Lázaro, por unas horas, el guion institucional se rompió. Y cuando el guion se rompe porque las mujeres exigen verdad y responsabilidad, la política deja de simular. Ese fue el mensaje: la erradicación de la violencia no admite complacencia; exige resultados verificables, congruencia pública y rendición de cuentas constante.

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*Abogada electoral

Violencia contra mujeres en niveles alarmantes, México incluido: Reem Alsalem

 Escrito por Wendy Rayón Garay 16 febrero, 2026

Foto: Wendy Rayón.- Ciudad de México.– Hoy, 16 de febrero, dio inicio el Encuentro Internacional para la Erradicación de la Violencia contra Mujeres y Niñas, que contó con la participación de la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem de la ONU y durante su conferencia magistral, realizada en la Cámara de Diputados, señaló que los fenómenos que amenazan los derechos de las mujeres son principalmente la eliminación de la categoría de sexo biológico, la prostitución, la pornografía y la gestación subrogada.

Reem Alsalem permanecerá en México con una agenda de trabajo los días 16, 17 y 18 de febrero, en una visita no oficial para escuchar a organizaciones y defensoras de derechos humanos en el marco de este encuentro internacional.

Reem Alsalem fue recibida entre aplausos por defensoras e integrantes de organizaciones civiles bajo el lema: “Se siente, se siente, la relatora está presente”. En el presídium la acompañaron Kenia López Rabadán, diputada del PAN y presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; Anaís Burgos, diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género; y Patricia Olamendi Torres, abogada y experta feminista cofundadora de «Nosotras Tenemos Otros Datos» y de la “Red de Mujeres en Plural”.

Reem Alsalem, expuso que México hay un aumento de la violencia contra mujeres y niñas perpetrado tanto por actores estatales como no estatales.

Asimismo, que hay desapariciones persistentes de mujeres, deficiencias en la investigación, la reparación del daño y no existe apoyo suficiente a las familias que buscan a mujeres y niñas desaparecidas. Añadió que una de las razones por las cuales se presentan estos fenómenos son la impunidad y la falta de acceso efectivo a la justicia. 

Refirió que, si bien México ha asumido compromisos importantes, “por ejemplo, durante su examen periódico universal en 2024, el gobierno mexicano aceptó la abrumadora mayoría de las recomendaciones, incluidas aquellas relativas a la armonización de marcos jurídicos sobre feminicidio, desaparición y violencia basada en género y el fortalecimiento de la capacidad de las fiscalías y la protección de las defensoras y periodistas. Sin embargo, pese a los avances normativos, la violencia contra las mujeres continúa en niveles epidémicos y alarmantes también en este país”.

La relatora expresó que la paradoja “de nuestro tiempo está en el reconocimiento jurídico, el cual se ha ampliado, pero la violencia persiste y en algunos ámbitos se intensifica.” 

En su intervención, Alsalem realizó un recuento del panorama internacional que enfrentan las mujeres. Destacó que, a nivel mundial, en 2024 se documentó el asesinato de 48 mil mujeres; 35% de los casos fueron perpetrados por sus parejas. Esto equivale a 37 mujeres asesinadas por cada 20 hombres, lo que, subrayó, representa apenas la “parte visible de la crisis”.

Esta mañana Cimacnoticias informó el contexto de violencia generalizada contra mujeres en el país. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que en 2025 se registraron 721 víctimas de feminicidio en México y 2 mil 074 homicidios dolosos contra mujeres, aunque el número podría ser mayor si se considera la narrativa oficial que sostiene una disminución histórica del delito, afirmación que ha sido cuestionada por organizaciones de la sociedad civil como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Causa en Común.

En 2025 México registró 721 casos de feminicidio. Sinaloa ocupó primer lugar

Si bien reconoció avances legislativos, señaló que la violencia continúa perpetuándose de distintas formas y que, hasta ahora, las mujeres solo gozan del 77% de los derechos de los que disponen los hombres. A ello se suman fenómenos emergentes que ha estudiado como los discursos que legitiman ataques, la sexualización, la mercantilización y la deshumanización de mujeres y niñas.

Uno de los puntos centrales fue el borrado de las mujeres a través del lenguaje. Explicó que la eliminación del término “mujer” para sustituirlo por expresiones como “persona gestante” o “persona femenina” genera confusión entre sexo, género e identidad de género. A su juicio, esta confusión no solo invisibiliza a las mujeres, sino que también provoca problemas estadísticos y debilita la formulación de políticas públicas.

Asimismo, instó a los Estados a erradicar la prostitución, pues afirmó que, en su mayoría, las víctimas son mujeres, niñas y niños, mientras que los hombres suelen desempeñar el papel de proxenetas. Señaló que esta práctica vulnera derechos humanos fundamentales y se vincula con la tortura, la trata y la violencia sexual. Además, advirtió que denominarla “trabajo sexual” invisibiliza la violencia que enfrentan las víctimas.

Añadió que dicha práctica no se alinea con las experiencias de las mujeres ni con el derecho internacional. Respecto al consentimiento, sostuvo que este pierde validez en contextos de prostitución y pornografía. Por ello, recomendó adoptar el llamado modelo nórdico, cuya política —según explicó— ha reducido la demanda de compra de actos sexuales al tratar a las mujeres como víctimas, brindarles apoyo integral y sancionar a los compradores.

La prostitución, agregó, está estrechamente ligada a la pornografía, la cual alimenta un sistema más amplio de explotación basado en normas patriarcales, profundiza la desigualdad y normaliza la violencia física. Propuso reconocerla como un sistema de explotación y violencia, regular sus contenidos y penalizar su consumo y producción por vulnerar derechos fundamentales.

Finalmente, abordó la gestación subrogada. Señaló que mujeres son sometidas a violencia económica y psicológica mediante contratos abusivos. Además, indicó que las infancias son separadas de manera inmediata de sus madres, lo que puede generar afectaciones a la salud, al desarrollo y al bienestar psicológico. A su vez, las mujeres enfrentan el riesgo de caer en redes de trata y explotación sexual.

Ante esta realidad, sostuvo que no existe un sistema eficaz para investigar el destino de las infancias y sus madres, y cuestionó que la capacidad de compra prevalezca sobre los derechos humanos. Aunque se promueve la gestación subrogada altruista, afirmó que las estadísticas muestran que la participación disminuye cuando no existe un incentivo económico, lo que evidencia que el factor monetario suele ser determinante.

La Relatora también destacó la labor de las mujeres en la sociedad, particularmente la de periodistas y defensoras, quienes han visibilizado las violencias que enfrentan mujeres y niñas. No obstante, advirtió que contra ellas se ejerce violencia —frecuentemente digital— como mecanismo de censura. Consideró que esto envía un mensaje preocupante a adolescentes y niñas, por lo que exhortó a los Estados a adoptar medidas firmes para frenar estos ataques.

Por su parte, Patricia Olamendi Torres, abogada y experta en derechos humanos, señaló que en México persisten avances y retos relacionados con la dominación de los cuerpos de las mujeres. Indicó que el país duplicó los casos de trata en el último año y alertó que muchos se clasifican como rapto, lo que provoca el ocultamiento estadístico de diversas situaciones de violencia.

Olamendi Torres, refirió que México es uno de los países con más altos índices en pornografía y prostitución infantil, sobre todo en zonas turísticas, señaladas como focos para este “negocio” del crimen organizado. Agregó que en el último año se han duplicado los casos en materia de trata de personas.

Manifestó su preocupación por quienes insisten en legalizar la prostitución y lo consideran un trabajo, ya que es una forma de explotación donde nadie puede ser dignificado. “Tienen que saber que están volviendo empresarios a tratantes y proxenetas, lo que nos parece gravísimo”. Hizo un llamado a todas y todos a reflexionar sobre la sociedad que están construyendo, las atrocidades que se están validando y para exigir respeto a la vida, libertad y seguridad de las mujeres.

Por su parte, la diputada Anais Miriam Burgos Hernández (Morena) señaló que las reformas constitucionales recientes refuerzan la igualdad sustantiva como principio rector, la vida libre de violencia como obligación reforzada, la participación paritaria en la vida pública, y el reconocimiento de la autonomía y la dignidad de todas las mujeres. 

Dijo que las mexicanas cuentan con un marco normativo creado por la lucha histórica de miles de mujeres por la igualdad y protección. “Tenemos la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras”, agregó. 

Indicó que en 2025 se registraron 786 presuntos feminicidios y más de 2,300 homicidios dolosos de mujeres. Los delitos sexuales superaron las 71 mil carpetas y el 64 por ciento de las víctimas de violación son menores de 18 años. Advirtió que la violencia se agrava cuando confluyen factores como origen indígena, discapacidad, orientación sexual, pobreza o ruralidad.

La impunidad y la falta de acceso efectivo a la justicia genera aumento de la violencia contra mujeres y niñas.

Los medios y la visita de la relatora

 Escrito por Cirenia Celestino Ortega 

.- Hoy comienza una serie de actividades en el marco de la visita de la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem quien estará en México 16, 17 y 18 de febrero de este 2026.

La relatora recibirá informes de organizaciones expertas en la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas y las violaciones a sus derechos humanos como el feminicidio, desapariciones, trata de personas y vientres de alquiler, entre otros.

Desde Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) realizamos nuestra labor y también nos acercamos a la relatora para compartir datos de la situación de violencia contra mujeres, particularmente a periodistas.

La libertad de expresión para las mujeres periodistas en el país enfrenta un deterioro persistente.

Durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018–2024), CIMAC documentó mil 189 agresiones contra mujeres periodistas, lo que representa un incremento del 117% respecto al periodo presidencial anterior. Estas cifras evidencian un patrón sostenido de hostilidad institucional y sociopolítica hacia las mujeres que ejercen el periodismo, particularmente hacia aquellas que investigan, cuestionan o incomodan al poder. Lejos de disminuir, esta violencia continúa en ascenso. En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, CIMAC ha registrado 416 agresiones contra mujeres periodistas.

Las agresiones documentadas no se limitan a hechos aislados, sino que configuran un entramado de violencias físicas, digitales, simbólicas e institucionales. En numerosos casos, estas violencias fueron perpetradas o legitimadas desde el poder mediante discursos públicos que desacreditaron, ridiculizaron o buscaron silenciar a mujeres periodistas, debilitando su credibilidad profesional y exponiéndolas a nuevas agresiones por parte de actores sociales y digitales.

El Informe sobre la violencia contra las mujeres periodistas de la relatoría (6 de mayo de 2020) reconoce que las periodistas viven la desigualdad día a día en su labor y el riesgo es específico para ellas “las periodistas y las trabajadoras de los medios de comunicación operan en un entorno en que la violencia de género sistemática y estructural forma parte de su rutina diaria”.

El sexismo está presente en la dinámica de los medios “se espera que se ajusten a roles estereotipados y a imágenes sexualizadas de las mujeres y que actúen en un contexto de relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres.

Las periodistas son blancos de ataque “por ser muy visibles y por expresarse abiertamente, también se enfrentan a la discriminación intersectorial y a la violencia de género debido a otras características, como la raza, la religión, el origen étnico, entre otras.

El impacto de estas agresiones es profundo y sostenido. Tal como recogen los testimonios de “Voces en resistencia”, la violencia digital trasciende la pantalla: lo digital penetra lo doméstico, lo íntimo y lo cotidiano. Afecta la seguridad, la salud física y emocional, las relaciones familiares y la continuidad del trabajo periodístico, obligando en algunos casos al abandono de coberturas, al cierre de espacios informativos o al desplazamiento forzado interno.

La misma relatoría alerta sobre la violencia en línea, así como la violencia sexual en las redacciones y fuera de ellas, utilizadas como instrumentos para socavar la credibilidad de las periodistas y disuadirlas de trabajar en los medios de comunicación.

Las condiciones laborales también son una forma de violencia. La relatoría destaca que las periodistas “también se ven afectadas por la falta de flexibilidad de las jornadas laborales, el acceso parcial o nulo a servicios de guardería a precios razonables y de calidad, políticas inadecuadas en materia de licencias parentales. Implementar acciones para atender las desigualdades y violencias en las empresas de medios, es un gran pendiente.

He referido muchas veces el rol transformador de las periodistas en la cobertura de los derechos humanos de las mujeres, esta cobertura también las coloca en riesgo. “Aquellas que informan sobre cuestiones feministas también reciben amenazas por el tipo de historias que cubren, pues a menudo han contribuido a un cambio de actitudes que se ha traducido a su vez en un rechazo público de la violencia de género en tanto que violación de los derechos humanos.”

Los medios de comunicación contribuyen de manera fundamental a informar sobre la violencia contra las mujeres y las niñas como un fenómeno sistemático y generalizado, es responsabilidad del Estado de prevenirla y combatirla, en particular si informan teniendo en cuenta las cuestiones de género y con sensibilidad hacia las víctimas.

Es necesario reafirmar el compromiso por los acuerdos de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en materia de medios de comunicación: el primero es aumentar el acceso de las mujeres y su participación en la expresión de sus ideas y la adopción de decisiones en los medios de difusión y por conducto de ellos, así como en las nuevas tecnologías de comunicación; y el segundo consiste en fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de difusión.

Desde esta evidencia, la participación de CIMAC representa un espacio clave para visibilizar la responsabilidad de los Estados en la prevención, protección y reparación de la violencia contra las mujeres periodistas, así como para reflexionar sobre los efectos de los discursos públicos estigmatizantes y la urgencia de políticas que garanticen condiciones reales para el ejercicio de la libertad de expresión.

Desde CIMAC sostenemos que sin mujeres periodistas libres, seguras y reconocidas no hay democracia posible.

La violencia que enfrentan no es un problema individual ni sectorial, sino una amenaza directa a los derechos humanos, a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a estar informada.

El diálogo con la Relatora Especial de Naciones Unidas constituye una oportunidad clave para visibilizar estas violencias, fortalecer alianzas y avanzar hacia transformaciones estructurales que garanticen la vida, la dignidad y la voz de las mujeres periodistas.