Serpientes y Escaleras
Salvador García Soto
Entre las voces que, desde las calles, los medios o las redes sociales piden la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto, y las opiniones que responden que no es atizando a la figura presidencial ni buscando su caída como se resolverá la crisis social y política que vive el país, hay una clara polarización sobre los niveles de responsabilidad en la tragedia de los normalistas de Ayotzinapa, pero también un reclamo por la forma en que el gobierno federal han enfrentado y abordado el problema.
Es claro que entre la posición extrema que eleva el costo y pide una dimisión presidencial inédita en la historia reciente del país y la que piensa que eso sólo ahondaría la tensión social que hoy vivimos, difícilmente habrá coincidencia. Unos culpan al mandatario de toda responsabilidad no sólo de los crímenes de Iguala sino de todos los problemas de inseguridad y violencia, y los otros creen que las culpas están más bien en las autoridades estatales y en los partidos y personajes políticos —léase PRD e izquierda en general incluida Morena—, que auspiciaron y cobijaron a los autores intelectuales y materiales de estos crímenes en un esquema de complicidad con criminales en Guerrero.
Quizás el único punto donde confluyen esas dos visiones opuestas es en el reclamo de justicia y de un cambio necesario y urgente en el sistema político, que responda a las expresiones de ira y descontento social que se están presenciando en las calles, aunque difieran en el método para lograrlo. Y es ahí donde la respuesta del gobierno de Peña Nieto no acaba de convencer ni a los más extremistas ni aún a los que defienden a la institución presidencial.
La tardanza, la falta de respuestas y el no dimensionar adecuadamente el problema es parte de lo que se le reprocha al gobierno federal que no sólo entró tarde al tema, sino que una vez que lo tomó en sus manos no apuró las decisiones políticas ni las indagatorias judiciales. Porque no puede entenderse que, 45 días después de la desaparición de los jóvenes normalistas, el gobierno no tenga aún una conclusión clara y contundente sobre qué fue lo que pasó y siga especulando con “avances”, “versiones”, “indicios”, que no satisfacen ni a los padres de los estudiantes ni a los grupos movilizados en las calles y ni siquiera a las voces internas y externas que exigen justicia y el esclarecimiento de los hechos.
Y en toda esa dilación, en ese ejercicio de dejar crecer el problema y con él la inconformidad social que le acompaña, está la pregunta de por qué no se han ajustado las cosas en el gabinete presidencial que, a todas luces, no ha dado resultados ni ha estado a la altura de la difícil coyuntura que enfrenta el presidente y su administración.
Tal vez esa sea la respuesta más clara a la pregunta de por qué esas voces piden la renuncia del presidente: porque el presidente no ha querido responsabilizar a ninguno de sus subalternos de la tardanza y la falta de resultados. Porque al no rodar ni una sola cabeza de funcionarios que no han hecho bien su trabajo —desde el CISEN hasta el comisionado de Seguridad pasando por la PGR o la Secretaría de Gobernación—, el malestar y la inconformidad se escalan y buscan, ante la ausencia de responsables, a un responsable mayor que responda por la falta de resultados. Y por encima de los secretarios y funcionarios que han fallado, sólo queda el presidente.
NOTAS INDISCRETAS… Una muestra más de cómo la investigación oficial sobre los normalistas sigue dando tumbos, ocurrió ayer tras la reunión del procurador Jesús Murillo Karam y el secretario de Gobernación, Miguel Osorio, con los padres de los jóvenes desaparecidos. A diferencia del viernes pasado, cuando Murillo Karam dijo que todos los indicios y los testimonios apuntaban a la muerte de los estudiantes que habrían sido asesinados, quemados y sus cenizas tiradas en bolsas al río, ayer ante la presión de los padres que no aceptan la hipótesis oficial, los dos funcionarios dijeron que “seguirán las indagatorias” y hasta se comprometieron, según la versión de los familiares, a aceptar la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿Eso no es un reconocimiento tácito de que ya no pudo el gobierno concluir su investigación o por qué acepta la ayuda de un organismo internacional? Tal vez sea la confirmación de la frase que, voluntaria o involuntaria, se le escapó al procurador Murillo al final de aquella conferencia del viernes: “Ya me cansé”… Los dados mandan Serpiente. Mal tiro.
sgarciasoto@hotmail.com
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