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“Suficientes indicios” sobre la infiltración del crimen organizado en un municipio es lo único que se necesitará para que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación soliciten al Senado que la Federación asuma el control total o parcial de las funciones de esa localidad,
según la propuesta de reforma constitucional en materia de justicia y
seguridad pública que el presidente Enrique Peña Nieto entregó este
lunes a la Cámara Alta.
La propuesta del presidente contempla modificar el artículo 115
constitucional en el que sólo se menciona que cuando el fiscal
“advierta indicios suficientes para considerar que hay una infiltración
del crimen organizado en la administración o ejecución de servicios
públicos municipales” procederá la intervención de la Federación. No se establece la necesidad de presentar algún tipo de prueba o avances de una investigación antes de señalar el presunto vínculo con el crimen.
“En caso de asunción total de las funciones, la legislatura del Estado
correspondiente convocará a elecciones de conformidad con lo previsto
en su Constitución. Si las Constituciones locales no prevén este
supuesto, se estará a lo dispuesto en la Ley Reglamentaria”, añade el
articulado.
En el decreto que será presentado este martes durante la sesión
ordinaria del Senado, el Ejecutivo agrega que por la “importancia y
relevancia” de las funciones de aquellos que asuman las funciones
municipales “en estos casos no procederá la controversia constitucional
(para) no judicializar las razones que llevan a la intervención de los
ayuntamientos”.
El texto no establece mecanismos para que las autoridades acusadas de tener vínculos con el crimen expongan algún tipo de defensa antes de que el Senado apruebe la intervención de la Federación.
“La posibilidad de que un agente externo o interno al municipio que
responda a intereses ajenos al bienestar público pueda condicionar la
toma de decisiones de un órgano democráticamente electo, trastoca
profundamente su autonomía e imparcialidad. Por tanto, se justifica que
dicho órgano sea intervenido a efecto de restaurar su carácter
democrático y popular, así como el orden y el correcto funcionamiento
de los servicios públicos que presta el municipio”, se lee en la
justificación de la medida.
Según Peña Nieto, el sistema constitucional mexicano permite la
intervención de la Federación en las entidades para garantizar el orden
y que en ese argumento se explica esta acción propuesta en los
municipios.
Sólo 32 policías
La propuesta de reforma de Peña Nieto también incluye modificaciones
al artículo 21 constitucional para que los municipios participen
únicamente en el diseño y ejecución de políticas públicas de prevención
del delito y no de seguridad pública que corresponderán exclusivamente
a los estados.
Los cambios implican que los municipios entreguen sus recursos tanto económicos como materiales —armamento, patrullas— a los estados para tareas de seguridad pública, que se ejercerán a través de 32 policías que sustituirán a mil 800 cuerpos policiales municipales.
En la iniciativa también se prevé homologar los criterios de
selección de los policías, los protocolos de actuación y de operación,
las funciones y reglas de tránsito y los salarios, por lo que se tendrá
un tabulador estatal de remuneración mínima.
En el artículo 116 se proponen cambios para señalar que los estados
no podrán celebrar ningún convenio con los municipios para que éstos
asuman algún tipo de función en el tema de seguridad pública.
Las reglas, en manos de los estados
En los transitorios, la propuesta de Peña Nieto indica que tras la entrada en vigor de las reformas los estados deberán presentar un “plan estratégico de transición” para tener el mando policial único en sus entidades.
Este plan deberá incluir una evaluación de cada policía municipal del estado,
las necesidades de inversión y las acciones necesarias para transitar
al mando policial único —que incluya un tabulador de sueldos, el
rediseño de procesos operativos, la inversión para homogeneizar las
comunicaciones, los uniformes y patrullas—.
Pero los estados también señalarán qué servidores públicos se harán
cargo de la transición y las “consecuencias del incumplimiento”; así
como de presentar un calendario de inversiones y financiamiento para
llegar a la meta.
Si bien la Federación —a través del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública— revisará el Plan, está en manos
de los estados la propuesta para transitar al mando policial único y
sancionar el incumplimiento.
Como anunció Peña Nieto el jueves 27 de noviembre, los primeros estados obligados a cumplir con la transición serán Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas que tras la publicación del decreto tendrán 90 días para presentar su Plan que deberá estar en marcha antes de seis meses y finalizado en un plazo máximo de dos años.
Para el resto de las entidades el plazo para completar la transición dependerá de los planes presentados por los estados.
Asimismo, el decreto indica que los policías municipales podrán ser
parte de los cuerpos estatales según las evaluaciones o certificaciones
que cada estado decida aplicar.
Competencia de la Federación y los estados
El último punto de la reforma propuesta por el presidente considera
cambios en el artículo 73 y 104 para determinar la competencia del
gobierno federal y los estados en la investigación de delitos.
En la propuesta se establece que “migrar hacia un nuevo tipo de
federalismo en materia penal, en el cual el Estado se organice desde
una visión de la participación de todos los órdenes de gobierno hacia
fines comunes a partir de una división del trabajo”.
Para ello, los delitos contra la federación seguirán siendo competencia del Congreso, pero éste podrá definir qué delitos se perseguirán mediante leyes generales y cuáles —sin una legislación específica— serán competencia de los estados.
La iniciativa de Peña Nieto sugiere que el Congreso emita una ley
general de competencias penales para hacer una distribución de éstas
entre la federación y los estados.
“La ley determinará los casos en que las instituciones policiales de
las entidades federativas deberán actuar bajo el mando de las
federales. Esto significa que el orden federal asumirá esta competencia
solamente en los casos y en la forma que determine la ley (general)”,
la cuál deberá ser emitida por el Congreso 180 días después de la
publicación del decreto.
Esta reforma en materia de justicia y seguridad pública es parte de las 10 acciones para “mejorar el Estado de Derecho”
que Peña Nieto anunció el pasado jueves como respuesta de su gobierno a
la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de
Ayotzinapa.
Según la justificación del proyecto, el objetivo es atender un problema de seguridad pública que “ha recaído cada vez en los municipios y se ha alejado de la Federación y los estados,
lo que ha resultado en una disparidad y una falta de coordinación que
ha imposibilitado al Estado mexicano en su conjunto cumplir con la
función esencial de garantizar la seguridad de sus ciudadanos”.
La propuesta se discutirá primero en el Senado y según coordinadores
parlamentarios se aprobará antes del 15 de diciembre, cuando termina
este periodo ordinario de sesiones. Después deberá pasar a la Cámara de
Diputados, en donde se analiza llamar a un periodo extraordinario para
esta iniciativa.
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