Estado fallido y crisis institucional

Autoridades que cometen delitos, pero que además son parte de organizaciones criminales y usan al Estado para los intereses de éstas. Algo que no habíamos visto en décadas, al menos no en una forma tan extrema, evidente e imposible de ocultar.

Ricardo Mejía Berdeja 

lasillarota.com

Arturo Alvarado Mendoza, sociólogo de El Colegio de México (Colmex) y autor de El tamaño del infierno, advirtió hace cinco años de las consecuencias funestas que se veían venir si la guerra antinarco lanzada por Felipe Calderón no enderezaba el rumbo: se fomentarían los vacíos policiales, aparecerían más narcofosas, las autoridades serían compradas, se intensificaría la represión social, se contarían más muertos.

Al día de hoy, todos y cada uno de sus supuestos se han cumplido, y después de lo sucedido en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, en México ya podemos hablar de una crisis humanitaria, pues el narco ya ataca de manera directa a la sociedad y el gobierno lucha por ocultar a los grupos de delincuencia organizada, no por erradicarlos. El actual gobierno pensó que con no hablar del tema la violencia desaparecería y lo único que ha hecho es multiplicarla con más impunidad.

En nuestro país diariamente se dan casos de homicidios, violaciones, feminicidios, desapariciones forzadas, y si a esos casos agregamos los recientes hechos de ejecuciones extrajudiciales como las de Tlatlaya, entenderemos que el contexto de violencia que vivimos es severamente grave.

Respecto a lo sucedido en Iguala, podemos ver el profundo nivel de complicidad de los gobiernos y los cuerpos policiacos que, de manera clara y contundente dieron orden y cumplimiento a los hechos de los días 26 y 27 de septiembre.

Aún más, podemos ver claramente la forma en la que la impunidad opera. Se ha perseguido con toda severidad, y con justa razón, al presidente municipal de Iguala, pero no se ha investigado al presidente municipal de Cocula, quien ha sido mencionado en diversas narraciones de sucesos, cuyos policías y jefes policíacos intervinieron en la desaparición forzada. En el gobierno actual se persigue a los posibles enemigos políticos, y se protege a quien representa al partido en el poder.

Autoridades que cometen delitos, pero que además son parte de organizaciones criminales y usan al Estado para los intereses de éstas. Algo que no habíamos visto en décadas, al menos no en una forma tan extrema, evidente e imposible de ocultar.

Y ante ello un Estado incompetente. Actualmente los actos criminales no son entre bandas rivales o incluso contra el Estado mismo, son en contra de la sociedad: por extorsionar, por controlar territorios, por venderle drogas, por infundir miedo y el Estado no hace nada.

El caso Ayotzinapa revela también una cruel verdad: nuestro país es una enorme fosa clandestina, con este tipo de lugares de muerte y crueldad en varias ciudades y regiones. Esto evidencia la masiva cantidad de ejecuciones extrajudiciales sistemáticas en muchas regiones del país, no sólo en Guerrero.

Todo lo anterior fue advertido por especialistas, políticos, académicos y organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones criminales usan a las autoridades públicas ya sea bajo colusión, extorsión, intercambio de bienes y favores, apoyo a candidatos y campañas.

A pesar del cambio de administración, el problema persiste, agudizado por los años. El gobierno de Enrique Peña Nieto pensó que cambiando el discurso, desviando el tema de la agenda cotidiana y de los medios de comunicación, el problema disminuiría. Hoy vemos que no fue así.

México es hoy, producto de un gobierno de cleptócratas, de corruptos y saqueadores, encabezados por el presidente de la República, un estado fallido que enfrenta una grave crisis humanitaria de desapariciones forzadas, ejecuciones, violaciones, feminicidios, extorsiones y demás afectaciones graves a los derechos humanos. Pillado en sus actos de corrupción, conflicto de interés y tráfico de influencias donde la Casa Blanca sería la punta del iceberg de un saqueo brutal, EPN ha echado a andar los tambores de guerra contra los manifestantes, expresión adicional de la descomposición que vivimos. Se encarcela, se reprime, se agrede para sembrar miedo y tratar de evitar que el pueblo se exprese.

El Gobierno Federal, con ayuda de varios gobiernos locales, ha emprendido una política de terror y represión en contra de la ciudadanía, en especial contra las juventudes mexicanas; lo cual sólo demuestra su profunda incapacidad para responder a las demandas ciudadanas y su intolerancia hacia la manifestación de ideas.

Esta ofensiva de Peña Nieto sólo habrá de polarizar aún más al país y generar que las voces que piden su renuncia se multipliquen.

@RicardoMeb