12/15/2015

Los periodistas pal café. . .



Entre el pinar, a un arbolito le faltará el esperado regalo navideño de altos vuelos. No estuvo a tiempo el hangar donde será guardado en sus ratos de reposo el sueño con alas (un Boeing 787 Dreamliner), con todo y que el compadre Hinojosa y una filial de su muy afamada empresa Higa (cuyo portafolio de inversiones incluye blancuras inmobiliarias) contaron con casi mil millones de pesos (asignados a dedo, por razones de seguridad nacional) para la construcción del cobertizo que en realidad sólo tendrá uso útil durante cinco años, pues en 2020 habrá nuevo aeropuerto internacional, en el que deberá construirse otro hangar presidencial (es decir, costará casi medio millón de pesos cada día útil de ese espectacular estacionamiento que contará con amplias instalaciones para el ocupante principal, su familia e invitados, y para los miembros del Estado Mayor).
El beneficiario aéreo de las operaciones finales de Felipe Calderón (negocio o asunto cuyo costo llegó a los 7 mil 500 millones de pesos sólo por el avión, a lo que la actual administración federal ha sumado sus propios egresos presupuestales, como se ha mencionado líneas arriba) no podrá, por tanto, estrenar este mes la fastuosa nave en algún vuelo con destino vacacional, ni llegará a Davos el mes entrante, el primero del año, a apantallar a algunos jefes de Estado que no cuentan con medios tan espectaculares para participar en reuniones sobre asuntos económicos globales.
Tiempo de reflexión y de lectura podrían proporcionar al político mexiquense, de apellidos hasta ahora no mencionados, los retrasos en cuanto a la entrega del hangar, pactada formalmente para hoy (sin que se sepa si habrá castigo al amable contratista por incumplimiento de contrato, o si la tardanza se debió a que se agregaron obras y servicios que a su vez encarecieron la de por sí abultada cuenta empresarial) y, en cuanto al arribo del ya mencionado palacio flotante, que debe estar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el próximo viernes (en pleno vacile tuitero, un tecleador astillado preguntó a sus contlapaches qué nombre les gustaría para bautizar al Boeing 787 Dream­liner, y una opción alcanzó 75 por ciento de votos en una encuesta que puede verse aquí https://goo.gl/iu5Zzo ).
Siempre propositiva, esta columna sugiere a dicho político que, aprovechando el tiempo en lo que llega el avión y está listo el hangar, lea un libro muy premiado, La Casa Blanca de Peña Nieto, la historia que cimbró un gobierno, escrito por los reporteros Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán, con prólogo de Carmen Aristegui. El improbable lector ya lo recibió en propia mano en el contexto de la entrega de la medalla Belisario Domínguez, como regalo de la senadora Layda Sansores. Tiempo de reflexión, de lectura, en lo que llega el avión.
A la pancarta electoral 2018 elaborada con interés maximizado respecto al salario mínimo, Miguel Ángel Mancera ha agregado otra, tan efectista como la primera, ambas con artificiales aires de héroe social justiciero (¡Superman! ¿será?). Ahora se trata de la reforma política del Distrito Federal, que lo seguirá siendo en cuanto sede de los poderes federales, rebautizado con su mismo nombre de Ciudad de México (el artículo 44 constitucional mexicano ha sostenido, sin necesidad de reforma mancerista, que La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el estado del valle de México con los límites y extensión que le asigne el Congreso General.
Sin embargo, en esa vocación por el rebumbio político para efectos electoreros, se magnifican las hipótesis benéficas, en un rediseño cuyos puntos inmediatos más llamativos pertenecen al mundo de la nomenclatura: se denominará de nueva manera lo que hoy se etiqueta de otra, se generarán formas distintas para los mismos contenidos institucionales hoy tan demeritados, en un malabarismo constituyente que a fin de cuentas no cambiará para bien nada de fondo. Al contrario: la Ciudad de México puede ser dañada legalmente con el nuevo sembradío de artículos y cláusulas.
La ciudad de México (que es y seguirá siendo el distrito donde se asientan los poderes federales) ha sufrido una guerra de desgaste en busca de mellar el espíritu progresista generalizado y la histórica vocación crítica. Ahora, el PRI (que ha dado los votos definitorios para que avance la tal reforma chilanga, canjeando este apoyo a Mancera por los dedos en alto de perredistas en otros asuntos de interés del partido tricolor) está empeñado en la creación de condiciones que le permitan en 2018 el mayor avance desde que la izquierda electoral se instaló en el poder, con Cuauhtémoc Cárdenas al frente.
De entrada, la tal reforma política capitalina está vergonzosamente despojada de un carácter auténticamente democrático: sólo 60 de los cien constituyentes de la Ciudad de México serán elegidos de manera directa, pues el 40 por ciento restante será aportado por los ejecutivos federal y local y por representantes de las cámaras federales, según eso porque estos tienen (lo que teóricamente es cierto, aunque política y socialmente no lo sea) un mandato popular de origen (sobre todo, Peña Nieto en el DF) que debe ser expresado en el proceso de la tal reforma que al final de la historia sólo será una pancarta futurista más, a menos que una participación ciudadana entusiasta y enérgica impida tales planes PRI-PRD-Los Pinos.
Y, mientras entra hoy en vigor el nuevo reglamento de tránsito del DF, pletórico de buenas intenciones y aceptables propuestas que, sin embargo, darán pie a los institucionalizados abusos de los agentes en busca de extorsión a infractores, más ciertas cuotas de multas obligatorias para fortalecer las finanzas del gobierno capitalino, ¡hasta mañana, con el ataque de un comando de presuntos narcotraficantes contra oficinas de la PGR en Reynosa!Twitter: @julioastillero Facebook: Julio Astillero juliohdz@jornada.com.mx


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No cesan las protestas de los usuarios por el aumentazo a las tarifas de Uber en la capital del país y el reclamo para que el Gobierno del Distrito Federal ponga un alto. Sin embargo, no le convendría hacerlo. El pasado 15 de julio se publicó en la Gaceta Oficial el esquema de regulación del servicio privado de pasajeros mediante aplicaciones (Apps) y plataformas informáticas, con la firma de Rufino H. León Tovar, secretario de Movilidad. Entre otras cosas estipula la aportación de Uber, de 1.5 por ciento del costo de cada viaje, sin impactar el cobro al usuario. Dicho monto se integraría al Fondo para el Taxi, de la Movilidad y el Peatón. Los recursos no ingresarán a la Tesorería, sino se destinarán a mejoras al servicio de taxis y de las propias plataformas. Mmmm. Entre el 15 de julio, en que el gobierno de Miguel Ángel Mancera publicó el acuerdo en la Gaceta, y este día deberían haberse reunido muchos millones de pesos en el fondo. ¿Dónde está? ¿Quién lo maneja? ¿Cómo se está aplicando? ¿Están representados en la administración del fondo exclusivamente personajes del PRD o también asambleístas del PAN, el PRI y Morena? Por lo pronto, ya quedó algo claro: al Gobierno del Distrito Federal le conviene que Uber aplique la tarifa dinámica, porque le toca más dinero.
No le paga el gobierno
Los títulos de la compañía ICA cerraron ayer con otra caída (14.79 por ciento), de acuerdo con información de la Bolsa Mexicana de Valores. A principios de mes no pudo pagar los intereses, por unos 31 millones de dólares, de un bono con vencimiento en 2024. La empresa reportó al cierre del tercer trimestre de este año cuentas y documentos por cobrar a clientes por 20 mil 533 millones de pesos. Una fuente con conocimiento en la materia dijo a Reuters que la deuda del gobierno federal asciende a unos 20 mil millones de pesos. Es decir, la falta de pago del gobierno está hundiéndola. ¿Será que algún competidor le está moviendo el piso?
La tarifa, según Uber
El director de Comunicación de la empresa, Luis de Uriarte, envió a esta sección una explicación sobre la tarifa dinámica. Dice: En Uber tenemos la meta de asegurar que los usuarios puedan contar con un viaje a minutos de distancia, incluso en los días y horas más complicados. La tarifa dinámica ayuda a que esto sea posible, porque al incrementar el costo los socios conductores, que son trabajadores independientes, tienen un incentivo para ir a la zona de alta demanda y ayudar a que ésta se solucione lo más rápido posible. La tarifa dinámica es un concepto familiar para la mayoría de los consumidores. Aplica en boletos de avión, cuartos de hotel, entradas a eventos deportivos y otros bienes y servicios cuyo precio cambia de acuerdo con la fluctuación de la demanda. Pero gracias a la tecnología, este aumento responde exclusivamente a un incremento de demanda real (no a supuestos ni especulaciones) y es momentáneo, ya que sólo aplica mientras exista el aumento de demanda. La tarifa se revisa cada 5 minutos.


Año tras año la exigencia de los trabajadores es que al inamovible presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), Basilio González Núñez, se le pague un mini ingreso de sueldo –de esos que él aprueba– para que sepa lo que se siente y viva en carne propia el alcance real que tiene lo que él llama recuperación del poder adquisitivo. El reclamo abarca a toda la clase política, pero el susodicho sería un buen comienzo.
Pero como en este país nadie hace caso de las exigencias de los presuntos gobernados, este servidor público, que lleva un cuarto de siglo abrazado al hueso y destrozando el ingreso de los trabajadores, mensualmente obtiene un sueldo equivalente a 82 salarios mínimos, más prestaciones, sin que alguien meta la mano por violar permanentemente el mandato constitucional y para removerlo del puesto.
Y no hay quien se anime, porque gobierno, patrones y líderes obreros están felices con su desempeño pues, en ese orden, salarios bajos garantizan menor inflación, mayores ganancias y mejores mordidas. Por todo ello consideran que en 2016 con un salario mínimo diario de 73.04 pesos se tendrá nuevamente una recuperación en el poder adquisitivo de los trabajadores.
Pues bien, el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México facilitó a México SA una de sus encuestas para determinar la canasta de bienes de uso y consumo de la clase obrera, fechada en agosto de 1978, año en el que el salario mínimo diario era de 103.49 pesos, o si se prefiere 3 mil 105 pesos mensuales.
Tal mini ingreso equivalía, al tipo de cambio de esa fecha, a 5 dólares con 31 centavos. En 2015 ese mismo mini ingreso, medido en dólares, es de 3.96 billetes verdes, monto 35 por ciento inferior al prevaleciente casi cuatro décadas atrás. Sólo como referencia, el salario mínimo diario en Estados Unidos (con el que el gobierno mexicano y los empresarios nacionales equiparan todos los precios internos, menos el de la mano de obra) es de 58 dólares, casi 15 veces más que en el país en el que se recupera el poder adquisitivo (Basilio González dixit).
Pero bueno, la citada encuesta del CAM aporta elementos significativos para saber qué tanto se ha recuperado el poder adquisitivo del salario. En agosto de 1978 el obrero encuestado reconoció obtener un ingreso semanal de mil 200 pesos, es decir 171.43 pesos por jornada. Su área laboral era la de mantenimiento industrial en una empresa que años después se comió la crisis económica.
Ese obrero mantenía una familia de cuatro integrantes. Sólo él trabajaba, la señora se dedicaba a las tareas del hogar y los dos hijos estudiaban, y declaraba cierta holgura a la hora de adquirir lo principal: alimentos. Obtenía un ingreso equivalente a 1.66 veces el salario mínimo de entonces (para 2016 por esa misma chamba nominalmente obtendría 102.01 pesos, pero su poder adquisitivo real equivaldría, si bien va, a cerca de 20 pesos de 1978).
En agosto de tal año, con un ingreso de mil 200 pesos semanales, ese obrero adquiría un kilogramo y medio de tortilla a 5 pesos (poco menos de 3 por ciento de su ingreso diario; hoy ese mismo producto, con idéntico volumen, representa 26 por ciento del salario mínimo); un kilogramo de bistec a 60 pesos (hoy cuesta entre 140 y 150 pesos, y no de la mejor calidad); un par de camisas costaba cien pesos, una pluma para la escuela 3 pesos y un lápiz 1.20, y así por el estilo.


La inclusión de la imagen y nombre de un payaso en la boleta electoral en los comicios de alcalde en Guadalajara, Jalisco, costó cerca de dos millones de pesos. Fue otro de los tantos gastos que hubo que sumar a la aventura de los candidatos independientes y que no suelen mencionarse porque está mal visto criticar la intención de los ciudadanos de participar como aspirantes.
Ya comienza otro año electoral. No habrá tiempo para realizar el análisis de costo-beneficio del impulso a las candidaturas independientes, aunque el tema del financiamiento esté en boca de todos, pues el argumento central siempre es la inequidad con que se reparten los recursos públicos partidos y aspirantes independientes. En enero el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes publicará la convocatoria para que participen los candidatos sin partido. Ya se sabe que quienes quieran ser alcalde de alguno de los 11 municipios de esta entidad pueden ingresar su candidatura (excepto en la capital) con recabar menos de 4 mil firmas y en un caso bastarán poco más de 300 que consideren que vale la pena.
A pesar de la mínima cantidad de firmas que se les solicitan, quienes hasta ahora han señalado que les interesa ser candidatos independientes han centrado su atención en la capital de Aguascalientes (con 583 mil 138 electores, se requieren 29 mil 157 firmas). Como ocurre con las políticas públicas, el resto de los municipios no están en los planes de quienes se desviven por la opción apartidista.


Ya hemos escrito aquí sobre diversas variantes de gorditas que hay en la República. Los lectores han contribuido también con material. Un ejemplo es este correo que nos envía Jorge A. Ferreira Garnica: “Este texto de las gorditas sean de maíz, harina de trigo u otro ingrediente, me recordó que aquí en Aguascalientes, en el municipio de San Francisco de los Romo, conocido por la vox populi como San Pancho de las carnitas, hacen unas gorditas de maíz, cuya masa se mezcla con las moronas que quedan en el cazo donde se fríe el chicharrón, se cuecen en comal y luego se fríen y se abren para insertarles algún guiso de los acostumbrados por acá; puede ser lo mismo chicharrón en salsa roja o verde, o picadillo, rajas o papas confeccionadas de diversas maneras”. Se antojan, ¿verdad?
Al igual que las gorditas de Tulancingo, Hidalgo, hechas con harina de maíz cacahuacintle molido y bien cernido mezclado con azúcar, yemas de huevo y manteca para hacer la masa. Se forman bolitas haciendo un agujero en el centro que se rellena con una pasta de queso de cabra ranchero, canela en rama molida, anís y unos granos de azúcar. Se cierran y se aplanan para formar las gorditas que se dejan reposar por unas horas. Luego se cuecen en el comal sobre piedras de hormiguero y papel de estraza. Se voltean con cuidado y se sacan cuando están doradas. Deliciosas como las de pinole, también hidalguenses.



El cuarto acuerdo alcanzado entre el gobierno de Bogotá y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se presenta hoy en La Habana, versa sobre las víctimas del conflicto armado que ha enfrentado a los firmantes durante más de cinco décadas y ha dejado una cauda incalculable de muerte, destrucción y sufrimiento en ese país sudamericano. Según los negociadores de ambas partes, el documento establece el derecho de las víctimas al esclarecimiento, a la reparación del daño y a la garantía de que la violencia que han sufrido no se repetirá.

Requiere el DF reglas de convivencia, no leyes arbitrarias
El 9 de diciembre a las 21 horas, circulaba sobre Insurgentes Sur, por Cuicuilco, cuando un tráiler de gas de doble remolque (Transportes Herval) se me cerró como si fuera un auto compacto. El conductor casi golpea tres vehículos para obligarnos a dejarlo pasar, a pesar de tener que invadir casi tres carriles con su maniobra. El policía de tránsito sólo lo observó.

Curiosamente, el mejor argumento en contra de la creación de una Secretaría de Cultura lo dio, hace unos años, un distinguido escritor, quien se pronunció en favor de crear una secretaría del ramo en el Distrito Federal. Según su criterio (lo he relatado ya en este espacio), la cultura debería quedar fuera de la Secretaría de Educación del gobierno de la ciudad. Educación y cultura no podían unirse, argumentó, porque la cultura es el campo libre de la creación, en cambio la educación es el espacio de lo obligatorio y lo aburrido.

Otra vez, el fantasma de Ayotzinapa llegó a Washington. Otra vez, un grupo de ciudadanos se vieron obligados a solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) juzgar al Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos.

Muy útil para caracterizar al Estado mexicano es la expresión que el peñanietismo acuñó para sancionar a maestras y maestros: no idóneos. Los sucesivos gobiernos, al término del cardenista, adoptaron lo que hoy llamamos criminalización de la protesta social; no fue otra cosa la posición frente a los movimientos magisterial, ferrocarrilero, médico y el estudiantil. Sólo evoquemos el paso por la cárcel de Othón Salazar, Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Raúl Álvarez Garín, Félix Hernández Gamundi, entre muchos otros. La complejidad actual vincula el abandono del Estado de sus responsabilidades sociales, conquistas de la Revolución, con la incorporación al modelo neoliberal en un contexto de profundización de la corrupción, deterioro institucional e incremento de la llamada delincuencia organizada.

China, Rusia y Estados Unidos (EU) son las potencias mayormente determinantes del presente y el futuro previsible del mundo, mientras la Unión Europea tiene un peso tan importante como declinante, y las expectativas que creó el grupo BRICS han desaparecido del horizonte internacional.

En 1833 ocupó el gobierno mexicano (difícilmente puede hablarse de toma del poder) un grupo político que anunció una serie de reformas en cinco temas: hacienda pública, educación primaria, administración de justicia, colonización e integridad del territorio nacional. No parecía en sí mismo un programa radical ni novedoso, pero en realidad, tendía a desmovilizar políticamente, sin afectarlos de fondo, a dos actores que durante el colapso del dominio español habían adquirido un enorme poder: la Iglesia y el Ejército. Todas las medidas que se discutieron en el Congreso en 1833-1834 tenían ese objetivo.

La Nochebuena de 2012 fue recibida a las puertas de los reclusorios Norte y Santa Martha Acatitla por centenas de familiares, compañeros y amigos de los detenidos durante los disturbios del 1º de diciembre de aquel año y que no habían sido liberados. El día de la toma de posesión de Peña Nieto las policías federal y capitalina se llevaron de las calles a un centenar de personas, de las que 70 fueron consignadas. 56 fueron liberadas nueve días después y 14 –13 hombres y una mujer– permanecieron encerradas hasta el 27 de diciembre. Varias de ellas sufrieron golpizas y otras formas de tortura y se ensayó en contra de ellas la fabricación de pruebas. Ni los culpables materiales ni los responsables políticos de los atropellos –el propio Peña, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera, Miguel Ángel Osorio Chong, Manuel Mondragón y Kalb, Jesús Rodríguez Almeida y Rodolfo Ríos Garza, entre otros– fueron sometidos a proceso y ni siquiera investigados, pero el movimiento de resistencia a la imposición del mexiquense en la jefatura de Estado tuvo que concentrarse en sacar de las cárceles a quienes habían sido injustamente recluidos.

Los impactos sobre el ambiente y la salud de la población no han formado parte del debate público nacional en torno al apagón analógico, como tampoco lo han sido las violaciones a los derechos a la información y a la participación social en la conducción de asuntos públicos en materia ambiental. Se trata de graves omisiones que abonan al desamparo institucional y a la impunidad que caracterizan a la justicia socioambiental mexicana.

Hace varias semanas tuve la oportunidad de conversar con el doctor Carlos Arámburo de la Hoz cuando todavía ocupaba el cargo de coordinador de la Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además de ser una persona extraordinaria, Arámburo es un gran conocedor del desarrollo de la ciencia y la tecnología en México.

Tal vez haya quien se sorprenda al leer el título de esta nota, ¿considerar que las falsificaciones son arte? Arte es una palabra santificada y muchas veces la tomamos como algo que debe ser óptimo y enaltecedor, a algo casi sacralizado, como cuando decimos por ejemplo de una película es una obra de arte y sin duda nos referimos a una cinta de gran valía. E igual cuando decimos: esto no es arte y lo es sólo porque así lo consideró su autor y así está exhibido. Hay buen arte, arte pésimo y arte mediocre, como hay buenos y malos falsos y la calidad o torpeza de éstos dan índices sobre el estado de las enseñanzas artísticas y de las ofertas del mercado en general en determinado país y momento.


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