Uno de los obstáculos que enfrentan las mujeres para salir de
situaciones violentas son las dificultades para sostenerse
económicamente a sí mismas y a sus hijas e hijos. En este artículo
damos cuenta de tres programas gubernamentales que se pusieron en
marcha en Argentina en el año 2013 con el objetivo de dar una respuesta
a este problema: Seguro de Capacitación y Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; Programa Ellas hacen, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; y Programa Andando, del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo del mismo distrito.
Por Mariana Fernández Camacho
COMUNICAR IGUALDAD- Lo que no se nombra, no existe…
nos dicen desde el feminismo, y nos invitan a trastornar el lenguaje.
Sin embargo, algunas veces lo que existe no puede nombrarse, pero no
por falta de palabras sino porque nombrarlo duele. Duele tanto.
“Fue un antes y un después en mi vida. Una transformación a todo nivel, que me permitió ponerle nombre a la situación que estaba viviendo y conectarme con partes mías ocultas, tapadas: la fuerza, la confianza, y a partir de ahí desarrollar un proyecto económico. Porque esas son las dificultades que tenemos las mujeres que sufrimos violencia: no darnos cuenta de que somos sujetos de violencia y además haber pasado muchos años dependiendo de otra persona o en trabajos informales. No conocemos nuestras fuerzas y estamos limitadas para decidir: la mujer que no tiene un medio económico no puede decidir”, María habla claro y firme. Con la claridad y la firmeza que da la experiencia de vida y el sentir que ahora sí está donde quiere estar.
María tiene 59 años, tres hijas, un nieto y una tesis a medio hacer que le dará el título de trabajadora social. Pero desde hace cuatro meses, María también tiene un grupo de contención y de formación, porque junto con otras 12 mujeres víctimas de violencia doméstica se asociaron para armar una fábrica de artículos de limpieza. Así es que hoy, en la localidad mendocina de Guaymallén, los lampazos, lampacines, mopas, plumeros y escobas los hacen y venden las Mujeres Empoderadas.
El proyecto es una de las experiencias que surgieron de la mano del Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE) que el 29 de abril de este año el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social decidió extender a las mujeres víctimas de violencia doméstica. “La política está abierta para todas las personas que no tienen empleo, pero pensamos que había que llamar en particular a las mujeres víctimas de violencia porque sabemos que cuando vivís violencia la empleabilidad o capacidad de poder pensarte en un empleo, cambiar o buscar mejores condiciones de trabajo está menoscabada. Entonces, teníamos que llamarlas especialmente y hacer con ellas un trabajo bastante específico también”, explica a COMUNICAR IGUALDAD María José Rodríguez, de la Asesoría de Género y Diversidad Sexual de la Secretaría de Empleo del Ministerio.
El SCyE tiene tres ejes: finalidad educativa, formación profesional y capacitación laboral como contraprestación al cobro de $225 durante 24 meses. Se agregan incentivos por hacer y finalizar ($600 más si se termina la escuela y $900 por formarse profesionalmente, por ejemplo) y se financian hasta $15.000 para el armado de emprendimientos económicos, como el de la cooperativa de Guaymallén. El tiempo de permanencia en el programa se computa para la jubilación, no requiere la presentación de una denuncia, y se puede acceder a través de organizaciones sociales, organismos estatales o desde las oficinas de Empleo de cada distrito. La gran macana: el seguro es incompatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH).
“Se trata por un lado de una ayuda económica, pero también es el acceso a un montón de prestaciones del Ministerio que apuntan a aumentar la empleabilidad de estas mujeres: orientación, formación e intermediación laboral, apoyo en la búsqueda de empleo, programas de entrenamiento laboral y de emprendimientos autogestivos. Además, generamos medidas para incentivar al sector empleador a que contrate personas. Es ponerlas en la puerta de un posible empleo, como un abanico de políticas activas de empleo que están a disposición de estas mujeres cuando entran al seguro”, refuerza Rodríguez.
La buena receptividad de la medida allanó el terreno para que otras resoluciones extendieran la cobertura a personas desempleadas cuya identidad de género no se corresponde con el sexo asignado al nacer, y a víctimas de explotación sexual, trata o en situación de prostitución.
Hasta la fecha, el Ministerio recibió 400 solicitudes del colectivo trans y son 206 las mujeres víctimas de violencia ya incorporadas al seguro.
Ellas hacen
En abril de este año, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación también salió con bombos y platillos a difundir el inicio del Ellas Hacen, una iniciativa enmarcada en el programa Ingreso Social con Trabajo Argentina Trabaja, destinada a que mujeres de todo el país mejoren sus barrios, se capaciten y puedan terminar sus estudios. Las convocadas fueron mujeres jefas de hogar o en situación de vulnerabilidad económica y/o social con tres o más hijos menores de 18 años, y/o con discapacidad, que cobraran la AUH y/o que sean víctimas de violencia de género en cualquiera de sus formas.
Sufrir violencia no requirió, sin embargo, la presentación de una denuncia, porque, según dicen desde el Ministerio, participaron de la pre-inscripción representantes del Consejo de la Mujer y personal de los municipios capacitado en reconocer la particularidad de estos padecimientos.
La instancia de pre-inscripción se dividió por etapas: primero fue el turno de 36 distritos del conurbano bonaerense; luego la ciudad de Corrientes junto con las provincias de Chaco, Entre Ríos, Misiones y Tucumán; y finalmente el subsidio llegó a las regiones del NEA, NOA y de Cuyo. En esos primeros contactos se tomaron datos y documentación y, previo chequeo en las bases del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social, cien mil mujeres quedaron formalmente ingresadas al programa.
La educación y el trabajo son los grandes estandartes del Ellas Hacen. Así es que las mujeres como monotributistas ―garantía de obra social y de aportes jubilatorios― cobran $1500 por mes (aparte de la AUH) a cambio de realizar jornadas laborales de mejoramiento en sus comunidades ―organizadas en forma de cooperativas―, participar de distintas capacitaciones y completar sus estudios primarios o secundarios.
Por el momento el Ministerio de Desarrollo no cuenta con datos sobre cómo viene saliendo la implementación de esta política.
Empezar a andar
La provincia de Buenos Aires no quiso quedarse afuera, y entonces también este año el Ministerio de Desarrollo Social y la Defensoría del Pueblo local pusieron en marcha el Programa Andando, que prevé el otorgamiento de otra ayuda económica mensual de $1200 durante seis meses para las víctimas de violencia familiar que puedan certificar que están siendo asesoradas y contenidas por un equipo especializado.
En diálogo con COMUNICAR IGUALDAD, desde el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría explican cómo surgió la medida: “El Ministerio de Desarrollo a través de la Dirección de Políticas de Género (DPG) identificó como un grave obstáculo la falta de autonomía económica de las mujeres y de qué manera este factor incide al momento de romper con el círculo de la violencia, por esto se diseñó el Programa Andando que tiene como destinatarias a las mujeres víctimas de violencia que hayan recurrido al equipo de la DPG con motivo de una situación de riesgo grave, teniendo que recurrir a un refugio o servicio de hospedaje”.
Para acceder al Programa se exige presentar copia del DNI, de la denuncia por violencia y la constancia de intervención. Estos documentos deben ser enviados a la oficina de la Dirección de Políticas de Género del Ministerio, lo cual puede hacerse a través de las mesas locales ubicadas en 71 distritos de la provincia. Andando es compatible con Ellas Hacen y con la AUH, pero por su reciente aparición tampoco existen aún evaluaciones de incidencia ni cantidad de beneficiarias.
Distintos estudios e investigaciones y la experiencia territorial de infinidad de organizaciones sociales y de mujeres señalan que más de la mitad de las víctimas que sufren situaciones de violencia no las denuncian por temor a una venganza del agresor. Sin embargo, para el OVG certificar el maltrato tiene justificación: “Uno de los lineamientos que hemos visibilizado es la importancia de que las políticas públicas no se concentren de manera exclusiva en la atención en emergencia, sino que se implementen de manera transversal y que haya lineamientos de acción efectivos en articulación con el Poder Judicial, repensando la noción de acceso a la justicia en relación con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres”.
Saber de qué se trata
En el año 2010, un estudio realizado en Argentina, Brasil y Colombia por el Centro de Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos (COHRE, por su sigla en inglés) dejó en evidencia que la dependencia económica aparece como el obstáculo principal para terminar con una relación violenta. No poder escapar del agresor es, además, un problema que afecta a mujeres de todos los sectores sociales: las que viven en barrios informales suelen carecer de medios económicos independientes, y aquellas de mayores recursos sufren con la separación una pérdida de la calidad de vida más fuerte.
Las iniciativas estatales que apuntan a romper con el círculo rabioso de golpes y humillaciones a través de ayudas económicas son festejadas, aplaudidas y traen un poco de alivio a tanto dolor. Sin embargo, es necesario entender y reflexionar sobre todos los vericuetos que conlleva la violencia doméstica para no encorsetar una problemática dentro de otras ya establecidas. “Cualquier programa que venga integrado a una perspectiva de género tiene que estar atravesado por los elementos que exige la complejidad de la temática, desde un diagnóstico inicial. Pedir la denuncia como requisito, por ejemplo, es no comprender la situación ni saber del problema, porque muchas veces la denuncia pone mucho más en riesgo a las mujeres. Si no hay un atravesamiento de la mirada de género en el inicio de estas políticas después lo que se hace es tomar y focalizar, y eso termina debilitando”, explica Susana Sadoux, integrante de la asociación civil Mujeres al Oeste (MAO).
Claudia Hasanbegovic, abogada y coordinadora del Equipo de Investigación Feminista en Género, Derecho y Justicia Social (Equifem), también manifiesta sus reparos: “El gran problema no reside en que el Estado dé subsidios, sino en que el Estado frene la violencia en cualquiera de sus formas, sobre todo después de la separación que continúa a través de la violencia económica al no pagar alimentos. Pero todas estas políticas no ponen el foco en el varón violento que no pasa alimentos para castigar a la mujer, y ahí es, me parece a mí, donde el Estado tiene una deuda muy importante. Por otro lado, también cuestiono que a las mujeres que tienen que hacerse cargo del incumplimiento de sus ex parejas y del Estado que no garantiza se les ofrezcan subsidios que las obligan a trabajar para ganárselo. Es una contradicción: el alimentante no cumple con su parte, el Estado tampoco, y a ellas las mandan a trabajar y a demostrar con denuncias que no mienten”.
Pero supongamos que todo es perfectible ―mientras exista una férrea voluntad política de querer ayudar a que tantísimas mujeres puedan salir del mismo infierno que viven puertas adentro― y tomemos la historia de María como una lucecita de esperanza: “Pude darle lugar a este tema, ponerle nombre, hablarlo y que me escuchen con respeto. A partir de ahí fui transitando un camino acompañada. Ahora me levanto, acomodo mi casa y preparo la comida porque sé que después voy a ir a hacer algo lindo. Palpamos la fuerza del grupo y ya estamos viendo en concreto los productos que fabricamos en la cooperativa. Finalmente, trabajo en un proyecto económico y me siento en la lucha”. Y cuando María lucha, luchamos todas.
Por Mariana Fernández Camacho
COMUNICAR IGUALDAD- Lo que no se nombra, no existe…
nos dicen desde el feminismo, y nos invitan a trastornar el lenguaje.
Sin embargo, algunas veces lo que existe no puede nombrarse, pero no
por falta de palabras sino porque nombrarlo duele. Duele tanto.“Fue un antes y un después en mi vida. Una transformación a todo nivel, que me permitió ponerle nombre a la situación que estaba viviendo y conectarme con partes mías ocultas, tapadas: la fuerza, la confianza, y a partir de ahí desarrollar un proyecto económico. Porque esas son las dificultades que tenemos las mujeres que sufrimos violencia: no darnos cuenta de que somos sujetos de violencia y además haber pasado muchos años dependiendo de otra persona o en trabajos informales. No conocemos nuestras fuerzas y estamos limitadas para decidir: la mujer que no tiene un medio económico no puede decidir”, María habla claro y firme. Con la claridad y la firmeza que da la experiencia de vida y el sentir que ahora sí está donde quiere estar.
María tiene 59 años, tres hijas, un nieto y una tesis a medio hacer que le dará el título de trabajadora social. Pero desde hace cuatro meses, María también tiene un grupo de contención y de formación, porque junto con otras 12 mujeres víctimas de violencia doméstica se asociaron para armar una fábrica de artículos de limpieza. Así es que hoy, en la localidad mendocina de Guaymallén, los lampazos, lampacines, mopas, plumeros y escobas los hacen y venden las Mujeres Empoderadas.
El proyecto es una de las experiencias que surgieron de la mano del Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE) que el 29 de abril de este año el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social decidió extender a las mujeres víctimas de violencia doméstica. “La política está abierta para todas las personas que no tienen empleo, pero pensamos que había que llamar en particular a las mujeres víctimas de violencia porque sabemos que cuando vivís violencia la empleabilidad o capacidad de poder pensarte en un empleo, cambiar o buscar mejores condiciones de trabajo está menoscabada. Entonces, teníamos que llamarlas especialmente y hacer con ellas un trabajo bastante específico también”, explica a COMUNICAR IGUALDAD María José Rodríguez, de la Asesoría de Género y Diversidad Sexual de la Secretaría de Empleo del Ministerio.
El SCyE tiene tres ejes: finalidad educativa, formación profesional y capacitación laboral como contraprestación al cobro de $225 durante 24 meses. Se agregan incentivos por hacer y finalizar ($600 más si se termina la escuela y $900 por formarse profesionalmente, por ejemplo) y se financian hasta $15.000 para el armado de emprendimientos económicos, como el de la cooperativa de Guaymallén. El tiempo de permanencia en el programa se computa para la jubilación, no requiere la presentación de una denuncia, y se puede acceder a través de organizaciones sociales, organismos estatales o desde las oficinas de Empleo de cada distrito. La gran macana: el seguro es incompatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH).
“Se trata por un lado de una ayuda económica, pero también es el acceso a un montón de prestaciones del Ministerio que apuntan a aumentar la empleabilidad de estas mujeres: orientación, formación e intermediación laboral, apoyo en la búsqueda de empleo, programas de entrenamiento laboral y de emprendimientos autogestivos. Además, generamos medidas para incentivar al sector empleador a que contrate personas. Es ponerlas en la puerta de un posible empleo, como un abanico de políticas activas de empleo que están a disposición de estas mujeres cuando entran al seguro”, refuerza Rodríguez.
La buena receptividad de la medida allanó el terreno para que otras resoluciones extendieran la cobertura a personas desempleadas cuya identidad de género no se corresponde con el sexo asignado al nacer, y a víctimas de explotación sexual, trata o en situación de prostitución.
Hasta la fecha, el Ministerio recibió 400 solicitudes del colectivo trans y son 206 las mujeres víctimas de violencia ya incorporadas al seguro.
Ellas hacen
En abril de este año, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación también salió con bombos y platillos a difundir el inicio del Ellas Hacen, una iniciativa enmarcada en el programa Ingreso Social con Trabajo Argentina Trabaja, destinada a que mujeres de todo el país mejoren sus barrios, se capaciten y puedan terminar sus estudios. Las convocadas fueron mujeres jefas de hogar o en situación de vulnerabilidad económica y/o social con tres o más hijos menores de 18 años, y/o con discapacidad, que cobraran la AUH y/o que sean víctimas de violencia de género en cualquiera de sus formas.
Sufrir violencia no requirió, sin embargo, la presentación de una denuncia, porque, según dicen desde el Ministerio, participaron de la pre-inscripción representantes del Consejo de la Mujer y personal de los municipios capacitado en reconocer la particularidad de estos padecimientos.
La instancia de pre-inscripción se dividió por etapas: primero fue el turno de 36 distritos del conurbano bonaerense; luego la ciudad de Corrientes junto con las provincias de Chaco, Entre Ríos, Misiones y Tucumán; y finalmente el subsidio llegó a las regiones del NEA, NOA y de Cuyo. En esos primeros contactos se tomaron datos y documentación y, previo chequeo en las bases del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social, cien mil mujeres quedaron formalmente ingresadas al programa.
La educación y el trabajo son los grandes estandartes del Ellas Hacen. Así es que las mujeres como monotributistas ―garantía de obra social y de aportes jubilatorios― cobran $1500 por mes (aparte de la AUH) a cambio de realizar jornadas laborales de mejoramiento en sus comunidades ―organizadas en forma de cooperativas―, participar de distintas capacitaciones y completar sus estudios primarios o secundarios.
Por el momento el Ministerio de Desarrollo no cuenta con datos sobre cómo viene saliendo la implementación de esta política.
Empezar a andar
La provincia de Buenos Aires no quiso quedarse afuera, y entonces también este año el Ministerio de Desarrollo Social y la Defensoría del Pueblo local pusieron en marcha el Programa Andando, que prevé el otorgamiento de otra ayuda económica mensual de $1200 durante seis meses para las víctimas de violencia familiar que puedan certificar que están siendo asesoradas y contenidas por un equipo especializado.
En diálogo con COMUNICAR IGUALDAD, desde el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría explican cómo surgió la medida: “El Ministerio de Desarrollo a través de la Dirección de Políticas de Género (DPG) identificó como un grave obstáculo la falta de autonomía económica de las mujeres y de qué manera este factor incide al momento de romper con el círculo de la violencia, por esto se diseñó el Programa Andando que tiene como destinatarias a las mujeres víctimas de violencia que hayan recurrido al equipo de la DPG con motivo de una situación de riesgo grave, teniendo que recurrir a un refugio o servicio de hospedaje”.
Para acceder al Programa se exige presentar copia del DNI, de la denuncia por violencia y la constancia de intervención. Estos documentos deben ser enviados a la oficina de la Dirección de Políticas de Género del Ministerio, lo cual puede hacerse a través de las mesas locales ubicadas en 71 distritos de la provincia. Andando es compatible con Ellas Hacen y con la AUH, pero por su reciente aparición tampoco existen aún evaluaciones de incidencia ni cantidad de beneficiarias.
Distintos estudios e investigaciones y la experiencia territorial de infinidad de organizaciones sociales y de mujeres señalan que más de la mitad de las víctimas que sufren situaciones de violencia no las denuncian por temor a una venganza del agresor. Sin embargo, para el OVG certificar el maltrato tiene justificación: “Uno de los lineamientos que hemos visibilizado es la importancia de que las políticas públicas no se concentren de manera exclusiva en la atención en emergencia, sino que se implementen de manera transversal y que haya lineamientos de acción efectivos en articulación con el Poder Judicial, repensando la noción de acceso a la justicia en relación con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres”.
Saber de qué se trataEn el año 2010, un estudio realizado en Argentina, Brasil y Colombia por el Centro de Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos (COHRE, por su sigla en inglés) dejó en evidencia que la dependencia económica aparece como el obstáculo principal para terminar con una relación violenta. No poder escapar del agresor es, además, un problema que afecta a mujeres de todos los sectores sociales: las que viven en barrios informales suelen carecer de medios económicos independientes, y aquellas de mayores recursos sufren con la separación una pérdida de la calidad de vida más fuerte.
Las iniciativas estatales que apuntan a romper con el círculo rabioso de golpes y humillaciones a través de ayudas económicas son festejadas, aplaudidas y traen un poco de alivio a tanto dolor. Sin embargo, es necesario entender y reflexionar sobre todos los vericuetos que conlleva la violencia doméstica para no encorsetar una problemática dentro de otras ya establecidas. “Cualquier programa que venga integrado a una perspectiva de género tiene que estar atravesado por los elementos que exige la complejidad de la temática, desde un diagnóstico inicial. Pedir la denuncia como requisito, por ejemplo, es no comprender la situación ni saber del problema, porque muchas veces la denuncia pone mucho más en riesgo a las mujeres. Si no hay un atravesamiento de la mirada de género en el inicio de estas políticas después lo que se hace es tomar y focalizar, y eso termina debilitando”, explica Susana Sadoux, integrante de la asociación civil Mujeres al Oeste (MAO).
Claudia Hasanbegovic, abogada y coordinadora del Equipo de Investigación Feminista en Género, Derecho y Justicia Social (Equifem), también manifiesta sus reparos: “El gran problema no reside en que el Estado dé subsidios, sino en que el Estado frene la violencia en cualquiera de sus formas, sobre todo después de la separación que continúa a través de la violencia económica al no pagar alimentos. Pero todas estas políticas no ponen el foco en el varón violento que no pasa alimentos para castigar a la mujer, y ahí es, me parece a mí, donde el Estado tiene una deuda muy importante. Por otro lado, también cuestiono que a las mujeres que tienen que hacerse cargo del incumplimiento de sus ex parejas y del Estado que no garantiza se les ofrezcan subsidios que las obligan a trabajar para ganárselo. Es una contradicción: el alimentante no cumple con su parte, el Estado tampoco, y a ellas las mandan a trabajar y a demostrar con denuncias que no mienten”.
Pero supongamos que todo es perfectible ―mientras exista una férrea voluntad política de querer ayudar a que tantísimas mujeres puedan salir del mismo infierno que viven puertas adentro― y tomemos la historia de María como una lucecita de esperanza: “Pude darle lugar a este tema, ponerle nombre, hablarlo y que me escuchen con respeto. A partir de ahí fui transitando un camino acompañada. Ahora me levanto, acomodo mi casa y preparo la comida porque sé que después voy a ir a hacer algo lindo. Palpamos la fuerza del grupo y ya estamos viendo en concreto los productos que fabricamos en la cooperativa. Finalmente, trabajo en un proyecto económico y me siento en la lucha”. Y cuando María lucha, luchamos todas.
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