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La discusión de la reforma fiscal ha sido mucho más atropellada de lo que se esperaba. Me temo que se analizaron poco los efectos de los impuestos en la economía e incluso de su verdadero potencial recaudatorio.
Se registran avances importantes que reducen las posibilidades de evasión sobre la renta, especialmente de las personas físicas, pero también se recurrió a la improvisación a la hora de proponer nuevos gravámenes. En mi opinión, la reforma tiene tres grandes problemas.
El primero es la baja recaudación que se obtiene del Impuesto sobre la Renta de las empresas, solamente 16 millones de pesos contra casi 60 millones de las personas físicas. Se eliminaron regímenes y facilidades fiscales, pero también se fueron los impuestos de control, lo que introduce un importante elemento de incertidumbre con respecto a la meta de ingresos.
El segundo es que la reforma apenas si recauda un punto del PIB, lo que no paga ni los gastos del año entrante.
La tercera y más importante, ya que está aún por discutirse, es que se no modifica la manera de gastar. Los diputados simplemente no pueden mantener el mismo juego presupuestal que inició cuando se perdió la mayoría de la Cámara Baja y que no se basa en mejorar la calidad del gasto, sino en negociar etiquetados de gasto, la mayoría de los cuales no cumplen con criterios mínimos que garanticen el buen uso y ejercicio de los recursos.
En esta ocasión, si el gasto no se puede ejercer bien y pronto, en proyecto de inversión, se corre el riesgo de que se prolongue el costoso periodo de muy bajo crecimiento que vive la economía mexicana.
Los cambios tributarios si pueden tener efectos regresivos en la economía (lo que por cierto nadie calculó, especialmente para los impuestos de última hora) que sin embargo podrían más que compensarse debido a que el paquete de gasto es mucho más elevado que el de los años anteriores. Existe suficiente evidencia y teoría en favor de los efectos expansivos del gasto público, pero especialmente cuando el mismo se destina a la inversión pública o incluso cuando se realizan transferencias directas de efectivo a la población.
Otro tipo de gasto puede tener efectos positivos en el mediano plazo, y en general mejorar el bienestar de la sociedad, pero no reactivan el ciclo de la economía. Los detractores del que el Estado tenga un mayor papel en la economía argumentan que el gasto tiene un efecto que desplaza la inversión privada, la verdad es que depende de en qué se gasta. Lo que se debe privilegiar cuando urge reactivar la economía es gastar en lo que va a generar empleo, competitividad y mayor inversión privada en el menor tiempo posible. Eso, en general, no es el tipo de cosas que etiquetan los diputados.
Tristemente la discusión presupuestaria en la Cámara de Diputados normalmente no mejora la calidad del gasto. En general se incrementa las asignaciones que la SHCP envió con menos recursos de los recurrentes en temas sensibles como campo, salud y universidades estatales, como carta de negociación con los diputados, pero poco se discute sobre austeridad, evaluación del gasto o incluso sobre las grandes prioridades.
De hecho varios miles de millones se distribuyen en pequeñas bolsas que aterrizan en estados, municipios e incluso en organizaciones para proyectos que no cumplen criterios mínimos, que no forman parte de políticas nacionales y que (basta revisar los resultados de Auditoria Superior de la Federación) existen incluso evidencias de que parte de los mismos, debido a su dispersión y falta de seguimiento, pueden ser desviados.
Otra parte de la discusión se centra en conseguir recursos para los proyectos de los gobernadores, en general se trata de propuesta mucho más estudiadas, pero no todas son viables, buena parte de las mismas tarda meses en ejercerse, o nunca se concretan, es decir no necesariamente van a impulsar el ciclo económico.
Es por eso que lo que deberíamos exigir a los diputados es que no etiqueten recursos en sus pequeñas bolsas, que los apoyos a sus comunidades se realice por medio de programas que se puedan evaluar, que se obligue al Gobierno Federal a un ejercicio de austeridad que permita reorientar los recursos a la inversión, que se modifiquen las asignaciones de gasto a los rubros con mayor capacidad de impulsar el crecimiento y que se establezcan mecanismos para que los recursos que se destinan a proyectos de los estados se ejerzan con agilidad y en proyectos viables.
A unos días de que se apruebe el Presupuesto 2014, propongo que los diputados realicen cinco cosas concretas que contribuyan a reducir los riesgos de un paquete financiero que podría generar una recesión en el país:
1) Establecer en el presupuesto un paquete de austeridad de 35,000 millones de pesos en las partidas de gasto en salarios, materiales, suministros, asesorías, viajes, etc., y destinarlos a proyectos de infraestructura contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo. En el decreto presupuestal se deben establecer plazos para su cumplimiento y los mecanismos para darle seguimiento durante el ejercicio. Se trata de un monto viable, no muy distinto a lo propuesto por el PRI hace un par de años. Tan solo la eliminación del seguro médico privado para los funcionarios federales representa un ahorro de 14,000 millones de pesos, mientras que reducir el 10% de los sueldos de los altos funcionarios permitiría ahorrar alrededor de 4,000 millones de pesos.
2) Se podría reducir el presupuesto de los llamados órganos autónomos y otorgarles un incremento mayor al propuesto. Por ejemplo, si al Poder Judicial se le incrementa su presupuesto en 10% (algo muy razonable) en lugar del 17% solicitado se podrían ahorrar 3,000 millones de pesos, y si al IFE mantiene en términos reales el presupuesto de 2011 se ganarían 1,000 millones y el Poder Legislativo tiene el mismo gasto en términos reales del 2013 se obtendrían 1,000 millones adicionales.
3) Eliminar todos los etiquetados que realizan los diputados en los rubros de cultura, infraestructura deportiva, ciencia y tecnología y medio ambiente. Se trata de una multitud de proyectos dispersos, que no corresponden a programas de gobierno y que no cumplen con criterios mínimos de calidad de gasto. En la realidad sirven para que los diputados expresen demandas de sus territorios, hay de todo, predominan la ocurrencia y sobre todo el criterio político a la hora de asignar.
Para los próximos años se deberían establecer bancos de proyectos para que se cuente con un catálogo de iniciativas que cubran requisitos mínimos. Por lo pronto, en su lugar se podría destinar un decena de miles de millones de pesos a proyectos concretos de infraestructura en dichos rubros que formen parte del Plan Nacional de Desarrollo o que sean desarrollados por universidades o instituciones públicas que garanticen el mayor impacto de política pública. La verdad es que en las últimas décadas el costo de la aprobación del presupuesto en la Cámara de Diputados ha sido el de destinar los recursos a pequeños proyectos etiquetados en lugar a infraestructura de verdad útil y permanente para la cultura, la ciencia y tecnología, el medio ambiente y el deporte
4) Establecer en texto del decreto medidas para agilizar la entrega y ejercicio de recursos para las entidades federativas en las distintas formas que existe para ello en el Ramo 23, en los fondos metropolitanos, regionales y en los proyectos específicos. Lo que hemos visto en los últimos años son un número creciente de recursos para la entidades que se registran en dicho ramo operado por la Secretaría de Hacienda que mantiene un enorme discrecionalidad sobre los mismos, en ocasiones sobre regula y en otras es laxa en la entrega. El año pasado ese ramo creció en más de 13,000 millones con respecto al proyecto original. Se requiere de reglas más sencillas, pero también de mecanismos de información para conocer en tiempo real el avance de los proyectos e incluso la posibilidad de reasignar los recursos durante al año en caso de que no existan condiciones de ejercicio. Sería una pena que la reactivación económica no llegara porque se detiene el gasto en infraestructura de las entidades.
5) Finalmente es necesario obligar al Ejecutivo Federal a reactivar el proyecto de presupuestación basada en resultados, que pretendía (ya casi murió) basar buena parte de las decisiones de gasto en evaluaciones, indicadores y mecanismos de planeación que nos permitiera privilegiar los programas y proyectos que efectivamente generan beneficios a la población. De eso se habla poco y se hace menos en el proceso presupuestal, por eso la reforma fiscal estuvo muy, pero muy lejos de ser integral.
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