por Desinformémonos
La ciudad de México
consolidó conquistas de libertades ciudadanas gracias a la movilización
de la sociedad, que están amenazadas “por un clima gubernamental que,
reactivando los discursos del priismo, observa en cualquier expresión
de disenso o de protesta, una amenaza”.
México, Distrito Federal. Es
claro el mensaje a la sociedad civil movilizada, lanzado a través de la
represión contra la marcha del 2 de octubre de 2013: las autoridades no
permitirán que la inconformidad social se manifieste en la plaza
pública más importante de México, valora el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
En un informe realizado a
propósito de las violaciones a derechos humanos cometidas por la
policía en la marcha conmemorativa de la masacre de 1968, los
defensores de derechos humanos documentaron agresiones al derecho a la
vida, la libertad, la seguridad jurídica, entre otros, y advierten: “La
criminalización de la protestas no es una expresión del estado de
derecho, hay una racionalidad política y la intención de eliminar los
conflictos de la esfera política para llevarlos al campo penal”.
En el informe “45 años de
impunidad conmemorados bajo represión estatal”, el centro de derechos
humanos remarca que “El castigo ejemplar, la represión disuasiva y
sistemática y la construcción de un discurso de justificación del
estado de excepción, son elementos para atajar al pensamiento crítico y
disciplinar a la sociedad”, y advierte que es una estrategia
deliberadas de las autoridades, que exhiben un fuerte tinte autoritario.
Al parejo, la protesta y la represión
El centro de derechos humanos
señala que la protesta social es un derecho vinculado a la acción y
participación política de las sociedades, y “posibilita la
deliberación, consenso y resolución sobre cuestiones de interés
público”, y sin ella, los sectores sociales en desventaja no pueden
llevar al espacio público sus demandas para que sean atendidas.
En un recorrido histórico,
donde destaca los movimientos obreros de fines de los años cincuenta y
el movimiento estudiantil de 1968, el Prodh señala que “la protesta
social y las expresiones de construcción política de derechos han
tenido momentos álgidos en la historia del país, siempre acompañados de
grandes movilizaciones, de represión y de lucha que han desembocado en
avances sustantivos en términos de libertades democráticas”. El
recuento señala que golpes, detenciones arbitrarias y tortura, uso
selectivo del derecho penal y estigmatización de masas desde los
órganos del poder, fueron los métodos empleados para acabar con estas
expresiones sociales.
A partir de la década de
1980, recuenta el informe, se mantuvo una presencia constante de
manifestantes en las calles antes la falta de cauces institucionales
para solucionar las demandas sociales y la falta de espacios en los
grandes medios de comunicación.
A las acciones sociales
“festivas o solemnes, silenciosas o estruendosas, masivas o apenas
visibles”, indican los defensores, la respuesta recurrente desde
entonces es la descalificación a los opositores y el deslinde del
Estado de las causas que originan los movimientos políticos. La
estigmatización a quienes protestan generaliza la descalificación y
conduce a la ruptura de los vínculos de solidaridad social: “Los medios
y las autoridades que actúan de esta forma evidencian una vocación
profundamente autoritaria”, acusa el texto.
El Distrito Federal,
particularmente, vio la proliferación de las manifestaciones de toda
índole a partir de la organización civil debida al sismo de 1985 y el
fraude electoral de 1988. “Empieza a ser escenario tanto de las luchas
nacionales como de los avances democráticos más sustantivos, con origen
en demandas locales”, abunda el informe.
El Prodh considera que en la ciudad de México
consolidó un capital social y de conquistas de libertades ciudadanas
como consecuencia de la movilización de la sociedad, que recientemente
se ve amenazado “por un clima gubernamental que, reactivando los
discursos del priismo, observa en cualquier expresión de disenso o de
protesta, una amenaza”.
En informe destaca que, en la capital de México,
persisten los discursos políticos que justifican las políticas de mano
dura, basadas en la restricción de los derechos humanos y mayores
facultades discrecionales para los cuerpos de seguridad, y señala que
entre los modos de criminalizar a los movimientos sociales –además de
la represión, persecución penal de grupos y la descalificación-, se
encuentra la creación de sanciones administrativas y delitos
(disolución social, ataques contra la paz pública o ultrajes) que
posibilitan la persecución penal de grupos y personas, que ahora
alcanza a medios de comunicación y defensores de derechos humanos.
En un análisis de las
estadísticas presentadas por el gobierno de la ciudad, el Prodh
evidencia la “policialización” de las manifestaciones públicas, tanto
en cantidad de elementos como en las formas de intervención estatal, al
mismo tiempo que detecta una efervescencia social visible en el número
de personas que participan en los actos masivos. Mientras que durante
todo el año 201 la policía intervino en 5 mil 823 eventos, en siete
meses de 2013 llegó a 5 mil 464.
El Protocolo de Actuación
Policial de la Secretaría de Seguridad Pública para el Control de
Multitudes, aprobado por vía administrativa en marzo de 2013, amparó
una mayor intervención policial en las manifestaciones “para contener a
multitudes, conducirlas, aislar a grupos de manifestantes, deshacer
bloqueos, liberar calles y espacios públicos y restablecer el orden
público”, valora en informe.
La nueva forma de presencia
policiaca consta de “una presencia disuasiva y provocativa,
encapsulamientos, detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de la
fuerza, utilización de armamento y equipo no sólo con el propósito de
detener personas, sino de imponer una lógica de terror hacia la
población”.
La represión en la conmemoración
Durante la marcha
conmemorativa del 2 de octubre, el centro de derechos humanos envió una
Misión de Observación que, debido a la violencia policial de la que fue
objeto, no pudo completar el recorrido pero sí documentó diversos
abusos de la fuerza pública que, consideran, es increíble que se puedan
achacar a una desobediencia masiva de los policías, como argumentó el
gobierno local.
Desde el inicio del
recorrido, evidencia el Prodh por medio de la observación y las
fotografías, se vivió un despliegue desproporcionado, intimidador y
provocador de los cuerpos policiacos, tanto uniformados como vestidos
de civil, quienes no llevaron insignias que permitieran su
identificación personal. Los observadores de derechos humanos denuncian
las revisiones generalizadas “bajos criterios inconstitucionales, como
el del ‘actitud sospechosa’”. Estas actitudes, acusa el centro de
derechos humanos, causaron tensión entre manifestantes y policía.
Las primeras acciones
represivas, informa el texto, se dieron con el uso de gases
lacrimógenos para encausar la marcha por donde deseaba la policía, y no
en la ruta marcada por los manifestantes, que se bloqueó con centenares
de elementos policiacos. A lo largo de la ruta de la marcha, acusa el
Prodh, se desplegó una formación policiaca que hostilizó a los
manifestantes y la realización de un cerco que posibilitó la agresión a
manifestantes y las detenciones arbitrarias.
El informe destaca que cuando
un manifestante era agredido, a su alrededor se formaban dos círculos
de policías, el que lo agredía y el exterior, que imposibilitaba que
otras personas pudieran ver lo que sucedía.
Entre otros elementos
violatorios de derechos humanos, el informe expone el uso de policía
investigadora vestida de civil para hacer detenciones, supuestos
monitores de derechos humanos que fotografiaron a manifestantes, uso
diverso de armas no letales y uso desproporcionado de la fuerza.
Finalmente, el informe señala
que los observadores no pudieron terminar su recorrido pues fueron
víctimas de agresión por parte de la policía, en un claro intento de
obstaculizar la documentación de la represión.
La fuerza por la fuerza
En sus conclusiones, el
informe del Prodh denuncia el uso de la fuerza sin respetar ni siquiera
los estándares que el propio gobierno se impone, y mucho menos los
límites a los que obliga la legalidad internacional.
En centro de derechos humanos, que
recientemente cumplió 25 años de servicio, exige que las autoridades se
hagan responsables de las violaciones a los derechos humanos y cambien
su concepto de seguridad pública por uno de seguridad ciudadano.
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