Miguel Carbonel
La iniciativa enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado, para permitir la intervención federal en gobiernos municipales, entraña un profundo peligro para el régimen democrático del país. Tal como está, no debe ser aprobada.
El Presidente propone abrir una puerta que lo único que generará es incertidumbre y que convoca al ejercicio autoritario de funciones públicas. En efecto, la iniciativa pretende que los poderes federales asuman las funciones de las autoridades municipales cuando exista “una infiltración del crimen organizado en la administración o ejecución de servicios públicos municipales”.
Así quedaría, de ser aprobada la iniciativa presidencial, el texto del artículo 115 de nuestra Constitución. El problema consiste en la absoluta indeterminación del supuesto que se pretende regular: ¿qué significa que exista una “infiltración” del crimen organizado? ¿debe llegar esa infiltración al máximo nivel o basta con que un policía municipal esté coludido con una banda de robacoches? El artículo 16 constitucional actualmente señala que hay delincuencia organizada cuando se delinque de forma reiterada en grupos de tres o más personas. Entonces podrían desaparecer a un municipio si tres empleados de limpia con frecuencia robaran partes del camión en el que trabajan o si un grupo de tres mecanógrafos robara papel de sus oficinas. Así de disparatada es la puerta que pretende abrirse por medio de la iniciativa.
Todavía más: ¿cómo se busca resolver a través de decisiones políticas lo que corresponde atender por medio de la aplicación de la ley penal? Es decir, si algún funcionario público está inmiscuido con la criminalidad organizada, ¿no sería mejor consignarlo ante un juez penal y meterlo a la cárcel? ¿qué se gana trastocando el gobierno municipal?
Imaginemos un escenario futuro. Supongamos que la iniciativa se aprueba tal como fue enviada y que en 2018 el gobierno federal queda en manos de un partido diferente al PRI, el cual sospecha que hay “infiltración” del crimen organizado en el municipio de Toluca (en ese entonces todavía un bastión priísta) y decide intervenirlo. ¿Qué dirían los legisladores del PRI que aprobaron la iniciativa? ¿qué pasaría si se decide intervenir el municipio de Guadalajara, o el de Monterrey o Naucalpan o Nezahualcóyotl?
Pero lo más peligroso de la iniciativa presidencial es que propone que no haya defensa posible contra la intervención federal de un municipio, pues se pretende que las controversias constitucionales que pudieran plantearse ante la Suprema Corte sean improcedentes. No solamente se trata de abrir la puerta a la arbitrariedad, sino que además se quiere que nadie pueda defenderse.
Ningún Estado de derecho se puede construir, con seriedad, negando el acceso a los tribunales para que quien sea afectado por un acto de autoridad se defienda. Dicha reforma autorizaría un ejercicio abusivo del poder, sin permitir ningún tipo de control o contrapeso. El Presidente está pidiendo un cheque en blanco para poder borrar de un plumazo a cualquier gobierno municipal, sin que nadie pueda contravenir dicha decisión. Su iniciativa no debe ser aprobada.
Investigador del IIJ de la UNAM.
@MiguelCarbonell
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