MÉXICO,
D.F. (apro).- En víspera de la conmemoración del Día Internacional de
los Derechos Humanos, organizaciones civiles exigieron al presidente
Enrique Peña Nieto que reconozca “la inexistencia de logros a celebrar”
y acepte “la grave crisis de desapariciones que enfrenta México”.
En un comunicado conjunto, 15 organizaciones de derechos humanos
reprocharon a Peña Nieto que en su decálogo presentado en días pasados
no se contemplaron estrategias claras para la “prevención y
erradicación” de las desapariciones en el país que, de acuerdo con los
registros oficiales, serían más de 23 mil 605 personas.
Las agrupaciones lamentaron que el decálogo de Peña Nieto “en mínima
medida aborde las problemáticas de derechos humanos y que sea
insuficiente para terminar con las desapariciones que afectan a decenas
de miles de personas y sus familias”.
Peor aún, sostuvieron que en el mensaje presidencial se trasladó la
“agenda sustantiva al Poder Legislativo, cuando desde la esfera de la
administración pública federal hay incontables asuntos pendientes”.
Los activistas advirtieron que en el punto ocho del decálogo –a
propósito de la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas
No Localizadas–, éste “no fue presentado como una política integral,
quedando soslayados aspectos fundamentales”.
Pese a la gravedad del problema, señalaron, el documento presentado
por Peña Nieto no consideró un “Plan de Búsqueda en Vida”, que coordine
acciones de investigación inmediata de distintos ámbitos
gubernamentales, “cuya ejecución recaiga en autoridades con capacidad
de realizar dicha coordinación y generar información de inteligencia”.
Además, lamentaron que no se anunciaron medidas “para fortalecer las
labores periciales, cruciales para investigación del paradero de las
personas desaparecidas”, ni mucho menos “medidas suficientes para
generar información fiable, pública y transparente”.
Sigue pendiente, recordaron, el “mejorar y hacer funcional el
Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED), además de contar
con bases de datos genéticas y forenses que sean la base de
investigaciones sólidas en el tema”.
Las organizaciones firmantes enlistaron otros faltantes en el
decálogo presidencial que deberían ser retomados, tales como la
creación de “una instancia especializada para investigar las graves
violaciones a los derechos humanos”, en lo que será la Fiscalía
General, que sustituya a la Procuraduría General de la República (PGR),
o el reconocimiento de la Competencia del Comité contra las
Desapariciones Forzadas de la ONU, para conocer de casos individuales,
de acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas
la Personas contra las Desapariciones Forzadas, firmada por México.
En su mensaje, resaltaron, Peña Nieto tampoco consideró a las
víctimas y a sus representantes en la discusión de la Ley General sobre
Desaparición Forzada ni anunció el tema de la desaparición en los foros
a realizarse en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE)
solicitados por el Ejecutivo a la institución.
Para las organizaciones fue grave que el Decálogo Presidencial no
contemplara ninguna medida relativa a la “justicia transicional que
quedó trunca en México y que en esta emergencia muestra su relevancia”.
En ese sentido, advirtieron que sería de utilidad la creación de
una comisión que “revise, corrija y actualice el informe final de la
hoy extinta Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos
Cometidos por Servidores Públicos en Contra de Personas Pertenecientes
a Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), para que el
mismo sea publicado y difundido ampliamente (…) a efecto de que aumente
el reconocimiento social sobre la recurrencia de las desapariciones en
México”.
Los firmantes sostuvieron que sin la inclusión de las anteriores
medidas –recomendadas por el Grupo de Trabajo sobre Desaparición de
Personas–, “es imposible afrontar la crisis de derechos humanos que se
cierne sobre México. Sólo a través de estas acciones integrales se
estaría haciendo efectivo los derechos a la justicia y a la verdad que
las víctimas y la sociedad detentan”.
El pronunciamiento fue firmado por las siguientes organizaciones:
Asociadas por lo Justo (JASS), los centros de derechos humanos De las
Mujeres, Fray Francisco de Vitoria, Fray Juan Gerardi, Agustín Pro
Juárez, de la Montaña “Tlachinollan”, Paso del Norte, Victoria Diez y
Fray Juan de Larios.
También firmaron Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos,
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos,
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, Instituto Mexicano
de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y Servicios y Asesoría para la
Paz
No hay comentarios.:
Publicar un comentario