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8/26/2019

Realizan foro para desmitificar el aborto en Puebla


Expertas dialogan previo a votación para despenalizar aborto


En Puebla se abrieron 73 averiguaciones previas y carpetas de investigación contra mujeres de 2009 a marzo de 2019 por abortar, 11 mujeres recibieron sentencia condenatoria y 15 más están en espera de una sentencia, así se dio a conocer durante el foro “Realidades entorno al aborto legal y seguro como un Derecho Humano”, realizado el 20 de agosto en el Congreso de Puebla.
Integrantes de la “Campaña por el Acceso un Aborto Legal y Seguro” organizaron este foro por petición de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso de Puebla quien se encuentra analizando iniciativas que buscan despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación en la entidad.
Para evitar la criminalización de las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos, la diputada Rocío García Olmedo presentó el 17 de mayo dos iniciativas de reforma al Código Penal y la Ley de Salud del estado de Puebla.
Las propuestas se centran en que el aborto no se penalice en el Código estatal y que las mujeres que decidan realizarlo después de las 12 semanas de gestación hagan trabajo comunitario o tengan sanciones económicas, en lugar de ser privadas de su libertad.

También que se retiren las atenuantes de: no tener mala fama, haber logrado ocultar el embarazo y cuando no sea producto del matrimonio.
En cuanto a la Ley de Salud, en las iniciativas legislativas se incluye un capítulo para que en los centros de salud, clínicas y hospitales estatales se garantice el acceso a las mujeres a una interrupción legal del embarazo segura. Esto debido a que hace falta personal capacitado y disponibilidad de los medicamentos necesarios para abortar.
Si bien la iniciativa fue aprobada en las Comisiones de Igualdad y Derechos Humanos del Congreso de Puebla, la Comisión de Procuración de Justicia pidió la realización de foros con expertas y expertos. En este, participaron integrantes de las organizaciones especializadas en derechos sexuales y reproductivos, Católicas por el Derecho a Decidir; Equidad de Género, Ciudadanía Trabajo y Familia; IPAS México, y del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Del área de incidencia en política pública de GIRE, Rebeca Lorea, explicó que debido a que cada entidad federativa tiene distintas causales para una interrupción legal del embarazo, dependiendo en donde se encuentren las mujeres tienen más o menos derechos.

Las causales que existen actualmente en el país son:


·         Que sea producto de una violación (todos los estados)
·         Exista riesgo de muerte para la mujer
·         El producto tenga alguna malformación congénita grave
·         Se trate de un aborto imprudencial o accidental
·         Sea producto de una inseminación artificial no consentida
·         Esté en riesgo la salud de la mujer
·         Exista una economía precaria
·         Por libre decisión (sólo en la Ciudad de México)


La abogada dijo que para evitar la discriminación de las mujeres, ya que no tienen los mismos derechos en todo el país, deben homologarse todas las causales en los estados y así evitar la criminalización de las mujeres, que ha llevado a que exista una denuncia al día por el delito de aborto.
Por su parte la ginecóloga Claudia Martínez, de IPAS México, sostuvo que en un país donde la educación sexual es nula, existe desconocimiento de los métodos anticonceptivos y hay fallas en el uso correcto de los mismos.
Mencionó que se vuelve urgente que el sistema de salud público destine los recursos necesarios para realizar abortos de forma segura, sobre todo en las mujeres jóvenes, quienes tienen cinco veces más riesgo de muerte cuando llevan a término un embarazo.
La doctora con especialidad en ginecología y obstetricia explicó que un aborto es 12 por ciento más seguro y barato que parir o someterse a una cesárea. Además de que hay un 95 por ciento de efectividad con medicamentos y son mucho menos invasivos.

ABORTO NO ES NEGATIVO

Para Adriana López, de Católicas por el Derecho a Decidir, es importante que el Estado mexicano respete el principio de laicidad, en el cual los instrumentos jurídicos y políticos están al servicio de los Derechos Humanos y el interés público, no así de alguna filosofía o religión.
Porque de lo contrario las posturas antiderechos, fomentadas desde grupos cristianos, impiden que las mujeres ejerzan de manera plena sus derechos sexuales y reproductivos.
La doctora de la organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, Patricia López, comentó que no existe evidencia alguna sobre un trauma postaborto, ya que en la mayoría de las veces las mujeres no lo consideran una experiencia negativa y para ellas sería más difícil seguir con un embarazo no deseado. Lo que sí genera en las mujeres depresión es el estigma social que se les impone y la violencia sexual de la podrían ser víctimas, dijo.
Finalmente, las especialistas exigieron a los gobiernos federal y estatal a contrarrestar la información que difunden los grupos antiderechos, con datos científicos y comprobables, para cambiar el estigma del aborto y que se piense como un momento más de la vida reproductiva de las mujeres.

Cortesía de Brenda Palacios
Por: Samantha Páez Guzmán, corresponsal
Cimacnoticias | Puebla, Pue. .-

7/20/2019

María Teresa Rivera: “al Estado salvadoreño le quiero decir que no nos siga criminalizando”

Marcha

Evelyn Hernández atravesará un segundo juicio que revisará la condena que pretende encerrarla por 30 años por un delito que no cometió. Víctima de violencia sexual, está acusada de “homicidio agravado” tras un parto espontáneo. Ante esto, María Teresa Rivera, una de Las 17, liberada en 2016 y asilada en Suecia, reclamó al Estado salvadoreño en todo un acto de solidaridad: “la audiencia de Evelyn me recuerda lo que pasé”.

En El Salvador, hay presas políticas. Son las mujeres jóvenes y pobres, en ocasiones violentadas sexualmente, señaladas, acusadas judicialmente, perseguidas, criminalizadas, condenadas y encerradas en cárceles de máxima seguridad por el Estado, bajo la figura de homicidio agravado tras padecer emergencias obstétricas, partos naturales o abortos espontáneos.
Este 15 de julio, Evelyn Hernández, víctima de violencia sexual y condenada a 30 años de prisión, se enfrentará a un nuevo juicio. Será en el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, a solo 36 kilómetros de San Salvador, donde, a mediados de 2017, la jueza de sentencia Nury Velásquez la condenó por “homicidio agravado” tras un parto espontáneo. Sus abogados apelaron la sentencia y la Sala en lo Penal resolvió, el 20 de diciembre de 2018, que el tribunal de esa ciudad debería celebrar un nuevo proceso al que Evelyn llega en libertad, pero tras padecer 33 meses de re-victimización en un encarcelamiento injusto.
Sin embargo, donde hay una injusticia, hay voces que la gritan y hay organización feminista sin fronteras. Por eso, desde Suecia, donde se encuentra rehaciendo su vida, y donde tuvo que exiliarse por las consecuencias de la criminalización y la violencia de parte del Estado que recayó sobre ella en El Salvador, María Teresa Rivera, una de “Las 17” (aunque son más), habló en exclusiva con Marcha sobre la esperanza en la revisión de la condena que recae sobre Evelyn Hernández.
“Nos persiguen por venganza porque no nos quedamos calladas”
Entre 2000 y 2014 fueron 149 las mujeres acusadas con las figuras delictivas de homicidio u homicidio agravado bajo argumentos que en realidad buscan disciplinar y persiguen el aborto tras complicaciones en sus embarazos. 26 de ellas fueron declaradas culpables y condenadas a cumplir con penas privativas de la libertad que van entre los 20 y 40 años. Mujeres que están siendo liberadas gracias a la articulación de los feminismos y el movimiento de Derechos Humanos.
“La audiencia de Evelyn me recuerda lo que pasé”, expresó María Teresa Rivera desde el lejano atardecer de domingo en Suecia. “Me pongo en sus zapatos”, dijo, reflexiva: “saber que te están persiguiendo cuando nunca existió un delito es injusto”, y agregó, “nos persiguen por venganza porque no nos quedamos calladas”.
María Teresa Rivera fue condenada en 2012 a 40 años de cárcel tras un parto espontáneo. Pasó cuatro años y medio encerrada y a mediados de 2016 recuperó la libertad después de una revisión de condena similar a la que se someterá a Evelyn. Sin embargo, la Fiscalía General de la República, uno de los organismos más desprestigiados del país, no aceptó la absolución y presentó un recurso en contra de ella que, afortunadamente, fue desestimado. Ante la vulneración de derechos y el abuso de poder institucional, María Teresa sintió que su única alternativa era abandonar El Salvador.
“La revisión de sentencia es un proceso duro y no es fácil estar frente a un juez con el miedo de que te toque volver”, dijo María Teresa solidaria. “Ante la revisión de condena de Evelyn se me viene el recuerdo de lo que se siente, por eso, al Estado salvadoreño le quiero decir que no nos siga criminalizando”, y afirmó convencida: “nos persiguen por un delito que no cometimos. Porque un parto natural no es delito; entonces, nos persiguen por jóvenes y pobres”.
Pic: Las 17
“Lo que más deseo es que Evelyn quede en libertad”, agregó María Teresa, ya en tono activista. Su voz es hoy la de una referente en la lucha por la libertad de otras salvadoreñas. “Las mujeres nos debemos apoyar entre nosotras porque lo que le pasa a ella le puede pasar a cualquiera”. “Evelyn fue presa pero el violador está libre”, entonces, “¿dónde está la ley?”, se preguntó, “es triste, nos persiguen pero no hay ninguna ley que nos proteja”. María Teresa contó que sigue en contacto con las liberadas y que habló con Evelyn estos días: “si yo estoy nerviosa no me imagino cómo debe estar ella ahora”, dijo. Y agregó, contando sus charlas con las compañeras: “es importante que cada una cuente su propia historia, porque solo entre todas podemos cambiar algo para que ninguna más pase lo que hemos pasado nosotras”.
En El Salvador hay presas políticas. Son presas de la decisión política de criminalizar a las mujeres pobres. Son presas del abuso de poder y el machismo explícito ejercido por quienes jamás van a padecer una emergencia obstétrica. Por quienes están en las instituciones de un Estado que prefiere encerrar y callar antes que trabajar por la garantía de vida, salud y libertad para la mitad de la población del país en incumplimiento de leyes, tratados y convenciones internacionales para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres.
Evelyn espera su absolución. María Teresa, Teorora, Imelda, Marisela y más la acompañan. Porque aun tiene que rehacer su vida. Y para eso están y estarán, las feministas organizadas. En El Salvador y en todo el mundo.

10/25/2018

“No están solos; no estamos solos”


Caravana de madres de personas desaparecidas se solidariza con migrantes
   

El camino hasta la frontera con México fue largo. Varias de las mujeres que forman la XIV Caravana de Madres de Migrantes en búsqueda de sus Desaparecidos cruzaron por tierra varios países para llegar hasta la garita de Talismán, a 15 kilómetros de Tapachula, y el proceso migratorio se extendió por más de tres horas, lo que terminó de agotarlas.
Por eso, cuando el camión con el que recorrerán medio país durante las próximas semanas, entraba por las calles de Huixtla, la mitad de las mujeres iba más dormida que despierta.
Sin embargo, la escena que vieron desde sus ventanas las despertó de un jalón: eran miles de personas abarrotadas en las calles, cientos de niños durmiendo sobre cartones y cobijas, empapados por el aguacero de la tarde, mujeres y hombres descalzos, cojeando sobre el piso sucio. Una de las crisis humanitarias más grandes que se han registrado en la frontera sur.
Las mujeres se quebraron. Por unos minutos, dentro del camión se discutió si tal vez sería mejor que las mujeres no bajaran. “¿Que le puedo yo decir a estas personas?”, dijo una mujer en voz baja.
Uno de los coordinadores de la caravana les dijo que podrían compartir un mensaje de solidaridad, acompañarse unos a otros.
Eso fue suficiente. La primera en bajar fue recibida con el abrazo de un joven hondureño, detrás de ella salieron, apresuradas, las demás. “¡Trae la bandera!”, gritó una.
En medio de música de mariachi, las mujeres subieron al templete de la plaza principal de Huixtla y dieron su mensaje solidario para los que han recorrido más de 800 kilómetros en 10 días.
“Hoy venimos aquí a decirles que no están solos, que no estamos solos y que este viaje que están haciendo es por la esperanza de vivir mejor”, dijo una mujer hondureña entre lágrimas. La plaza explotó en gritos y aplausos. Momentos después la multitud comenzó a cantar el himno nacional de Honduras.
Año con año, la caravana de madres de migrantes desaparecidos en México recorre el país en busca de datos que les ayuden a encontrar a sus ausentes. Así lo han hecho durante 14 años y en esta ocasión, buscan visibilizar la obligación de los gobiernos de garantizar la identidad de miles de migrantes desaparecidos.
Este año, la caravana recorrerá 12 estados del país en una ruta que se extenderá por más de 4 mil kilómetros y hará una pausa en la Ciudad de México para formar parte de la Cumbre Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos.
Dentro del grupo viene Rosa Isela Jiménez, originaria de El Salvador, quien busca a su hijo, Roberto Adonay Bardales Jiménez, un joven alto, con piel morena, cara regordeta y ojos grandes de niño.
“Cuando me lo desparecieron tenía 14 años, hoy tendría 20”, cuenta.
La mujer perdió rastro de él en Reynosa, cuando iba de camino hacia Los Ángeles bajo la protección de un coyote. Ahí se reuniría con ella y su esposo después de 10 años de separación. Pocos meses antes el mismo coyote había cruzado exitosamente a la hija mayor de la familia por lo que les parecía una persona de confianza. Cuando la fecha aproximada de llegada de Roberto pasó, la familia, preocupada, contactó al coyote y este les dijo que el niño había sido detenido por la migra en el desierto. Entonces comenzó el viacrucis de la búsqueda.
Con los años, y su propio proceso de investigación Rosa sabe con certeza que su hijo nunca fue detenido por la patrulla fronteriza, que el coyote mintió. Pero eso es todo. El rastro de su hijo desapareció en alguna parte del desierto.
La caravana de madres significa realizar un viaje sumamente desgastante emocional y físicamente y que llegará hasta el lugar donde su hijo fue visto por última vez. Pero Rosa contesta que no importa.
“Él es mi hijo, lo que quiero es que todos vean su cara y que sepan que su madre lo busca”.
Arriba en el templete de la diminuta plaza central de Huixtla, un predicador evangélico pide a la multitud hacer una oración por las madres que buscan a sus hijos. Ellas, entre llanto y abrazos se suman a las oraciones. Algunos prenden velas y se reza con los ojos cerrados y las manos extendidas al cielo.
La caravana de madres se despide así, entre un sentimiento de comunidad. Alguien le pregunta a una de las mujeres de la caravana qué mensaje le puede dar a miles de personas que caminan por la región con la esperanza de llegar a Estados Unidos.
Ella contesta: “Yo no les puedo decir que se regresen. Cómo lo hago si allá, en casa, no hay nada, solo muertos. Lo único que les puedo decir es que no dejen a sus familiares, que les llamen para avisarles que están bien. Eso es todo, porque cuando se van nosotros sufrimos doble, por nosotros y por ellos”.
Poco después de las 9 de la noche, cuando las madres de migrantes desaparecidos ya se habían retirado, una brigada del gobierno estatal llegó a fumigar el lugar en el que las personas migrantes descansaban.
Los brigadistas dijeron que era para evitar contagios de dengue y enfermedades transmitidas por los moscos. Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad había respondido a los cuestionamientos sobre esta acción, que se realizó sin ningún protocolo ni con previo aviso.
El éxodo migrante continúa su paso mañana por la mañana, después de un día de descanso. Su próxima parada es Mapastepec, la distancia más grande a la que se han enfrentado hasta ahora, poco más de 70 km.

Fotografía por: Ximena Natera
Por: Por Ximena Natera
Cimacnoticias/ChiapasParalelo) | Tuxtla, Gutiérrez, Chis, .- 

9/01/2018

Congresos con mayoría de Morena podrían despenalizar aborto


GIRE presenta informe sobre criminalización de mujeres 



La mayoría de legisladoras y legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en 19 Congresos estatales y en el Congreso federal es una esperanza para lograr la despenalización del aborto a nivel nacional, coincidieron legisladoras, académicas y feministas.
En la presentación del informe “Maternidad o castigo”, que se realizó este 30 de agosto en las instalaciones de la UNAM, la directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Regina Tamés Noriega, se mostró optimista de que se puedan gestionar avances importantes en el Congreso.
La esperanza es que se despenalice el aborto a nivel nacional, una idea con la que coincidieron destacadas feministas como Marta Lamas y las legisladoras de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle y Patricia Mercado y de Morena, Malú Mícher.
En cuanto a la sugerencia de la abogada y futura Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de aplicar una amnistía para las mujeres privadas de libertad por aborto, las defensoras opinaron que esto sería “asunto de los Congresos locales”; pero lo dicho sería una señal importante, dijo la jurista Ana Laura Magaloni Kerpel.
De acuerdo con el informe las mujeres son criminalizadas por tener un aborto, aun cuando este es espontáneo, por ejemplo de 2007 y 2016, en total 850 mujeres enfrentaron un proceso por el delito de aborto y de enero de 2007 a diciembre de 2016 se dictaron 98 sentencias a mujeres por el delito de aborto.
El Estado falla en garantizarlas una vida libre sin violencia, se les niega u obstaculiza el acceso a la justicia, y las sentencias en su contra tienen rasgos sexistas y discriminatorios, por ello GIRE hizo un llamado a los Congresos locales para despenalizar el aborto al menos durante el primer trimestre de la gestación, marco jurídico que ya existe en la Ciudad de México desde 2007.
El informe de GIRE abarca un panorama completo, expone las legislaciones de cada estado, las causales que permiten el aborto y las sanciones que se imponen cuando no es legal, menciona las constituciones que “protegen la vida” de la concepción/fecundación, hace un recuento de los estándares de derechos humanos, muestra casos reales y cifras de criminalización por aborto y otros delitos relacionados.
Todos los estados de la República permiten la interrupción del embarazo si es producto de una violación; 15 contemplan este derecho si corre riesgo la salud de la mujer; 24 si hay peligro de muerte; 15 si fue por inseminación artificial no consentida; 16 por alteraciones congénitas o genéticas graves en el producto; y dos por razones socioeconómicas.
Las penas de prisión más altas, con hasta cinco años, son en Baja California, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora y Tamaulipas. Mientras que en Chiapas, Michoacán y Veracruz no se contemplan penas privativas de la libertad por el delito de aborto. En la Ciudad de México se permite el aborto legal hasta la semana 12 de gestación.
Sin embargo, en algunos casos las mujeres son condenadas a sentencias mucho más largas cuando el delito que se les imputa no es aborto sino infanticidio u homicidio, como en el caso de Mónica, profesora de la Ciudad de Cadereyta de Montes, en Querétaro, quien en febrero de 2001 tuvo un parto fortuito en la letrina de la casa donde vivía, el caso fue documentado por GIRE.
Cuando tuvo el parto inesperado, Mónica se quitó la playera, envolvió al recién nacido, lo tomó en brazos y al ver que aún respiraba salió en busca de auxilio pero cuando se dio cuenta ya no respiraba. Ella intentó reanimarlo, sin embargo, no reaccionó. Poco después la señora de la casa que la albergaba la atendió y Mónica fue trasladada a un hospital donde le practicaron un legrado.
De acuerdo con GIRE, Mónica se encuentra privada de libertad, acusada del delito de homicidio calificado y aunque ella declaró que su parto fue fortuito la declararon culpable.
El 7 de noviembre de 2001 el juez le dictó sentencia condenatoria por 42 años de prisión. Esta sentencia fue recurrida y en segunda instancia, en enero de 2002, los magistrados disminuyendo la condena a 25 años de prisión.
Estas historias “dejan ver el contexto del que estamos hablando”, afirmó la profesora del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Ana Laura Magaloni Kerpel, quien afirmó que el debate (sobre el aborto) “nunca está entrelazado” con la realidad.
La profesora destacó que nunca le había quedado tan claro, como en este informe, el vínculo de la criminalización de las mujeres con el sistema de salud. El personal de salud tiene la idea que pueden ser sancionados por practicar abortos. De hecho, el informe indica que la mayor parte de las denuncias por aborto en México provienen de los mismos prestadores de servicios de salud.
Hay estados que prevén entre seis meses hasta 10 años de prisión a los profesionales de la salud que cometan este delito. En el caso de Baja California el personal de salud puede ser condenado. Adicionalmente, hay suspensiones profesionales de hasta diez años.
Además, como parte de un patrón machista y discriminatorio, las mujeres que llegan a los hospitales y son tratadas como sospechosas, cuestionadas y maltratadas. Por ejemplo, GIRE documentó casos en los que las enfermeras llamaron a las mujeres “asesinas”.
Según el informe, cuando las mujeres son denunciadas, el Ministerio Público responde de inmediato y acude a los hospitales a interrogarlas aunque estén en camillas, lo que para esta organización es una violación del derecho al debido proceso.
En muchas ocasiones, los casos se basan exclusivamente en confesiones autoincriminatorias realizadas en contextos de emergencias médicas, “sin mayores pruebas que acrediten su responsabilidad”, expone el informe.
En otros casos, por falta de información, mala atención jurídica, y el trauma que sigue un parto fortuito y las acusaciones, las mujeres se consideran asesinas, narró José Luis Gutierrez Román, director de la organización AsíLegal que acompaña a casos en centros penitenciarios. Sólo después de preguntarlas cómo fue que supuestamente “asesinaron” a su hija o hijo, resulta que fue un parto fortuito o un aborto, declaró.
En tanto, el profesor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de laUNAM, aludió a la incertidumbre que viven las mujeres en el país, debido a las legislaciones tan distintas de cada entidad. Es una grave violación a la igualdad jurídica “que el lugar en que la mujer se encuentre a la hora de interrumpir el embarazo defina la manera de que es tratada”, destacó y llamó a las instituciones a armonizar la legislación con el Código Penal de la Ciudad de México.

Especial Por: Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

3/10/2018

Te ven en la calle y te gritan mugrosa: sin educación y por su cuenta, mujeres luchan por recuperar su vida

Jóvenes en situación de calle sufren discriminación por ser mujer, consumir drogas y vivir en la calle, además de cargar con un estigma social muy fuerte por parte de sus familias, sus comunidades e incluso las instituciones que les dicen todo el tiempo que son malas mujeres y malas mamás, evalúa la asociación civil El Caracol.

Desde niña, Maribel abandonó su casa por problemas de violencia y convirtió las calles de Ciudad de México en su nuevo hogar.
“Toda mi vida fue de encierro en anexos y casas hogares, a veces en la calle, hasta que me aburría y me iba a algún albergue, pero seguía cotorreando; me gustaba drogarme”, cuenta.
Embarazada de su primer hijo a los 18 años, Maribel decidió abandonar las calles. Cantando en el metro logró juntar dinero suficiente para rentar habitaciones en hoteles de paso; ahora, cinco años después, edad que tiene su hijo mayor, sus ingresos le alcanzan para pagar renta en una casa de interés social.
Con un bebé de meses cargado en la espalda y otro de cinco años sujetando su mano, Maribel recorre todos los días diferentes líneas del metro entonando una canción que le recuerda la etapa más difícil de su vida, cuando consumía drogas y vivía en las calles de la ciudad.
El universo para él no tiene enigmas, lo ha conocido al derecho y al revés; sus viajes locos eran puras fantasías, su combustible era el activo todo el mes…
Actualmente, unas 6,754 personas viven en las calles de Ciudad de México, de las cuales un 12.73 % son mujeres.
Las principales causas por las que estas personas han llegado a las calles son: problemas familiares (39 %), problemas económicos (28 %) y adicciones (14 %), según los resultados preliminares del Censo de Poblaciones Callejeras 2017, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social capitalina (SEDESO).
Entre los problemas familiares, que son la primera causa por la que las personas llegan a vivir a las calles, destacan la expulsión del núcleo familiar (34 %), violencia (33 %), abandono (24 %) y abuso sexual (7 %).
Este grupo de población se encuentra en el lugar 17 de los 41 “en situación de discriminación en la Ciudad de México”, según la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México, del Consejo para Prevenir la Discriminación (COPRED), aunque experimentan diferentes formas de rechazo y violencia por cuestiones como su situación de pobreza, su nivel educativo, su apariencia o su género.

En la calle, las mujeres la pasan peor

En los 24 años de trabajo que ha realizado la asociación civil El Caracol, que apoya y orienta a personas de poblaciones callejeras, “vimos que en las calles los hombres la pasan muy mal, pero ellas la pasan mucho peor”.
Desde hace diez años la asociación comenzó a diseñar estrategias de defensa legal de mujeres que pedían apoyo por situaciones de violencia.
“Nosotros ya hablábamos de que sufrían diferentes tipos de discriminación: por ser mujer, por consumir drogas y por vivir en la calle, pero además nos dimos cuenta de que ellas cargan con un estigma social muy fuerte, y es que sus familias, sus comunidades e incluso las instituciones les dicen todo el tiempo que son malas mujeres y malas mamás”, explica Luis Enrique Hernández, director de El Caracol.
De acuerdo con una encuesta realizada a mujeres pertenecientes a poblaciones callejeras en 2017 por El Caracol, ocho de cada 10 señalaron haber vivido situaciones de menosprecio, gritos, humillaciones e insultos por parte de sus parejas, su comunidad, compañeros de trabajo, autoridades del gobierno y desconocidos.
A seis de cada 10 las han amenazado con quitarles a sus hijos, y a cinco de cada 10 se los han quitado, lo que las lleva a emprender procesos legales para recuperarlos, en los que las autoridades les exigen como requisito contar con condiciones que para ellas son difíciles de cumplir, como contar con una casa y con condiciones económicas estables.
Como respuesta a este tipo de problemáticas, expuestas por las mujeres ante el jefe de gobierno capitalino durante una audiencia pública celebrada en 2017, la SEDESO echó a andar el proyecto “Hogar CDMX”, que ofrece un espacio para vivir a familias completas a bajo costo, y da servicio de guardería para que los padres y madres puedan trabajar sabiendo que sus hijos están en un lugar seguro.
Sin embargo, reconoce la titular del COPRED, Jacqueline L’Hoist, para que las condiciones de esta población mejoren hace falta trabajar con las personas en situación de calle, para que accedan a regularizar sus documentos oficiales, y con la sociedad, en general, para que no los criminalicen ni estigmaticen por su condición económica, sus adicciones o su apariencia.

Somos seres humanos con diferentes oportunidades

Karla, de 31 años, tiene cuatro hijos; desde hace años trabaja en el metro vendiendo dulces u otros productos, con lo que obtiene dinero para pagar la renta de una casa.
“Estuve un tiempo en la calle, a veces me quedaba con una amiga y todos los días tengo que estar trabajando con mi hija de menos de un año colgada y con mi mercancía; ando de arriba para abajo en chinga”, cuenta.
A Karla, las situaciones de violencia que vivía en su hogar la llevaron a decidir salir a las calles y consumir drogas, hasta que impulsada por el deseo de recuperar a una de sus hijas, quien está bajo el cuidado de su abuela, decidió buscar otro lugar para vivir y dejar las adicciones.
Karla explica que, en ocasiones, algunas personas se han acercado a ella para cuestionarla por su trabajo y por su apariencia; sin embargo, dice, “para buscar un trabajo formal necesito papeles y no los tengo”.
Para ella, vivir en la calle y ser mamá es algo “triste, porque luego hay personas que te hacen sentir mal; te ven en la calle y te gritan ‘pinche mugrosa’, o le dicen ‘piojosos’ a nuestros hijos”, lo que a su juicio se debe a que no son sensibles a que “también anhelamos y pensamos; somos personas, nada más que con diferentes oportunidades y diferentes vivencias”.
De acuerdo con El Caracol, la baja escolaridad es un rasgo común en este tipo de población y se traduce como uno de los principales obstáculos para que mejoren su condición de vida.
Los datos del Censo de Poblaciones Callejeras de la Ciudad de México revelan que el 9 % de las personas que viven en la calle no saben leer ni escribir, un 11 % no tiene estudios y el 29 % solo cursó algún grado de la primaria.
Otro 23 % cursó hasta la secundaria, 10 % estudió el medio superior y solo un 3 % de ellas ingresaron a alguna carrera universitaria.
Además, el 55 % de las mujeres no cuentan con identificación oficial para acceder a un trabajo formal o a programas de gobierno.

La vida después de las calles

Maribel y Karla son dos de las 15 mujeres cuyas familias se encuentran acompañadas por El Caracol en un proceso de “vida independiente”, que es el nombre que recibe el seguimiento que dan a quienes han logrado salir de las calles.
Cada dos semanas, personal de El Caracol las visita en sus casas para saber cómo se encuentran y si sus hijos continúan acudiendo a la escuela, si tienen amigos en la comunidad y la manera en la que se relacionan.
Enrique Hernández comenta que “esos son los indicadores que vemos que van mejorando, aunque sigan en empleos informales, porque para nosotros ya es un avance muy importante, y una prueba de todo el esfuerzo que ellas hacen, el hecho de que hayan abandonado las calles”.
Aunque, reconoce, no es sencillo: las familias que acompañan en su proceso de vida independiente han tenido que llegar a donde están con sacrificios personales, pues debido a la falta de la regularización de sus documentos oficiales no son candidatas para acceder a programas sociales de apoyo para ellas o sus hijos.
Maribel dice que le gusta cantar y que continuará haciéndolo para ganar dinero en el metro, pues aunque le gustaría tener un empleo distinto, de esos que anuncian “en folletos que me dan en la calle”, no tiene los estudios que solicitan para contratarla.
Con apoyo de su pareja, quien se dedica a vender dulces y pulseras en el metro, saca a sus hijos adelante, y dice que “gracias a Dios” le alcanza para lo necesario: comer y vestir a su familia.
Karla, por su parte, dice que sueña con “estar algún día con toda mi familia, con todos mis hijos y mi pareja”.
“Mi meta es recuperar a mi hija, y a los que tengo, darles lo mejor de mi, mi esfuerzo, buscar un empleo estable y enseñarles valores para que nunca se olviden que venimos de abajo”, expresa.
Para ella, lo importante es inculcarles a sus hijos que “así hayamos avanzado y el día de mañana, Dios quiera, tengamos una casa propia y un carro, jamás se les olvide que hay gente que no tiene nada”.
Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

2/13/2018

Criminalización y defensa en la Sierra Norte de Puebla


Francisco López Bárcenas*

El último día de enero la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en el estado de Puebla citó a comparecer ante ella a cuatro integrantes del Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (Cotic), como indiciados por el delito de obstrucción de obra pública, debido a que entre el 19 de noviembre de 2016 y 2 de octubre de 2017 participaron junto con cerca de mil personas en un plantón de rechazo a las pretensiones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de instalar en ese municipio el Proyecto de Línea de Alta Tensión Entronque Te­ziutlán II-Tajín (LAT), porque consideran que con­traviene el Programa de Ordenamiento Territorial Integral Municipal aprobado en una sesión cabildo abierto el 15 de octubre de 2010 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de diciembre del mismo año.
Los indiciados son personas de reconocida solvencia moral y prestigio social, por su trabajo en pro de los derechos de las comunidades de la región y la defensa del territorio. Además de ser miembros del Cotic, la señora Rufina Edith Villa Hernández, de origen nahua, es integrante de la organización Maseualsiuamej Mosenyolchicahuanij y secretaria del Cotic; el señor Nazario Diego Téllez, también nahua, es representante del Grupo Altepetajpianij, cooperativista de la Unión Tosepan Titataniske; el señor Álvaro Aguilar Ayón es asesor de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, y Luis Enrique Fernández Lomelín, investigador universitario. Si la CFE sabe que en los hechos de los cuales se les acusa participaron cerca de mil personas, ¿por qué incriminarlos sólo a ellos?, ¿por qué en este momento, si los hechos sucedieron hace un año?, ¿qué intereses puede haber detrás de esta acción político-policial?
En el Cotic están convencidos de que se trata de una medida para disuadirlos del defender su territorio y su forma de vida, pues eso afecta importantes intereses económicos. Para sustentar su afirmación, señalan que la subestación que la CFE pretende construir en su territorio pasaría cerca del sitio donde la empresa Controladora de Operaciones de Infraestructura SA de CV, subsidiaria de Ingenieros Civiles Asociados (ICA), pretende construir cuatro nuevas hidroeléctricas interconectadas en el río Apulco, en los municipios de Tetela de Ocampo, Xochiapulco, Zacapoaxtla, Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Nauzontla; curiosamente cerca de la mina El Aretón, propiedad de minera Autlán y del Cerro Las Espejeras, en Tetela de Ocampo, donde el Grupo Frisco tiene concesionadas más de 10 mil hectáreas de terrenos, proyecto que se encuentra suspendido por la oposición de la gente y la carencia de permisos ambientales.
Esa es una explicación. Pero también pueden existir otras. La mayoría de los socios de las cooperativas que se agrupan en torno a la Unión Tosepan Titataniske han mostrado sus simpatías con el partido Morena y la señora Rufina Edith Villa Hernández es su candidata a la presidenta municipal de Cuetzalan; siendo esta situación, la acción podría estar encaminada a minar el apoyo a los candidatos de ese partido en la contienda electoral en curso, para posicionar a los grupos caciquiles de la región y el estado. Por otro lado, el señor Nazario Diego Téllez es representante común de los macehual en los amparos que las comunidades han interpuesto contra las concesiones mineras que, de llevarse a cabo, afectarían el territorio de Cuetzalan, Tlatlauquitepec, Yoanahuac y Atexcaco. Si la acción de la CFE procediera y el Ministerio Público obsequiara las órdenes de aprehensión, quedarían automáticamente sin representante en los juicios.
En este contexto, con la criminalización de los miembros del Cotic más que perseguir el respeto y la aplicación de la ley, pareciera que se ha montado una provocación política con múltiples propósitos. Si se tratara de comunidades desorganizadas, la medida podría tener efectos pero en la Sierra Norte de Puebla tienen una experiencia de lucha probada en décadas de organización, que ahora podrían echar a andar para defender su proyecto de vida, frente a los proyectos de muerte, como ellos bautizaron a los megaproyectos que los han invadido en los últimos años. El caso no está cerrado y una cosa es clara: para detener al movimiento tendrían que encarcelar no a cuatro dirigentes, sino a miles de habitantes de las comunidades. Y para eso les van a hacer falta cárceles.
*Investigador de El Colegio de San Luis Potosí

2/01/2018

Oxchuc, otra matanza de Estado

La despedida a indígenas caídos en ataque armado en Oxchuc. Foto: Especial

La despedida a indígenas caídos en ataque armado en Oxchuc. Foto: Especial
No era el primer ataque. En agosto pasado, en ese lugar enclavado en los Altos de Chiapas, ya habían intentado secuestrar a Juan Gabriel Méndez, un abogado indígena que ha encausado el reclamo porque en ese municipio, donde el 98.5% de la población habla la lengua tzeltal y se reconoce indígena, se erradique el sistema electoral y se reconozca su derecho a organizarse por usos y costumbres. El 24 de enero, resultó herido junto con otras 16 personas.
La incursión violenta entró a tiros, incendió casas y vehículos, persiguió a los habitantes del lugar.
Durante las horas del brutal ataque, los habitantes de Oxchuc sólo pudieron defenderse con palos, piedras, manos, pero el poder de fuego naturalmente los superó y murieron Francisco Méndez López, Víctor Santiz Gómez y Ovidio López Santiz.
Chiapas tiene en el reclamo de derechos políticos un factor de violencia. Un día de 2014, en Chenalhó, un grupo de ciudadanos tzeltales tomó un taller de transparencia, aprendió a realizar solicitudes de acceso a la información. Para poner en práctica sus nuevos conocimientos, pidieron contratos de obra y expedientes técnicos. En respuesta, el entonces presidente municipal José Arias Vázquez ordenó el destierro –así, el destierro— de los solicitantes y decretó “quemar vivos donde los encontraran” a los integrantes de la organización ciudadana que organizó el taller.
Los derechos políticos, que en las grandes ciudades de este país –así sea en simulación—son parte de una normalidad y son inherentes a la noción de democracia, pueden detonar acciones violentas, actos represivos, pues atentan contra el poder, en el caso de Chiapas, caciquil.
En Oxchuc, el reclamo es por el tipo de sistema electoral y ha llegado a ser tan mayoritario, que la alcaldesa María Gloria Sánchez, postulada por el PVEM, fue depuesta y expulsada de la comunidad. Ella, y su marido, Norberto Santiz, habían mantenido un cacicazgo político de tres lustros hasta provocar el hartazgo ciudadano.
A diferencia de las masacres del pasado, videos y fotografías del pasado 24 de enero circularon rápido en redes sociales. Los habitantes de Oxchuc acusan a un grupo paramilitar controlado por María Gloria. En los videos, lo que se aprecia es el tipo de uniforme policiaco, el equipamiento que sólo provee el gobierno y que da fundamento a la acusación de paramilitarismo.
El pasado lunes, Jaime Martínez Veloz, quien hasta hace unas semanas se desempeñó como comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la secretaría de Gobernación, interpuso una denuncia ante un ministerio público federal. Su demanda es que se nombre a un fiscal especial que atienda de manera imparcial el caso.
Sin embargo, el asunto está manchado por la política. Un contexto de disputa entre el PRI y el PVEM por la definición de la candidatura al gobierno del estado, así como el coqueteo del gobernador Manuel Velasco con Morena, amenazan con perjudicar la indispensable actuación imparcial de la procuración de justicia, tan claro que el secretario de Gobierno pidió que “las partes confrontadas” respeten la ley y encaucen las diferencias por la vía del diálogo. No habla de justicia, ante un ataque armado a civiles desproporcionado, perpetrado por agentes relacionados con el partido que el gobernador controla y en franca indiferencia federal. Así que por acción, omisión y aquiescencia, estamos ante otra matanza de Estado que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se suma a Iguala y Nochixtlán.

1/31/2018

Marco Antonio Sánchez Flores, caso emblemático


Carlos Martínez García

Su caso no es aislado. Los tortuosos días vividos por el estudiante Marco Antonio Sánchez Flores y su familia revelan los laberintos que han debido sufrir otros jóvenes, hombres y mujeres, en Ciudad de México que para su desgracia han sido víctimas de algunas redes policiacas.
Para las autoridades capitalinas es inocultable que al estudiante de la Preparatoria 8 los policías lo maltrataron, sus captores y la patrulla a la que subieron al preparatoriano quedaron plenamente identificadas. Contra todo procedimiento legal y observante del respeto a los derechos humanos, Marco Antonio no fue presentado al Ministerio Público, órgano encargado de fallar sobre los pasos a seguir. Necesariamente la instancia judicial tendría que haberlo canalizado a un juzgado para menores de edad. Todo el camino legal fue flagrantemente incumplido, teniendo como resultado la desaparición de Marco Antonio por cinco días.
Dos de los policías que aprehendieron al estudiante, según ellos porque alguien lo señaló de haber intentado robarlo, han declarado que lo soltaron cinco minutos después de que lo capturaron. Otros dos de los participantes en la detención están ilocalizables. Las evidencias señalan que durante el tiempo en el cual permaneció en manos policiacas, con toda probabilidad mucho más que cinco minutos, Marco Antonio recibió golpes y amenazas que lo dejaron en condición vulnerable física y sicológicamente. Tan es así que no fue capaz de orientarse para regresar a su casa ni para solicitar ayuda de quien pudiese contactar a su familia y ella acudiera en su auxilio. Por días deambuló peligrosamente, la ropa que vestía al momento de la captura quedó en algún lugar de su castigante peregrinar, el día de su aparición llevaba otras prendas distintas a las mostradas en las fotografías captadas por un amigo cuando los policías lo inmovilizaron.
De forma sospechosa no hay imágenes que corroboren lo declarado por los elementos policiacos, a saber, que después de cinco minutos de tenerlo en una patrulla lo liberaron. Hasta el momento no han sido mostradas filmaciones captadas por las cámaras que en la zona tiene la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Por qué? Esto ha robustecido la hipótesis que buscan evadir las autoridades: a Marco Antonio lo retuvieron más tiempo que el reconocido y lo condujeron a un lugar para que más o menos se recuperara de la golpiza propinada y estuviera en condiciones mínimas de caminar. Después lo soltaron y no les importó que su desorientación era ostensible, lo que ponía en peligro su integridad.
Lo sucedido a Marco Antonio ha revelado que su experiencia personal es una réplica del martirio padecido por otros jóvenes de la zona, inmediaciones de la estación El Rosario del Metrobús. De acuerdo con reportes periodísticos, varias personas declararon que otros estudiantes han sido aprehendidos por policías, bajo distintas acusaciones y aprovechándose del temor de los jóvenes a ser trasladados al Ministerio Público, los policías aceptan celulares y otras pertenencias de los retenidos. Se trata de bien calculadas operaciones de extorsión, cuyos perpetradores sacan raja de los estudiantes que para su infortunio cayeron en manos de los representantes de la ley. Mientras tanto, los índices delictivos en la capital del país se han disparado en casi todos los rubros.
¿Qué hizo distinto el caso de Marco Antonio de tantos otros similares? En primer lugar que su detención quedó grabada por un amigo que lo acompañaba. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales y, al pasar las horas y no saber dónde estaba el estudiante, miles de personas mediante mensajes exigieron a las autoridades que respondieran una candente pregunta: ¿dónde está? Igualmente por mensajes cibernéticos fue convocada una movilización ciudadana para manifestar indignación y repudio por la desaparición del preparatoriano. Al acto en el Ángel de la Independencia acudió un importante número de solidarios para exigir que apareciera Marco Antonio.
El hartazgo, la molestia y falta de confianza de la ciudadanía en las fuerzas policiacas se acrecienta con casos como el descrito. Es así porque siguen teniendo lugar abusos de quienes están para proteger a los habitantes de Ciudad de México. Se supone, y así lo han sostenido distintos titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y el mismo jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, que la capital cuenta con más elementos capacitados y mejor equipamiento que otras fuerzas de policía en el país. Lo cierto es que los cinco días en que Marco Antonio no pudo ser localizado por familiares y amigos desnudan prácticas que no pueden ni deben padecer los habitantes de la ciudad.
Los padres de Marco Antonio siguen preocupados, porque su hijo no los reconoce, tampoco puede articular conversación significativa con ellos. En cinco días su deterioro es ostensible y es resultado de los castigos que le infligieron. La movilización ciudadana logró que el estudiante apareciera con vida. Quedan preguntas cuyas respuestas son urgentes: ¿dónde lo tuvieron y quiénes?, ¿por qué tiene tantos daños físicos y sicológicos? No más infiernos como el impuesto a Marco Antonio. La ciudadanía lo exige y no dará marcha atrás.

1/30/2018

Mancera: arbitrariedad y descalificación

Afortunadamente ya apareció el joven estudiante de preparatoria, deportista con cinta negra de Tae Kwon Do, quien escribe poesía. Pero apenas lo encontraron, inició un manejo mediático y una actividad inusual en redes sociales, orientada a descalificar las movilizaciones y reclamos, así como a la víctima de una detención arbitraria.
Hoy, las noticias al respecto enfatizan que Marco fue localizado cuando “deambulaba”, es decir que andaba de un lado a otro sin objetivo. Palabra cargada de intencionalidad que se ha usado con otros casos que detonaron movilizaciones como el de Lesby Berlín Osorio, la joven hallada muerta en Ciudad Universitaria, una víctima a la que desprestigiaron como drogadicta, promiscua y desocupada que, oficialmente, se suicidó.
Desprestigiar a las víctimas de los casos que presionan mediante movilizaciones es el común denominador del mancerismo. Así fue también con los cuatro de la Narvarte, caso sobre el que se han publicado detalles morbosos para descalificar la exigencia de justicia, algo que a las policías se les facilita tratándose de mujeres, porque subyace una apelación al machismo, la misoginia o la moralina de la sociedad.
Durante el gobierno de Mancera, la Ciudad de México ha padecido a un gobernante-policía, un jefe de gobierno operativo en el sentido policial del vocablo, que (ahí sí) deambula entre los vicios del espacio sucio que en México son los ámbitos policiaco y ministerial: espionaje político, hostigamiento y represión al movimiento social, restricción de libertades y violación sistemática de derechos humanos, apuntalado por un manejo comunicacional basado en la filtración.
Naturalmente, los casos conocidos se relacionan con movimientos sociales o con movilizaciones de reclamo. Por ejemplo, en 2013, cuando la policía capitalina intervino en un conflicto en el CCH Naucalpan, donde algunos jóvenes osaron protestar por algunas cuestiones escolares y fueron agredidos por los porros; la policía detuvo a los inconformes y dejó libres a los porros. Para marzo del mismo año, actuó extraterritorialmente contra una protesta de oposición a un Walmart en Teotihuacán. Y con esos dos episodios inició la configuración de un enemigo, coartada perfecta contra todo aquel que resultaba incómodo o trastocaba los intereses del mancerismo: los anarquistas peligrosos.
Esos dos episodios resultan clave para entender lo que ha sido el mancerismo, pues fueron preámbulo de lo que ocurriría el 1 de mayo siguiente, el 10 de junio y el 2 de octubre, cuando detuvieron a jóvenes participantes de algún movimiento capitalino e identificaron como anarquistas y vándalos, pero que en varios de esos casos eran opositores a intereses urbanísticos e inmobiliarios del entorno de Mancera.
La evidencia es la falta de evidencia. La mayoría de los detenidos fueron liberados por amparos, por los absurdos, como el del 20 de noviembre de 2014, cuando 11 personas fueron acusadas de subversivas, por decirse entre ellos “compa”.

Sin duda, las detenciones arbitrarias tienen un largo registro en el gobierno de Mancera, y el temor del padre de Marco Antonio porque se les hubiera pasado la mano a los policías era fundado, lo mismo que el activismo por su aparición.

El de Marco Antonio, un caso de desaparición forzada

Además de la indignación que nos ha causado el caso de Marco Antonio, es preciso subrayar varias cuestiones importantes alrededor de éste. Primero, destaca que su desaparición ocurrió dentro de una de las entidades que presume tener uno de los cuerpos policiales mejor capacitados del país. Segundo, hubo una movilización vital por parte de la sociedad civil para exigir a las autoridades su aparición. Tercero, la reiterada negativa (una vez más) por parte de estas últimas de investigar este hecho como una posible desaparición forzada.
A pesar de que la determinación de responsabilidades por este delito requiere de una serie de pruebas que no pueden ser tomadas a la ligera, preocupa que el gobierno de la Ciudad de México descarte esta posibilidad de manera tan sencilla. Por esta razón, aquí se comparten algunos elementos y omisiones por las cuales podría existir un castigo por esta grave violación a derechos humanos.
Así fue encontrado Marco Antonio Sánchez Flores. Foto: Especial
Así fue encontrado Marco Antonio Sánchez Flores. Foto: Especial
Los elementos de la conducta

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares dentro del artículo 27 define que:
Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.

Es decir, para que exista una desaparición forzada se tienen que comprobar dos elementos en la conducta por parte del o los perpetradores, las cuales son: una privación ilegal de la libertad, y la negativa a reconocer dicha privación o proporcionar información sobre ésta, o el paradero de la persona.
En el caso de Marco Antonio Sánchez existió una detención (el primer elemento) ocurrida el 23 de enero de 2018 por parte de cuatro policías de la @SSP_CDMX, a petición de un ciudadano que nunca fue identificado.
Más adelante se dio a conocer que, luego de la detención, los agentes no trasladaron al joven al Ministerio Público 40, en Azcapotzalco. Tras identificar a los policías involucrados, éstos no proporcionaron en un inicio información sobre el paradero de Marco Antonio, en su lugar alegaron que “lo bajaron” de la patrulla en la que se lo llevaron sin dar más detalle de su ubicación (el segundo elemento).
Además, los familiares defendían que los testimonios de los cuatro policías no eran consistentes con la evidencia que les fue proporcionada en el Centro de Monitoreo C-5 de la Ciudad de México. No sólo esto, sino que las autoridades encargadas de la investigación tampoco proporcionaron información que ayudara a los familiares a conocer con mayor detalle el hecho (abona al segundo elemento).
Esto sin dejar de lado que se tipificó lo ocurrido como un “secuestro”, a pesar de que nunca existió una solicitud por parte de los presuntos responsables por obtener algún tipo de beneficio después de ocurrida la privación de la libertad.
Tampoco podemos pasar por alto que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, señalaron necesario investigar la desaparición de Marco Antonio como una desaparición forzada.

“La desaparición forzada no depende del tiempo que dure para clasificarla como delito”
La noche del domingo 28 de enero, @hiramalmeidae, titular de la @SSP_CDMX, señaló en rueda de prensa que “se establecerían, en su caso, las sanciones correspondientes” a los presuntos responsables de la desaparición de Marco Antonio Sánchez por el “no seguimiento de algunos protocolos” posteriores a la detención. Sin embargo, agregó que “lo importante hoy es que se acredita que no existió una desaparición forzada” por parte de los elementos de la policía.

La justificación detrás de las declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para no calificar el actuar de los cuatro agentes como desaparición forzada estaba en que éstos acudieron de manera voluntaria para dar a conocer todos los hechos ocurridos. A pesar de esto, existen dos razones por las que no se debería descartar una investigación para determinar responsabilidades por desaparición forzada.
La primera está en que el delito de desaparición forzada “no depende del tiempo que una persona permanezca detenida sin que se sepa dónde está”.
Lo anterior fue establecido por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) dentro del dictamen respecto a la comunicación núm. 1/2013, correspondiente al caso del argentino Roberto Agustín Yrusta.
Eso significa que hay una desaparición forzada si se comprueban los elementos de la conducta señalados en la sección anterior (privación ilegal de la libertad + negativa a reconocer dicha privación), independientemente de si la persona estuvo desaparecida sólo por algunos días, o si permanece desaparecido/a. Quizá los implicados participaron de manera voluntaria en brindar información para ayudar en las investigaciones; sin embargo, eso no elimina la responsabilidad por la acción cometida.
El hecho se ve agravado –aunque haya sido sólo por algunos días– puesto que la persona que es desaparecida se ve vulnerada en una serie de derechos, los cuales van desde el derecho a la libertad personal; derecho a la integridad personal; derecho a la integridad personal de niños y niñas; derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; derecho a la vida (para algunos casos), entre otros.
La segunda razón es que hasta el momento en que el titular de la @SSP_CDMX estableció que no existieron elementos para determinar una desaparición forzada, en realidad aún no conocíamos el paradero de Marco Antonio Sánchez. Recordemos que tuvimos que esperar determinado tiempo para que @ManceraMiguelMX comunicara a medios que un joven con características similares se encontró deambulando en el fraccionamiento Los Álamos, en el municipio de Melchor Ocampo. Tiempo después se confirmó –afortunadamente– que Marco Antonio había sido localizado con vida.
Otros elementos a considerar
A pesar de que fue encontrado con vida, el caso de Marco Antonio Sánchez arroja aún muchas dudas: ¿por qué lo detuvieron?; ¿cómo es que fue localizado en un municipio del Estado de México, a pesar de haber sido detenido en la Ciudad de México?; ¿qué sucedió en la ubicación previa en la que policías de Tlalnepantla lo observaron para posteriormente dejarlo marcharse?; ¿quién más supo de la desaparición, además de los cuatro elementos de la policía señalados como presuntos responsables?, entre otras.
Independientemente de esto, no se puede negar que puede haber otras responsabilidades en la actuación de las autoridades. Por ejemplo, las autoridades del Ministerio Público mencionaron a los familiares del joven que tenían que pasar 48 horas para poder levantar una denuncia por desaparición.
Sin embargo, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares establece dentro del artículo 7 que se establecerá una búsqueda inmediata y diferenciada en personas menores de 18 años, al momento de presentar una denuncia. Recordemos que las primeras horas después de ocurrida la desaparición son fundamentales para conocer el paradero de la persona desaparecida.
Tampoco podemos olvidar que, en caso de comprobarse una desaparición forzada, el artículo 32, fracción II de la Ley General, señala que la sanción incrementará en caso de que la persona sea niño/a, adolescente, mujer, mujer embarazada, persona con discapacidad o persona mayor.
Por último, no podemos olvidar que durante los últimos 11 años o más, ha habido un intento de las autoridades en distintos niveles por no querer reconocer casos que cumplen con los elementos de la desaparición forzada como tal. Por el contrario, se han mantenido tipificados como “secuestros” o alguna otra forma de privación ilegal de la libertad, disminuyendo la responsabilidad del hecho.
Tampoco podemos dejar de lado el uso de eufemismos como persona “extraviada” o “no localizada” que continúan revictimizando a estas personas, así como a sus familiares. La realidad es que el caso de Marco Antonio nos recuerda que hay más de 30 mil personas desaparecidas en el país, por los cuales seguimos exigiendo su presentación con vida.
*Integrante del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México

1/29/2018

Caso Marco Antonio Sánchez: muchas preguntas por resolver


La Jornada 


Ayer por la noche el jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, después de cuatro días de irritación social, dio a conocer la localización del joven estudiante Marco Antonio Sánchez Flores, de 17 años, quien se encontraba desaparecido desde el 23 de enero, cuando fue detenido sin justificación por policías de Ciudad de México en las inmediaciones del Metro El Rosario.
Según un testigo que lo acompañaba, el joven fue severamente golpeado, esposado y subido a una patrulla. Sus captores dijeron que lo llevarían a la agencia 40 del Ministerio Público, en Azcapotzalco; pero el joven no apareció allí ni en otra agencia. A los padres de Sánchez Flores se les impidió, con trabas burocráticas, levantar una denuncia por desaparición forzada.
La indignación social por este hecho creció en el transcurso de los días y sumó voces de instancias como la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la rectoría de la UNAM, en demanda de la presentación con vida del joven estudiante. Las autoridades capitalinas, por su parte, mantuvieron durante cuatro días un injustificable silencio y apenas ayer mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la ciudad informaron en una comparecencia ante medios que dos de los policías que participaron en la detención de Marco Antonio lo liberaron a unas cuadras del sitio en el que lo subieron a la patrulla y la SSP trabajaba en la investigación de los registros de geolocalización del vehículo policial y de los informes de los policías involucrados. Poco antes de que fuera ubicado en el municipio mexiquense de Melchor Ocampo, los padres del joven tuvieron acceso a la videograbación de un juzgado cívico en Tlalnepantla, estado de México, en el que se le veía saliendo del lugar “aturdido, desorientado y en shock”.
A reserva de conocer las secuelas que el episodio pudiera haber dejado en la salud física y mental del agraviado, cabe congratularse por que el estudiante haya aparecido con vida, pero el caso deja numerosas inquietudes y preguntas sin resolver. La primera, desde luego, se refiere al violento atropello de que fue víctima por parte de elementos de la policía capitalina y de la incapacidad de la institución correspondiente para reaccionar ante comportamientos inadmisibles por parte de algunos de sus efectivos.
Sorprende e irrita, por otra parte, que pese a las estructuras de mando y a la parafernalia tecnológica de la que tanto se presume –centrales de comunicación, cámaras de vigilancia, sistemas de geoposicionamiento– no se haya podido dar con el paradero de Marco Antonio y que hasta el sábado se informara de la detención de dos de los policías que lo retuvieron. Asimismo, resulta obligado investigar a los agentes del Ministerio Público que impidieron a los padres del joven levantar la denuncia correspondiente.
Por otra parte, resulta injustificable que el joven fuera ingresado a un juzgado cívico mexiquense y puesto en libertad horas después sin que nadie en esa oficina tuviera noción de que se trataba de un menor que estaba siendo buscado por dependencias oficiales. Más exasperante es que las autoridades municipales de Melchor Ocampo hayan difundido una foto del menor, en abierta violación a sus derechos y con los riesgos que ello implica.
En suma, la información del episodio disponible hasta ahora deja ver fallos inadmisibles y alarmantes faltas de control y comunicación en la policía capitalina, así como una inexplicable ausencia de coordinación con su par mexiquense. Un agravio de esta naturaleza no debe repetirse.
La sociedad merece una explicación puntual y precisa de lo ocurrido y la formulación de cargos en contra de quienes faltaron a su deber y atentaron contra la integridad física y los derechos del joven Sánchez Flores. No se debe tolerar que los encargados de preservar la vida y la seguridad de las personas sean precisamente los que las pongan en riesgo.

6/16/2017

Expertos: México vive situación de "violencia colectiva"


Se vive en México una situación de violencia colectiva
En este clima de agresión también es responsable el Estado, advierten
 
Periódico La Jornada

En México se vive una situación de violencia colectiva –incluida la de las propias autoridades– que ha dejado miles de personas muertas y desaparecidas, así como graves repercusiones sicológicas y emocionales en buena parte de la sociedad, cuyos efectos han sido ocultados, señalaron asistentes al Foro Nacional de Salud Mental en Contexto de Violencia Hablemos de las Heridas.
Juan Ramón de la Fuente, miembro del Seminario de Estudios sobre la Globalidad, de la Universidad Nacional Autónoma de México, subrayó que las desapariciones, los asesinatos y otras violaciones graves de derechos humanos forman parte del clima de violencia, en el que también participa el Estado y cuyos efectos incluso han disminuido un año la esperanza de vida, en promedio.
Uno de los elementos del contexto de inseguridad es la militarización de gran parte del territorio nacional, que ha buscado con poco éxito contener la ola de violencia y ha provocado graves efectos colaterales por privilegiar el uso excesivo de la fuerza por sobre el rol social del Estado, lamentó.
De la Fuente subrayó que una de las manifestaciones más preocupantes de la violencia es la que se ejerce contra las mujeres, y sostuvo que el clima de agresiones va desarticulando poco a poco a las familias, sobre todo cuando aparecen fenómenos como la depresión.
Afecciones graves a la salud mental
María Elena Medina-Mora, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, advirtió que la violencia social tiene implicaciones muy graves en la salud mental de quienes la padecen de forma directa o indirecta, y repercute en el surgimiento de conductas agresivas, suicidio y adicciones.
Subrayó que el estrés postraumático genera estados depresivos más preocupantes que la situación que los provocó, y dijo que entre los sectores más vulnerables a este fenómeno están los jóvenes, las mujeres y los menores de edad, razón por la cual llamó a no criminalizar a las personas que incurren en actos violentos o antisociales como respuesta a las agresiones que ellas mismas han padecido en su infancia, y recalcó que esta problemática puede resolverse mediante programas de intervención social.
Emilio Álvarez Icaza, ex ombudsman capitalino y ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que no se puede entender la violencia en México sin la violencia institucional, la cual le ha negado la categoría de víctima a quienes han padecido las consecuencias de este fenómeno.
Durante una ronda de testimonios personales sobre los efectos de la violencia, Mariana Selvas, sobreviviente de tortura sexual y física tras la represión policiaca de 2006 en San Salvador Atenco, destacó que el clima de agresiones no se debe a que el Estado mexicano ha fallado en detenerlo, sino a que lo ha instaurado como forma de control social.
Norma Andrade, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, habló sobre los efectos negativos que ha dejado en su vida personal y emocional el asesinato de su hija, Lilia Alejandra García, en 2001, y lamentó que el Estado no haga nada para apoyar a quienes han perdido a algún familiar por causa de la violencia.

2/04/2017

“¡Aquellos que todavía defienden la supremacía masculina blanca heteropatriarcal: Tengan cuidado!”

Discurso completo de la Marcha de las Mujeres (incluye Vídeo)

Tercera Información

Fue la oradora más clara y contundente en el acto de la Marcha de las Mujeres en Washington, EEUU. En su discurso anticapitalista, anti heteropatriarcal y anticolonial realizó un pantallazo de gran parte de los conflictos que padece y produce Estados Unidos. A su vez, incitó a la población a resistir y a luchar organizados durante los próximos años del gobierno de Donald Trump. Angela Davis arengó: “¡Aquellos que todavía defienden la supremacía masculina blanca hetero-patriarcal: Tengan cuidado!”.
“En un momento difícil de nuestra historia, recordemos que los cientos de miles, las millones de mujeres, las personas trans, los hombres y los jóvenes que estamos aquí en la Marcha de las Mujeres, representamos a las poderosas fuerzas del cambio que están determinadas para evitar que las culturas moribundas del racismo y el hetero-patriarcado se levante de nuevo.
Reconocemos que somos agentes colectivos de la historia y que la historia no se puede borrar como las páginas web. Sabemos que nos reunimos esta tarde en tierras indígenas y seguimos el camino de lucha de los primeros pueblos que, a pesar de la masiva violencia genocida, nunca han renunciado a la lucha por la tierra, el agua, la cultura y su pueblo. Un especial saludo hoy a los ¡Siux de Standing Rock!.
Las luchas por la libertad del pueblo negro, que ha moldeado la naturaleza misma de la historia de este país, no pueden ser borradas con la mano. No podemos olvidar que las vidas de lxs negrxs importan. Este es un país anclado en la esclavitud y el colonialismo. Esto significa que para bien o para mal, la historia misma de los Estados Unidos es una historia de inmigración y esclavitud. La propagación de la xenofobia, acusar de asesinato, de violación, y construir muros, no borrará la historia. ¡Ningún ser humano es ilegal!.
La lucha por salvar el planeta, detener el cambio climático, garantizar la accesibilidad del agua de las tierras de los Sioux de Standing Rock, en Flint, Michigan, en Cisjordania y en Gaza; la lucha por salvar la flora y la fauna y por salvar la atmósfera, son el punto cero de la lucha por la justicia social.
Esta es una marcha de mujeres que representa la promesa del feminismo en contra de los poderes perniciosos de la violencia estatal. Un feminismo inclusivo e interseccional que invita a todos a unirnos a la resistencia al racismo, a la islamofobia, al antisemitismo, a la misoginia y a la explotación capitalista. Sí. saludamos a “Fight for $15” (campaña por un mínimo salarial de $15 la hora).
Nos dedicamos a la resistencia colectiva. Resistencia a los multimillonarios,a los especuladores hipotecarios y gentrificadores. Resistencia a los corsarios de la salud. Resistencia a los ataques contra musulmanes e inmigrantes. Resistencia a los ataques contra las personas con discapacidad. Resistencia a la violencia estatal perpetrada por la policía y por la compleja industria penitenciaria. Resistencia a la violencia institucional e íntima de género, especialmente hacia las mujeres trans de color.
Los derechos de las mujeres son derechos humanos en todo el planeta. Es por eso que decimos ¡libertad y justicia para Palestina! Celebramos la inminente liberación de Chelsea Manning y Oscar López Rivera, pero también decimos ¡libertad para Leonard Peltier! ¡Libertad para Mumia Abu-Jamal! ¡Libertad para Assata Shakur!
En los próximos meses y años seremos llamados para intensificar nuestras demandas de justicia social, para que seamos más militantes en nuestra defensa hacia las poblaciones vulnerables. Aquellos que todavía defienden la supremacía masculina blanca hetero-patriarcal: ¡Tengan cuidado!
“Los siguientes 1.459 días de la administración del Trump serán 1.459 días de resistencia: ¡Resistencia en las calles! ¡Resistencia en las aulas! ¡Resistencia en el trabajo! ¡Resistencia en nuestro arte y en nuestra música!
¡Esto es solo el comienzo! y tomando las palabras de la inimitable Ella Baker: Nosotros, que creemos en la libertad, no podemos descansar hasta que llegue.
Gracias.”

Discurso íntegro de Gloria Steinem en la Women's March on Washington en español | Tribuna Feminista


Redacción Tribuna
Discurso íntegro de Gloria Steinem en la Women’s March on Washington en español

“Amigos y amigas, hermanas y hermanos, a todo el mundo que está conmigo hoy aquí y en 370 marchas en cada estado, en este país y en 6 continentes, y a todas aquellas personas que se unirán a la 1:00 p.m. al minuto de silencio reivindicando la igualdad en las oficinas, cocinas, fábricas y prisiones. Mi agradecimiento a todos y a todas, especialmente a las visionarias organizadoras de esta marcha inclusiva, liderada por mujeres. Una de ellas incluso ha dado a luz mientras organizaba esta marcha…¿qué más se puede decir al respecto?
Gracias por comprender que a veces tenemos que unir nuestros cuerpos y nuestras creencias. A veces hacer click en “Enviar” no es suficiente. En esto también nos unimos a quienes, en todo el mundo, no tienen ordenadores, electricidad o educación, pero tienen los mismos sueños y esperanzas que nosotras.
Creo que yo y mis admiradas compañeras y compañeros (“las viejas glorias”, ¿verdad?) – Harry Belafonte, Dolores Huerta, LaDonna Harris –, toda esta gente maravillosa, probablemente los asistentes de más edad de esta marcha. Es por ello que he estado pensando en lo importante que es recordar otros tiempos, cuando las cosas eran peores.
Podemos acordarnos de la época en la que creíamos que el futuro había muerto para nosotros, junto con Martín Luther King, con Jack Kennedy, con Bobby Kennedy, con Malcom X. Sin esas muertes, por ejemplo, Nixon nunca habría sido elegido, y no habría habido tantas guerras como las que hemos tenido. Hoy, líderes tan destacados como Barack Obama y Michelle Obama aún continúan con nosotros, y nos recuerdan cuánto temíamos que no pudieran ser lo que han llegado a ser, y las amenazas con la que convivían. Todos ellos están con nosotros.
Y aún hoy, nuestro honorable Bernie Sanders sigue con nosotros. Y no sólo está con nosotros, sino que además lucha por la justicia económica y una educación universitaria universal y gratuita en el estado de Nueva York. Y Hillary Clinton está viva y, definitivamente, no está en la cárcel. Ella le dijo al mundo entero que los derechos de las mujeres son derechos humanos y los derechos humanos son los derechos de las mujeres. Esto es crucial en un momento en el que colectivamente la violencia contra las mujeres en el mundo ha supuesto que por primera vez haya menos mujeres que hombres.
No estoy tratando de negar el peligro que empieza hoy. Trump y sus manipuladores han encontrado “un zorro para cada gallinero” en Washington. Y un dedo en Twitter no debe convertirse en un dedo en el gatillo. Algunos médicos muy experimentados de la Asociación Psiquiátrica Americana han escrito públicamente para advertirnos de que, y cito [textualmente], “tiene síntomas ampliamente reconocidos de inestabilidad mental, incluyendo grandiosidad, impulsividad, hipersensibilidad a las opiniones contrarias y críticas y una aparente incapacidad para distinguir entre fantasía y realidad, lo que nos lleva a cuestionar su actitud para las inmensas responsabilidades del gobierno”.
Esto pudo verse muy claramente en su discurso inaugural de ayer. Según Trump, todo lo que ocurrió antes de que él llegara a la presidencia, ha sido un desastre. Y todo lo que él hará a partir de ahora será fantástico, lo mejor del mundo, milagros…. todos los superlativos posibles. También dijo que estaba con el pueblo. De hecho, dijo que él era el pueblo. Parafraseando una famosa frase, sólo tengo que decir “he conocido el pueblo y tú no lo eres”. Nosotras, nosotros, sí somos el pueblo.
Solo en esta marcha de Washington de hoy han participado 1000 autobuses más que en la inauguración del presidente de ayer. Justamente estaba hablando con otras compañeras que participan en otras marchas como la que se celebra en Berlín, desde donde me pidieron que enviara un mensaje especial: “nosotras en Berlín sabemos en los muros no funcionan”.
Recordemos que en Polonia, el mes pasado, el gobierno aprobó una ley contraria al aborto y 6 millones de mujeres salieron a las calles y tuvieron que cambiar la ley. Nosotras somos el pueblo. Tenemos poder y vamos a usarlo. Todo el poder que ellos intentan eliminar. Por ejemplo, trataron de eliminar el Comité Ético del Congreso. Tuvisteis que rehabilitarlo, ¿no? Esto es gracias al poder del pueblo. Porque esto, esto, es el otro lado de la desventaja. Es un derramamiento de energía y democracia verdadera como no había visto en mi larga vida. Y ya son muchos años. Hay profundidad en la diversidad. Y recordad que la constitución no empieza con “Yo, el presidente” sino con “Nosotras, nosotros, el pueblo”.
Así que no intentéis dividirnos. No lo intentéis. Si forzáis a las personas musulmanas a registrarse, nos registraremos todos como musulmanes. Sé que hay mujeres aquí de diversas corporaciones y medios de comunicación y todo tipo de lugares que hacen que sea un poco arriesgado decir lo que os importa, lo que sentís y lo que apoyáis. Y hay mujeres aquí, lo sé, supervivientes de una industria nacional y global del sexo que especula con la invasión del cuerpo. Estamos unidas aquí por la integridad corporal. Si no puedes controlar tu cuerpo desde la piel, si no puedes controlarla desde la piel hacia fuera, no puedes controlar tu vida, nuestras vidas. Y eso incluye el derecho a decidir cuándo dar a luz sin la interferencia del gobierno.
Estamos aquí y en todo el mundo por una democracia profunda que dice que no permaneceremos calladas, que no nos dejaremos controlar, que trabajaremos por un mundo donde todos los países estén conectados. Dios puede estar en los detalles pero la Diosa está en las conexiones. Estamos unidas, cuidándonos las unas a las otras, mirándonos en igualdad, no por encima. Se acabó preguntarle a papá.
Estamos conectadas. No estamos clasificadas. Y este día nos cambiará para siempre porque estamos juntas. Cada una individualmente y juntas colectivamente no seremos las mismas nunca más. Cuando elegimos a un posible presidente, normalmente luego nos vamos a casa. Pero hemos elegido a un presidente imposible, así que no nos vamos a casa. Permanecemos juntas. Y vamos a tomar el control.
Quiero daros las gracias desde lo profundo de mi corazón. Aseguraos de que os presentáis unas a otras y decidid qué vamos a hacer mañana y pasado mañana y el día después de pasado mañana, porque no vamos a volver atrás. Gracias”.