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10/13/2018

Las mujeres en el 68


La ausencia de testimonios y reflexiones en torno al papel crucial que jugaron las mujeres durante y después del movimiento refleja una realidad: el escaso protagonismo político de las mujeres en esa época. No es extraño que, dado el contexto cultural machista de los años sesenta, la gran mayoría de los líderes hayan sido varones y que en sus textos la variedad de la participación femenina apenas se esboce. Una notable excepción es La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, libro conmovedor e imprescindible de leer hoy en día, donde la escritora entrevista a 103 mujeres de distintas edades y condiciones sociales involucradas en el movimiento.
Pero, aunque resulta lógica la escasez de mujeres líderes, no es lo mismo con las activistas de base. Las brigadas estaban integradas por muchísimas mujeres y además hubo una gran participación femenina que no ha sido destacada. Deborah Cohen y Lessie Jo Frazier, una historiadora y una antropóloga estadunidenses, convencidas de que la participación masiva de la población fue la que hizo tan poderoso y amenazante al movimiento a los ojos del Estado, estaban sorprendidas de que los relatos de los líderes no registraran a cabalidad la dimensión de la participación de las mujeres, se propusieron investigar el papel que habían tenido las mujeres que se involucraron en ese entonces.
Cohen y Frazier vinieron a México en 1989, entrevistaron a más de 60 mujeres que habían participado en el 68 y registraron qué recordaban y cómo habían vivido el movimiento. La variedad de las entrevistadas incluyó a: “estudiantes universitarias en diversas facultades de la UNAM, en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Nacional de Antropología y en las universidades de provincia; estudiantes más jóvenes tanto en escuela mixtas como en las exclusivamente femeninas; mujeres que vivían en los conjuntos habitacionales, principalmente en Tlatelolco, activistas de partidos políticos, incluyendo a la Juventud Comunista, hijas de refugiados europeos, abogadas de prisioneros políticos, mujeres que se preparaban para trabajar en la Olimpiada de 1968, maestras a nivel secundario y universitario, funcionarias universitarias, madres de estudiantes, prisioneras políticas, artistas, activistas sociales, miembros del CNH y profesionistas: psiquiatras, periodistas, antropólogas” (1993:80).
Su investigación ofrece elementos para valorar la participación femenina en el 68. Ellas encuentran que las mujeres se integraron igual que los hombres en todos los niveles del movimiento, la gran mayoría en las brigadas, menos en las asambleas y pocas en el CNH. Y muchísimas mujeres se comprometieron con el movimiento en la tarea sustantiva de organizar las comidas:
El proporcionar las comidas permitía un funcionamiento efectivo y creciente. Además, las horas de comida servían para dar energía y fortalecer la lucha. Cientos de estudiantes regresaban de sus actividades nocturnas, matinales o vespertinas y eran recibidos con una comida caliente y un lugar donde nutrir no solamente su cuerpo, sino su espíritu (1993:82).
Hacer las compras, cocinar y limpiar después, fueron tareas laboriosas consideradas “trabajo de mujeres”. Y fueron indispensables. Jaime García Reyes declara: “para el 23 de septiembre, las escuelas se habían transformado para muchos de nosotros, en nuestras casas, sobre todo los que veníamos de provincia. Comíamos y dormíamos. Todo giraba en torno a las escuelas”.
También Cohen y Frazier registran que otras mujeres desecharon esa tarea típicamente femenina, pues preferían hablar en los mercados y en los autobuses, ya que descubrieron que eran buenas para comunicarse con la gente. Algunas mujeres reformularon la propaganda política, modificando los mensajes “intelectuales” para que se entendieran, haciendo “pequeños cuentos”, incorporando mitos populares y dichos mexicanos. Muchas estuvieron en las guardias nocturnas, lo que les significó una bronca con sus familias. Y porque su condición femenina las hacía menos sospechosas, varias fueron mensajeras, y engañaban a la policía. Las jóvenes de clase alta usaban sus coches.
Yo era estudiante en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y al recordar ese tiempo me doy cuenta de que, aunque muchas compañeras participaron en el movimiento, esto no forjó una conciencia feminista. La segunda ola feminista irrumpió en México hasta 1970 y eso explica que en la ENAH las estudiantes mujeres nos hiciéramos cargo de traer o preparar la comida, de darle a la manivela del mimeógrafo e, indefectiblemente, sirviéramos el café. En ese entonces yo no tenía la más pálida idea del feminismo que se estaba gestando en paralelo en Europa y Estados Unidos. Yo era una “compa” más, y asumía las tareas que me encomendaban sin cuestionar esa división tradicional del trabajo que, años después –ya feminista– analizaría y problematizaría. Tal vez hubo flashazos de feminismo espontáneo, como uno que me relató Mariángeles Comesaña. Una de sus compañeras de brigada “Miguel Hernández” decidió que era muy importante entrar a las cantinas, “pues cómo era posible que hubiese un espacio en la Ciudad de México que estuviera prohibido para las mujeres”. Así, un grupo de chicas entraban rapidísimo, entregaban los volantes mientras los meseros o el encargado les decían “Sálganse, sálganse, no pueden estar aquí” y los borrachitos gritaban “déjenlas que se queden”.
El propósito de Cohen y Frazier no fue tomar las experiencias de las mujeres como un complemento de la historia oficial, ni obtener “una perspectiva de las mujeres”, sino ganar una mirada más completa sobre lo que ocurrió. Ellas registran la camaradería entre mujeres y hombres, al grado de que a las mujeres no nos daba miedo quedarnos a hacer guardia en la noche en la escuela, con ellos al lado. Sin duda, el movimiento desafió los valores sexuales tradicionales, y provocó ampliaciones inesperadas en la vida sexual de muchas, con múltiples tránsitos de la política al sexo, del sexo a la política. Los momentos intensos y peligrosos que se vivían cambiaron las relaciones personales de todo tipo. Mientras las familias se sentían amenazadas por las actividades de sus hijas e hijos, las jóvenes descubrían nuevas dimensiones en las relaciones con los hombres: desde como amantes hasta como camaradas. El despertar sexual de muchas mujeres estuvo ligado a su despertar político, y viceversa. La amistad entre hombres y mujeres se volvió una realidad. Podía haber una sola mujer en una brigada y todos eran camaradas. Varias terminaron la relación con el novio porque no apoyaba al movimiento o porque desaprobaba su involucramiento. Las vidas de muchas se transformaron al quedarse de noche en las guardias. Cohen y Frazier recogen las palabras de Luisa, de la Facultad de Ciencias Políticas, sobre el movimiento: “Fue dar un gran paso hacia la igualdad” (1993:98).
Finalmente, algo que para las investigadoras resultó muy significativo fue que la mayoría de las mujeres entrevistadas no consideraba que su participación mereciera un estudio histórico, aunque todas señalaban que el 68 había cambiado profundamente sus vidas. Yo fui una de las 60 entrevistadas y ese fue mi caso: juzgué mi participación como insignificante al mismo tiempo que reconocí que el 68 cambió mi vida. Hoy, 50 años después, puedo calibrar qué tan profunda y sostenida fue esa transformación.
Este análisis se publicó el 7 de octubre de 2018 en la edición 2188 de la revista Proceso.

10/03/2018

El 68 ya no sirve para entender lo de ahora


Claudio Lomnitz

La Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) conmemoró la matanza de Tlatelolco con una imagen iluminada de la paloma que fue logo de los Juegos Olímpicos de 1968, pero que lleva un balazo en el corazón, y luego con letras en neón, tomadas en estilo también del logo, que dicen: Nunca más. A su vez, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, declaró también que, como presidente, no ordenará represión. Que el Ejército es pueblo en armas, y que no se usará nunca a los militares contra el pueblo.
Todo eso está muy bien, hasta donde alcanza. Lo malo es que no alcanza mucho, porque la matanza de Tlatelolco ya no es un punto de referencia útil para entender los peligros del presente. Decirle ¡nunca más! a Tlatelolco, hoy, es un poco como declararle el ¡nunca más! a la Santa Inquisición, o a la Cristiada. Estamos de acuerdo en que no debe volver a darse algo así, pero nadie siente hoy un peligro inminente del regreso de aquello. Nos hemos acostumbrado a ver en los acontecimientos del 68 un modelo de la relación entre Estado y sociedad, aunque ese ejemplo ya no alcance para entender los peligros que enfrenta hoy nuestro Estado y nuestra sociedad.
Pongo un ejemplo para que se entienda. En Ayotzinapa fueron asesinados 43 estudiantes, y se dijo pronto que fue el Estado. Y así fue. Fue el Estado. Los normalistas fueron capturados y asesinados por la policía de Iguala, a órdenes también del presidente municipal. El ayuntamiento es parte del Estado, de modo que, sin lugar a dudas, fue el Estado. Pero ¿es ese Estado el mismo que se movilizó contra los estudiantes en Tlatelolco, en 1968? No lo creo.
La matanza de Tlatelolco fue ordenada por el presidente de la República y su secretario de Gobernación. El Ejército obedeció de manera ordenada y disciplinada, y como corporación. La maniobra fue pensada como una medida que obedecía a la razón de Estado, realizada para garantizar el orden público y para que los espectadores y periodistas que llegaran a los Juegos Olímpicos se llevaran una buena impresión, cosa que el presidente Gustavo Díaz Ordaz imaginaba como un asunto de interés nacional.
La matanza de Iguala, en cambio, fue una escaramuza perpetrada en el contexto de una guerra entre mafias, que se habían apropiado de la pedacería del Estado (gobiernos municipales, policías locales, algunas autoridades estatales, quizá algunos mandos militares...), y que las usaron como su instrumento para cuidar intereses privados, en otras palabras, para garantizar su control territorial de zonas donde pueden extorsionar a vendedores ambulantes, comercios y transportistas, monopolizar la producción de amapola, o simplemente donde pueden hacerse del presupuesto municipal como si fuera suyo propio. De modo que en Iguala, como en Tlatelolco, sí fue el Estado quien asesinó, pero no fue el mismo Estado. La matanza de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa no fue ordenada por el Presidente de la República, ni por el titular de Gobernación ni tampoco se trató de una orden procesada por el secretario de la Defensa. La matanza tampoco se hizo en aras de proteger la imagen del Estado o del país, ni siquiera en los sueños delirantes de algún presidente. Fue, por el contrario, un asunto local, como han sido la mayoría de las matanzas que desde una docena de años suceden a diario en México, y que cuya escala es tanto, tanto mayor que lo de Tlatelolco.
¡Nunca más! Eso se declara desde la Rectoría. Eso lo declara el presidente electo López Obrador. Pero apenas la semana antepasada se encontraron más muertos en dos tráileres refrigerados en Jalisco de los que hubo en Tlatelolco. ¿Nunca más? ¿En serio? Si ni siquiera sabemos quiénes son los muertos que estaban en esos dos camiones. Si ni siquiera sabemos quiénes los mataron ni por qué.
En su artículo de Milenio de ayer, Héctor Aguilar Camín cita un estudio, al parecer riguroso, de Susana Zavala, que concluye que el Ejército mató a 78 estudiantes en la noche de Tlatelolco. Los cálculos alternativos, de The Guardian y de la embajada de Estados Unidos, fueron, en su momento, de 325 y de entre 150 y 200, respectivamente. Y conmemoramos solemnemente el 2 de octubre declarando que ¡nunca más!, cuando unos días antes aparecieron 157 cadáveres en un tráiler, y 273 en otro.
En un contexto así, ¿que significa el ¡nunca más!?

8/16/2018

El gobierno chiapaneco amenaza con reprimir a nuestros compañeros si no desisten de la lucha por la defensa de la tierra y contra el terrorismo de Estado

Comunicado del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo


Los representantes de las instituciones de justicia y otros funcionarios del gobierno chiapaneco lanzaron una serie de amenazas contra el FNLS, entre ellas despojo violento y detenciones arbitrarias, este es un intento para intimidar a nuestros compañeros y desistan de la lucha por la defensa de la tierra, de exigir justicia para las víctimas del terrorismo de Estado, esa actitud hace latente el cometido de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de Estado.
El 9 de agosto en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez se realizó una mesa de negociación con funcionarios del gobierno del estado para tratar el tema de justicia, entre ellas la exigencia de presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos políticos de nuestros compañeros Héctor Sántiz López y Víctor Alfonzo Pérez López, de la ejecución extrajudicial de nuestro compañero Humberto Morales Sántiz, así como la cancelación de todos los procesos penales contra nuestros compañeros.
La respuesta dada por los representantes del Estado es la dilación, el burocratismo y la demagogia, por ejemplo, en el caso de nuestros cuatro compañeros expresos políticos Rodolfo García Gómez, Pedro Méndez Gómez, Erasto Méndez Gómez, Guadalupe Wilfrido Gómez Vázquez, en la fecha que quedaron en libertad producto de la movilización política, los funcionarios entre ellos José Luis Soto de la Torre asesor de la secretaria técnica del gobernador, Marco Antonio Liévano Asesor y coordinador de subsecretarias regionales, Jaime Ramírez Maza subsecretario Región Selva Lacandona, acordaron dejarlos en libertad sin cargos penales, toda vez que se comprobó que su detención fue por motivos políticos.
Estos funcionarios mintieron y se burlaron de los familiares de los ex presos políticos y de la organización, porque en dicha mesa de negociación el 9 de agosto expresaron que se reactivaron las ordenes de aprehensión, dijeron que, “(…) si no se salen de las tierras, la ley actuará”, “la fuerza pública puede detener a sus compañeros y desalojarlos de las tierras”, argumentos que demuestran la labor de este gobierno, reprimir y desalojar violentamente contra el pueblo que lucha por derechos y libertades políticas.
Una prueba más que demuestra el carácter represor del gobierno chiapaneco es haber premiado al grupo paramilitar “los petules” con viviendas, esta información es obtenida en voz de los servidores públicos del Ayuntamiento de Ocosingo, el pretexto que utilizaron los funcionarios del Estado cuando les cuestionamos eso, es que se “(…) equivocaron de lugar, no era para ellos”, este argumento es hipócrita y reafirma lo que denunciamos, el Estado protege y premia a sus paramilitares para continuar con sus planes represivos contra las comunidades organizadas en el FNLS.
Dicho lo anterior, manifestamos:
1.- Enrique Peña Nieto y Manuel Velasco Coello, su gobierno se caracteriza por ejecutar con mayor crudeza la política del terrorismo de Estado, en la recta final de su mandato incrementan los crímenes de lesa humanidad durante y después de las elecciones, y contra el FNLS en Chiapas se acentúa el hostigamiento policiaco, militar en las comunidades donde tenemos presencia, así como las amenazas de despojo violento de nuestras tierras y de ejecutarse detenciones arbitrarias.
2.- El “dialogo” que implementa el gobierno chiapaneco es simulado, los funcionarios encargados de responder a nuestras exigencias verbalizan amenazas a la organización y no propuestas para solucionarlas, esto comprueba el carácter sistemático con la que el Estado ejecuta la violencia institucional contra el FNLS y que la voluntad política es letra muerta para este gobierno.
3.- Condenamos enérgicamente la actitud represiva y antihumana de los subalternos del gobierno de Manuel Velasco Coello; repudiamos la intención del gobierno del estado por desalojar violentamente a nuestros compañeros de sus tierras y de detenerlos arbitrariamente.
4.- La impunidad persiste, el hostigamiento y el cometido de crímenes de lesa humanidad se exacerban, por lo tanto, por más intentos que haga el Estado para que desistamos de la exigencia por el alto al terrorismo de Estado y justicia para las víctimas, éstas persistirán, hoy más que nunca se hace indispensable generalizar las acciones políticas de masas con carácter combativo para frenar esta política pro fascista que desangra a los hijos del pueblo.
Serán responsables Enrique Peña Nieto representante del ejecutivo federal, Manuel Velasco Coello gobierno de Chiapas de cualquier agresión física y psicológica contra nuestros compañeros.
¡Ni perdón, ni olvido!
¡Alto a la militarización y paramilitarización del país!
¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos de ayer y hoy!
¡Alto al terrorismo de Estado!
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

6/10/2018

Todo el Estado, en el nuevo ataque en mi contra: Nestora

Me defiendo de una fabricación del Estado

La mayoría de los que me denunciaron ni los vi ni me vieron

La ex comandante de la policía comunitaria en Olinalá, Guerrero, enfrenta dos batallas: una legal y la de la narrativa de su historia. Mientras un sector político la acusa de secuestradora, el movimiento popular de su región y organizaciones de derechos humanos reivindican su inocencia



No se imaginan lo que es que todo el día repitan en los medios ¡secuestradora! Hay a quienes esa presión puede desmoronar. A mí no. Jamás he secuestrado a nadie, indica Nestora Salgado

En agosto de 2013, 48 personas, entre ellas siete mujeres, acusaron ante la Procuraduría de Justicia de Guerrero a la comandante de la policía comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, de secuestro agravado, privación de la libertad y hasta de homicidio. Todos habían sido detenidos en distintos sitios, en diferentes fechas, y consignados por diversas infracciones y delitos bajo el sistema de justicia comunitario, vigente en la constitución del estado.

Dos años y siete meses después, luego de un largo proceso judicial que incluyó desahogo de pruebas, audiencias y apelaciones, los jueces que llevaron el caso sostuvieron que estos delitos no tenían sustento y no se acreditaron. En 14 ocasiones, los acusadores fueron citados a audiencias por las autoridades para ratificar los cargos. Nunca acudieron. Ni uno solo. Al final, los jueces dictaron el auto de libertad para Nestora Salgado.

Solamente una joven, Dulce Rubí Burgos, y un ex síndico de Olinalá, Armando Patrón, procesado por robo de ganado y asesinato, mantienen sus denuncias, pero no ante los tribunales, sino ante los medios de comunicación. A ambos les patrocina su defensa la directora de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace.

A la mayoría de los que me acusaron nunca los vi ni me vieron; nunca firmé ningún oficio relacionado con ellos, nunca tuve que ver nada con las causas de su arresto. Fueron detenidos por otros policías comunitarios en lugares donde yo no tengo jurisdicción. Fueron juzgados por la Asamblea Comunitaria en alguno de los más de 100 pueblos en 12 municipios que se rigen por el sistema de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC). Fueron recluidos en las Casas de Justicia donde yo no tengo autoridad. Yo sólo tenía el mando de la policía en Olinalá.

¡Secuestradora!

Una vez libre, la guerrerense, madre de tres hijas y abuela de varios pequeños, decidió continuar con lo que llama mi compromiso y mi lucha. Y vio la oportunidad cuando Morena le propuso contender en la lista plurinominal para el Senado.

De repente, tuvo que suspender su campaña y su vida normal para enfocar su atención, una vez más, a defenderse de lo que llama una fabricación en la que participa todo el Estado.

Declara que ha decidido no ver más la televisión: No se imaginan lo que es que todo el día repitan en los medios ¡secuestradora! Hay a quienes esa presión puede desmoronar. A mí no. Yo sé quién soy. Nunca jamás he secuestrado a nadie, no he matado a nadie. En mi expediente no hay víctimas. Lo que yo hice fue cumplir con mis obligaciones como policía comunitaria.

Salgado está ahora enfrascada en una nueva batalla legal, defendiéndose ante el expediente reactivado. También libra otra batalla: la de la narrativa de su historia. Desde la casa de campaña de José Antonio Meade y desde las oficinas del ex fiscal guerrerense Iñaki Blanco (el mismo que tuvo que renunciar al cargo por la forma en que encaró la crisis de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa) se divulga la versión de una mujer desalmada, criminal. Desde el movimiento popular de su región y desde el frente de las organizaciones de derechos humanos se defiende su libertad, su dignidad y su derecho a participar políticamente.

–¿Quién tiene la verdad?

–Yo no tengo dudas. Aquello es una mentira enorme. ¿Por qué tanta saña conmigo? Tal vez porque me les rebelé siendo mujer; por el mensaje que mandé a las mujeres, porque les llegué al corazón cuando les pedí que salieran a defender a sus hijos y no se acobardaran.

–¿En qué momento se torció la historia de la popular comandante de la PC de Olinalá?

Nestora ubica ese momento cuando el ex gobernador Ángel Aguirre, también forzado a renunciar por el caso Ayotzinapa, preparaba su ruptura con la CRAC y utilizó un juicio de la coordinadora en la que ella intervino y que incomodó al entonces presidente municipal de Olinalá, Eusebio González, priísta.

Ella lo refiere así: en junio de 2013, a petición de las madres de cuatro muchachas, dos de ellas menores de edad en ese momento, se acordó internarlas en una Casa de Justicia Espino Blanco para su reducación. Son Yesenia Castillo, Betzabé Ruby y Guadalupe Baltazar Sosa, así como Dulce Rubí Burgos. La medida se tomó a petición de las madres, ya que las chicas solían ausentarse de sus casas y convivían con jóvenes identificados como narcomenudistas y relacionados con una red de trata. Nestora sospecha que el alcalde Eusebio González estaba involucrado en esa red.

González tiene un antecedente. En las declaraciones ministeriales de María de los Ángeles Pineda, esposa del ex presidente municipal de Iguala, ambos presos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ella lo identifica como uno de los alcaldes de la región vinculados con el crimen organizado, en este caso con Guerreros Unidos. González fue diputado local y ahora figura en la lista de candidatos a diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Días después, él las convenció y las llevó a Chilpancingo para que declararan ante el Ministerio Público, acusándome de secuestro. Estas demandas sirvieron para que dos meses después, entre el 21 y el 23 de agosto, en un operativo conjunto en el que participó la Policía Federal, el Ejército y la Marina se emprendiera la mayor ofensiva contra la policía comunitaria. Se allanaron comandancias y Casas de Justicia en media docena de pueblos y fueron detenidas cerca de 50 personas de distinto rango de la CRAC-PC. Salgado entre ellos.

A todos se les imputaron los mismos delitos. Y casi todos quedaron en libertad muy pronto. El único expediente que quedó a reserva de ley es el de Nestora Salgado.

¿Una jaula?

El domingo pasado, como la nota sobre Nestora había decaído de las primeras planas, el candidato a la Presidencia por el PRI, José Antonio Meade, volvió a la carga en Twitter. “Yo invito a Andrés (Manuel López Obrador) a que revise… las declaraciones de las víctimas”. Y cita: Durante su retención en la Casa de Justicia El Paraíso, la víctima permaneció en un cuarto obscuro (...) fue golpeada con las culatas de las armas, la castigaron por un mes sin salir al sol, les daban de comer frijol crudo con arroz y tortillas en descomposición.

Quien declara lo anterior es la joven Dulce Rubí Burgos, identificada en el expediente como PSPR 1.

En efecto, en las averiguaciones donde las jóvenes acusan de secuestro a Nestora se expresan este tipo de señalamientos. Estos fueron añadidos al expediente un año después de sus declaraciones iniciales, en las cuales no referían esos maltratos.

Los testimonios de las chicas fueron desechados por el juez porque el Ministerio Público y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentaron un peritaje sobre el sitio donde estaban retenidas las menores, en Quiahuitepe, municipio de Ayutla. Había siete mujeres. No era una jaula insalubre donde tenían que hacer sus necesidades en botellas ni estaban recluidas junto con hombres, como suele declarar Dulce Rubí a la televisión cuando Miranda de Wallace la presenta ante los medios. Estaban en el salón de una escuela administrada por monjas, habilitado como dormitorio, con baños adyacentes. Las monjas administraban sus comidas. El lugar era exclusivo para mujeres. En el expediente constan incluso fotografías.

Lo que sí consigna la CNDH es que es probable que la dignidad de las menores haya sido violada. E incluye una recomendación al sistema de justicia comunitario de Guerrero a revisar y armonizar con las leyes nacionales y locales sus programas de reducación.

El expediente también incluye una declaración emitida por la misma joven ante el Consejo Social Olinalteco, con fecha del 10 de junio de 2013. Relata que fue retenida en Huamuxtitlán por la policía comunitaria del lugar. Refiere que desde el domingo andaba paseando con unos amigos, que identifica como el Maruchan y Paco. Que durmieron en su casa, en Tulcinco, en unas colchonetas, que estuvieron tomando micheladas y unas botellas hasta que decidieron regresar a su pueblo tres días después.

Foto María Luisa Severiano
Blanche Petrich
Periódico La Jornada

6/08/2018

¡Alto a la represión de las fuerzas armadas fachas! Defenderse con estrategias más contundentes

Pedro Echeverría V.

1. Creo que el ejército, la marina y demás fuerzas armadas al servicio del gobierno, los empresarios y el poder –como dice el candidato López Obrador y creímos hace 50 años- es el pueblo uniformado. Lo único malo y condenable es que obedecen fielmente a quien les paga, a quien les ha asegurado un salario y la alimentación de su familia. ¿Quién más los puede obligar a ser feroces a esos “cuidadores del orden”, que defienden el sistema de explotación mediante estrategias de represión aprendidas en sus cuarteles y en los EEUU?

2. Los miembros de las fuerzas armadas son seres humanos, buenas gentes, como todo mundo; sobre todo con su familia. Me imagino al boxeador con su familia y abajo del ring que es diferente cuando está madreando a otro con las instrucciones que tiene de sus jefes y por los millones que le pagan para hacerlo. No olvidaré aquella película de Kubrick “Cara de Guerra” donde todos los miembros del ejército mediante “lavado de cerebro”, sólo aprenden a odiar, a matar, a destrozar al enemigo, a triunfar para que los explotadores capitalistas los premien.

3. Aplaudí mucho a Cantinflas: el barbero que buscaba ser diputado frente a un cacique que envió a sus matones a robar las urnas de la elección. Los amigos de Cantinflas iban armados con palos y cuando los pistoleros quisieron actuar sacaron sus garrotes y los hicieron correr. Los maestros son pueblo con un contingente de 10 mil en la CDMX hoy, buen número para bloquear esos centros de calumnias, mentiras, manipulación, que son los medios de información como la TV. Las fuerzas armadas en el DF son 500 mil, pero nuestro pueblo es de 15 millones sólo en el DF.

4. A veces nos preguntamos: ¿Por qué unos mil grandes ricos pueden someter por siglos y siglos a 20 o 25 millones de mexicanos, con un 80 por ciento de pobres y miserables? Esta pregunta ya la hacía el filósofo Etiene de la Boitie hace cinco siglos. Pero la respuesta hoy es muy sencilla: la mente, la conciencia de nuestro pueblo la han llenado de basura, de temores, de miedo, la han corrompido profundamente por la TV y los demás medios de información. Además la minoría del pueblo que ha despertado ha sido ferozmente reprimida y asesinada por las fuerzas armadas.

5. Los maestros de la CNTE durante casi 40 años han luchado con dignidad y valentía. Podría demostrarse que no ha habido en la historia de México mejor organización, con más justa conciencia y consecuencia que esos miles de profesores que cada día, semana, mes o año se han confrontado contra los diferentes gobiernos burgueses del PRI, PAN, PRD en el país. Estos días sólo han exigido mesas de diálogo para echar abajo la llamada “reforma educativa”, exigir la libertad de sus presos políticos y la reinstalación de los profesores cesados. ¡Viva la lucha de la CNTE! (7/VI/18)



5/29/2018

Meade y Nestora

Hay 10 cosas que todo mundo debería saber si va a hablar de Nestora:
1. La comandante Nestora Salgado fue detenida ilegalmente como represalia por su valiente trabajo en contra del crimen organizado y la corrupción municipal, imputándole como secuestros unas detenciones que realizó en el marco de sus funciones como policía comunitaria. En Guerrero, la Ley 701 reconoce los actos de autoridad ejercidos por la Policía Comunitaria.
2. Fue trasladada a mil kilómetros de distancia, a una prisión de máxima seguridad en Nayarit, aislada de familiares y de su defensa legal, y se le iniciaron cargos federales por delincuencia organizada en la modalidad de secuestro. A partir de las protestas que surgieron y dada la injusticia de mantenerla con cargos del fuero ordinario en una prisión de máxima seguridad federal, fue trasladada a Tepepan. 
3. Al revisar con cuidado el caso, un juez federal desestimó los cargos federales por delincuencia organizada en modalidad de secuestro y ordenó su liberación. Se aclaró que, en una acción en su función de policía comunitaria, Nestora detuvo al síndico de Olinalá Armando Patrón Jiménez, a quien se acusó de cometer el delito de abigeato (robo de animales/ganado) y de estar presuntamente involucrado en el asesinato de dos ganaderos. Cuando fue trasladado a la Casa de Justicia, sus cómplices, que además tenían amenazados a los empresarios locales para que se retiraran de la venta de materiales y mercancías y así acaparar el mercado, aprovecharon para hacer la denuncia de “secuestro”. El juez reconoció que Nestora actuó legalmente, como difundió el profesor Thomas Antkowiak, director de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle, al conocer el fallo.
4. A los absurdos cargos que se le imputaban (tuvo seis procesos penales abiertos por secuestro, robo y homicidio) y a la grave ausencia de debido proceso, se sumó que ninguno de los acusantes se había presentado a testificar. No obstante que el gobierno federal levantó los cargos, la Fiscalía de Guerrero los sostuvo, probablemente debido a que el fiscal estaba amenazado o comprado (“plomo o plata”).
5. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos monitoreó el caso y dio a conocer la resolución sobre Nestora Salgado, la número 56/2015 del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria. Ahí se puntualiza que, aunque el gobierno federal desestimó el caso contra Nestora, el fiscal de Guerrero emplazó nuevos cargos en su contra basado en los mismos hechos, cuando ya la justicia federal la había absuelto. Esto vulnera el derecho a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos. 
6. En consonancia con la opinión emitida, el grupo de trabajo de la ONU pidió al gobierno de México tomar las medidas necesarias para remediar la situación, liberando a Nestora Salgado y proporcionándole una compensación apropiada. Nestora estuvo más de dos años encarcelada y sin juicio, por una red de complicidades vengativas que armaron denuncias falsas. 
7. El 18 de marzo de 2017 Nestora Salgado salió libre y sin cargos de la cárcel, pues el supuesto delito de secuestro no existió, ya que las detenciones que hizo la comandante se llevaron a cabo en el marco de su actuación de policía comunitaria. O sea, salió libre no porque “la perdonaran” de un supuesto delito, sino porque nunca cometió ese delito. 
8. El grupo de corruptos a quienes afectó en Guerrero ha persistido en ­desacreditarla, inventado pruebas como la que exhibió Meade en el debate. Sus enemigos han buscado a activistas contra el secuestro, como Isabel Miranda de Wallace, para impulsar una campaña contra Nestora. Periodistas como Pablo Hiriart han repetido la difamación y hace unos días Raymundo Riva Palacio y Rafael Cardona hablaron del caso sin tener toda la información, y señalaron que la presión de Estados Unidos fue lo que la liberó. Craso error. 
9. Hoy su caso vuelve a la escena política como una forma de golpear a AMLO. Desde la lógica nefasta de “el fin justifica los medios”, se desecha el proceso jurídico que la consideró inocente y recurre a politizar su caso. No doy crédito a que se diga que hay nuevos procesos abiertos y no se mencione siquiera la resolución del gobierno federal, la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el trabajo que hizo la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle.
10. Nestora es una de esas heroínas cívicas que tanta falta le hacen a nuestro país. La sexta de siete hijos de una familia del pueblo artesanal de Olinalá perdió a los 11 años a su madre, se casó a los 16, tuvo tres hijas y emigró a Estados Unidos, dejando a sus hijas al cuidado de su familia. En Washington trabajó siete años como recamarera y luego regularizó su situación migratoria, por lo que tiene también la nacionalidad estadunidense. Durante muchos años envió dólares a Olinalá, hasta que se decidió regresar a apoyar a su comunidad. Y entonces ingresó a la Policía Comunitaria.
Creo que a Meade no le contaron la historia completa de Nestora Salgado. Habrá que ver hasta dónde es capaz de rectificar y ofrecerle una disculpa pública por su error al calificarla de “secuestradora”.
Este análisis se publicó el 27 de mayo de 2018 en la edición 2169 de la revista Proceso.

3/06/2018

Ayotzinapa: espejo de impunidad


Magdalena Gómez

En el contexto del 167 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el pasado 2 de marzo se realizó en Bogotá, Colombia, la audiencia pública para evaluar las medidas cautelares 409/2014 emitidas por las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero: Objetivos asignados al mecanismo especial de seguimiento del caso.
Mario Patrón, director del Centro Pro de Derechos Humanos, abrió con una frase contundente: A tres años y cinco meses nos encontramos, nuevamente, sin resultados de justicia y verdad. La representación de las madres y padres de los 43 acusaron al gobierno de que en el año reciente se ha dedicado a administrar políticamente el caso, y denunciaron que la señora Minerva Bello, madre del estudiante Everardo Rodríguez Bello, falleció recientemente por un cáncer agravado por el estrés que le provocó la desaparición de su hijo. Para ella pidieron un minuto de silencio. La sesión no tuvo punto de encuentro, salvo la decisión conjunta de renovar el funcionamiento del mecanismo, hasta diciembre de 2018. Mientras, los defensores representantes de víctimas y familiares exigieron que se aceptara un nuevo cronograma de diligencias, en virtud de que el Estado no cumplió los 11 puntos de la investigación en el lapso de junio a octubre de 2017. Doña Cristina Bautista Salvador señaló las etapas en la investigación: la primera, la de la mentira histórica; la segunda, la del GIEI; la tercera, administraron la mentira, y la cuarta, la administración política.
La delegación mexicana fue encabezada por Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Rafael Avante; la subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Sara Irene Herrerías; Jaime Rochín, de la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV), y Alfredo Higuera, fiscal especial de la PGR para la Investigación del caso Iguala, quien nuevamente abrió expectativas sin información precisa, por el criterio de sigilo, al afirmar que en las semanas recientes se obtuvo información relevante que identifica el móvil del secuestro y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. Que realizarán alrededor de 30 detenciones en días próximos, con lo que, además, se daría cuenta del nivel de involucramiento de la organización criminal, y el papel de las corporaciones municipales, en un esquema de organización delictiva importante. Se observa cómo perfilan el alcance municipal de la trama, con lo que la participación y las responsabilidades de policías federales, el Ejército por omisión, por lo menos, y la actuación de Tomás Zerón quedarían fuera de ese horizonte. También se abordó nuevamente la confirmación sobre nueve celulares de los estudiantes, que fueron utilizados con posterioridad a la desaparición; se cuenta con la identidad de El Caminante y El Patrón, señalados como dos de los principales artífices de la agresión y posterior desaparición de 43 estudiantes.
El subsecretario Cabañas afirmó que se han dado respuestas a la CIDH; refirió un cuarto cuestionario con 110 preguntas, además, deslizó el apoyo financiero al mecanismo. Los comisionados de la CIDH no se mostraron satisfechos e insistieron en pedir respuestas concretas. Dos temas adicionales fueron álgidos: la intención del gobierno de cancelar la reunión próxima del mecanismo fijada para mayo, con el argumento del periodo electoral en México, que finalmente se emplazó a la CIDH para que fije un criterio respecto a todos los países con elecciones en 2018. El otro fue la afirmación oficial de concluir este año la investigación, lo cual desató preguntas fuertes. Mario César González, padre del normalista César Manuel González Hernández: ¿El compromiso es dar con el paradero de los estudiantes? Higueras respondió: Saber todo lo que ocurrió, don Mario, se lo digo con todo respeto, deslindar responsabilidades integralmente. Ciertamente la sospecha fundada de cerrar y validar la mentira histórica está presente.
En cuanto a la atención a las víctimas, Jaime Rochin indicó que se recomendó un diagnóstico sicosocial, y agregó toda acción será progresiva. El gobierno señaló su compromiso de contar con planes individuales, con base en el estudio, que será objeto de un análisis detallado y diálogo con los propios representantes Se refiere al informe que elaboró Fundar: Yo sólo quería que amaneciera: impactos psicosociales del caso Ayotzinapa, en el que se documentan las voces de las otras víctimas, como son las de las familias de los estudiantes desaparecidos. El comisionado Luis Ernesto Vargas Silva expresó que el diagnostico sicosocial fue para quererlos comprar, cooptar. Nueva tensión entre derechos legítimos y mantos para cubrir la impunidad.

2/14/2018

“¡Fue –y volverá a ser– el Estado!”


Claudio Lomnitz
Ahora que estamos en tiempos de campaña, algunos de los mecanismos que llevaron a la matanza de Iguala se hacen más visibles.
¡Fue el Estado! Es el grito acusatorio que surgió del asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y del descubrimiento de casi una veintena de fosas clandestinas en Iguala. La acusación es precisa: sin duda fue el Estado el responsable tanto de los asesinatos de Iguala, como de las formas intrincadas de justicia e injusticia que los siguieron. Finalmente, el gobierno municipal de Iguala estaba en manos de Guerreros unidos, organización prohijada por el cártel de los Beltrán Leyva, y José Luis Abarca, su presidente municipal, estaba casado con María de los Ángeles Pineda, cuyo padre y hermanos eran narcotraficantes. Dos de ellos figuraban en la lista de la PGR de los hombres más peligrosos y buscados de México. La policía de Iguala, por su parte, también formaba parte de Guerreros unidos, y no había distinción alguna entre la policía y los sicarios que trabajaban ya sin uniforme. Así es que el Estado, entendido en este caso como el aparato estatal municipal, fue directamente responsable.
Pero hubo también otros niveles de involucramiento estatal. En primer lugar, la estructura partidista del PRD, tanto estatal como nacional, que se hizo de la vista gorda respecto de lo que sucedía en Iguala, y que aceptó que unos fascinerosos controlaran ese municipio, a cambio de canalizar el apoyo de los narcotraficantes para ganar la gubernatura del estado. Por su parte, el Ejército federal también mantuvo una relación cordial con el gobierno municipal de Iguala, pese a los lazos conocidos de la esposa de Abarca con la organización de los Beltrán Leyva, y a las desapariciones que llevaban ya años de sucederse impunemente en Iguala. Por último, también a escala federal, la PGR reaccionó mal y tarde, y fue incapaz de garantizar transparencia en las pesquisas, debido posiblemente a los múltiples niveles del Estado que estaban implicados directa o indirectamente, activa o pasivamente, en los hechos.
De modo que, sí, fue el Estado, pero aunque la sentencia sea certera, es también a su modo un refrán que sirve para ocultar las implicaciones políticas de lo sucedido. ¿Acaso entendemos bien la relación que guarda un gobierno municipal manejado por el narco, con el gobierno estatal, el gobierno federal, y el funcionamiento de los partidos políticos? Creo que no.
Parte de la razón de esa dificultad mana, me parece, de la relación compleja que tienen las tropelías del Estado con la historia de la transición democrática. Específicamente, cuesta trabajo entender la relación entre el dinero negro, los partidos políticos y los diferentes pedazos del Estado que actúan o que solapan en un desastre como el de Ayotzinapa.
En México, la historia del narco se engarza con la historia de la transición democrática y forma parte orgánica de esta historia. Nos cuesta trabajo entender esto, porque usualmente preferimos imaginar la historia de la transición democrática a partir del movimiento de 1968, siendo que, en realidad, los contornos de nuestra transición quedaron mucho más marcados por lo ocurrido en los años 80 y 90. Debido a este prejuicio, solemos pensar en la transición democrática como un proceso creciente de representación de sectores sociales antes marginados, pero que finalmente operaban en la economía legal.
Si pensamos, en vez, que la transición se dio en los años en que quebró el campo mexicano y en que el narco se convirtió en fuente de crédito, de trabajo y de poder político incontestable en varias regiones, la imagen de la transición cambia: en lugar de ser la expresión de una lucha por la representación política de grupos e ideologías antes marginadas, en muchas regiones la transición democrática ha servido para que los intereses políticos de una nueva clase de narcoeconomía quedara adecuadamente representada. Todo nuevo poder económico requiere siempre de una expresión política.
Los partidos políticos nuevos, con poca o nula organización territorial, están siempre sedientos de alianzas que los ayuden en este sentido. Un nuevo actor económico, cargado de dinero, como era el narco a partir de los años 90, podía ser un aliado indispensable. Esto sucedió en el PRD en Michoacán y Guerrero durante esa década, cosa que ha sido documentada, y muy probablemente sea también un fenómeno frecuente en la historia reciente del Partido Verde, el PT, o el PES, entre otros. La economía negra puede identificarse y copar los partidos nuevos en algunos municipios, trocando la legitimidad que ganan al formar parte de un partido oficialmente reconocido, por la capacidad de ganar municipios y, eventualmente, distritos y gubernaturas.
Para responder a una competencia así, los partidos establecidos –PRI y PAN– con organizaciones territoriales más robustas, buscaron también ofrecer algunos espacios al narco. Habría que estudiar, por poner un ejemplo, cuál fue el papel de la narcopolítica para que el PRI se religiera en Veracruz, luego del periodo tan cuestionado que tuvo el gobernador Fidel Herrera. A juzgar por lo acontecido bajo la administración de su sucesor, Javier Duarte, las concesiones deben haber sido importantes. Habría que hacer también un análisis parecido para el PAN, desde luego: una vez que se desencadenó esta lógica de competencia, no quedó partido alguno sin su lazo con la economía negra, aunque fuera tenue.
Hoy, PES y PT han ungido a Fausto Vallejo como su candidato para la presidencia municipal de Morelia. Se sabe que, cuando fue gobernador, los hijos de Fausto Vallejo se comunicaban con Los caballeros templarios. Si Andrés Manuel gana las elecciones, bien podría encontrarse en la situación incómoda de tener un aliado en Morelia cuya parentela tiene lazos con el narco. Y si llegara entonces a suceder otra desgracia, no faltará quien vuelva a decir, y de nuevo con razón: ¡Fue el Estado!

2/13/2018

Criminalización y defensa en la Sierra Norte de Puebla


Francisco López Bárcenas*

El último día de enero la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en el estado de Puebla citó a comparecer ante ella a cuatro integrantes del Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (Cotic), como indiciados por el delito de obstrucción de obra pública, debido a que entre el 19 de noviembre de 2016 y 2 de octubre de 2017 participaron junto con cerca de mil personas en un plantón de rechazo a las pretensiones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de instalar en ese municipio el Proyecto de Línea de Alta Tensión Entronque Te­ziutlán II-Tajín (LAT), porque consideran que con­traviene el Programa de Ordenamiento Territorial Integral Municipal aprobado en una sesión cabildo abierto el 15 de octubre de 2010 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de diciembre del mismo año.
Los indiciados son personas de reconocida solvencia moral y prestigio social, por su trabajo en pro de los derechos de las comunidades de la región y la defensa del territorio. Además de ser miembros del Cotic, la señora Rufina Edith Villa Hernández, de origen nahua, es integrante de la organización Maseualsiuamej Mosenyolchicahuanij y secretaria del Cotic; el señor Nazario Diego Téllez, también nahua, es representante del Grupo Altepetajpianij, cooperativista de la Unión Tosepan Titataniske; el señor Álvaro Aguilar Ayón es asesor de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, y Luis Enrique Fernández Lomelín, investigador universitario. Si la CFE sabe que en los hechos de los cuales se les acusa participaron cerca de mil personas, ¿por qué incriminarlos sólo a ellos?, ¿por qué en este momento, si los hechos sucedieron hace un año?, ¿qué intereses puede haber detrás de esta acción político-policial?
En el Cotic están convencidos de que se trata de una medida para disuadirlos del defender su territorio y su forma de vida, pues eso afecta importantes intereses económicos. Para sustentar su afirmación, señalan que la subestación que la CFE pretende construir en su territorio pasaría cerca del sitio donde la empresa Controladora de Operaciones de Infraestructura SA de CV, subsidiaria de Ingenieros Civiles Asociados (ICA), pretende construir cuatro nuevas hidroeléctricas interconectadas en el río Apulco, en los municipios de Tetela de Ocampo, Xochiapulco, Zacapoaxtla, Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Nauzontla; curiosamente cerca de la mina El Aretón, propiedad de minera Autlán y del Cerro Las Espejeras, en Tetela de Ocampo, donde el Grupo Frisco tiene concesionadas más de 10 mil hectáreas de terrenos, proyecto que se encuentra suspendido por la oposición de la gente y la carencia de permisos ambientales.
Esa es una explicación. Pero también pueden existir otras. La mayoría de los socios de las cooperativas que se agrupan en torno a la Unión Tosepan Titataniske han mostrado sus simpatías con el partido Morena y la señora Rufina Edith Villa Hernández es su candidata a la presidenta municipal de Cuetzalan; siendo esta situación, la acción podría estar encaminada a minar el apoyo a los candidatos de ese partido en la contienda electoral en curso, para posicionar a los grupos caciquiles de la región y el estado. Por otro lado, el señor Nazario Diego Téllez es representante común de los macehual en los amparos que las comunidades han interpuesto contra las concesiones mineras que, de llevarse a cabo, afectarían el territorio de Cuetzalan, Tlatlauquitepec, Yoanahuac y Atexcaco. Si la acción de la CFE procediera y el Ministerio Público obsequiara las órdenes de aprehensión, quedarían automáticamente sin representante en los juicios.
En este contexto, con la criminalización de los miembros del Cotic más que perseguir el respeto y la aplicación de la ley, pareciera que se ha montado una provocación política con múltiples propósitos. Si se tratara de comunidades desorganizadas, la medida podría tener efectos pero en la Sierra Norte de Puebla tienen una experiencia de lucha probada en décadas de organización, que ahora podrían echar a andar para defender su proyecto de vida, frente a los proyectos de muerte, como ellos bautizaron a los megaproyectos que los han invadido en los últimos años. El caso no está cerrado y una cosa es clara: para detener al movimiento tendrían que encarcelar no a cuatro dirigentes, sino a miles de habitantes de las comunidades. Y para eso les van a hacer falta cárceles.
*Investigador de El Colegio de San Luis Potosí

7/27/2017

Solalinde: “Mi tirada es sacudir conciencias”


6/24/2017

Reprueba espionaje y pide a OEA y ONU sigan de cerca al país


Consejo Consultivo de Protección para Defensoras y Periodistas


El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, reprobó categóricamente las declaraciones del titular del Ejecutivo Federal, “que criminalizan a las personas, medios y organizaciones que denunciaron públicamente” intentos de hackeo en sus teléfonos móviles por el programa de espionaje Pegasus, adquirido y de uso exclusivo del Gobierno mexicano.
 
La exigencia se basa en las declaraciones que hizo ayer Enrique Peña Nieto en un evento público en Jalisco, donde dijo que “aplicará la ley a quienes han acusado a su administración”, como respuesta al reportaje publicado el 19 de junio por The New York Times, que describe la intervención a equipos de comunicación de periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos (DH) a través del software de la empresa NSO Group.
 
Los ataques, indica la investigación, fueron dirigidos al director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas, y a su esposa; a la periodista Carmen Aristegui y su hijo entonces menor de edad; al director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, y los abogados de esta organización, Santiago Aguirre y Stephanie Brewer.
 
Además, al director de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Salvador Camarena, y a los periodistas: Carlos Loret de Mola, Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán y Alexandra Zapata. Ellos y ellas pidieron explicaciones a Peña Nieto y presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) y solicitud de medidas de protección a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
 
Ante esto, las y los integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), denunciaron en un comunicado que rechazan estas políticas de espionaje, situación que se agrava cuando incluye adolescentes y dos de las instituciones que formar parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo: la PGR y Segob.
 
“Resulta de gran relevancia para el Consejo Consultivo del Mecanismo que la PGR y Segob hayan adquirido el malware para espionaje, atentando contra derechos que deben proteger y respetar, como la privacidad, a la libertad de expresión, a la defensa de DH, a la legalidad y la obligación de adoptar medidas especiales de protección para mujeres, niñas, niños y adolescentes”, expusieron.
 
En este sentido, el Consejo Consultivo del Mecanismo hizo las siguientes exigencias:
 
1) La Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de presentar al Consejo, un plan de acción para dar respuesta a las agresiones digitales que enfrentan periodistas y personas defensoras de DH.
 
2) Que la Junta de Gobierno del Mecanismo cumpla las medidas cautelares dictadas por la CNDH en relación a este caso.
 
3) Que a la brevedad la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República realice una audiencia pública sobre este caso y cite a compadecer ante el Senado a los funcionaros públicos que no evitaron este tipo de agresiones en contra de ciudadanos mexicanos.
 
A TRES MESES DEL ASESINATO DE MIROSLAVA
 
Señala también el Consejo Consultivo que este tema del espionaje contra personas defensoras de DH y periodistas se suma a los casos de agresiones, múltiples desapariciones, acoso judicial, amenazas y seguimiento a que se enfrentan. 
 
Entre estos casos de agresiones está el asesinato de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, cometido un día como hoy de hace tres meses, así como el homicidio del periodista Javier Valdez.
 
En memoria de Miroslava, y para reiterar la exigencia de justicia en su caso, hoy en Chihuahua el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza,  dijo que ese organismo “va a seguir vigilando y exigiendo justicia en todos los casos vinculados contra agresiones a periodistas”.
 
Y exigió “a la Procuraduría de Justicia de México que cumpla investigando, siguiendo la línea lógica” de que el asesinato de Miroslava “fue parte del ejercicio del periodismo”.
 
Al llamodo se unió el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, Jan Jarab, quién pidió justicia para Miroslava y otros periodistas asesinados durante el año, “porque la mayoría de estos crímenes ha quedado impunes, y se debe superar esta tortura en México”, concluyó.
 
POLÍTICAS DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS
 
Por otra parte, el Consejo Consultivo reconoció que el Mecanismo de Protección no ha logrado articular una política de Estado capaz de dar solución a estas agresiones, y dar garantías que no se vuelvan a repetir, por lo que quedan “como un esfuerzo aislado que a la fecha, sigue sin ser suficiente”.
 
Además, observan serias deficiencias en la protección a personas en riesgo que acuden al Mecanismo, reflejo, aseguraron, de la “cuestionable participación de algunos representantes de las instituciones que conformar la Junta de Gobierno, como es el caso de la PGR”.
 
“Nos hemos mantenido dentro del Mecanismo por la convicción de brindar adecuada y urgente protección a las personas beneficiarias, especialmente quienes están en condiciones de mayor riesgo por ser mujeres, indígenas o por desarrollar su vida profesional en entidades federativas o municipios con escasa o nula presencia del Estado”, señalaron.
 
Con ello, el Consejo reiteró la necesidad de desarrollar una política integral de prevención y protección de personas defensoras y periodistas, que vaya más allá del funcionamiento del Mecanismo, que incluya: investigaciones adecuadas y efectivas, dirigidas a identificar y sancionar a los agresores; campañas de reconocimiento de la labor de periodistas y defensores; adopción de marcos legislativos que no criminalicen o restrinjan defender DH o ejercer el periodismo.
 
Por ello instaron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Naciones Unidas “a que sigan muy de cerca lo que ocurre en nuestro país”.
 
Los integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo que firmaron son; Alberto Xicotencatl Carrasco, Alejandro Anaya Muñoz, Araceli Domínguez Medina, Araceli Magdalena Rodríguez Nava, Lucía Lagunes Huerta, Alejandra Nuño Ruiz-Velasco, Pilar Tavera Gómez, Stefan Zimmer y Víctor Ruiz Arrazola.
 
17/HZM/GG

6/21/2017

Estado mexicano debe conducir una investigación independiente sobre espionaje: ONU y HRW



CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Estado mexicano debe conducir una investigación independiente para esclarecer los hechos de espionaje -revelados por el diario The New York Times-, incluyendo a cualquier institución pública que pudiera haber estado implicada, señaló la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos.
En una publicación desde página oficial de Facebook, la organización condenó los actos de “vigilancia ilegal digital” de que han sido víctimas periodistas y activistas mexicanos.
En el mismo sentido, la organización Human Rigths Watch (HRW) consideró que las autoridades mexicanas deben asegurar que se lleve a cabo una investigación oportuna, exhaustiva y confiable sobre el caso denunciado.
El gobierno, refirió HRW, debería asegurar que rindan cuentas todos aquellos que se determine que son responsables del uso del programa contra activistas y periodistas.
José Miguel Vivanco, director para América de HRW, dijo que el gobierno mexicano ha negado cualquier responsabilidad en estos hechos, “pero debe esforzarse mucho más para determinar quiénes fueron los responsables, llevarlos ante la justicia y asegurarse que esto no vuelva a ocurrir”.
Además, consideró sumamente preocupante que este tipo de sofisticadas armas cibernéticas puedan usarse contra ciudadanos, sobre todo cuando se trata de defensores de derechos humanos y periodistas que se dedican a denunciar corrupción y abusos.
Este lunes 19, el diario NYT publicó que el gobierno de Enrique Pena Nieto espía a defensores de derechos humanos, periodistas y abogados que delinean los mecanismos anti-corrupción, con un sistema cibernético que solamente debería ser usado para combatir al crimen organizado.
“Los blancos del espionaje incluyen a los abogados que investigan la desaparición masiva de 43 estudiantes (Ayotzinapa), un académico altamente respetado que ayudó a escribir la legislación anticorrupción, a dos periodistas influyentes y a un abogado estadunidense que representa a las víctimas de abuso sexual por parte de policías”, destacó el amplio artículo publicado en la primera plana del diario.
El sistema o equipo cibernético para el espionaje conocido como Pegasus, fue adquirido en el 2011 por el gobierno de México a la empresa de Israel NSO Group, que asegura haberlo vendido bajo la condición de que no se usara contra la población civil.
Los personajes espiados por el gobierno de Pena Nieto que fueron identificados en el artículo del New York Times son: Juan Pardiñas, director ejecutivo del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien ayudo a escribir la legislación anticorrupción, la periodistas Carmen Aristegui y su hijo adolescente, Emilio; Mario E. Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y representante de los padres de los 43 jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala Guerrero en septiembre de 2014.
También Santiago Aguirre, abogado representante de los familiares de los normalistas; la abogada estadunidense Stephanie E. Brewer, quien representa a personas que participaron en las protestas de San Salvador Atenco, Estado de México, y que fueron víctimas de ataque sexual cuando estuvieron encarceladas, y el conductor del programa de noticias de la mañana de Televisa, Carlos Loret.

6/20/2017

A un año del asesinato de siete civiles en Nochixtlán, ningún policía ha sido sancionado



Según un oficio elaborado por la Policía Federal, la corporación no ha iniciado ningún proceso de investigación interna ni tampoco sancionado a alguno de los 400 agentes que participaron en el operativo de Nochixtlán.

A un año del operativo en el poblado de Nochixtlán, en que agentes de las policías Federal y Estatal de Oaxaca supuestamente “desarmados”, abrieron fuego contra la población civil, y dejaron siete vecinos muertos y más de 50 personas heridas, ningún policía involucrado ha sido investigado ni sancionado hasta la fecha.
La Policía Federal informó el pasado 2 de mayo, a través de un oficio, que la corporación no ha iniciado ningún proceso de investigación interna, ni tampoco ha aplicado ninguna sanción en contra de alguno de los 400 agentes que participaron en el operativo, ni siquiera contra aquellos que, tal como se comprobó después, sí portaban y accionaron armas largas y cortas, contra la población.
Un día después del operativo, el entonces coordinador de la Policía Federal, Enrique Galindo, aseguró que tanto policías federales como estatales (otros 400 agentes) acudieron al operativo sin armas de fuego, y que únicamente portaban su equipo antimotín.
En ese mismo momento, el entonces secretario de Seguridad de Oaxaca, Jorge Ruiz Martínez, subrayó que, antes de que iniciara el operativo, “a través de un notario (público) se certificó que ninguno de ellos (los 800 policías) portara armas de fuego, en estricto cumplimiento al protocolo de actuación policial”.
Sin embargo, la Gendarmería (de la Policía Federal) y la Procuraduría General de la República (PGR) informaron al Senado, en agosto de 2016, que al menos 62 uniformados que participaron en el operativo policiaco en Nochixtlán sí portaban armas de fuego.
–32 policías federales usaron 22 armas largas y 32 cortas.

–30 policías estatales usaron 11 armas largas y 21 cortas.

Aunque las policías Federal y Estatal de Oaxaca aseguraron haber entregado estas armas a la PGR para su análisis, estas entregas se hicieron en días posteriores al operativo, lo que impide verificar si el armamento proporcionado fue realmente el mismo que se usó en Nochixtlán.

Las armas entregadas fueron sometidas a peritajes, para determinar si alguna de ellas fue usada para asesinar o herir a alguna de las víctimas del operativo. Las pruebas concluyeron en agosto de 2016 (cuando fueron presentados por la PGR al Senado), pero sus resultados no han sido publicados por las autoridades, ni tampoco por el Poder Legislativo.
Lo único confirmado es que ninguno de los policías que portó las armas ha sido procesado bajo cargo alguno. Tampoco ha sido aclarado cuándo ni cómo fue planificado este operativo policiaco, que según las autoridades fue producto de la coordinación entre los gobiernos federal y estatal.
En la conferencia de prensa rendida por las autoridades, un día después de los hechos, el titular de la Secretaría de Seguridad de Oaxaca aseguró que “el gobierno del estado tomó la decisión de solicitar la coadyuvancia de la Policía Federal, para que nos auxiliara en el desalojo de este bloqueo carretero (ubicado en Nochixtlán, y que dio origen a la movilización policiaca)”.
Asimismo, el entonces titular de la PF aseguró que “recibimos solicitud del gobierno del estado para hacer una intervención policial coordinada, planeada de manera conjunta, para la recuperación de la vía que conecta la Ciudad de México con la ciudad de Oaxaca, concretamente en el municipio de Nochixtlán”.
Sin embargo, la misma Policía Federal reconoció a través de un oficio que no existe en sus archivos ningún tipo de registro sobre la solicitud de apoyo, supuestamente presentada por el gobierno de Oaxaca, ni de las acciones de planeación y coordinación entre la PF y la Policía Estatal previas al operativo.
Señalan que el 19 de junio de 2016, “el personal de esta Policía Federal no fue comisionado hacia aquella entidad para registrar evidencia de ninguna índole: videos, fotografías, etcétera“. 
En el mismo documento, la PF justifica la “inexistencia” de la solicitud de colaboración, al decir que “tiene jurisdicción plena para actuar en las carreteras federales, incluyendo la ‘súper carretera’ (bloqueada a la altura de Nochixtlán)“.
Peor aún, este oficio revela que el día de los hechos la Policía Federal no intentó documentar “evidencia” de los supuestos hechos delictivos que motivaron el operativo, ni tampoco del actuar de sus agentes.