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7/28/2018

Oxfam: un 72% de jóvenes de ocho países de América Latina responsabiliza a la víctima de violencia sexual por su vestimenta


La normalización de la violencia machista y el alto grado de impunidad convive con la fuerza y creatividad del movimiento feminista y leyes avanzadas que son referentes para todo el mundo

Madrid, 26 julio. 18. AmecoPress. Oxfam presentó ayer en Madrid el estudio ‘Rompiendo moldes: transformar imaginarios y normas sociales para eliminar la violencia contra las mujeres’, que analiza los imaginarios sobre violencia machista predominantes entre jóvenes de 15 a 25 años de Bolivia, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Los datos demuestran la “normalización” de conductas que se ubican en el centro de la violencia contra las mujeres, tales como los celos, el control y las agresiones, y demuestra que la culpabilización de las víctimas, especialmente en el caso de la violencia sexual, está muy presente en el imaginario colectivo.

El informe, comisionado por Belén Sobrino, se enmarca dentro de la campaña “Basta”, que se desarrolla en distintas regiones del mundo. Su finalidad es detectar los factores enraizados en la violencia machista para afinar los mensajes y precisar los recursos orientados a combatirla. El informe se centra en América Latina el Caribe, una región en la que 1.831 mujeres fueron asesinadas en 2016, solo por hecho de ser mujeres, según datos del Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En la presentación, María Reglero, responsable de Derechos de las Mujeres de Oxfam Intermón, ofreció algunos “datos alarmantes” que evidencian que “los imaginarios y normas sociales de la región se construyen en clave machista, clasista y racista”, y advirtió de la conexión con los que se reproducen en “países como España, donde 54 feminicidios han tenido lugar solo en lo que va 2018”.
El 56% de las mujeres y el 48% de los hombres participantes en el estudio, tiene alguna conocida de su círculo cercano que ha sufrido violencia física o sexual en los últimos 12 meses. Se trata de un primer indicador de normalización. “Quiere decir que estas violencias son sistémicas y estructurales y no son algo excepcional” dijo María Reglero.
El informe, elaborado a partir de 4.731 encuestas, 47 focus group y 49 entrevistas en profundidad a personas expertas, destaca que seis de cada diez chicas y chicos consideran que las mujeres no abandonan las relaciones de pareja violentas por las amenazas de muerte de su pareja. Y cinco de cada diez piensa que para las mujeres esta violencia es algo normal. Vuelta a la normalización y a la prevalencia de la violencia machista.

El estudio, que contó con el apoyo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLASCO) para el levantamiento y procesamiento de la información, indica que un 62% de las chicas y chicos de la franja de edad entre 15 y 19 años justifica que un hombre agreda sexualmente a una mujer cuando ha consumido alcohol y un 72% responsabiliza a la superviviente de violencia sexual por la ropa que llevaba puesta cuando sufrió la agresión. Además, siete de cada diez considera que los manoseos o las violencias callejeras son responsabilidad de las chicas por el tipo de ropa que llevan puesto. Una “justificación de la violencia sexual”, según Reglero, que se conecta con determinados argumentos que hemos visto plasmados en sentencias judiciales en nuestro país. 
Un 84% de las personas encuestadas considera que la causa de la violencia es la desigualdad de género, aunque siete de cada diez piensa que es responsabilidad exclusiva de los Estados combatirla. Es decir, “no se sienten interpelados e interpeladas a actuar” asegura María Reglero. Otro dato del informe corrobora su afirmación: un 86% de los chicos y chicas encuestados reconoce que no intervendría si presenciara cómo un amigo suyo agrede a su novia.

Basadas en una idea distorsionada del amor romántico el estudio evidencia la persistencia de una serie de creencias que llevan a la juventud a reproducir desigualdades y normalizar situaciones de violencia machista, como controlar la forma de vestir de la pareja, sus amistades y mensajes en el teléfono celular, censurar sus fotos en las redes sociales, o exigir su ubicación y contraseñas personales: 6 de cada 10 hombres de 15 a 19 años encuestados por Oxfam piensan que los celos son una demostración de amor; un 65% de ellos piensa que cuando una mujer dice “no” a una relación sexual, en realidad quiere decir “sí”.

El movimiento feminista, pieza clave en la transformación

En la presentación del informe María Reglero ha destacado la alianza que Oxfam mantiene con el movimiento feminista, las organizaciones de mujeres y jóvenes en la lucha contra la violencia de género y a la hora de construir nuevos imaginarios colectivos.

“Parte de su prevención empieza por conocer, cuestionar y modificar estos imaginarios y normas sociales que normalizan la desigualdad de género y la discriminación de mujeres, niñas y personas con identidades de género diversas”, afirma María Reglero. 
Los datos negativos que el informe arroja, conviven con los feminismos latinoamericanos, cuya fuerza les ha convertido en referentes para todo el mundo ya que han logrado impulsar campañas como “Ni una menos” que precedió al “me too”con repercusión en todo el planeta y movilizaciones sin precedentes en la región que han tenido réplica en numerosos países.

Latinoamérica ha logrado un importante avance legislativo. Desde la década de los noventa, los países de la región han adoptado leyes nacionales para la protección de víctimas de violencia machista. Actualmente, dieciséis países latinoamericanos y caribeños cuentan con leyes contra la violencia hacia las mujeres, y quince han avanzado en tipificar el feminicidio/femicidio en sus legislaciones. Pero la impunidad es enorme. Desde ese punto de vista, Oxfam entiende que es necesario apoyar al movimiento feminista para lograr que estas leyes se implementen. Además, a pesar de la gravedad de algunos datos, son alentadoras y transformadoras las contribuciones desde las organizaciones feministas y los colectivos de jóvenes, el periodismo y el activismo digital para generar nuevas iniciativas, crear redes, incidir políticamente y abrir nuevos caminos hacia la igualdad de género y un mundo libre de violencia machista.
Foto: AmecoPress y cedidas por Oxfam

2/13/2018

Criminalización y defensa en la Sierra Norte de Puebla


Francisco López Bárcenas*

El último día de enero la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en el estado de Puebla citó a comparecer ante ella a cuatro integrantes del Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (Cotic), como indiciados por el delito de obstrucción de obra pública, debido a que entre el 19 de noviembre de 2016 y 2 de octubre de 2017 participaron junto con cerca de mil personas en un plantón de rechazo a las pretensiones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de instalar en ese municipio el Proyecto de Línea de Alta Tensión Entronque Te­ziutlán II-Tajín (LAT), porque consideran que con­traviene el Programa de Ordenamiento Territorial Integral Municipal aprobado en una sesión cabildo abierto el 15 de octubre de 2010 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de diciembre del mismo año.
Los indiciados son personas de reconocida solvencia moral y prestigio social, por su trabajo en pro de los derechos de las comunidades de la región y la defensa del territorio. Además de ser miembros del Cotic, la señora Rufina Edith Villa Hernández, de origen nahua, es integrante de la organización Maseualsiuamej Mosenyolchicahuanij y secretaria del Cotic; el señor Nazario Diego Téllez, también nahua, es representante del Grupo Altepetajpianij, cooperativista de la Unión Tosepan Titataniske; el señor Álvaro Aguilar Ayón es asesor de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, y Luis Enrique Fernández Lomelín, investigador universitario. Si la CFE sabe que en los hechos de los cuales se les acusa participaron cerca de mil personas, ¿por qué incriminarlos sólo a ellos?, ¿por qué en este momento, si los hechos sucedieron hace un año?, ¿qué intereses puede haber detrás de esta acción político-policial?
En el Cotic están convencidos de que se trata de una medida para disuadirlos del defender su territorio y su forma de vida, pues eso afecta importantes intereses económicos. Para sustentar su afirmación, señalan que la subestación que la CFE pretende construir en su territorio pasaría cerca del sitio donde la empresa Controladora de Operaciones de Infraestructura SA de CV, subsidiaria de Ingenieros Civiles Asociados (ICA), pretende construir cuatro nuevas hidroeléctricas interconectadas en el río Apulco, en los municipios de Tetela de Ocampo, Xochiapulco, Zacapoaxtla, Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Nauzontla; curiosamente cerca de la mina El Aretón, propiedad de minera Autlán y del Cerro Las Espejeras, en Tetela de Ocampo, donde el Grupo Frisco tiene concesionadas más de 10 mil hectáreas de terrenos, proyecto que se encuentra suspendido por la oposición de la gente y la carencia de permisos ambientales.
Esa es una explicación. Pero también pueden existir otras. La mayoría de los socios de las cooperativas que se agrupan en torno a la Unión Tosepan Titataniske han mostrado sus simpatías con el partido Morena y la señora Rufina Edith Villa Hernández es su candidata a la presidenta municipal de Cuetzalan; siendo esta situación, la acción podría estar encaminada a minar el apoyo a los candidatos de ese partido en la contienda electoral en curso, para posicionar a los grupos caciquiles de la región y el estado. Por otro lado, el señor Nazario Diego Téllez es representante común de los macehual en los amparos que las comunidades han interpuesto contra las concesiones mineras que, de llevarse a cabo, afectarían el territorio de Cuetzalan, Tlatlauquitepec, Yoanahuac y Atexcaco. Si la acción de la CFE procediera y el Ministerio Público obsequiara las órdenes de aprehensión, quedarían automáticamente sin representante en los juicios.
En este contexto, con la criminalización de los miembros del Cotic más que perseguir el respeto y la aplicación de la ley, pareciera que se ha montado una provocación política con múltiples propósitos. Si se tratara de comunidades desorganizadas, la medida podría tener efectos pero en la Sierra Norte de Puebla tienen una experiencia de lucha probada en décadas de organización, que ahora podrían echar a andar para defender su proyecto de vida, frente a los proyectos de muerte, como ellos bautizaron a los megaproyectos que los han invadido en los últimos años. El caso no está cerrado y una cosa es clara: para detener al movimiento tendrían que encarcelar no a cuatro dirigentes, sino a miles de habitantes de las comunidades. Y para eso les van a hacer falta cárceles.
*Investigador de El Colegio de San Luis Potosí

6/12/2017

Presentan en Chihuahua Plan de Contingencia para defensoras y periodistas

 "El plan llegó demasiado tarde” afirman activistas


Hoy el gobierno de Chihuahua y el Federal presentaron el Plan de Contingencia para la Protección de personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en Chihuahua.


El Plan, que tiene cinco ejes de acción, es resultado de las exigencias de personas defensoras, periodistas y organizaciones civiles para garantizar condiciones seguras al ejercer su labor y que derivó en una “Alerta Temprana” aprobada por el Mecanismo desde agosto de 2016.

El Plan, afirmó la titular de la Alianza Sierra Madre A.C Aida Estela Lozano, durante la presentación, es “inédito” porque considera no sólo las medidas de seguridad que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas debe adoptar para proteger a defensores y periodistas, sino también cómo debe actuar éste ante las problemáticas de riesgo a las que se enfrentan en sus trabajos.

Los ejes que aborda son: el reconocimiento al ejercicio de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas al garantizarles seguridad y, en caso de ser agredidos, su acceso a la justicia; la atención a grupos en situación de vulnerabilidad (como las y los migrantes); otro punto es el medio ambiente; también el contexto adverso que enfrenta la población en la Sierra Tarahumara; así como la garantía del ejercicio periodístico y la libertad de expresión.

El cumplimiento de los ejes se realizará a través de 53 acciones a cargo de 26 instancias a nivel estatal y 24 federales que trabajarán junto con organizaciones civiles.

Durante la presentación a la que asistió el gobernador de Chihuahua, Javier Corral y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, se nombró y presentaron las fotos de 21 mujeres y hombres defensoras y periodistas que fueron asesinados desde 2008 hasta la fecha. “Para ellas y ellos el Plan llegó demasiado tarde, esperemos que se cumpla para que no cueste más vidas y sea suficiente para que quienes se encuentran en el exilio puedan regresar en condiciones de seguridad”, dijo la defensora Aida Estela Lozano.

Ejemplo de ello fue la periodista Patricia Mayorga, quien dio un mensaje a través de un video porque actualmente se encuentra exiliada por las amenazas de las que ha sido víctima.

Desde 2016, expuso Estela Lozano, incrementaron las campañas de desprestigio y agresiones dirigidas a personas defensoras y periodistas lo que llevó a 25 organizaciones y periodistas a solicitar al Mecanismo de Protección que emitiera una Alerta por la situación. “Para marzo de 2016 había al menos 80 personas con medidas de seguridad dictadas por organismos internacionales de Derechos Humanos”, mencionó la defensora.

En abril de 2016 junto con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas analizaron el contexto del estado, lo que derivó en propuestas para el Pan de Contingencia que hoy se aprobó.
 

Imagen retomada del portal chihuahua.gob.mx
Por: la Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

4/22/2017

Activistas, respuesta social ante incumplimientos del Estado

 Parteras, lideresas y campesinas creen que otro mundo es posible


Defensoras en entrevista con Cimacnoticias |

Las mujeres de las comunidades campesinas e indígenas, a quienes el sistema económico, político y social ubica en el último escalón, por su condición de género y pobreza, no se conforman, nunca se han conformado, con un presente así, ni con que sea ese el futuro para sus hijas e hijos. Por eso convierten esta sociedad doliente, sociedad de carencias, en una de resistencia y trabajo.

Es el caso de Margarita Amalia Cruz, a quien no le gusta que la vean como víctima y evita llamar “ataques” a los obstáculos que encuentra cuando defiende los derechos de las jornaleras de San Quintín; prefiere describir cómo viven 12 horas bajo el sol por un pago de 120 pesos diarios.

Desde los 8 años de edad hasta los 37 ella fue jornalera en aquel valle de Baja California, donde ahora dirige Mujeres en Defensa de la Mujer (Naxihi na xinxe na xih), que participó en el movimiento de jornaleros agrícolas iniciado en 2015.

Desde los años 80, cuando Margarita llegó de la zona mixteca de Oaxaca a San Quintín, la situación ha cambiado poco. Hoy, como entonces, trabajan ahí migrantes, mixtecos, zapotecas, triquis y nahuas de Oaxaca, Guerrero y Veracruz.

En 1985 Margarita y los otros 30 niños que trabajaban para la compañía ABC soñaban “con un futuro mejor”, pero terminaban viendo como normales los maltratos, el bajo salario, la fumigación con agroquímicos.

Hoy las cosas cambiaron, se modernizaron, hay invernaderos… “pero para proteger el cultivo, no a las personas”, ironiza, porque las trabajadoras, de una temperatura muy alta, salen súbitamente al frío de la tarde y enferman, mientras otras pasan horas en cuclillas, en la fresa, la coliflor y el brócoli, lo que les provoca intensos dolores musculares.

De esa realidad surgió en 1997 un grupo de mujeres artesanas y en 2004 exigieron afiliación al Seguro Social. Ahora, Mujeres en Defensa de la Mujer trabaja por los derechos laborales y el rescate de la medicina tradicional, a través de la Casa de la Mujer Indígena, enfocada a la prevención de la violencia de género y promoción de la salud sexual y reproductiva. Tiene además un programa en la radio indigenista XEQUIN, la Voz del Valle.

Y busca vincularse con organizaciones que defienden la tierra y el territorio, porque “cuando una empresa internacional entra a nuestros territorios no solo llega a explotar las manos jornaleras, también a explotar la tierra, a destruir la naturaleza; luego se van y dejan tierras infértiles”.

LA PARTERÍA, ALIVIO A LA INJUSTICIA 

Ayudar a una mujer a parir es un oficio que fascina, “es querer ayudar, decir basta de tanta injusticia hacia las mujeres”, dice María de la Luz Díaz Hernández, indígena y partera tradicional de la ranchería San Rafael, en Comitán, Chiapas, entidad con mayor número de parteras en el país.

Es una de las casi 3 mil parteras en el estado, que trabajan sobre todo en comunidades rurales e indígenas y atienden 9 por ciento de los casi 90 mil partos al año (Sinais, 2014). Hace un mes, Luz fundó, con otras cuatro parteras, Camati, “Mujeres construyendo desde abajo”.

Desde los 17 años de edad, Luz camina montañas hasta donde la necesita una mujer embarazada, pese a las secuelas que le dejó la poliomielitis. Supo que sería partera porque soñó, durante un mes, que una mujer le pedía ayuda para parir, un oficio que era también el de su abuelo.

La labor de Luz es indispensable en un estado donde hay apenas 2 mil 240 camas de hospital (Dirección General de Información en Salud, 2014), lo que explica por qué en 2014 hubo 68.1 muertes de mujeres por cada 100 mil nacidos vivos (Observatorio de Mortalidad Materna).

Camati también consigue fondos para llevar a un hospital a las mujeres que lo requieren, da talleres de sexualidad a adolescentes y tiene una casa donde trabajan con herbolaria.

POR LA MADRE TIERRA

Rosenda Maldonado Godínez, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres Indígenas Tejiendo Derechos por la Madre Tierra y Territorio (Renamitt), dice que las indígenas trabajan la tierra, viven de ella, pero sin derechos ni reconocimiento.

Nació en la sierra norte de Veracruz y promueve con Renamitt el derecho de las mujeres a la tenencia de la tierra, que “no es propiedad porque para las indígenas la tierra no es propiedad de nadie, decimos que nosotras somos de la tierra”, explica.

Renamitt se fundó en 2013 con integrantes de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Jalisco y Chihuahua, pero desde 2008 representa jurídicamente a mujeres y capacita sobre uso y aprovechamiento de los bienes comunes.

La también presidenta de Agrupación de Derechos Humanos Xochitépetl dice que muchas mujeres solas, debido a la migración, van a las asambleas porque están a cargo de parcelas y solares, pero no tienen poder de decisión. Un caso frecuente, ya que de los 12.3 millones de mujeres en el medio rural, sólo 5 por ciento tienen derechos reconocidos sobre sus tierras, según Inegi.

Por eso, Renamitt busca que sean reconocidas como ejidatarias, además de que podrían ser comisarias de bienes ejidales o comunales y participar en las decisiones, ahora que la Ley Agraria garantiza la equidad en esos organismos.

Renamitt trabaja también sobre el impacto de empresas y megaproyectos, como mineras e hidroeléctricas, en tierras ejidales, que ignoran la opinión de los pueblos indígenas.

“MUJERES MILENARIAS”, AL RESCATE DEL MAGUEY

En 2014, recién egresada de Ingeniería Forestal, en el Instituto Tecnológico de Los Valles de Oaxaca, Bibiana Bautista Gaytán, mixteca de 30 años, involucró a las mujeres de Santa María Apazco en el rescate de la producción del pulque y en el aprovechamiento de productos del maguey, como gusanos, pencas y azúcar para personas con diabetes.

Fundaron “Mujeres Milenarias”, en donde trabajan 30 mujeres y 10 hombres, entre ellas adultas mayores que quedaron solas por la migración y madres que mantienen a sus hijos.

Aprovechan la Feria Regional y la fiesta de la Concepción para vender sus productos. Además, “Las pulqueras”, como se hacen llamar, recolectan y separan basura, apoyan la participación política y derechos de las mujeres, y su meta es una microempresa para aprovechar todas las cualidades de la planta.

 CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García, Gabriela Godínez y Guadalupe Gómez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
  

3/18/2017

Colombia: Manual para prevenir la criminalización de las personas defensoras del derecho a la tierra y el territorio


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Colombia, 16 mar. 17. AmecoPress.- Históricamente la tierra ha estado en el centro de conflictos sociales y armados a nivel mundial; la disputa por su tenencia, control y uso ha desencadenado luchas sistemáticas y generalmente violentas. En Colombia, por ejemplo, la alta concentración de la tierra en pocas manos, los altos niveles de pobreza y vulnerabilidad rural, así como la imposición de modelos económicos que desconocen las comunidades locales, constituyen unas de las causas directas y estructurales del conflicto social y armado, y del consecuente desplazamiento y despojo de tierras de millones de personas.
Para algunos sectores empresariales, terratenientes, latifundistas, actores armados, y élites políticas, la tierra es simplemente un capital comercial, generador de riqueza, poder y ventaja militar. La necesidad de control territorial, la adquisición ilegal de la tierra y la imposición de intereses económicos y políticos, ha traído consigo un sin número de abusos; desde el ejercicio de violencia física, como homicidios, desapariciones, amenazas y masacres; hasta el uso ilegítimo de figuras jurídicas como compraventas forzadas, desalojos policiales, falsificación de títulos, y recientemente el uso abusivo de la Ley 1448 - de Víctimas y Restitución de Tierras, y la judicialización de líderes y lideresas rurales.

Esta visión de la tierra ha generado un efecto devastador en millones de personas, que dependen históricamente de ella para su supervivencia. Para las comunidades rurales (campesinas, indígenas, afro) el territorio es entendido como un espacio vital, donde se desarrollan sus relacionales sociales, culturales, económicas y espirituales.
Muchas de ellas utilizan productivamente la fuerza de trabajo de toda la familia y la comunidad, así como los recursos naturales y sociales, para garantizar tanto su subsistencia, como el mejoramiento de la calidad de vida de poblaciones enteras; preservando a su vez el medio ambiente, las fuentes de agua, la flora y la fauna.

Para ellos y ellas el territorio abarca los ríos, las ciénagas, los bosques, los animales, la cultura, la historia, los caminos, sus relaciones y lugares espirituales. “La tierra es todo, pues es allí donde desarrollamos nuestra vida, nuestra identidad, de donde obtenemos los medios de subsistencia y donde podemos vivir con dignidad”.
Este manual, es resultado del acompañamiento que PAS y PI realizan a comunidades campesinas, afro e indígenas en diferentes regiones de Colombia y hace parte del esfuerzo que adelanta PI para caracterizar y prevenir este fenómeno a nivel mundial.
Tiene como objetivo ofrecer elementos prácticos y de reflexión a los defensores rurales y a sus comunidades, sobre cómo la estigmatización, criminalización y judicialización, son utilizadas para desestabilizar y debilitar sus procesos organizativos de defensa de derechos, caracterizándose como una estrategia más para consolidar el despojo de sus tierras.
Esperamos que el manual sirva como una herramienta de fortalecimiento de la labor de los defensores rurales, que en el país continúan resistiendo pacíficamente y luchando por la defensa legítima de sus derechos y su permanencia en el territorio.
(Se adjunta Manual completo)
Foto: Archivo AmecoPress.

10/30/2015

Admite su autor que #LeyFayad contó con asesoría de la Policía Federal



El senador priista Omar Fayad se toma una selfie con diputadas. Foto: Benjamin Flores
El senador priista Omar Fayad se toma una selfie con diputadas.
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, DF (apro).- Considerada por activistas y expertos en internet como una ley que criminaliza a los casi 54 millones de internautas en el país, que limita la libertad de expresión y permitiría la persecución de periodistas y medios digitales, la llamada #LeyFayad, del senador priista Omar Fayad, fue defendida hoy por su autor, quien admitió que contó con la asesoría de la Policía Federal Preventiva para elaborarla.
En rueda de prensa, realizada en el Senado, el senador hidalguense afirmó que todavía falta que su iniciativa sea dictaminada en comisiones, y aclaró que se organizarán foros y se citará a expertos para que opinen sobre la llamada Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos, presentada en el pleno el martes pasado.
Fayad afirmó que retiraría de la iniciativa aquellas partes que “se presten a una interpretación que pudiera creerse que limita la libertad de internet o la libertad de expresión”.
“El objeto de esta ley es proteger a nuestros hijos de personas que están haciendo mal uso de la libertad de internet para cometer delitos o para cometer conductas ilícitas”, reiteró.
Sin embargo, Fayad negó que tanto los artículos 17, como los del 21 al 24 de su propia iniciativa, puedan constituir absurdos o permitir la criminalización de las actividades en las redes sociales.
Por ejemplo, el artículo 17 estipula que “a todo aquel que dolosamente destruya, inutilice, dañe o realice cualquier acto que altere el funcionamiento de un sistema informático o alguno de sus componentes, se le impondrá una sanción de cinco a quince años de prisión y multa de hasta mil días de salarios mínimos”.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) ha considerado que este ordenamiento puede constituir una criminalización el uso de la computadora personal o a considerar delito el tirarla a la basura.
Fayad afirmó que este artículo habla de “actitud dolosa”. “Si la actitud no es dolosa, si tú tiras la computadora ¿por qué se va a interpretar que cometes esta conducta?”, abundó sin explicar quién determinará el uso “doloso”.
En los artículos 21 al 24 hay una amplia interpretación respecto de lo que puede ser intimidación, hostigamiento y agresión en las redes sociales. Al ser cuestionado sobre estos artículos, Fayad afirmó que “habrá que cambiar la redacción a injerencias ilícitas de información sensible de carácter personal, de credo, información patrimonial, siempre y cuando se considere personal y que para su divulgación requiere autorización”.
Un párrafo de su artículo 21 advierte:
“A quien, a través de medios informáticos acose, hostigue, intimide, agreda o profiera cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico en contra de usuarios de internet de forma reiterada y sistemática, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a ochenta días de salario mínimo”.
Fayad dijo que se ha “descontextualizado” este y otro párrafo de su iniciativa que, afirma, advierte lo siguiente:
“Actividades como el comercio electrónico, el periodismo digital, la publicidad y las opiniones y mensajes o elementos vertidos en las redes sociales, pueden derivar en menoscabo del patrimonio, la reputación, el honor o la actividad profesional”.
En respuesta, Fayad dijo que “efectivamente” hay conductas que “te llevan a entrometerte en la privacidad de las personas”.
“No tratamos de coartar al periodista absolutamente nada, ni a la libertad de expresión”, sentenció, pero también admitió que consultó con la Policía Federal Preventiva y con “algunos organismos empresariales” para redactar esta iniciativa.
Tanto al R3D, como Artículo 19 y especialistas en libertad de internet han desacreditado esta iniciativa del senador y aspirante a gobernador de Hidalgo, por el PRI.

9/24/2015

Feminicidio de la Narvarte “no es un hecho aislado”: defensoras

   Se enmarca en contexto de agresión a activistas y periodistas




Redes internacionales de mujeres defensoras exhortaron a la Federación y a los gobiernos del Distrito Federal y del estado de Veracruz, esclarecer el feminicidio de la activista Nadia Vera Pérez, Yessenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín y Alejandra Negrete Avilés, así como el asesinato del fotorreportero Rubén Espinosa Becerril.
En un comunicado, las agrupaciones señalaron que los asesinatos del pasado 31 de julio en la colonia Narvarte, en esta capital, “no son hechos aislados”, ya que –consideraron– se enmarcan en el agravamiento del actual contexto de hostilidad, agresiones y criminalización contra las defensoras de Derechos Humanos (DH) y periodistas en México.
A la crítica se sumaron agrupaciones como la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID), la Articulación Feminista Mercosur, Front Line Defenders, Asociadas por lo Justo, y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, entre otras.
Las redes de activistas destacaron que tanto el fotoperiodista como Nadia Vera compartían espacios de denuncia, y habían documentado casos de corrupción y violaciones a DH en Veracruz. Ambos, en fechas distintas, se habían desplazado a la Ciudad de México debido a la persecución, amenazas, agresiones y hostigamiento que sufrieron en Xalapa, capital de la entidad.
El asesinato de las cinco personas, abundaron, se dio en un contexto de agresiones a defensoras y periodistas. Pusieron como ejemplo que entre 2010 y 2015, 34 defensoras fueron asesinadas; y en 2012 se registraron 118 agresiones contra mujeres activistas, de las cuales 40 por ciento presentaron un componente de género.
Según las redes, las mujeres que trabajan por los DH en México enfrentan agresiones derivadas de su labor, pero también se enfrentan a la discriminación y violencia de género que afecta a la mayoría de las mujeres en el país.
Es por ello que reprocharon que el gobierno mexicano no ha respondido a su obligación de proteger y garantizar un entorno seguro, para que las personas puedan promover y defender los DH sin riesgo a represalias.
Ante esta grave situación, llamaron a las autoridades federales y a los gobiernos del DF y Veracruz a esclarecer los asesinatos; reconocer los antecedentes de violencia contra Nadia Vera y Rubén Espinosa; abstenerse de filtrar información, y asegurar la protección de las familias, testigos y toda persona u organización vinculada al caso.
CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Por: la Redacción Cimacnoticias | México, DF.-

9/08/2015

Se agudizan agresiones contra activista Eva Lucero Rivero Ortiz



   Nula respuesta de gobierno de Oaxaca a solicitudes de protección

Grupos civiles del estado de Oaxaca denunciaron que el gobierno local no ha cumplido su compromiso de garantizar la seguridad de las personas defensoras de Derechos Humanos (DH), ya que en meses recientes se agudizó el hostigamiento contra la activista Eva Lucero Rivero Ortiz, integrante de la Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades (Ucidebacc).

 
En una carta al gobernador Gabino Cué, las agrupaciones dijeron que al mediodía del pasado 3 de septiembre la defensora fue seguida en la ciudad de Oaxaca, capital del estado, por un sujeto que –denunció– en otras ocasiones ya la ha vigilado, además la noche del pasado 26 de agosto recibió un mensaje en su teléfono celular en el que le decían que se callara o “sería nota roja”.
 
De acuerdo con la Red de Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos Humanos de Oaxaca, este hostigamiento persiste pese a que en septiembre de 2013 la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) solicitó medidas cautelares, es decir, protección a favor de la Ucidebacc, y de que en febrero de 2014 solicitó seguridad para la activista.
 
De acuerdo con las agrupaciones, estos hechos forman parte de un patrón permanente de acoso, hostigamiento, amenazas y atentados contra la vida de la defensora y su organización, por ejemplo, en julio de 2013 recibió mensajes en su celular en los que la amenazaban con violentarla sexualmente.
 
Las agresiones contra la defensora han sido varias. En agosto también de 2013 su domicilio fue allanado por un grupo mixto de policías, Marina y elementos del Ejército; en septiembre del mismo año fue perseguida en un operativo; en febrero de 2014 activistas de su organización fueron desalojados violentamente de un bloqueo que mantenían en la localidad de Pinotepa Nacional.
 
Entre las amenazas que ha recibido por su trabajo destaca que el 14 de marzo de 2014, cuando viajaba en un autobús entre Pinotepa y la ciudad de Oaxaca, Eva Rivero Ortiz fue amenazada de muerte por un joven que se sentó a su lado.
 
Su hijo y su esposo, el líder social Librado Baños Rodríguez, encarcelado por su activismo, también han sido amenazados.
 
Estos antecedentes, dijo la Red, demuestran que en lugar de ser protegida por las medidas solicitadas, la defensora se encuentra en una situación de riesgo cada vez mayor, además de que tampoco se conocen avances sobre las investigaciones de los diversos hechos denunciados.
 
De acuerdo con las cifras presentadas por la Red, los ataques a mujeres defensoras de DH siguen en constante aumento: en 2013 se registraron 122; en 2014 ascendieron a 194, y en los primeros ocho meses de 2015 van 75 agresiones.
 
Ante ello, las agrupaciones pidieron que se garantice la protección de la vida, integridad física y psicológica de Eva Lucero Rivero Ortiz; se den a conocer los resultados de las investigaciones de las múltiples denuncias y quejas interpuestas en este caso, y que se generen garantías para la defensa de los DH en Oaxaca.

Por: la Redacción, Cimacnoticias | México, DF.- 
  

8/31/2015

En 8 meses, cerca de 200 agresiones a periodistas y defensores


   Oaxaca, de los estados con mayores niveles de impunidad

En lo que va de 2015, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ha contabilizado 98 agravios en contra de 60 activistas y 79 más en contra de periodistas, sin embargo no precisa datos por sexo.

Durante el conversatorio “Hacia la construcción de una protección integral con perspectiva de género para periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos (DH) de Oaxaca”, el coordinador del programa global de protección a periodistas de la organización Artículo 19, Ricardo González, dijo que 49 periodistas y 60 defensores han enfrentado algún tipo de agresión, y advirtió que existe un riesgo de que se duplique el número de personas que van a enfrentar un patrón de violencia.
“Tenemos que trabajar más en la prevención y evaluación de riesgos antes de que lleguen las agresiones”, resaltó durante su participación e hizo ver la urgente necesidad de crear políticas públicas en estos rubros.
Tienen que hacerse políticas públicas instrumentadas por personas con visión y compromiso, tanto con las víctimas y la defensa de los DH; es gravísimo tener policías con visiones militaristas tratando de dar protección, reflexionó González, para quien la peor política de protección es aquella que no existe: “Tenemos que fortalecerla porque lamentablemente las situaciones de violencia y exclusión se están incrementando”.
Además de los asesinatos, las amenazas, la difamación, la vigilancia a domicilios y el hostigamiento son las agresiones que enfrentan las y los defensores, ante lo cual Jesica Sánchez Maya, de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad-Oaxaca, dijo que el actuar del Estado “se está quedando corto en cuanto a la protección”.
Y agregó: “Tenemos preocupación porque los derechos que están poniendo en mayor riesgo a las defensoras es la defensa de la tierra y el territorio, los derechos sexuales y reproductivos, así como los derechos de las mujeres”.
Asimismo lamentó que Oaxaca ocupe los primeros lugares en agresiones a periodistas y defensoras, e hizo notar que a falta de sanciones la impunidad genera la permisibilidad de más delitos de este tipo, porque “el mensaje que se da es que se permiten este tipo de agresiones porque quienes las cometen no están en la cárcel”.
Marco Leyva Madrid, de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), se refirió a los riesgos que las y los defensores enfrentan en las comunidades de Oaxaca, donde se vive “lo más rudo y violento de este sistema”: cacicazgos políticos y económicos, crimen organizado y grupos armados irregulares.
Para Clara Morales, directora de Ojo de Agua, es en el ámbito comunitario donde existe el reto mayor de garantizar el ejercicio de las garantías de periodistas y defensores, ya que muchas veces en las localidades las personas juegan un doble papel como comunicadores y defensores.
Fue el fiscal especial para la Protección de Periodistas de la DDHPO, quien con cifras detalló la situación de violencia en Oaxaca: 98 agravios contra 60 defensoras y defensores; 10 casos en específico en contra de colectivos u organizaciones, y nueve asesinatos que “no han sido casos escandalosos porque suceden generalmente en el ámbito rural y no se les identifica como defensores”.
El conteo en los primeros ocho meses de este año en materia de libertad de expresión son 79 agravios en contra de 49 periodistas, cuatro de ellos asesinados

Por: Nadia Altamirano Díaz, corresponsal, Cimacnoticias | Oaxaca, Oax.- 

8/11/2015

La escalada del fascismo en México



La Marea

En México la democracia sería una farsa si no fuera una tragedia. El país está sumido en una complicada trama en la que los megaproyectos neoliberales de rapiña y devastación ambiental, así como el tráfico ilegal, se sustentan en las corruptelas de la clase política, que a su vez hace amplio uso tanto del ejército como del sicariato, convertido en la principal salida laboral para algunos sectores desfavorecidos. Esta situación desemboca en violencia criminal, sobre todo contra quienes tratan de oponerse: pueblos originarios, activistas, periodistas.

A veces los números se hacen escandalosos y las noticias trascienden, como en el caso de la indignación mundial provocada por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa el año pasado. La mayor parte del tiempo, sin embargo, las noticias de la violencia en México apenas si logran romper el cerco mediático. Tal es el caso del multihomicidio ocurrido el pasado viernes 31 de julio en un piso del céntrico barrio Narvarte, en la Ciudad de México. Ahí perdieron la vida Nadia Vera, promotora cultural y activista por los derechos humanos; Rubén Espinosa, fotoperiodista especializado en la documentación de movimientos sociales; Yesenia Quiroz y Mile Virginia Martín, quienes compartían el piso con Nadia; Alejandra Negrete, la empleada doméstica del edificio. Los cadáveres presentaban el tiro de gracia y excoriaciones en el cuerpo; las mujeres, además, mostraban huellas de violación.

Rubén y Nadia recién se habían autoexiliado del estado de Veracruz, a causa de las amenazas y acosos que habían sufrido por su trabajo. El gobernador de Veracruz se llama Javier Duarte y pertenece al poderoso PRI (Partido Revolucionario Institucional), que actualmente detiene también la Presidencia de México. Su mandato es tristemente célebre por el incremento exponencial de los asesinatos de periodistas en Veracruz.

La línea oficial que se está intentando manejar en las investigaciones se inclina por el lado del robo, el narcotráfico, hasta el crimen pasional: se intenta culpar a las víctimas por jóvenes, por hacer fiestas en el piso, por ser drogadictos y/o traficantes y/o prostitutas, porque una de ellas (Mile) era colombiana y eso se considera tácitamente un estigma. Solo las presiones de la sociedad civil han logrado que se pidiera información al gobernador de Veracruz y se considerara el asesinato político entre las líneas de investigación.

Activistas de Xalapa, la capital de Veracruz, compañeros de Nadia y Rubén, denuncian mientras tanto que se están poniendo trabas a su coadyuvancia en la investigación y que hay resistencia hasta a llamarlos a declarar. También denuncian el incremento del hostigamiento hacia sus personas: sujetos no identificados les siguen, les vigilan, les toman fotos ahora más que nunca antes.

Exigimos la protección de la integridad física de todos, así como la renuncia del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y del presidente de México, Enrique Peña Nieto, culpables de solapar la preocupante escalada de la violencia represiva y la impunidad en México.
Circulan en la red dos peticiones para quienes deseen solidarizarse:
Más información en la página del Comité Universitario de Lucha de Xalapa, Veracruz, México: https://www.facebook.com/CULXALAPA?fref=ts

Reportaje - Veracruz: “estado de sitio” para periodistas y defensoras


   Con Javier Duarte arrecian asesinatos, amenazas y persecución

“Paralizadas” por el miedo, activistas y comunicadores afrontan día a día la impunidad y las violaciones a los Derechos Humanos en la entidad.

En el estado de Veracruz, las desapariciones y asesinatos de mujeres, el hostigamiento a defensoras de Derechos Humanos (DH), así como las agresiones contra la prensa, son “pan de cada día” desde que Javier Duarte de Ochoa asumió como gobernador de la entidad en 2010.

El primer “foco rojo” se encendió en 2011 con el Informe de la Relatoría Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU, en el que se asentó que una de las instancias con más denuncias por agravios a periodistas era la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Veracruz.

En 2012 llegó la segunda señal de alarma cuando la ONU emitió las Observaciones finales del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), en las que manifestó su preocupación por las imparables y elevadas cifras en casos de feminicidio y desapariciones en Veracruz.

Ante este panorama, en mayo pasado el Colectivo Feminista de Xalapa; la Agrupación de Derechos Humanos Xochiteptl; Equifonía Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres; y el Centro de Apoyo al Crecimiento Humano y el Desarrollo Social, declararon una “alerta ciudadana” por la gravedad de la violencia de género en la entidad.

La representante del Colectivo Feminista de Xalapa, Monserrat Díaz, dijo que de enero a julio de 2015 suman 70 asesinatos y 90 desapariciones de mujeres, sin que el gobierno estatal tome cartas en el asunto.

Desde 2009 grupos feministas y el Instituto Veracruzano de las Mujeres solicitaron para Veracruz la Alerta de Violencia de Género (AVG) –mecanismo de emergencia para prevenir y atender este fenómeno–, por lo que se reunieron con el secretario de Gobierno estatal, Reynaldo Escobar, quien les respondió que el gobernador (Javier Duarte) “no quería una mala nota para el estado”.

Insistentes, el 24 de diciembre de ese año diputadas locales exigieron a Escobar la declaratoria de AVG, pero la respuesta contundente fue que era una “instrucción del gobernador no emitirla, pues eso sería como prender un foco rojo en la entidad”.

Con la negativa, las organizaciones aseguraron que se minimizó en ese momento el asesinato de ocho mujeres y la desaparición de al menos cinco más, así como el hallazgo de otras tres jóvenes en bares del centro y sur del estado que fueron obligadas a trabajar como meseras, y otra más forzada a prostituirse.

Ahora, explicó Monserrat Díaz, la situación en la entidad es “bastante delicada” y en cualquier momento la inseguridad y el miedo podrían “paralizar” a las personas defensoras de DH.

“Hay una sensación de desolación. Nosotras lo que estamos haciendo es justo articularnos para lanzar la solicitud de AVG en Veracruz (ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres)”, sin embargo –aclaró– no lo han hecho porque en el estado pareciera que las activistas viven en un “estado de sitio” donde no tienen posibilidades de acción.

Agregó que este ambiente adverso tiene que ver con la inseguridad, aunque apuntó que no puede asegurar que sea por una presunta relación entre el gobierno y la delincuencia organizada.

AÑOS DE VIOLENCIA

2012 también fue un año ríspido para las activistas y periodistas. Según la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) –que agrupa a activistas de México, Guatemala y Honduras–, ese año Veracruz fue ubicado como el cuarto estado del país con más violencia contra este gremio, sólo superado por Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

De acuerdo con IM-Defensoras, tales entidades se caracterizan por conflictos comunitarios, territoriales, económicos, migratorios y políticos; además de que tienen fuerte presencia militar.

A su vez, son estados con alto porcentaje de población indígena envuelta en procesos de defensa de la tierra y el territorio y, al mismo tiempo, son blanco de abusos por parte de las fuerzas de seguridad y el crimen organizado.

En cuanto a libertad de expresión, Veracruz (junto con Chihuahua) presenta la mayor cantidad de homicidios y desapariciones de periodistas, según datos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), de la PGR, que reportó 11 asesinatos desde 2010.

En 2011 fue asesinada Yolanda Ordaz de la Cruz, reportera policiaca del diario Notiver. Su cuerpo fue hallado en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, el 26 de julio de aquel año, dos días después de su desaparición.

En este escenario, el 28 de abril de 2012 en Xalapa fue ultimada la periodista y corresponsal del semanario Proceso, Regina Martínez Pérez. Fue encontrada en el baño de su casa, golpeada y con señas de estrangulamiento. En sus últimas colaboraciones abordó la violencia del crimen organizado, las acciones militares y la corrupción en el gobierno del estado.

Es tal la represión contra la protesta social en el estado, que incluso el pasado 5 de junio ocho estudiantes universitarios fueron golpeados en Xalapa con bates, palos, machetes y armas largas por encapuchados, lo que les causó fracturas en diversas partes del cuerpo, además de múltiples contusiones.

Como medida preventiva, periodistas que recibieron amenazas en la entidad decidieron exiliarse. Fue el caso del reportero gráfico Rubén Espinosa Becerril, también corresponsal de Proceso y de la agencia fotográfica Cuartoscuro. El pasado 31 de julio fue asesinado en la colonia Narvarte, en el Distrito Federal.

El reportero fue ejecutado junto con la activista Nadia Vera Pérez, originaria de Chiapas, y quien era activista del movimiento estudiantil #YoSoy132 en Xalapa, donde estudió la universidad. Ella fue una de las estudiantes golpeadas por policías de Veracruz en una manifestación el 20 de noviembre de 2012.

Previo al crimen, el periodista y la defensora responsabilizaron a Javier Duarte de cualquier incidente que les pudiera suceder, pues ya habían sido vigilados y amenazados, razón por la que se refugiaron en la Ciudad de México.

Junto a Espinosa y Vera también fueron asesinadas Yesenia Quiroz, Mile Virginia Martín y Alejandra Negrete, cuyos casos son investigados por la PGJDF como feminicidio debido a que hubo señales de estrangulamiento y violencia sexual.

Monserrat Díaz advirtió: “Estamos muy preocupadas por lo que está sucediendo; por supuesto que hay un clima de temor; creemos que tenemos que reforzar nuestra protección y tratar de seguir adelante en medio de todo esto”.


CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.-
  

8/06/2015

Exigen no haya “chivos expiatorios” en multihomicidio



   Red Nacional de Defensoras pide indagar con visión de género

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos pidió al gobierno federal y a las autoridades correspondientes esclarecer el feminicidio de la defensora Nadia Vera, Yesenia Quiroz Alfaro, y de las dos mujeres que no han sido identificadas, así como el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, ejecutados el pasado 31 julio en la colonia Narvarte de esta capital.

 
En una carta abierta dirigida a la Presidencia de la República, 180 defensoras de 22 estados de la República y del Distrito Federal exigieron que la investigación que realiza la Procuraduría General de Justicia del DF se apegue al “debido proceso legal y sea con perspectiva de género, eficaz y transparente a fin de no dar cabida a chivos expiatorios”.
 
La red de activistas pidió que en el caso de la defensora Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa se tenga como principal línea de investigación la relación del crimen con su trabajo de defensa de Derechos Humanos y libertad de expresión.
 
Además, exigieron que se garantice la seguridad de familiares y amistades de las víctimas y exhortaron al gobierno de Veracruz a realizar un acto público en el que se reconozca el trabajo de las defensoras y periodistas como labor fundamental para la construcción de la democracia en México.
 
La Red advirtió que según la información que se ha hecho pública en diferentes medios de comunicación, tanto en el asesinato de la defensora Nadia Vera como en el de Yesenia Quiroz y las otras dos mujeres, se trata de casos de feminicidio.
 
Además afirmaron que al igual que el fotorreportero, la defensora Nadia Vera tuvo que desplazarse del estado de Veracruz a la Ciudad de México para salvaguardar su vida, tras el incremento de incidentes de seguridad y amenazas en su contra como: seguimiento; secuestro; robo de su celular; allanamiento, entre otros; al parecer todos ellos ligados a su activismo político.
 
En junio pasado, Nadia junto con otras personas defensoras denunciaron públicamente y exigieron justicia para las y los estudiantes de la Universidad Veracruzana, que en el marco de las elecciones intermedias de ese mes, fueron golpeados por hombres encapuchados el 5 de junio, cuando se encontraban en un domicilio particular cercano a la Unidad de Humanidades de la casa de estudios.
 
Nadia Vera interactuaba de manera frecuente con el periodista Rubén Espinosa, con quien llevaba una estrecha relación de amistad durante los últimos cuatro años, y con quien compartía la preocupación de la situación de violencia en el estado de Veracruz.
 
La defensora acudía también a manifestaciones pacíficas; asimismo documentó y visibilizó en reiteradas ocasiones la criminalización a la protesta social y detenciones arbitrarias de activistas en el estado; de igual forma, junto con Rubén Espinosa, se unió a la exigencia del alto a los asesinatos contra periodistas, y se manifestó a favor de la libertad de expresión en Veracruz.
 
Por último la Red informó que en 2013 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dio a México diversas recomendaciones en materia de libertad de expresión y protección para periodistas y personas defensoras de DH, e instó a las autoridades adoptar medidas eficaces para prevenir todo tipo de violencia contra ambos grupos.

Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- 
  

4/07/2015

Desahogo de pruebas confirmaría inocencia de activista presa


Acusada de robo por la PF, Jacqueline Santana saldría libre

Jacqueline Selene Santana López, estudiante y activista acusada de robar a una agente de la Policía Federal (PF), podría quedar en libertad por falta de pruebas luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) no encontrara en los videos del Gobierno del Distrito Federal (GDF) del 15 de noviembre de 2014 alguna imagen que inculpe a la joven.

 
Este mes de abril Jacqueline Santana cumple seis meses recluida en el penal femenil de Santa Marta Acatitla, en esta capital, por el supuesto robo de 500 pesos a una mujer policía el 15 de noviembre de 2014.
 
La estudiante ha declarado que el día del supuesto robo ella y su novio, el activista Bryan Reyes Rodríguez, fueron privados de su libertad por policías federales encubiertos, quienes los sometieron en la vía pública, los metieron a dos vehículos y los cuestionaron por su activismo en movimientos de jóvenes, y a favor de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.
 
Los denunciantes –tres agentes federales– presentaron a Jacqueline Santana y Bryan Reyes ante el Ministerio Público (MP) de la delegación Venustiano Carranza varias horas después de haberlos capturado, y los acusaron de haber robado a una policía 500 pesos, los cuales supuestamente fueron presentados junto con dos cuchillos como pruebas del delito.
 
Sin embargo, de acuerdo con Sergio Soto, abogado de la joven y litigante de la Liga 1 de Diciembre, los acusados podrían quedar en libertad en cuanto el proceso de desahogo de pruebas concluya que no existen elementos para acusarlos del supuesto delito.
 
La semana pasada –relató el abogado a Cimacnoticias– la PGR concretó algunos hallazgos al respecto, y destacó que el análisis de los videos del GDF –presentados como pruebas– no muestran que Jacqueline y Bryan estuvieran amenazando con armas blancas a la mujer policía y, por el contrario, sí aparece cómo los jóvenes son transportados en dos vehículos particulares.
 
Además, los resultados de la prueba pericial de dactiloscopia señalan que no hay huellas de los jóvenes ni de la agente federal en los cuchillos y el billete de 500 pesos, que supuestamente fue robado.
 
Las próximas semanas se realizará la identificación de los testigos, habrá una reconstrucción de los hechos y se llevarán a cabo careos para, posteriormente, concluir el desahogo de pruebas.
 
De acuerdo con el abogado Sergio Soto, Jacqueline y su novio podrían quedar en libertad el próximo mes, ya que el desahogo de pruebas hasta ahora ha favorecido a los jóvenes.
 
Jacqueline Santana, que es estudiante de alto rendimiento de la carrera de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y activista por los derechos de las mujeres, sigue recluida en el penal de Santa Martha en espera de que el Juzgado 13 de Distrito de Procesos Penales determine su inocencia.
 
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- 

1/04/2015

Identidad online: todo lo que podrán saber de ti cuando escribas un tuit


Nuestros rasgos (y rastros) en la red podrían tener tanto o más peso que la identidad en el mundo real. Hasta el punto de que quizá sea tan gravoso insultar por Twitter como en la puerta del bar.

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Foto: Archivo

Cualquier mínimo movimiento en Internet, como un “me gusta” en el estado de un amigo, configurará nuestra identidad digital

La biometría es la forma de identificar a un individuo de forma unívoca a través de sus atributos físicos y biológicos, como las huellas dactilares, fotografías o pruebas de ADN. Sin embargo, la nueva generación en biometría podría fundarse en nuestros tuits o estados de Facebook, así como todas las migajas de pan que vamos dejando en nuestras redes sociales.

Todo, en suma, acabará conformando lo que será nuestra identidad online, una identidad que poseerá tanto o más peso de la que tiene actualmente la identidad en el mundo real. Hasta el punto de que quizá sea tan gravoso insultar por Twitter como en la puerta del bar.
Tu Yo Pixel
En apenas unos años, toda la humanidad (recordemos que todos anhelamos conectarnos) estará representada online de muy distintas maneras. Cualquier mínimo movimiento en Internet, como un “me gusta” en el estado de un amigo, configurará nuestra identidad digital frente a los demás. Generaremos una ingente cantidad de datos, conscientes e inconscientes, sobre nuestro Yo, y por el camino sacrificaremos una gran parte del control de nuestra información personal, nuestra privacidad y nuestra seguridad.

Aunque ahora tales tributos se nos antojen propios de una novela distópica de ciencia ficción, con el ojo del Gran Hermano fijo en nuestra coronilla, serán pocos los se resistan a ellos, porque a cambio se recibirá algo más importante: mayor conexión con los demás.

A día de hoy, nuestros yoes físicos apenas se ven afectados por lo que hacemos en la Red. Podemos recibir elogios a través de una red social, o quizá nuestro jefe puede descubrir una foto comprometedora en nuestro Facebook que le informa de cómo pasamos las noches de los sábados. Pero, a grandes rasgos, la información realmente sensible o personal aún queda oculta para el público general. Los que reciben campañas de calumnias a través de Twitter suelen ser los famosos, no los ciudadanos normales.

Pero las nuevas tecnologías imponen que todos nos convirtamos en entidades importantes en la Red. Cualquier mínima cosa que hagamos será relevante para el Big Data en aras de mejorar no ya nuestra vida, sino la vida de todos en general. Recientemente, por ejemplo, investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid han desarrollado SentBuck, una aplicación que deduce el estado anímico de los usuarios de Facebook a través del análisis algorítmico de sus mensajes.

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En un primer momento, no deseamos que nadie sepa cómo nos sentimos. Pero SentBuck, tras recibir el visto bueno del usuario, puede enviar información a los docentes de dichos usuarios, para así evitar proponer trabajos particularmente complejos en momentos en los que el alumno pasa por un mal momento. Este tipo de retroalimentación emocionalserá muy útil en la educación online, donde el profesor no puede interactuar con los alumnos directamente para valorar su pulso emocional. Por otro lado, el profesor podrá también detectar si la mayoría de alumnos se sienten negativos, lo cual probablemente significará que el profesor no está haciendo bien su trabajo. Los investigadores sostienen que esta herramienta se usará en muchos más contextos, tal y como explica Álvaro Ortigosa, director del Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad de la UAM en declaraciones para SINC:
Por ejemplo, como complemento a monitorización remota de enfermos o para medir el estado de satisfacción de usuarios. En este ámbito, las firmas comerciales podrían aprovechar la información para ajustar los productos o servicios ofrecidos a potenciales consumidores.
El termómetro emocional que ofrezca SentBuck podrá en un futuro unirse a otras aplicaciones de monitorización, y finalmente nuestra identidad online será la suma de la constelación de todas nuestras cuentas verificadas, desde Twitter hasta Netflix, pasando por nuestra suscripción alNew York Times. Las personas que no ofrezcan esta información al público o a las compañías que prestan sus servicios no disfrutarán de todos las ventajas. Sus búsquedas en Google probablemente serán más pobres y escasamente personalizadas, por ejemplo. Las oportunidades laborales se reducirán. La conexión con individuos similares a nosotros, también.

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Otras de tantas herramientas que se están desarrollando para mejorar la vida de todos en función de la información individual que transmitimos a través de nuestra identidad online es un proyecto de geolocalización de tuits realizado por Enrique y Vanessa Frías-Martínez, dos hermanos e investigadores de ciencias de la computación, en Telefónica Research y en la Universidad de Maryland (EEUU). Su trabajo, publicado en la revista Engineering Applications of Artificial Intelligence, propone recopilar la información de los tuits para obtener pautas que ayuden a planificar la vida en la ciudad, tal y como señala Enrique Frías-Martínez:
Una de las aportaciones más interesantes del trabajo es la identificación de áreas de ocio nocturno, ya que este tipo de uso del terreno no suele especificarse en planificación urbanística, pese a que genera problemas como ruido, necesidad de limpieza y seguridad que hacen muy relevante esta información.
Tras hacer la primera prospección, han deducido que enLondres hay más actividad en zonas de ocio por el día, que la marcha se concentra los días laborables en Manhattan o que la actividad nocturna de tuits se concentra en los fines de semana en Madrid.

También las búsquedas de Google, a través de la herramienta Google Flu Trends, nos ha servido para predecir brotes de gripe. Los datos recopilados por Twitter también pueden servir para controlar la propagación del contagio del VIH, según un estudio realizado por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) que ha sido publicado en la revista Preventive Medicine.

Hasta lo que escribimos en nuestro blog puede ser sujeto de análisis para conocer qué productos gustan más o menos, con objeto de afinar el diseño de nuevos productos. Por ejemplo, imaginemos que queremos saber si un nuevo teléfono móvil está gustando. Con el ya extinto softwareUmbría, desarrollado por Howard Kaushansky, se podían leer 35 mil posts cada 5 minutos para localizar determinados productos y marcas y distinguir si en las palabras próximas hay epítetos positivos o negativos. Así se puede hacer una estadística rápida de la opinión de la blogosfera sobre cualquier asunto. Viktor Mayer-Schonberger y Kenneth Cukier en el libro Big Data abundan en lo que está por llegar:

“Las próximas fronteras de la datificación son más personales: nuestras relaciones, experiencias y estados de ánimo. (…) Estos usos de los datos se hallan aún en estado embrionario (…) Los usos potenciales son extraordinarios. Una serie de empresas de nueva creación han estudiado adaptar la gráfica social para utilizarla como señales que permitan establecer valoraciones crediticias. La idea es que “dios los cría y ellos se juntan”: las personas prudentes hacen amistad con gente de mentalidad parecida, mientras que los derrochadores incurren juntos en impago. Si sale bien, Facebook podría convertirse en el próximo Buró de Crédito.

Bautizo SEO

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El mensaje moral de la película de Pixar Los increíbles es que, si eres especial, si tienes superpoderes, no debes tener miedo a destacar o a ser excluido por tu diferencia. Lo peor que puedes hacer con tu vida es acoplarte a la masa para ser un engranaje más. Sin embargo, no todo el mundo quiere ser especial. Hay gente que es más feliz siendo uno más, anónimo, grisáceo, a fin de evitar ser el centro de las miradas. Con el advenimiento de la identidad online, dentro de poco los nuevos padres deberán decidir si quieren que sus hijos sean especiales o pasen desapercibidos.

No se trata solamente de que los padres empiecen a colgar las fotos y vídeos de sus bebés, exponiendo a sus hijos a miles de ojos. La identidad online empezará incluso antes de que se nazca. Habrá que comprar el dominio del nombre de nuestros hijos (www.javierlopezcastillo.com), pero también tener en cuenta el SEO (Seach-engine optimization), es decir, usar nombres que sea fácilmente localizables porque resultan poco frecuentes o aparecen en los primeros lugares en un motor de búsqueda o, por el contrario, decantarnos por nombres anodinos porque se preferirá que sean anónimos a pesar de que así tengan más competencia online directa.

Los padres, pues, determinarán el futuro de las identidades online de sus hijos desde el principio, tal y como ahora lo hacen con sus identidades normales. La mayoría de adolescentes, sin embargo, aspirarán a proyectar sus identidades de la forma menos privada posible, porque los incentivos de compartir y conectar con los demás serán probablemente superiores a los riesgos de sobrexponerse.

Papá, ¿por qué ocultaste mi pasado online?

Los padres más avanzados a su tiempo, casi como community managers, diseñarán la identidad online de sus vástagos con la minuciosidad de una campaña de marketing; y sus hijos, al cumplir treinta o cuarenta años, acumularán todos sus triunfos y tropiezos en la vida y estarán a la vista de todos. Como si siempre hubieran vivido en un panóptico.

Estar expuesto en el mundo online también permitirá que sea más sencillo que nunca que otros arruinen nuestra reputación. Ya no habrá insultos, sino intrincadas campañas de dimes y diretes, de maledicencias, de asociar deliberadamente identidades con contenidos delictivos o bochornosos. Los servicios de Internet deberán fortalecer sus sistemas de seguridad, pero los padres y los sistemas escolares también deberán de tomar cartas en el asunto. La asignatura sobre privacidad y seguridad online será tan o más importante que las clases de educación sexual, tal y como explican Eric Schmidt y Jared Cohen en el libro El futuro digital:
Estas clases enseñarán a los alumnos a optimizar sus parámetros de privacidad y seguridad y les formarán en cuanto a qué es lo que hay que hacer y lo que no en el mundo virtual. Los profesores les advertirán mediante historias reales de lo que sucede si no controlan su privacidad y seguridad desde una edad temprana.
Con todo, el concepto de privacidad sufrirá una profunda redefinición, y probablemente regresará a sus orígenes.

El invento de la privacidad
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La privacidad es un derecho que debemos proteger. Sin embargo, en un mundo 2.0, las ventajas de la falta de privacidad parecen ser tan enormes que tal derecho merece un análisis nuevo. Imaginemos que debemos depositar nuestro voto en la urna, ¿acaso no nos gustaría tener acceso a un comentario olvidado en Youtube por parte del secretario general del partido que deseamos votar? El Watergate a nivel masivo y universal. Ello nos descubrirá una verdad muy poco romántica: que no existen héroes, que todos somos necios en mayor o menor medida. Que todos tenemos algo que esconder. Pero, simultáneamente, nos permitirá escoger a los dirigentes que menos malos sean, con independencia de que sean atractivos o tengan buena oratoria. Dicen que Nixon perdió las elecciones porque sudó demasiado en un debate televisado. La identidad online nos permitirá analizar cada gota de sudor de todos los políticos profesionales.

Este wikileaks masivo no solo afectará al ámbito político, sino a cualquier otro. ¿Quién no querría saber si en el barrio al que se dispone a mudarse hay demasiados pederastas? Gracias a Google Flu Trends ya podemos saberlo: no conocemos la identidad exacta de los pederastas, pero sí sabemos que en determinado lugar hay muchas personas cuyas búsquedas en Google tienen que ver con el porno con menores. ¿Cambiaremos de pediatra si descubrimos que éste se dedica a escribir comentarios machistas?

Deberá celebrarse un profundo debate público para esclarecer hasta qué punto debemos saber todas esas cosas, y si tales cosas deberán tener nombres y apellidos. A juicio de Jeff Jarvis, autor del libro Partes públicas, una merma en la privacidad será a todas luces positiva. La gente se comportará mejor porque sabe que de ello depende su reputación. Al fin y al cabo, muchos de nosotros, de saber que simplemente apretando un botón podríamos dañar a alguien sin que jamás se sepa y sin recibir ningún castigo, lo haríamos. Algunos lo apretarían hasta desollarse el dedo índice, de hecho.

Gran parte de nuestro comportamiento social se basa en el hecho de que nos miramos unos a otros y, a través de los rumores, construimos nuestras identidades. Las calles donde se producen menos actos vandálicos, robos u homicidios son las que están menos frecuentadas por viandantes, las que tienen peor iluminación, las que están en sintonía con la teoría de las ventanas rotas. Un incremento de ojos a nuestro alrededor puede resultar traumático en un primer momento, pero a la larga parece ser un remedio eficaz para que seamos mejores personas.

Si aún experimentamos cierta zozobra ante el hecho de que los demás puedan saber demasiado de nosotros, cabe advertir que el actual nivel de privacidad es una convención social relativamente reciente. La noción de privacidad como derecho fundamental no existía hace apenas un siglo. Durante toda la historia, las personas que se ocultaban de noche o siempre vagaban solas eran tenidas por poseídas. En casi todas las sociedades anteriores a la Edad Moderna, la gente dormía apiñada en la misma estancia, se bañaba, orinaba y defecaba en público, e incluso llegaba a mantener relaciones sexuales, tal y como explica Jeremy Rifkin en su libro La sociedad del coste marginal cero:

“La gente no empezó a recluirse tras una puerta cerrada hasta los inicios de la era capitalista. La vida burguesa era un asunto privado. Aunque la gente presentaba una imagen pública, gran parte de su vida cotidiana se desarrollaba en espacios cerrados. En las viviendas, esto se tradujo en tener habitaciones separadas para distintas funciones: salas de música, salones, bibliotecas, etc. Y, por primera vez, la gente empezó a dormir sola en camas o dormitorios separados”.

Con todo, en un mundo donde todos estaremos equipados con dispositivos de audio y vídeo, geolocalización, acelerómetros y demás, los que deseen cierta privacidad deberán procurar que se articulen leyes complejas, del tipo “poner puertas al campo”, como señalan Schimdt y Cohenen El futuro digital:

“Las categorías que actualmente existen en cuanto a los fotógrafos no autorizados (paparazzi) (espacio “público” frente a “privado”) podrían ser aplicadas a cualquiera, con determinadas “zonas seguras” designadas donde la fotografía requiere el consentimiento del sujeto (…) y puesto que las fotos digitales generan una impresión de la fecha y la hora y una filigrana (o marca de agua) digital, determinar si alguien tomó una foto ilegal sería un trabajo sencillo”.

Naturalmente, siempre habrá luditas, individuos que no desearán los smartphones, que no usarán las redes sociales, que abominarán de su identidad digital. Pero en un mundo semejante, tales excepciones no solo se sentirán solos y excluidos como el personaje de la novela Soy leyenda, de Richard Matheson, sino que recibirán una mayor carga de sospecha: los gobiernos podrían colegir que tales individuos se mantienen ocultos porque tienen algo que ocultar, y ese algo probablemente sea malo. Así que, finalmente, todos nos acostumbraremos a vivir de otra forma que ahora somos incapaces de imaginar y hasta tolerar. Como siempre ha sucedido en todas las épocas de la historia.