En la práctica la concentración mediática funciona como una mordaza invisible.
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Desde
hace por lo menos una década se ha venido intensificando en América
Latina la discusión de la afectación que tiene para la libertad de
expresión la alta concentración mediática, que limita el pluralismo y
la diversidad de perspectivas, informaciones y opiniones y restringe el
debate democrático de los asuntos públicos que atañen a la sociedad.
Por eso fue que un grupo de organizaciones[1]
de la región latinoamericana acudieron a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) en Washington, el pasado 16 de marzo, para
solicitar que la Relatoría de Libertad de Expresión haga un estudio
sobre los efectos de la concentración a la libertad de expresión y
emita los estándares para que los Estados miembros de la OEA los
asuman en sus legislaciones y políticas públicas. En un hecho inédito a
esa misma audiencia se compartió con la Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP, que integra a los dueños de diarios en el continente).
Fue, sin duda, un diálogo respetuoso, pero que dejó claras las
diferencias en el diagnóstico y propuestas de solución entre las
instancias que estuvimos ahí, pues mientras los miembros de la SIP sólo
abordaron los problemas de los oligopolios y monopolios y de la
concentración estatal de países como Venezuela, Ecuador y Nicaragua,
las organizaciones remarcaron que el problema también se extiende a la
concentración indebida de los medios y que si bien hay algunos países
con concentración de medios estatales, en la mayor parte de
Latinoamérica se da a través las empresas privadas.
Efectos de la concentración
En la práctica la concentración mediática funciona como una mordaza
invisible, que hasta recién ahora se logra visibilizar desde una
perspectiva de derechos humanos, ya que no sólo impide la competencia
económica, sino que sus consecuencias van mucho más allá, impide el
derecho a la información de una sociedad al no permitir que otras voces
puedan ser escuchadas, con lo cual se limitan las fuentes de
información para el debate, generando el mismo efecto que la censura:
el silencio de amplios y diversos sectores de la sociedad que
desaparecen de la agenda pública.
Al mismo tiempo, la concentración de medios debilita los derechos
laborales de los periodistas, pues al no contar con diversidad de
espacios para desarrollar su trabajo se ven forzados a aceptar las
condiciones que las empresas les imponen sin mayor opción. Eso ha
provocado que, en algunos casos, incluso tengan que realizar su
quehacer sin la protección debida ante situaciones de alto riesgo, como
sucede en algunos países como México, Honduras y Guatemala, entre otros.
Además al estar en unas cuantas manos la mayor parte de los medios
los contenidos que reciben las audiencias quedan en manos de pocos
grupos que, a su vez, suelen integrar entre sus actividades distintos
intereses económicos y políticos, lo que en muchas ocasiones se traduce
en fenómenos de autocencura y censura para los periodistas
independientes y críticos que afectan dichos intereses, el caso más
palmario lo tenemos con Carmen Aristegui, no es el único, pero es el
más visible y palpable.
Peor aún resulta cuando los grandes conglomerados de medios
adquieren un poder de influencia que los convierte en poderes fácticos
capaces de infiltrar y doblegar a las instituciones del Estado, tal
como sucede en algunos casos más dramáticos en la región
latinoamericana como en Brasil con el llamado coronelismo electrónico,
que remite al amplio grupo de legisladores que son concesionarios de
radio y televisión, o la telebancada en México que son altos directivos
del duopolio televisivo comercial metidos a legisladores, que por su
número forman ya una bancada superior a otros partidos políticos más
pequeños; en ambos casos legislan para los intereses de las empresas y
no necesariamente para sus sociedades.
La diversidad de perspectivas e informaciones refuerza el carácter
esencial de la libertad de expresión como requisito para la vigencia de
un régimen democrático, así como su papel como derecho habilitador e
interdependiente con el ejercicio de otros derechos civiles, políticos,
sociales, culturales y económicos. La libertad de expresión es
condición para la transparencia, la existencia efectiva de
alternativas, la responsabilidad, una participación informada del
ciudadano en los sistemas políticos y por eso se convierte en una
piedra angular para la democracia.
Desde hace algunos años en diversos países de la región
latinoamericana se están debatiendo los problemas derivados de la
concentración indebida de los medios de comunicación, en algunos pocos
se han realizado legislaciones para limitar la concentración de medios
y desconcentrar lo ya altamente concentrado de algunos mercados. Sin
embargo, estos procesos se han dado de manera desigual, a veces con
distorsiones que no hacen efectivas las medidas anticoncentración y, en
algunos casos específicos, han ido en una dinámica de péndulo: de la
concentración privada comercial van hacia una concentración estatal,
que no pública, lo que igualmente tiene afectaciones al pluralismo.
El punto es que no existen los estándares orientadores para que los
Estados puedan establecer regulaciones y políticas públicas, que no
solamente impongan límites a la concentración, sino que además
desconcentren los sectores ya existentes sin afectar la libertad de
expresión, como también establezcan las medidas efectivas para
garantizar el pluralismo y la diversidad mediática que aseguren el más
amplio debate democrático.
La buena noticia es que el pleno de la CIDH ha aprobado que la
Relatoría de Libertad de Expresión haga el estudio solicitado por las
organizaciones, que tendrá como consecuencia la elaboración de los
estándares en la materia.
Se puede consultar aquí, el informe entregado por las organizaciones, así como el desarrollo de la audiencia.
[1]
Encabezadas por el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y
Convergencia (OBSERVACOM), también respldaron esta audiencia Artículo
19-Brasil; la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI);
elCentro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO); el
Colegio de Periodistas de Chile; el Instituto Centroamericano de
Estudios para la Democracia Social (DEMOS); la Fundación para la
Libertad de Prensa (FLIP); e Intervozes – Coletivo Brasil de
Comunicação Social.
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